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La propuesta campesina para el Plan Nacional de Desarrollo

Organizaciones campesinas de orden nacional y regional se pensaron un Capitulo Campesino para el actual Plan Nacional de Desarrollo. Esta propuesta fue entregada al Consejo Nacional de Planeación, su inclusión se justificará el proximo 20 de diciembre.

Carlos Duarte
Carlos Duarte
Línea de Investigación en Desarrollo Rural y Ordenamiento Territorial del Instituto de Estudios Interculturales - Universidad Javeriana de Cali.
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18 de Diciembre de 2018

Pacto por la equidad rural y el bienestar de la población campesina.

Mejorar el acceso a sus derechos económicos, sociales y culturales, garantizando el derecho de la población campesina a la igualdad material y simbólica; fortaleciendo sus capacidades productivas y de acceso a la tierra con el fin de elevar las condiciones para el ejercicio de la democracia en la ruralidad.

 

El documento en PDF puede descargarse en el enlace: 

 

NARRATIVA

El campesinado es un sujeto de especial protección constitucional, que tiene una identidad cultural diferenciada y vive en condiciones de vulnerabilidad que, por lo tanto, tiene derecho a contar con políticas públicas con enfoque diferencial que tomen en cuenta esas condiciones. Lo anterior es tan claro que el campesinado cuenta con normas constitucionales especiales en su favor (arts. 64, 65 y 66 CP) y con todo un Corpus Iuris que lo protege en forma especial, como la Corte Constitucional lo ha señalado. Según la jurisprudencia constitucional, tal Corpus Iuris del campesinado (Sentencia C-077/17) comprende tanto los derechos para implementar una estrategia global de desarrollo rural (Sentencia C-021/94) a favor de la población campesina como los derechos que protegen la realización del proyecto de vida campesina (Sentencia C-077/17). Igualmente, sentencias como la C-536 de 1997 y la C-644 de 2012 han reconocido las condiciones de vulnerabilidad y discriminación histórica en que han vivido los campesinos, por lo que la garantía de sus derechos debe ser reforzada, catalogando al campo como un bien jurídico de protección reforzada y a los campesinos como sujetos también de una protección especial para garantizar su subsistencia a partir de su compleja relación con la naturaleza.

La Comisión de Expertos elegida por el Estado colombiano y varias plataformas sociales campesinas plantearon que el campesino(a) colombiano es un: Sujeto intercultural, que se identifica como tal, involucrado vitalmente en el trabajo directo con la tierra y la naturaleza; inmerso en formas de organización social basadas en el trabajo familiar y comunitario no remunerado y/o en la venta de su fuerza de trabajo. A pesar de que la anterior definición no este operacionalizada estadísticamente, si es muy útil en tanto insumo conceptual.

Sin embargo, existen numerosos estudios que permitirían un acercamiento focalizado a la realidad material de estas poblaciones. Por ejemplo, los resultados del Censo de 2005 evidenciaron que cerca de 11.3 millones de personas habitan nuestra ruralidad, de las cuales 9.3 millones están dedicados a actividades rurales. Así mismo, según los datos de la Misión Para la Transformación del Campo cerca del 60% de los municipios que tiene Colombia deben considerarse como rurales y existe, fuera de ello, una población rural dispersa en el resto de los municipios, con lo cual la población rural representa poco más de 30% de la población del país. Por otra parte, muchas de nuestras ciudades intermedias e incluso grandes siguen teniendo una relación muy estrecha con las actividades agropecuarias. Nuestra “ruralidad” donde habita gran parte de nuestra población campesina, debe entenderse entonces como un continuo, que de hecho no desaparece aún en nuestras grandes urbes. 

Debido a la historia y geografías heterogéneas de nuestro mundo rural y a las desigualdades que han caracterizado el desarrollo regional del país, nuestro campesinado abarca desde zonas relativamente desarrolladas y con una fuerte articulación con ciudades grandes e intermedias, hasta otras extremadamente pobres, generalmente en las regiones más apartadas del país. Abarca también desde zonas (mayoritarias en términos de territorio) donde predomina la gran propiedad hasta otras donde se asientan pequeños productores e incluso mini y microfundistas.

En consonancia con el solido marco nacional que establece a la población campesina como sujeto de especial protección, y en concordancia con la reciente Declaración de los Derechos de los Campesinos y de otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales, aprobada en su versión final el 17 de Diciembre del año en curso por la Comisión Tercera Asamblea General de Naciones Unidas, el PND continuará con los esfuerzos estatales ya realizados en camino de lograr la igualdad material de los derechos de la población campesina por medio de 8 líneas estratégicas, a saber: i) acceso, formalización y territorialidades campesinas-áreas protegidas; ii) fortalecimiento economía campesina y adecuación institucional; iii) acceso a derechos; iv) infraestructura productiva; v) cultivos de coca, marihuana y amapola; vi) ambiente y cambio climático; vii) Mujer campesina; y viii) jurisdicción agraria.

 

Línea 1. Acceso, formalización, territorialidades campesinas y áreas protegidas

La tenencia de la tierra en Colombia se ha constituido de manera informal, desordenada y sin garantías jurídicas. Según el informe de la Misión para la Transformación del Campo “la tenencia de la tierra es informal, pues solo el 6 % de los municipios tiene un grado de formalidad total o casi-total, mientras que del 94 % restante, un 16 % se encuentra en informalidad total o casi total”. Es decir, que una cantidad muy baja de predios tienen una identificación completa de información catastral y de registro.

Respecto al acceso, la realidad del campo colombino es alarmante. El 37,4% de los hogares rurales tiene acceso a la tierra y, de estos hogares, el 59% presenta informalidad en la propiedad. Según el III Censo Nacional Agropecuario, las Unidades de Producción Agropecuaria (UPA) de menos de 0,5 hectáreas representan el 70,4% del total de UPAS y ocupan el 2,1% del área censada; en contraste, aquellas con más de 2.000 hectáreas participan con el 0,1% del total de las UPAS y abarcan el 70,5% del área censada.

La dotación de tierras y la concepción de la propiedad agraria que se destina para los usos agropecuarios, la conservación de recursos naturales y el medio ambiente obliga a que su tenencia y aprovechamiento se orienten a la sostenibilidad de los beneficiarios con el fin de mejorar las condiciones de vida y bienestar comunitario.

La dimensión territorial como atributo de los campesinos parte del reconocimiento de sus diferencias regionales como un elemento esencial en el relacionamiento con el Estado, su entorno, sus actividades, la naturaleza y sus decisiones políticas, culturales e institucionales.

Objetivo 1 Formalización.

El gobierno nacional impulse acciones de formalización de la tierra y clarificación de los derechos de propiedad.

