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Principios éticos de gobierno contra la corrupción

En Colombia este problema es muy grave y aunque no existe una cifra detallada, estimativos conservadores consideran que la corrupción se apropia al año entre diez y treinta billones de pesos del sector público y en el sector privado (que es parte de este problema).

Hugo Acero
Hugo Acero
Experto en seguridad y convivencia
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14 de Diciembre de 2017

Los principios éticos que la religión plantea como “no robarás” y “ganarás el pan con el sudor de tu frente” deberían guiar todos los comportamientos humanos, en especial el de aquellos que tienen que dirigir al Estado.

Sin embargo, estos principios hoy se encuentran gravemente cuestionados por efectos de la creciente corrupción, tema que siempre ha estado en el centro de los debates políticos, en los programas de gobierno o en las declaraciones públicas de los políticos y presidente de turno, sin que se haya avanzado en su solución.

En Colombia este problema es muy grave y aunque no existe una cifra detallada, estimativos conservadores consideran que la corrupción se apropia al año entre diez y treinta billones de pesos del sector público y en el sector privado (que es parte de este problema).

Juan Ricardo Ortega, exdirector de la Dian, estima que en Colombia los corruptos se embolsillan 60 billones de pesos.

Los atajos que se toman para saquear al país incluyen la evasión fiscal, los acuerdos por debajo de la mesa para quedarse con contratos y el fraude contable. Cabe anotar que el 80 por ciento de los empresarios colombianos que respondieron la ‘Encuesta global sobre el fraude 2016’, de Ernst & Young, admitieron que en sus negocios hay corrupción.

Y lo que es peor, el 30 por ciento está dispuesto a falsificar estados financieros y pagar sobornos por un contrato (ver el Tiempo “Cruzada para que no se sigan robando el país con corrupción").

Este grave problema ha aumentado en el país. De acuerdo con los reportes de Transparencia Internacional, en 2009 Colombia ocupó el puesto 75 entre 180 países y en 2017 el puesto noventa.

A nivel mundial, este último reporte puso a Nueva Zelanda y Dinamarca como los países menos corruptos. En el caso de Latinoamerica, sólo tres de los 19 países evaluados aprobaron, al obtener más de 50 puntos de un máximo de 100, que fue el caso de Uruguay, que sumó 71 puntos y quedó en la posición 21 de la clasificación genaral, (Chile con 66 puntos en la posición 24 y Costa Rica, que quedó de 41, con 58 puntos).

Por debajo de cincuenta quedaron: Cuba (de 60 con 47 puntos), Brasil (de 79 con 40 puntos) y Panamá (de 87 con 38 puntos).

Colombia quedó de 90 con 37 puntos, por encima de Argentina (de 95 con 36 puntos), El Salvador (de 95 con 36 puntos), Perú (de 101 con 35 puntos), Bolivia (de 113 con 33 puntos), República Dominicana (de 120 con 31 puntos) y Ecuador (de 120 con 31 puntos).

Cierran la tabla, Venezuela (que quedó de 166 con 17 puntos), Haití (de 159 con 20 puntos), Guatemala (de 136 con 28 puntos) y Paraguay, México y Honduras, compartiendo la posición 123 con 30 puntos.

Este tema debe ser central en el actual debate político. Todos los candidatos a la Presidencia y al Congreso, seguramente en sus programas de gobierno y propuestas lo incluiran y podrán decir que no son corruptos, y hay que creerles.

Pero, por el contrario, no todos podrán asegurar que no la han tolerado en el pasado, que la han denunciado cuando han conocido casos de algunos funcionarios o compañeros de trabajo y que están dispuestos, si llegan a gobernar, a utilizar todas las herramientas disponibles para combatirla e imponer sanciones ejemplares para los corruptos, sin importar si estos pertenecen a su partido o si son amigos o familiares.

Para este debate electoral y posteriormente, cuando alguno salga elegido Presidente y otros congresistas, se podrían discutir y asumir principios éticos de gobierno que todos deberían estar dispuestos a ejecutar, como es el caso de que los recursos públicos sean considerados “sagrados” y que su ejecución se haga con total transparencia, en beneficio general y no particular.

Que la meritocracia sea una realidad en la selección de los funcionarios públicos, que el ejemplo de transparencia de los servidores públicos sea la principal herramienta pedagógica de transformación cívica, que las relaciones con los ciudadanos y la comunidad se desarrollen a través de los espacios de participación ciudadana y que nadie “pida en privado lo que no es capaz de pedir en público”, entre otros.