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Malas noticias: Corte Constitucional dejó sin dientes a Superservicios

La Corte redujo la capacidad del Estado de asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos a todos los habitantes del territorio nacional.

Julián López Murcia
Julián López Murcia
Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Jorge Tadeo Lozano
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19 de Noviembre de 2018

@JulianLopezM

Durante años, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios careció de herramientas suficientemente eficaces para cambiar el comportamiento de los prestadores de servicios públicos. En general, esta Superintendencia imponía multas por valores irrisorios. Con un tope máximo de 2.000 salarios mínimos, se trataba de sanciones que podían estar muy por debajo de los beneficios económicos obtenidos por algunas empresas con el incumplimiento de la ley.

Afortunadamente, hace tres años, con la Ley 1753 de 2015 (Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018), el Congreso de la República autorizó a la Superintendencia a imponer multas de hasta 100.000 salarios mínimos, para las conductas más graves.

Con estas nuevas reglas, la Superintendencia pudo tomar decisiones ejemplarizantes. Por fin, empresas que afectaron o que pusieron en riesgo la prestación de servicios públicos como energía, gas, acueducto, alcantarillado y aseo a un número importante de personas (afectando grandes ciudades o incluso departamentos) fueron investigadas y sancionadas con multas acordes con su conducta. Y, aún más importante, gracias a este tipo de decisiones hubo cambios significativos en el comportamiento de los prestadores.

Por ejemplo, hubo un aumento de casi un 130 por ciento (entre el 2016 y el 2017) en el reporte de planes de emergencias y contingencias de las empresas de aseo.

Infortunadamente, hace unas pocas semanas, la Corte Constitucional decidió declarar inexequible el artículo que aumentaba el tope de las multas de la Superintendencia. Sus principales argumentos fueron violación de la unidad de materia (no encontró relación entre los objetivos del plan y el aumento), así como de la legalidad y tipicidad de las sanciones (la Corte criticó la delegación en el gobierno nacional).

Todavía no podemos conocer el texto completo de la sentencia (C-092 de 2018), sino apenas un comunicado (No. 39 del 3 de octubre de 2018). En todo caso, es posible reflexionar sobre sus posibles efectos y empezar a plantear algunas observaciones en relación con el fundamento de la violación de la unidad de materia.

El efecto directo de esta sentencia es que la Superintendencia quedó sin dientes. Y con ello, la Corte redujo la capacidad del Estado colombiano de asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos a todos los habitantes del territorio nacional (artículo 365 de la Constitución). De nuevo, los colombianos quedamos inermes frente a empresas que afectan no sólo los derechos de ciertos usuarios, sino la productividad de regiones enteras. 

Y, sobre la unidad de materia, genera cierta perplejidad que la Corte afirme en su comunicado que las “disposiciones de tipo sancionatorio son por su propia naturaleza completamente ajenas a una norma general de planificación económica.”

En 1991, la Constituyente decidió abrir las puertas para que el Estado no estuviera limitado a la prestación directa de los servicios públicos, sino que pudiera recurrir al sector privado (lo que facilitó un histórico aumento en cobertura y calidad). Pero, como ocurrió en otros países, reservó para el Estado la facultad de regularlos de manera que se cumplieran los objetivos de calidad y accesibilidad. E incluso se ocupó directamente de la Superservicios en un artículo de la Constitución. En otras palabras, entendió que el “Estado Regulador” (como se denomina esta forma de acción estatal) era un medio aceptable para construir el desarrollo.

Sin embargo, en esta sentencia, la Corte consideró que un elemento tan importante en la configuración del “Estado Regulador”, como las sanciones que puede imponer la Superintendencia, no tiene cabida en un plan de desarrollo. Otro viaje al pasado, por cuenta de esta decisión judicial.

En síntesis, la sentencia C-092 de 2018 de la Corte Constitucional deja dos malas noticias: una Superintendencia sin herramientas adecuadas para incidir en la conducta de las empresas de servicios públicos (sobre todo de las más grandes) y un pésimo mensaje en plena preparación del plan nacional de desarrollo sobre las posibilidades del “Estado Regulador”. Ojalá el gobierno nacional y el Congreso enmienden pronto esta situación.

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Comentarios (3)

CALICHE

19 de Noviembre

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El magistrado ponente de esta sentencia es el Dr. Alberto Rojas Rios persona d...+ ver más

El magistrado ponente de esta sentencia es el Dr. Alberto Rojas Rios persona de polémica designación. . En este caso como dice el dicho "piensa mal y acertaras". Tan exegético el magistrado, cuando los únicos beneficiados con esta decisión de la CC son las empresas prestadoras de servicios públicos.

Juan Camilo Rave Restrepo

19 de Noviembre

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Muy interesante vincular la discusión a la cuestión del Estado regulador y su intervención para prevenir estas distorsiones que menciona al principio. Creo también que en el comunicado no se infiere que ese tipo de regulaciones no se puede vincular a la ley del plan de desarrollo. La corte habla de unos criterios ((i) los bienes jurídicos protegidos, (ii) los elementos del tipo disciplinario, (iii) el procedimiento administrativo sancionatorio, y (iv) la graduación de las sanciones.). Me pregunto: Podrían satisfacerse bajo el formato de diseño que impone un plan de desarrollo?

Muy interesante vincular la discusión a la cuestión del Estado regulador y su intervención para prevenir estas distorsiones que menciona al principio. Creo también que en el comunicado no se infiere que ese tipo de regulaciones no se puede vincular a la ley del plan de desarrollo. La corte habla de unos criterios ((i) los bienes jurídicos protegidos, (ii) los elementos del tipo disciplinario, (iii) el procedimiento administrativo sancionatorio, y (iv) la graduación de las sanciones.). Me pregunto: Podrían satisfacerse bajo el formato de diseño que impone un plan de desarrollo?

aguayaseo

20 de Noviembre

0 Seguidores

La forma general de proceder de la Superservicios deja mucho que desear. La gr...+ ver más

La forma general de proceder de la Superservicios deja mucho que desear. La gran mayoría de sanciones que impone la entidad no tienen relación alguna con los servicios que reciben los colombianos, sino por problemas o falta de reporte de información al Sistema Único de Información o a las solicitudes puntuales y repetitivas de información. El recorte de dientes es mas que bienvenido cuando ellos se usan solo para complacer el voraz apetivo por información, de la cual la entidad no llega a usar el 1% y que tampoco queda disponible para el resto de colombianos.