  • Se formalizaran 4 millones de hectáreas en el cuatrienio con especial énfasis en los procesos de sustracción de zonas de reserva forestal, así como en los municipios priorizados para el barrido predial y las zonas PDTs

  • El Gobierno Nacional en concordancia con el Acuerdo Final del Paz desarrollara los mecanismos para la implementación del catastro multipropósito atendiendo los siguientes elementos:

  • Medioambiente y Reforma Rural Integral

  • Áreas de Especial Importancia Ambiental (AEIA), especialmente Áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, complejos de páramo y humedales.

  • Capacidad de los predios de generar servicios ecosistémicos en el marco de la función ecológica de la propiedad como una oportunidad de desarrollo.

  • Retos ambientales en el postconflicto - Opciones para el Medio Ambiente.

  • En cabeza del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Agencia Nacional de Tierras se crearan programas complementarios a los proceso de titulación, en relación a proceso de formación y capacitación en reforestación y gestión del agua.

  • Se ampliará la vigencia de la Ley 1448 con el objetivo de que la restitución de tierras sea efectiva y garantice un mayor índice de victimas restituidas.

Objetivo 2.  Acceso.

Con el objetivo de avanzar en la superación de la pobreza rural y generar condiciones favorables para el desarrollo de la vida campesina con dignidad el gobierno nacional desarrollara las siguientes acciones de acceso a la tierra rural.

  • Sera prioridad para el Gobierno Nacional reglamentar la operatividad del Fondo de Tierras para garantizar el efectivo desempeño en el acceso tierras. 

  • Se expedirá un decreto reglamentario para la resolución de conflictos territoriales entre pueblos étnicos y campesinos.

  • Expedición de una resolución para concretar medidas administrativas para el fortalecimiento de las Zonas de Reserva Campesina y la creación de un fondo para el fomento de las mismas.

  • Fortalecer económicamente y el alcance del fondo para Subsidio Integral de Acceso a Tierra.

  • Garantizar el reconocimiento jurídico de los Territorios Campesinos Agroalimentarios como mecanismo para la defensa de la territorialidad campesina, garantizar el abastecimiento interno de alimentos, fomentando su gestión y administración por parte del campesinado.

Objetivo 3.  Territorialidad campesina y áreas protegidas.

Con el objetivo de que las actividades antrópicas se desarrollen en armonía con los ecosistemas, el gobierno nacional impulsara medidas para promover el uso adecuado de la tierra de acuerdo a su vocación.

  • Se celebraran contratos de aprovechamiento intransferibles para aquellos agricultores familiares que demuestren una ocupación mínima de cinco años de tierras ubicadas en zonas de reserva forestal y parques naturales.

  • La propuesta de desarrollo rural debe incluir en su componente de conservación una visión integral, cuyos focos sean los sistemas socio-ambientales con el objetivo de dar soluciones integrales. 

  • Desarrollar metodologías participativas para las comundiades campesinas en el proceso de implementación del Plan Nacional de Zonificación Ambiental en el que se prioricen las zonas donde se desarrollan los PDET.

  • El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible al igual que la Alta Consejería para el Postconflicto, deben integrar el Registro Único de Ecosistemas y de Áreas ambientales (REEA) y el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP) en un inventario denominado Registro Único de Áreas de Especial Importancia Ambiental (RUAEIA) con el fin de involucrar a las áreas de mayor relevancia de bienes y servicios ecosistémicos. Esto con el fin de fortalecer el SINA y así reunir las figuras ambientales como base para dar cumplimiento a la delimitación de “la frontera agropecuaria y al Plan de Zonificación Ambiental Participativa propuesto en el Acuerdo Final, contribuyendo a su vez con la actualización del Sistema de Información Ambiental de Colombia – SIAC.

  • El gobierno nacional generará un programa nacional con garantías para que los campesinos que habiten en áreas protegidas y áreas de especial interés ambiental tengan la posibilidad de transformar su producción a alternativas productivas que vayan en concordancia con la conservación.

  • Se creará un fondo nacional para la constitución de Zonas de Reserva Campesina y Territorios Campesinos Agroalimentarios como mecanismo para el cierre de la frontera agropecuaria, según lo estipula la ley 160 de 1994.

 

Línea 2. Fortalecimiento de la economía campesina y adecuación institucional

Si bien los sistemas productivos campesinos provienen de profundos arraigos culturales, en la actualidad el campesino colombiano es un sujeto multiactivo desde el punto de vista de su actividad económica. Si bien existe una estrecha vinculación con la tierra a través de actividades agropecuarias, es importante considerar otras actividades rurales que construyen con los diversos ecosistemas y con el manejo de la biodiversidad para su subsistencia y la de su hogar, además de prácticas productivas distintas a las actividades primarias, como son la transformación de los recursos naturales, manufactura de artesanías, elaboración de alimentos o bebidas en el hogar, así como la prestación de algunos servicios relacionados con el turismo

La economía campesina ha soportado históricamente la alimentación de los colombianos, generando divisas con sus exportaciones, así mismo los campesinos se encargan de proteger las semillas y la biodiversidad; garantizando la disponibilidad de agua y de materias primas para la industria. Es decir, es el soporte de la soberanía alimentaria. Por lo tanto es fundamental potenciar la capacidad del campesino para intervenir exitosamente en diferentes frentes de productividad no solamente en función de su subsistencia, sino para generar excedentes productivos que le permitan mejorar su calidad de vida y relacionarse armonicamente con su entorno natural.

 

Objetivo 1.  Fortalecimiento de la economía campesina  

Se mantendrá el impulso de sistemas productivos campesinos buscando que las familias campesinas sean autosuficientes y con capacidad de adaptación a los imprevistos económicos y al cambio climático. Igualmente se buscará incentivar la diversificación productiva intra-predial desde una visión asociativa y regional.

  • El gobierno debe reconocer que la economía campesina como un modelo que le aporta riqueza al país, soporta la soberanía alimentaria y garantiza los bienes naturales, para el consumo y bienestar de la población colombiana. En tal virtud deben expedirse normas que protejan y apoyen su crecimiento.

  • Se expedirán normas tributarias y de asociatividad que faciliten la organización de empresas campesinas y asociaciones para la producción.

  • Se fomentará la organización asociativa campesina para proveer los insumos con cero impuestos mediante producción propia y compras directas.

  • Se promoverá la producción y el uso de semillas criollas.

  • Se fomentaran los sistemas de riego de montaña con tecnologías apropiadas.

  • Se incentivará la producción de maquinaria, herramientas y aperos para mejorar la productividad y mermar el esfuerzo físico de la agricultura campesina.

  • Se promoverá un sistema de compras públicas que garanticen la compra de los alimentos a la producción campesina; en la misma dirección se fortalecerán los mercados campesinos.

  • Se construirán centros de acopio y distribución de alimentos administrados directamente por asociaciones campesinas.

  • Se apoyará el fortalecimiento y fomento de las agroindustrias campesinas, por medio de normas y políticas específicas que faciliten su establecimiento y crecimiento.

