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El aumento de los conflictos ambientales en todo el mundo es una realidad y una oportunidad para dar respuesta a tantas pretensiones y resolver los problemas jurídicos.

1. Los conflictos ambientales son una de las mayores problemáticas que enfrentan los Estados, la empresa privada y la sociedad civil.

El aumento de los conflictos ambientales en todo el mundo es una realidad y una oportunidad para dar respuesta a tantas pretensiones y resolver tantos problemas jurídicos.

Las principales tendencias de estos son: desarrollo rural y seguridad alimentaria; ordenamiento territorial y recursos naturales (conflictos por la calidad del aire, usos del suelo, recurso forestal, recurso hídrico, ubicación de infraestructura ambiental); cambio climático y participación ciudadana. El crecimiento de los asuntos en materia ambiental es exponencial en todo el mundo(ver gráfica nº 1).

Figura 1.

Gráfica Nº 1: Tomada de Atlas de Justicia Ambiental (2018).

2. Colombia el país mega diverso presenta una alta conflictividad en materia ambiental y judicialización de los mismos.

Colombia es un país con alta conflictividad en materia ambiental. A la fecha se encuentran documentados cerca de 95 conflictos de este tipo.

Este número de conflictos lleva a que Colombia se encuentre dentro de los diez países con el mayor número de conflictos ambientales significativos en el mundo, según el Atlas Global de Justicia Ambiental (2018). Los principales litigios ambientales son generados por diferentes tipos de actividades en distintos sectores de la economía (agropecuario o biomasa, infraestructura, energía fósil, fumigaciones, generación de energía, minería y residuos sólidos, ver gráfica nº 2).

Esto refleja la necesidad de iniciar un proceso de diseño de una nueva estructura administrativa que resulte eficaz para abordar la crisis ambiental institucional, pues el Sistema Nacional Ambiental (SINA) carece de rumbo ambiental y se han dedicado a ser verdugos de unos pocos y el aumento de los conflictos ambientales es una muestra de ello.

Figura 2.

Gráfica Nº 2: Tomada de Base de Datos Univalle- EJOLT (2018).

3. Las acciones judiciales se han convertido en el principal instrumento de defensa de los intereses colectivos y pretensiones de la sociedad civil en materia ambiental.

Específicamente las acciones constitucionales, dentro de las cuales se destacan: acción de tutela, acción popular, acción de cumplimiento y acción de inconstitucionalidad, lo cual ha originado que las Altas Cortes (Corte Constitucional y Consejo de Estado) intervengan en los conflictos ambientales, en algunos de ellos asumiendo posturas activistas y en otras no.

El aumento de estas acciones judiciales muestra el riesgo social exponencial, creciente y problemático en el desarrollo de los proyectos que generan impacto ambiental en el país, lo cual ha generado que ciertos inversionistas se retiren o renuncien a concesiones en materia de recursos naturales, urge empezar a discutir el plan de impacto social en el que se fijen acciones y compromisos de la empresa privada con las comunidades donde el Estado sea garante de los mismos.

4. El activismo judicial en asuntos ambientales es una realidad en Colombia.

El papel tradicional de los jueces se viene transformando, aceleradamente, a partir de importantes sentencias en las que ante el interés de administrar justicia material, el juez crea derecho a partir de la interpretación de la norma e incluso va más allá y desarrolla herramientas de política pública a través de sus decisiones.

Este protagonismo del juez se ve especialmente reflejado en algunos casos de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado colombianos en asuntos relacionados con la protección del medio ambiente y de los recursos naturales en los que se puede constatar una permanente mutación jurídico – administrativa, como Contaminación de la Drummond, relleno de Cantagallo, contaminación de Down en la bahía de Cartagena, participación de las entidades territoriales en la política minera Nacional, Proyectos de Interés Nacional Estratégico (Pines), problemas de la Islas del Rosario, cerros orientales y el río Bogotá.

5.Los jueces en materia ambiental están generando una revolución ¿conveniente?

Es claro que el papel de las Altas Cortes en materia ambiental se podría enmarcar dentro del fenómeno del activismo judicial, este es uno de los temas más acuciantes en el estudio de los modernos fenómenos jurídicos. Los jueces han impuesto una verdadera revolución en su rol tradicional, con un sustancial impacto en los contenidos de las instituciones jurídicas que aplican, forzándolas hacia alcances insospechados que inciden necesariamente en el sustrato propio de las políticas públicas, dicha actuación se cuestiona en materia de legitimidad, oportunidad y eficacia ¿es conveniente para el país?

En el libro que hemos publicado recientemente «el activismo judicial y su impacto en la construcción de políticas publicas. Análisis de caso en el derecho jurisprudencial de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado» analizamos algunos de estos conflictos ambientales bajo una metodología que hemos construido para analizar los conflictos ambientales (reconocimiento del derecho, medidas de implementación y medidas de seguimiento), medir el grado de activismo de los casos y determinar el impacto en la construcción de políticas públicas ambientales.

*Para complementar sobre el tema, los invito a leer dos entradas:

http://www.lasillavacia.com/silla-llena/red-rural/historia/la-corte-constitucional-un-actor-determinante-y-activista-en-la

El activismo judicial de la Corte Constitucional en materia Minera

Es docente investigador en derecho del medio ambiente en la Universidad Externado de Colombia y experto nacional en Colombia Judicial Training. Estudió derecho y una maestríe en derecho con énfasis en derechos de los recursos naturales en la Universidad Externado y se doctoró en derecho en la Universidad...