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La adopción igualitaria y la minoría excluyente

Es paradójico ver como políticos líderes de grupos religiosos minoritarios, buscan hundir la posibilidad de que más niños sean adoptados argumentando que la mayoría de los colombianos no están de acuerdo con la decisión de la Corte Constitucional, criterio bajo el cual, ellos no deberían ser reconocidos como culto o congregación religiosa en un Estado mayoritariamente católico.  

Diego Gallardo
Diego Gallardo
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29 de Noviembre de 2015

Tras la sentencia de la Corte Constitucional que dio vía libre a la adopción de menores por parejas del mismo sexo, la senadora liberal Viviane Morales ha levantado una turbia polvareda de mentiras en contra de la decisión del Tribunal.

La congresista, que últimamente parece que legislara desde un púlpito y no desde una curul, se ha dado a la tarea de recoger de firmas para refrendar la posibilidad de que los homosexuales adopten. La iniciativa de Morales, llamada “Firme por papá y mamá”, ha convocado a ciudadanos "moralmente conscientes", especialmente a líderes de iglesias cristianas que ocupen cargos públicos,  solicitándoles que articulen la logística necesaria para recoger las que se requieren para convocar al referendo.

En Santander, la iniciativa está en cabeza de la exrepresentante a la cámara por el Centro Democrático Johana Chaves, líder de la iglesia cristiana Misión Carismática Internacional, y en concejal liberal Jaime Andrés Beltrán, líder de la iglesia Camino a la Libertad. Según estos, la Corte Constitucional avanza en la transformación del país en “una sociedad sin referentes éticos y morales”, que inició desde que la Corte reconoció el estatus de familia a las parejas del mismo sexo.

Es paradójico ver como políticos líderes de grupos religiosos minoritarios, buscan hundir la posibilidad de que más niños sean adoptados argumentando que la mayoría de los colombianos no están de acuerdo con la decisión de la Corte Constitucional, criterio bajo el cual, ellos no deberían ser reconocidos como culto o congregación religiosa en un Estado mayoritariamente católico. La democracia en un Estado moderno no se define como la tiranía de las mayorías, sino como la voluntad de las mayorías, siempre que sean respetuosas con los derechos y garantías de las minorías.

Quizás ignoran los promotores de la recolecta de firmas que la igualdad que busca proteger la Corte no es la igualdad del derecho a adoptar, sino la igualdad a conformar una familia, la cual, desde la Constitución, no está caracterizada ni por la orientación sexual ni por la consanguinidad, sino por los lazos de “amor, respeto y solidaridad” entre quienes la conforman, cualidades predicables sin reserva de las parejas homosexuales. Así las cosas, implicaría un trato no sólo discriminatorio, sino además contradictorio, circunscribir el estatus de familia del que gozan las parejas del mismo sexo, exclusivamente a la dimensión patrimonial, restringiéndoles la posibilidad de consolidarse y desarrollarse plenamente como lo que son, una familia reconocida y garantizada por la Constitución.

No es cierto, como afirman los provincialistas gestores de “Firme por papá y mamá”, que la Corte Constitucional está violando la Constitución y desconociendo el interés superior del menor al ponderarlo con los derechos de los adultos. Lo anterior en cuanto a que las restricciones para la adopción no pueden ser genéricas, pues esto sí atentaría contra la seguridad y las garantías de los menores. Es necesario que en cada caso de adopción, el examen de idoneidad se practique en concreto para poder garantizar la idoneidad física, mental, moral y social de los posibles adoptantes, los cuales deben ser suficientes para formar una familia idónea para el menor, independientemente de la orientación sexual de quienes buscan adoptar.

Un examen de idoneidad similar debería recaer sobre los líderes de cultos religiosos que aspiren a ocupar cargos públicos, pues se garantizaría, al igual que en la adopción, que el ejercicio del cargo se haría fundamentado en la Constitución, las instituciones y la ley, y no en dogmas religiosos que atropellan no sólo el progreso, sino los derechos de quienes no profesamos la misma fe.

Basta ver cómo el concejal Jaime Andrés Beltrán, promotor de la recolección de firmas en Santander y que pareciera que ejerciera su curul con la Constitución en el anaquel y la Biblia en la mano, evoca en redes sociales que se debe proteger la familia tal como fue constituida por Dios, es decir, por hombre y mujer, desconociendo arbitrariamente la condición laica que se predica del Estado colombiano.

Sobra la invitación a no apoyar las causas groseras y excluyentes de quienes buscan restringir los derechos por razones de orientación sexual.