Objetivo 2.  Adecuación institucional para la producción campesina

Con la intención de fortalecer la pequeña agricultura campesina y la Agricultura Familiar Consolidada, se transitará de un enfoque de «asistencia técnica» a uno de «extensión agropecuaria» en tanto ésta, además de involucrar apoyos técnicos puntuales para las labores agropecuarias, incluye también acciones de generación y transferencia de tecnología.  De igual manera, se ruralizará la política financiera para el campo, buscando que esta responda a las dinámicas y lógicas del sector rural. La mejora en el acceso a financiamiento para la población rural y los pequeños agricultores es de vital importancia para lograr la reducción de la pobreza y la desigualdad.

  • Se debe creará una institucionalidad pública para atender especificamente la economía campesina en todos sus ámbitos y componentes.

  • Se institucionalizará el sistema de campesino a campesino, para la formación de promotores agropecuarios.

  • Se garantizará la asistencia técnica gratuita para los pequeños propietarios campesinos y para sujetos gratuitos de ordenamiento social de la propiedad rural.

  • Se debe iniciar un programa de investigación de impactos del cambio climático y medidas para su adaptación en las economías campesinas

  • Se crearan líneas de acceso a crédito para la producción campesina con bajos intereses. Igualmente se deben fortalecer las iniciativas de ahorro y crédito mediante respaldo normativo y capital semilla.

  • Se establecerá una política pública de apoyo a la agroecología fundada en los siguientes elementos: el fomento a las escuelas de agroecología; y el establecimiento de zonas piloto para la reconversión agroecológica con una propuesta integral de apoyo, acompañamiento y seguimiento.

 

Línea 3. Acceso a derechos

El campesinado se encuentra en condiciones de extrema pobreza frente a otros grupos poblacionales. La Misión para la Transformación del Campo resalta que existe una brecha en materia de pobreza extrema y multidimensional entre las zonas rurales y urbanas, que se refleja especialmente en el acceso a determinados derechos y servicios. En efecto, continúa la Misión, la clase media alcanza el 11% en comparación con el 39% existente en las zonas urbanas, lo que demuestre que el 89% de la población rural es pobre o vulnerable. Así mismo, el índice de pobreza multidimensional en centros poblados y zonas rurales dispersas fue del 37% en 2017, más del doble del promedio nacional, que es 17% y más de 3 veces el urbano, que era en ese año 11,4%.

La Encuesta de Calidad de Vida de 2016 también evidencia las brechas entre campo y ciudad. Por ejemplo, la cobertura de acueducto en las cabeceras municipales es del 97.5% y de 60.1% en la zona rural, y la de alcantarillado es de 93.6% y 17.3% respectivamente. La asistencia escolar de personas entre 17 y 24 años 65.4% en las áreas urbanas y 32.2% en la rural.

De este modo urge continuar una intervención decidida del Estado en las areas rurales con un alto grado de precariedad y de invisibilidad de las manifestaciones autoctonas de nuestro campesinado. En tazón de lo anterior se plantea una actuación buscando el reconocimiento de la cultura campesina, la caracterización del Campesinado colombiano; así que una mayor eficiencia estatal en items tan importantes como educación, salud, seguridad social, primera infancia, deporte y recreación.

Objetivo 1. Caracterización del Campesinado colombiano

En el periodo 2018-2022, el gobierno nacional elaborará una serie de mediciones estadísticas que den cuenta de la situación del campesinado en Colombia de manera integral. La necesidad de estas mediciones corresponde a diagnósticos del Plan Nacional de Desarrollo como la limitada capacidad institucional para mejorar la competitividad agropecuaria y las condiciones socioeconómicas de pobladores rurales, frente a lo cual se propone el Sistema Nacional Unificado de Información Rural y Agropecuaria y la implementación del Plan Estadístico Nacional del sector, en el marco del Pacto por el emprendimiento y la productividad y la línea de Campo con Progreso.   

  • El Estado delimitará el concepto de “campesino” a partir de una visión integral del mismo que sirva de base para la formulación de políticas públicas que permitan garantizar el derecho a la igualdad de los y las campesinas de Colombia.

  • Se tomarán en cuenta los avances logrados en la mesa convocada por el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo para hacer seguimiento a la Sentencia 2028 de 2018, en la que participan el DANE, organizaciones campesinas y una comisión de académicos.

  • Durante la vigencia de este Plan Nacional de Desarrollo, el DANE deberá incorporar criterios objetivos (como los modos de producción) y de autorreconocimiento para la identificación del campesinado en las mediciones en que sea pertinente, tales como la Encuesta Nacional Agropecuaria, la Encuesta de Calidad de Vida, la Gran Encuesta Integrada de Hogares, la Encuesta de Uso del Tiempo, entre otras. Estos ejercicios servirán de alistamiento y pilotaje para una Encuesta Nacional Campesina, que deberá realizarse antes del año 2022, así como para la inclusión de la categoría “campesino/campesina” en el próximo Censo Poblacional.

  • El gobierno nacional incluirá la categoría “campesino/campesina” en los diferentes sistemas de información e indicadores de evaluación de políticas públicas. Tal es el caso del Sisbén, los sistemas de información catastral, los programas de adjudicación y acceso a tierras, créditos e incentivos agropecuarios, entre otros.

Objetivo 2. Educación campesina e intercultural adaptada a nuestros contextos rurales

Hay un alto grado de analfabetismo en el campo (11,5 por ciento de los mayores de 15 años), Según el Censo agropecuario el 20% de los niños y jóvenes entre 5 y 16 años no asistió a ninguna institución educativa; el 73% está al cuidado de sus padres o de alguien en la casa, y solo el 16 por ciento de los menores recibía asistencia a su crianza en un jardín infantil. Según el DANE, más de la mitad de los jefes de hogar solo tiene un mínimo grado de escolaridad: básica primaria el 59,7%.

El presente PND se acogerá a los Lineamientos de Política Educativa para la población campesina consignados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible-ODS de Naciones Unidas. Lo anterior significará que Colombia buscará implementar una educación inclusiva, equitativa y de calidad en los contextos rurales.

  • Las secretarías de educación de las entidades territoriales, o los organismos que hagan sus veces, en coordinación con las Secretarías de Agricultura de las mismas, orientarán el establecimiento de Proyectos Institucionales de Educación Campesina y Rural. Se incorporará la formación técnica agropecuaria en la educación media (décimo y once).

  • La educación rural campesina buscará ajustarse a los entornos agroecológicos, socioculturales y económicos en que se encuentran estas poblaciones. Los programas de formación deben comprender temas como la mejora de la productividad, la comercialización y la capacidad para hacer frente a las plagas, los patógenos, las perturbaciones del sistema, los efectos de los productos químicos, el cambio climático y los fenómenos meteorológicos conexos, entre otros

  • Los hijos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales recibirán una educación acorde con su cultura, y con todos los derechos que figuran en los instrumentos de derechos humanos.

