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Sordera en el Congreso de la República

El Congreso de la República mantiene oídos sordos a las exhortaciones de la Corte Constitucional. En tres sentencias, le ha solicitado regular el derecho fundamental a morir dignamente. Se completan este año, veintiuno de sordera para establecer la Ley Estatutaria.

Augusto Galán
Augusto Galán
Director Observatorio Así Vamos en Salud
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10 de Marzo de 2018

El Congreso de la República mantiene los oídos sordos a las exhortaciones de la Corte Constitucional. Ella, en tres sentencias, le ha solicitado que regule el derecho fundamental a morir dignamente, que se halla consagrado en nuestro ordenamiento constitucional.

Desde 1997 lo señaló la Corte en sala plena, con ponencia del entonces Magistrado Carlos Gaviria y lo ratificó en dos sentencias posteriores de sala de tutela; la primera, en el año 2014 y la última, el año pasado, ante sendos casos en los cuales se transgredió el derecho, el más reciente de los cuales correspondió a un niño. Se completan este año, veintiuno de sordera para establecer una Ley Estatutaria que reglamente este derecho fundamental.

Lo que existe en la normatividad, más allá de la jurisprudencia, son dos resoluciones del Ministerio de Salud, producto también de las ordenes de la Corte Constitucional, que han sido respondidas con voluntad por el gobierno nacional durante los últimos cuatro años. Las resoluciones regulan básicamente lo mismo, aunque la última, expedida ayer, define aspectos específicos para niños, niñas y adolescentes.

El tema es esencial y muy delicado. Las resoluciones avanzan en las creaciones de comités interdisciplinarios para el derecho a morir dignamente en las IPS (clínicas y hospitales). Es importante destacar que ni las sentencias de la Corte, ni las resoluciones, legalizan la eutanasia. El derecho a morir dignamente no es sinónimo de eutanasia. En este no puede haber confusión.  En el marco del derecho, se establecen las condiciones con las cuales se despenaliza el homicidio por piedad y los requisitos de modo, tiempo y lugar para aplicar el procedimiento eutanásico mediante los comités mencionados.

La jurisprudencia de la Corte indica que, en “el caso de los enfermos terminales en que concurra la voluntad libre del sujeto pasivo del acto, no podrá derivarse responsabilidad para el médico autor, pues la conducta está justificada”. De allí la importancia que, para aplicar las resoluciones, se parta de dos elementos fundamentales: el primero, el diagnóstico médico de una enfermedad incurable, en estado terminal, cuyo desenlace fatal se reconozca a muy corto tiempo, que cause sufrimiento extremo, sea incompatible con una vida digna y no haya terapéutica que lo remedie; el segundo, la voluntad del paciente, con plena conciencia, de manera inequívoca y debidamente informada. No puede haber inducción en la determinación y siempre existe la posibilidad para el paciente de desistir.

Las enfermedades crónicas (diabetes, cáncer, sida, enfermedad coronaria, enfermedades degenerativas, etc) tienen tratamiento y son compatibles con una vida activa y productiva. Pueden llegar a un estado terminal, en el cual se cumplan los requisitos señalados, pero eso es distinto a decir que las normas se aplican en pacientes con enfermedades crónicas, mucho menos en personas con incapacidades cognitivas o estados de conciencia alterados.

Tampoco se usarán las normas en neonatos o en la primera infancia. Inquieta, eso sí, la apertura que se dio, en condiciones excepcionales, para niños entre los 6 y los 12 años; aunque los comités son interdisciplinarios, cuentan con un médico par al médico tratante, un abogado y un sicólogo o siquiatra quienes deben asegurarse que exista por parte del paciente total conocimiento y claridad sobre la irreversibilidad de la muerte y la trascendencia de la decisión. Por supuesto, la patria potestad de los padres también está presente.

Pero el derecho a morir dignamente va mucho más allá de lo contemplado en las resoluciones del Ministerio de Salud. Aunque ellas señalan que los cuidados paliativos prevalecen en la atención de los pacientes, el marco del derecho es mucho más amplio y abarca otros aspectos de cuidado de las personas al final de la vida. Los puntos esenciales de la regulación legal pendiente se encuentran debidamente señalados por la Corte desde que se promulgó la Sentencia C-239 en 1997.

Hay mucho dolor y sufrimiento innecesarios en la forma como se atiende a las personas en nuestro país al final de sus vidas. No me refiero únicamente al dolor físico; pueden ser peores los dolores social y emocional que no son debidamente atendidos. El paciente sufre, la familia igual y los médicos se encuentran muchas veces sometidos a presiones que contradicen su mandato de evitar hacer daño a quienes confían en ellos.

Aunque las resoluciones del Ministerio contribuyen en la dirección adecuada, la carencia de la Ley Estatutaria que regule el derecho a morir dignamente, mantiene un estado de cosas que muchas veces no se compadece con la dignidad humana. No puede haber más sordera del Congreso sobre este tema.