  • Colombia fomentará las iniciativas de colaboración equitativas y participativas entre el ámbito de la agricultura y el de la ciencia, como las escuelas prácticas para agricultores, el fitomejoramiento participativo y los centros de salud vegetal y animal, a fin de ofrecer una respuesta más adecuada a las dificultades inmediatas y emergentes a las que se enfrentan los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales.

  • En el caso de la implementación de la jurisdicción especial sustentada en los Decretos Autonómicos (decreto 2333 y decreto 1953 de Octubre 7/2014), se hace necesario el conteo de la población tanto indígena como campesina, y la caracterización del poblamiento en los territorios a intervenir. Además, toma importancia el reto de construir políticas públicas incluyentes y diferenciales para garantizar el desarrollo y la salvaguarda de los derechos de las poblaciones campesinas que pueden quedar como poblaciones minoritarias en territorios declarados indígenas a pesar de no ser jurisdicciones homogéneas.

  • En materia de educación técnica, tecnológica y profesional, el país debe profundizar las iniciativas que facilitan el acceso de la población rural tales como: la oferta de cursos de formación presencial del SENA; la articulación de la educación media a la técnica en los mismos colegios; la oferta de programas de los Centros Regionales de Educación Superior (CERES); la construcción de nuevas sedes territoriales de las universidades públicas; y los apoyos de sostenimiento a la población vulnerable que accede a programas de educación superior y que requieren de su traslado a otro lugar de residencia.

Objetivo 3. Aumento de cobertura y calidad de la salud rural

La desatención en salud cobra miles de vidas de los sectores más vulnerables del sector agrario como la niñez, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad. Los niveles de desnutrición infantil constituyen un asunto alarmante de salud pública. Por lo tanto, esta línea de salud busca que la población campesina goce de un derecho real y efectivo de salud como respuesta al rezago existente en las zonas rurales.

En este orden de ideas es necesario pasar de una visión en la cual la afiliación al sistema de seguridad social, garantiza el acceso, a una afiliación en la cual haya seguridad de una oferta adecuada e innovadora de servicios. Esto significa desarrollar un modelo dual, que continúe con los subsidios a la demanda en los centros urbanos, pero que fortalezca los subsidios a la oferta en los municipios rurales y rurales dispersos con alternativas flexibles y móviles, con énfasis en promoción y prevención. Estos modelos son fundamentales para eliminar las barreras de acceso y acercar la oferta a las familias, especialmente en los municipios más dispersos, es decir, donde los servicios de salud deben llegar a la gente en vez de meramente esperar que la gente llegue a los servicios.

  • Generar participación con las comunidades campesinas para construir un enfoque de derechos en sus políticas de salud.

  • Reducción de mortalidad materna e infantil en zonas rurales de difícil acceso.

  • Acompañamiento de equipos interdisciplinarios por el número de habitantes para las zonas rurales más vulnerables (Zootecnista, Enfermera, Técnico agrónomo, Nutricionista).

  • Se replicará el piloto del modelo de atención flexible en salud en zona rural dispersa con énfasis en atención primaria mural y extramural que actualmente lidera el Ministerio de Salud en Guainía.

  • Como complemento al enfoque familiar y comunitario, se incrementaran las alternativas de atención flexibles, como los puntos de salud móviles, o las redes comunitarias según dispersión de la población y características geográficas de los municipios.

Objetivo 4. Seguridad social

La seguridad social del campesinado es una línea fundamental para disminuir su pobreza y vulnerabilidad en el campo, como de sus actividades. Debe ser entendida a la luz del reconocimiento del campesinado como un sujeto vulnerable y de especial protección constitucional, proactivo al desarrollo de la economía campesina y familiar. abarcandolo en un escenario amplio por fuera de su sola categoría de trabajador agropecuario, dado que sus otras actividades están encaminadas al desarrollo de su cultura campesina. Por lo tanto, se considera que las actividades como trabajador rural subordinadas a un contrato, proporciona condiciones de exclusión y marginalización del campesinado, con base en negar garantías de acceso a tierras y proyectos de desarrollo rural de economía campesina, así mismo también al desarraigo de su cultura.

  • Es así que la seguridad social debe ser transversal al mejoramiento de las condiciones de vida del campo y al desarrollo de una seguridad social con enfoque territorial, de género; teniendo  en cuenta las labores de cuidado de las mujeres campesinas, las cuales deben incluir la  dignificación de las labores del campesinado.

  • Para avanzar hacia la integralidad de programas de promoción social, se creará el Sistema Nacional de Información y Focalización, el cual centralizará el proceso de identificación y selección de los potenciales beneficiarios de los programas dirigidos a la población pobre y vulnerable, usando criterios poblacionales y territoriales, con base en la Plataforma Única de registro de programas sociales y que estará unido al Sistema Nacional de Transferencias, para los programas de complemento de ingreso. El Sistema de Información diferenciará las etapas de la focalización, separando las funciones de identificación, con un énfasis nacional y de selección y asignación, las cuales se harán en territorio y con criterios específicos según cada programa.

Objetivo 5. Deporte y recreación

Nuestro campesinado tienen muchos saberes en torno a la utilización del tiempo libre y el deporte que constituyen elementos fundamentales de nuestras culturas campesinas. Son muchos los talentos deportivos que son de oriundos de la familia campesina, mucha población en condición de discapacidad que no está en registros estatales son también de este origen y la herramienta que mas cohesiona en las regiones rurales es el deporte y la cultura, es el patrimonio inmaterial el que está en posibilidad de rescatar por parte del Estado.

  • Se creará un Centro de Estudios Deportivos que generará elementos de decisión y valoración social, económica, científica y cultural para todos los sectores urbanos y rurales, permitiendo cumplir eficientemente la misión y visión de coldeportes como es el caso del deporte y uso del tiempo libre del campesinado.

  • Se fortalecerá la capacidad institucional de las entidades territoriales municipales para garantizar los mínimos de la población campesina en deporte.

  • Se formalizaran los procedimientos para la contratación de los coordinadores de IMDER bajo criterios de meritocracia.

  • Se crearan los Juegos Deportivos Nacionales Rurales Campesinos, como el máximo evento deportivo del país en disciplinas convencionales, olímpicas y de destrezas particulares con participación de  la sociedad rural,  campesinas y se realizara en categoría abierta cada dos (2) años una vez expedida el PND 2018 - 2022, con el objeto de promover y fortalecer los procesos de integración y desarrollo deportivo del campo colombiano. 

  • Se construirá política pública de deporte y recreación construida con enfoque diferencial para la población campesina, dándole participación a sus procesos organizativos.

 

Línea 4. Infraestructura Productiva

La adecuación de tierras y el riego aumentan la productividad. Una mayor y mejor infraestructura vial reduce los costos de transacción, contribuye al bienestar de la población al reducir también los costos de transporte no asociados a la producción agrícola. Por todas esas razones, el gasto público en bienes básicos para la agricultura crea beneficios que trascienden los de cada uno de los productores y permanecen en el tiempo. Por todo ello, si se quiere reorientar y acelerar el desarrollo rural, la financiación de ese gasto debe ser considerada prioritaria por el Estado.

De acuerdo con el DNP, la red de carreteras del país cuenta con 214.946 Km, de los cuales 17.423 Km corresponden a red primaria, 43.327 Km a la red vial secundaria y 141.945 Km a la red vial terciaria. Esta se distribuye, a su vez, en 27.577 Km a cargo del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), 13.959 Km son administrados por 21 departamentos del país y 100.409 Km están bajo responsabilidad de los municipios; los 12.251 Km restantes son de particulares.

Otra área de gran atraso en infraestructura es, sin duda, la de riego y regulación de corrientes de agua. El país carece incluso de una evaluación clara de las necesidades, que se ha hecho evidente con los problemas que generan las inundaciones en años recientes.

Los programas de desarrollo rural tendrán como beneficiarios a las comunidades locales y a él o los municipios que conformen un territorio. En función de sus objetivos de desarrollo productivo, proveerán bienes públicos relacionados con la producción, agregación de valor, comercialización (centros de acopio, distritos de riego, centros de asistencia técnica, información y apoyo empresarial, etc.) y, en general, todo lo referido a inversiones y capacidades para dinamizar la economía del territorio y para hacerla más incluyente.

Objetivo 1. Vias para fortalecer la pequeña producción y la seguridad alimentaria

La falta de infraestructura de transporte es una de las causas del rezago de amplias regiones y zonas rurales. Muchas son las razones para que ello sea así, ya que la conectividad que esa infraestructura posibilita entre las zonas rurales en donde tiene lugar la producción agropecuaria y los centros de acopio o comercialización de esa producción reduce los costos de transporte de los productos finales, de los insumos y de los otros bienes. Además esa infraestructura incrementa los encadenamientos de esa producción con la de otros bienes y servicios y contribuye al bienestar de la población al facilitarle el acceso a servicios como la educación, y la salud. Es posible advertir que en este campo, el país requiere un gran salto en materia de vías territoriales (secundarias y terciarias).

  • Respecto a las vías terciarias, donde el atraso es considerable, se establecerá en el corto plazo normativas e incentivos para que el mantenimiento y mejoramiento tenga un enfoque activo y no reactivo, y obedezca a criterios técnicos, económicos y sociales.

  • El PND acogerá los retos que la Misión para la trasformación del Campo se trazó en una ventana de mediano plazo. De acuerdo con la Misión de aquí a 15 años el país pasará de un 6% de vías terciarias pavimentadas actualmente a un 22%, y se reducirán las vías en tierra de 24% a 0%. Además, se espera que todas las vías pavimentadas queden en buen estado.

  • El presupuesto de inversión en vías terciarias aumentará del 0,3% al 0,5% del PIB y debe contar con un esquema de cofinanciación (72% en promedio a cargo de la Nación) que tendrá en cuenta la capacidad de los municipios (aportes menores de los municipios más pobres) e incentivará la participación de los entes territoriales (incluyendo con recursos de regalías).

Objetivo 2. Adecuación de tierras (riego y drenaje).

Una de las grandes limitaciones que afrontan los campesinos para mejorar su actividad productiva y su calidad de vida es la relacionada con la disponibilidad y manejo del agua en sus parcelas o fincas. La falta de infraestructura de riego dificulta la diversificación y la tecnificación de su producción. La falta de drenajes adecuados conlleva a la pérdida de sus cosechas en períodos lluviosos. Las obras de adecuación de tierras que se han adelantado en el país tienen numerosas falencias. La mayoría de distritos de pequeña irrigación, específicamente orientados a atender agricultura familiar o campesina, están abandonados. Adicionalmente, el país no ha hecho un esfuerzo importante en el desarrollo de tecnologías para la captura, almacenamiento, distribución y aplicación del agua para irrigación con estrategias de bajo costo de recolección, almacenamiento, conducción y utilización del agua para riego.

La adecuación de tierras, entendida como la prevención de inundaciones, la regulación hídrica, el drenaje y el riego para la producción agrícola. La prevención de las inundaciones, la regulación hídrica y el drenaje de grandes extensiones son actividades que por su naturaleza producen beneficios a grupos relativamente grandes de productores y campesinos. Por ello, y porque tienen características de bienes públicos, éstas deben ser actividades a cargo del Estado y que se financien con recursos de los presupuestos públicos.

  • El Estado dará apoyos directos a los campesinos para que desarrollen proyectos de riego de carácter asociativo.

  • Los distritos pequeños, así́ como los mecanismos económicos de captura, almacenamiento y utilización del agua, y las estrategias de retención del agua en el suelo, hacen parte de la estrategia de inclusión productiva y agricultura familiar y se financiaran a través del Fondo de Desarrollo Rural

 

Línea 5. Cultivos de coca, marihuana y amapola

Colombia es considerado uno de los países más biodiversos por su alto endemismo y por la concentración de especies sin parangón en el mundo entero. Los ecosistemas estratégicos del país garantizan los bienes y servicios ambientales necesarios para el bienestar social y el desarrollo económico de la nación. El incremento y expansión de los cultivos de uso ilícito incide en la desaparición de los cultivos tradicionales, o la desaparición del sistema de bosque en las zonas de frontera agrícola. Pese a la ausencia de estudios oficiales con mediciones detalladas de la presencia de cultivos de uso ilícito en ecosistemas estratégicos (zonas de reserva forestal, parques naturales y territorios colectivos), se sabe que en las áreas en las cuales la biodiversidad corre mayor riesgo, como resultado de actividades antrópicas, tienen fuerte presencia de cultivos de coca, amapola y marihuana. En consecuencia, afrontan una doble presión: la de los cultivos y la de las operaciones indiscriminadas de aspersión aérea con glifosato.

La reducción sostenible de los cultivos declarados ilícitos será una consecuencia del cumplimiento por parte del Estado de sus obligaciones y de su presencia constante e integral en los territorios, implementando la reforma rural integral para la transformación de los territorios, superando un enfoque restrictivo anclado en la apuesta por la seguridad.

Objetivo 1: Crear las condiciones para formalizar la tenencia de la tierra.

El crecimiento y la expansión de los cultivos coca, amapola y marihuana se relaciona íntimamente con problemáticas rurales estructurales, como la falta de acceso, uso y formalización de la tierra, pobreza, incapacidad del Estado de proveer bienes y servicios a sectores de la población rural, y de acceso a mercados.

  • El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) en coordinación con la Agencia Nacional de Tierras (ANT) fortalecerán el programa gratuito de formalización masiva de la propiedad rural y de adjudicación de tierras, en beneficio de los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente.  El programa incluirá medidas específicas para facilitar el acceso a las mujeres rurales y sus asociaciones.

  • El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) implementará un programa de subsidio integral para la compra de tierras en beneficio de los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente, en las zonas con mayor presencia de cultivos de coca, amapola y marihuana. Este contara con medidas específicas para facilitar el acceso a las mujeres rurales y sus asociaciones.

  • El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) en un plazo no superior a tres (3) años finalizará el plan de zonificación ambiental que, entre otras, delimitará la frontera agrícola y las áreas que por su importancia ecológica requieren un manejo especial. Las comunidades rurales asentadas en las áreas que requieren un manejo ambiental especial de acuerdo al plan de zonificación, serán incluidas de manera concertada, en los programas y planes de desarrollo campesino para la conservación, creados de manera coordinada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), los cuales contaran con acompañamiento técnico agropecuario y económico para la reconversión productiva y la recuperación comunitaria de bosques. 

Objetivo 2: Superar las condiciones de pobreza de las comunidades campesinas vinculadas al cultivo de coca, amapola y marihuana.

La mayoría de quienes tienen esos cultivos, lo hacen porque no tienen otras alternativas de subsistencia y muchas veces son víctimas de la represión del Estado que quiere erradicarlos y, a la vez, de la violencia de actores criminales involucrados en la producción y tráfico de drogas y violencia generalizada, entre otras. La producción de coca, amapola y marihuana constituye un fenómeno complejo, en el que el aumento de las áreas cultivadas viene acompañado por un deterioro general de la gobernabilidad, la seguridad, del tejido social, y de las oportunidades de integración económica para el desarrollo.

  • Con el propósito de facilitar el tránsito de los campesinos vinculados a los cultivos de coca, amapola y marihuana hacia economías legales, el  Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), entregará en su totalidad el esquema de medidas de asistencia y apoyo contemplados en el Plan de atención inmediata y en el PNIS, a las comunidades rurales y familias campesinas inscritas a través de la suscripción de pactos colectivos y/o contratos individuales para la sustitución, obtendrán

  • El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), reestructurara los planes integrales de desarrollo municipales, en los territorios con presencia de cultivos de coca, amapola y marihuana, los cuales se reorientaran hacia la sustitución voluntaria y la reconversión económica del conjunto de la región, para ello, se construirán e implementaran de manera concertada con las comunidades campesinas, y de acuerdo a las particularidades de cada región proyectos que incluyan actividades agrícolas, pecuarias, ecoturismo, artesanales  y otras de interés comunitario, que generen alternativas de ingreso para las comunidades campesinas. Una vez se haya logrado la estabilización de los proyectos productivos sustitutos, constituyéndose en una alternativa segura y sostenible de subsistencia para los campesinos, se realizará la erradicación de las matas de amapola, coca, y marihuana.

  • Los planes integrales de desarrollo municipales facilitarán la articulación territorial de las estrategias de vivienda, educación y conectividad rural, para ello se asegurará que las comunidades, familias y personas inscritas en el PNIS accederán a los programas y planes contemplados en cada una de estas estrategias.

  • El Ministerio de Educación Nacional en coordinación con las universidades públicas y el Sena diseñaran e implementaran una línea de investigación y formación rural comunitaria para el desarrollo de emprendimientos basados en usos potenciales de las plantas declaradas ilícitas y permitir aprovechar su potencial para usos tradicionales, médicos, nutricionales y científicos, agroindustriales, asegurando que los beneficios lleguen a las poblaciones involucradas en su cultivo y de modo que puedan generar desarrollo industrial con valor agregado para el país.

  • El Ministerio de Educación Nacional en coordinación con las universidades públicas y el Sena diseñaran e implementaran una línea de formación rural comunitaria para el desarrollo de circuitos productivos de economía solidaria.

  • El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), el Ministerio de Educación Nacional y sus entidades técnicas adscritas, garantizaran que los procesos de sustitución cuenten con apoyo técnico que fortalezca las capacidades instaladas en los territorios y empodere a las organizaciones locales, incluyendo a las organizaciones de mujeres rurales.

  • Se implementarán programas de seguros de cosechas y subsidio integral para el desarrollo de proyectos productivos y actividades sustitutas de los cultivos de coca, amapola y marihuana.

Objetivo 3: Construcción de paz y trasformación territorial para la sustitución definitiva de los usos ilícitos de los cultivos de coca, amapola y marihuana.

La agenda adoptada históricamente en el país contra las drogas ilícitas ha enfatizado el uso de la fuerza sobre los cultivos de uso ilícito y la criminalización de los campesinos cultivadores, sin lograr resultados importantes en la disminución de la oferta. En los municipios más afectados por estos cultivos el 65% de las personas viven con necesidades básicas insatisfechas. Por lo tanto, se requiere un cambio de enfoque, que estructure una respuesta que atienda asertivamente las causas estructurales de la presencia y aumento de los cultivos declarados ilícitos, como, la pobreza rural, la incapacidad del Estado de proveer bienes y servicios a sectores de la población rural, la falta de acceso, uso y formalización de la tierra y de acceso a mercados.

  • Se tramitará una reforma al marco normativo actual, que permita la renuncia de manera transitoria al ejercicio de la acción penal, la extinción de la sanción penal, la extinción de la pena o la aplicación del principio de oportunidad, con el objetivo de dotar de garantías los procesos de sustitución voluntaria de cultivos de coca, amapola y marihuana.

  • En virtud del principio de precaución se suspenderán las acciones de aspersión aérea y terrestre de compuestos químicos que puedan afectar la salud y el ambiente.

  • En las zonas en donde se adelanta el PNIS y en donde las comunidades campesinas han manifestado su voluntad de iniciar de procesos de sustitución voluntaria de cultivos de coca, amapola y marihuana no se adelantarán acciones de erradicación forzada.

 

Línea 6. Campesinado, ambiente y cambio climático

Los campesinos se encuentran en territorios fundamentalmente rurales donde habitan hombres, mujeres y niños, quienes a través de sus diferentes maneras de apropiar el entorno obtienen productos e ingresos con los cuales procuran su subsistencia; los cuales son base también para la construcción de redes y relaciones con su comunidad. Por lo anterior, la vida campesina se constituye en una red de relaciones sociales expresadas territorialmente en comunidades, veredas, corregimientos, minas, playones, entre otros y se desarrolla en relaciones con los ecosistemas configurando la diversidad de comunidades campesinas.

Es por ello, que el territorio se entiende como un espacio socialmente construido por sus habitantes, quienes desarrollan allí la mayor parte de su vida política, económica y social. En este espacio confluyen relaciones sociales, una historia compartida, la identidad y diversidad cultural y étnica, así como instituciones, una estructura ecológica y productiva similar. Es así como un territorio no necesariamente es un espacio geográfico delimitado en términos políticos y administrativos. En consecuencia, los territorios campesinos se definen y se caracterizan en el marco de su relación con el espacio físico en el que vive el campesino y el conjunto de interacciones sociales, económicas, históricas y culturales que establece. En tal medida es posible decir que el espacio propiamente rural exhibe una creciente interacción con los espacios urbanos y viceversa.

En este sentido, los campesinos se ubican tanto en zonas rurales como en las urbanas, sin perjuicio de que la mayor parte del tiempo que dedican a su trabajo se desarrolla en el campo; se desenvuelven en espacios que hacen parte de su territorio como red fundamental de supervivencia.

Bajo el anterior contexto, los campesinos colombianos han desarrollado a través de la historia diversas interacciones antrópicas que les permiten asumir desde anclajes espirituales sus diversas relaciones con la naturaleza. Esto a hecho que se vayan construyendo unas relaciones de respeto y reciprocidad entre hombre y naturaleza que es la base de la sobrevivencia de los seres humanos en el planeta. Por lo tanto las intervenciones de megaproyectos extractivistas, minero energéticos y patentes de la vida; son amenazas que hoy enfrentan los territorios campesinos.  Por eso se debe establecer acciones ambientales para garantizar una convivencia en armonía con su entorno.

Objetivo 1. Educación ambiental

  • Se crearán programas de formación ambiental en planeación del entorno, manejo de agua, suelo, vegetación y residuos sólidos de la mano de cada municipio.

Objetivo 2. Predios locales protegidos para el agua y la diversidad biológica.

  • Se elevarán  las Tasas por Uso de Agua (TUA) para usuarios de acueductos de medios y altos ingresos y el sector industrial y extractivo no conectado a acueductos.

  • Se ordenará que el 60-70% del recaudo por TUA, con los incrementos planteados, se invierta en las cuencas donde se genera el servicio y la totalidad del incremento en el recaudo proveniente del sector agropecuario.

  • Las fuentes de agua de los acueductos y sistemas de riego de comunidades campesinas deben ser adquiridos por el Estado colombiano y entregados en protección a los habitantes de la localidad para su restauración vegetal y protección. 

Objetivo 3.  Agua y acueductos comunitarios.

  • El mantenimiento del agua, en cantidad y calidad adecuadas, se sustentará en tecnologías eficientes, modernas y tradicionales. Esto requerirá mejorar la infraestructura obsoleta en los sistemas de abastecimiento y disminuir los agroquímicos, favoreciendo el uso de insumos orgánicos. En el marco de la agricultura familiar se debe promover el desarrollo de modelos productivos basados en la agroecología.

  • Los acueductos de las zonas rurales deben ser comunitarios y sus nacimientos, cuencas y microcuencas no deben ser privatizadas. Debe existir un programa de mejoramiento y fortalecimiento administrativo de los acueductos comunitarios veredales.

Objetivo 4. Adaptación al cambio climático.

El cambio climático es el fenómeno natural de mayores impactos en el comportamiento de los seres vivos tanto vegetales como animales. Es quien regula los periodos de lluvia y sequia con cambios en los tiempos y en las temperaturas. Esto generará impactos fisiológicos y seguramente genéticos de las especies, trayendo consigo crisis de adaptación que seguramente aseguran la migración del campesinado.

  • Se debe generar programas de investigación aplicada para el manejo de agua y adaptación de semillas nativas para la alimentación.

  • Se debe generar tecnologías para la conservación, preparación de comida para humanos y animales para periodos largos de sequía como se van a presentar.

  • Se deben diseñar sistemas productivos, fincas e instalaciones que permitan resistir los periodos de sequía y de lluvia prolongados.

  • Para superar el enfoque de uso del suelo, que desconoce sus atributos estructurantes y vocación, la planificación ambiental se fortalecerá, teniendo en cuenta las diferencias regionales y los factores de vulnerabilidad al cambio climático que pueden desencadenar mayor degradación

Objetivo 5. Consultas populares frente a megaproyectos. 

  • Donde se tramiten licencias ambientales para la construcción de proyectos, mineros, energéticos y de hidrocarburos se deben hacer y respetar los resultados de las consultas populares.

 

Línea 7. Mujer campesina.

En Colombia se estima que el número de campesinos es aproximadamente 10.5 millones y la mitad son mujeres. En la última década aumentó casi a un 28% la participación de las mujeres como cabeza de hogar en el campo. El 24% del total de trabajadores de las unidades de producción agrícola permanente son mujeres. Las cifras anteriores son un reflejo de la violencia que enfrentan las áreas rurales, que afecta sobre todo a los hombres y que tiene como efecto que las mujeres se queden al frente de las familias. Por lo tanto, las mujeres campesinas enfrentan condiciones más agudas de pobreza y violencia intrafamiliar.

La Misión para la Transformación del Campo señala que la situación de las mujeres rurales es peor que la de los hombres rurales y la de las mujeres urbanas. Según el Tercer Censo Nacional Agropecuario, el 12.6% de las mujeres rurales mayores de 15 años son analfabetas frente al 12.4% de los varones. Sumado a esto, las mujeres rurales tienen menores y peores oportunidades de trabajo remunerado debido a, entre otros, una carga excesiva de tareas de cuidado sin remuneración ni reconocimiento. De hecho, la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo (ENUT) precisa que las mujeres en Colombia dedican a diario un promedio de 7 horas 23 minutos a las labores del cuidado no remuneradas; mientras, en el campo, las mujeres rurales dedican aproximadamente 8 horas 12 minutos

De igual manera la posesión de los títulos de propiedad de la tierra rural en cabeza de mujeres es bastante incierta, pero se asume que es muy inferior al de su contraparte masculina. Por lo tanto el que las mujeres campesinas cuenten con un título de propiedad, para poder lograr mejores condiciones, no solo en cuanto a las decisiones de uso que se toman sobre los predios, también, sobre otros ámbitos de la vida, como por ejemplo: en qué se usa el capital económico construido a partir del trabajo en la parcela, cómo se toman las decisiones familiares, las posibilidades de participación política, las decisiones en cuanto a las relaciones de pareja, entre otras. De manera que, contar con un título de propiedad no solo impacta la autonomía económica de las mujeres, también otros escenarios donde la autonomía, como toma de decisión con condiciones para sostenerla, pueda verse ejercida.

Objetivo 1. La mujer rural como sujeto central de la política pública agraria.

Los miembros del hogar campesino, en especial las mujeres, realizan labores productivas, domésticas y de cuidado no remunerado, que son esenciales para la reproducción de las familias y las comunidades, así como para la generación de riqueza en el país.

  • Se reglamentará e implementará la ley 1413 de 2010 (economía del cuidado) de manera que no solo se dé apoyo, igualmente diferenciado, para crédito, asistencia técnica, maquinaria y proyectos productos, sino que se reconozca dicha economía como productiva.

  • Se reglamentará y volverá operativa la Ley 731, bajo un enfoque intersectorial, abordando todos los ámbitos de su competencia (producción, educación, salud, tierra y participación política).

Objetivo 2. Promoción de los derechos y prevención de la violencia

Aunque las mujeres se encuentran organizadas alrededor de la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres, el camino por recorrer hacia el logro de estos ideales es aun enorme.

  • Se combatirá de manera decidida la altísima prevalencia de la violencia contra las mujeres, los niños y las niñas, buscando disminuir las tasas de violencia sexual, física y psicológica.

  • Se apoyará sistemáticamente el liderazgo femenino en las comunidades rurales por medio del desarrollo de actividades que ayuden a mejorar la autoestima, los cuidados del cuerpo, la esencia de ser mujeres y el reconocimiento del cuerpo como el principal territorio donde habitamos para hacerlo respetar, exigir sus derechos y lograr transformaciones para prevenir la violencia intrafamiliar.

Objetivo 3. participación política de las mujeres campesinas

El liderazgo femenino en las comunidades rurales es sistemáticamente amenazado por la sociedad tradicional y patriarcal que cuestiona las capacidades de realización y desempeño de las mujeres en escenarios públicos, promueve la violencia y la discriminación, asignando a las mujeres el espacio doméstico, impone códigos de conducta que son factor de exclusión y discriminación, sancionando a aquellas que, desde una posición autónoma, intentan transgredirlos.

  • Además de reforzar la identidad campesina de las mujeres, se retroalimentarán sus conocimientos con aportes técnicos y políticos para subsistir y permanecer en el territorio   desde su esencia femenina. Se buscará generar en las mujeres cambios en sí mismas, que valoren y reconozcan sus cualidades, ser más críticas frente a sus vidas y generando discusiones frente a los diferentes problemas de la familia y la comunidad dando así la oportunidad de ampliar los ámbitos de interacción e inclusive ocupar espacios de decisión, y generar reconocimiento, liderazgo en las mujeres en los diferentes escenarios donde ellas han sido recurrentemente relegadas.

  • Se generarán alternativas que les permita aportar a la economía de sus familias, las comunidades, y en el mismo desarrollo rural. Desde ese punto de vista y consientes además, que la dependencia económica es generadora de   violencias contra las mujeres, se busca diseñar propuestas productivas, que les generen recursos económicos a las mujeres.

Objetivo 4. Salud Sexual y Reproductiva.

Se masificará el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de la población en general, con especial atención de los de las mujeres, trabajando el tema de manera integral, en lo posible involucrando las instituciones educativas.

 

Línea 8. Jurisdicción Agraria.

Nuestros conflictos territoriales han guardado una estrecha relación con las disputas por el acceso a la tierra. En nuestro país los conflictos por la tierra han sido mediados a través de reglamentaciones, en las que se visto competencias entre actores económicamente fuertes frente a otros con recurso escasos.

Sin embargo, de manera complementaria, a la ya clásica lucha por la tierra, el modelo de estado multicultural implementado en Colombia ha incentivado las subjetividades étnicas, afrodescendientes e indígenas; así como un sistema diferencial de derechos. Esta situación en la ruralidad colombiana se ha vuelto potencialmente conflictiva en tanto enfrenta una diversidad de concepciones, trayectorias, principios de organización del territorio y de percepciones en torno a lo público.

Así mismo las anteriores problemáticas se producen en un contexto de pobreza y exclusión social que exacerba las tensiones por la competencia de espacios de representación y de acceso a derechos diferenciados entre poblaciones organizadas en torno a intereses por el acceso a la tierra, o alrededor de elementos étnico-culturales. Esta situación se torna urgente de resolver si se considera que, en diferentes lugares del país, las poblaciones rurales habían mantenido históricamente un uso compartido del territorio. Sin embargo, conviene resaltar que, si bien el acceso diferencial a derechos entre las poblaciones identitariamente segmentadas es un aspecto relevante en el análisis, el principal vector de conflicto interétnico no es la autonomía territorial y los derechos a los pueblos indígenas y afrodescendientes garantizados por la Constitución de 1991, sino mas bien una estructura profundamente arraigada de concentración de la propiedad en el país.

Frente a los anteriores elementos se hace necesario una nueva institucionalidad que tenga en cuenta que los conflictos por la tierra (y su judicialización) presentan características diferentes a aquellos que ocurren en las ciudades. Es necesario evitar que los elementos que caracterizan los litigios relacionados con la propiedad se trasladen de la jurisdicción civil a la agraria sin una revisión crítica de sus efectos en este nuevo espacio.

Objetivo 1. Establecimiento de la jurisdicción agraria

La jurisdicción Agraria buscará garantizar la protección efectiva de los derechos de propiedad en el campo; resolver los conflictos relacionados con los derechos de tenencia y uso de la tierra; y, en general, promover la regularización de la propiedad rural, incluyendo mecanismos tradicionales y la intervención participativa de las comunidades en la resolución de conflictos

  • Con el propósito de establecer mecanismos para la resolución de controversias rurales el Gobierno modificará la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la Administración de Justicia) con el fin de crear una Jurisdicción Agraria. Dicha jurisdicción se sustentará en el principio de gratuidad a los procedimientos de carácter agrario y se implementará dentro de las jurisdicciones ordinaria y de lo contencioso administrativo, incluyendo mecanismos tradicionales y la intervención participativa de las comunidades en la resolución de conflictos.

  • La construcción de la Jurisdicción agraria generará un espacio de dialogo con el campesinado organizado para su reglamentación, que permita además, incluir mecanismos tradicionales y la intervención participativa de las comunidades en la resolución de conflictos.

  • La jurisdicción agraria definirá las reglas jurisdiccionales del proceso agrario y rural; brindará autonomía a la especialidad agraria y rural frente a la civil, laboral y contencioso administrativa; permitirá ratificar las decisiones tomadas en sede administrativa sobre los bienes ubicados en zonas rurales; y, constituirá un fuero de atracción en asuntos de naturaleza agraria o rural.

  • La Jurisdicción Agraria en concordancia con el Decreto 902 reglamentará un nuevo tipo de proceso declarativo que dirime las controversias cuando el objeto de litigio se encuentra ubicado en suelo rural.

  • La jurisdicción agraria acogerá las decisiones u acuerdos entre personas, organizaciones y comunidades rurales que surjan del uso de mecanismos tradicionales y de intervención participativa de estas comunidades en la resolución de sus conflictos.

  • La Jurisdicción Agraria se traducirá en la creación de salas agrarias y rurales en los tribunales superiores de distrito judicial y en los tribunales administrativos, junto con un órgano de cierre en cada jurisdicción, que serían la Sala de Casación Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia y la Sección Sexta del Consejo de Estado.

 

 

 

 


“Sujeto campesino” es una categoría social que incluye a todas las personas, sin distingo de edad, sexo y género

Sistema Nacional Ambiental: Conjunto de orientaciones, normas actividades, recursos, programas e instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios generales ambientales orientados hacia el desarrollo sostenible (Ley 99 de 1993). 

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