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Los jóvenes en Manizales tienen capacidades pero no oportunidades

De poco sirve establecer políticas departamentales y municipales de empleo juvenil cuando la dinámica histórica de este mercado se ha caracterizado de forma prevalente por la ausencia de estrategias de generación de empleo y dinamización de la economía productiva.

Beatriz Peralta
Beatriz Peralta
Exsecretaria de Agricultura de Caldas. Docente e Investigadora U de Caldas
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17 de Agosto de 2018

De poco sirve establecer políticas departamentales y municipales de empleo juvenil cuando la dinámica histórica de este mercado se ha caracterizado de forma prevalente por la ausencia de estrategias de generación de empleo y dinamización de la economía productiva.

Esta realidad pública de la capital del departamento de Caldas, junto con los municipios de Villamaría, Chinchiná, Neira y Palestina, excluye a la población juvenil desconociendo su potencial como eje de desarrollo económico y su condición de actores centrales de construcción de la paz que se requiere hoy en el contexto regional y nacional.

Como se palpa en la realidad, el desempleo deriva hacia múltiples problemas sociales como el incremento de la economía informal, descomposición social, tensiones por el uso del espacio público, delincuencia, adicción a las drogas, pobreza, indigencia, entre otros.

 

El desempleo en Colombia

En las últimas dos décadas, una de cada cinco personas dispuestas a trabajar, no encuentran empleo. Las cifras revelan que las mujeres son quienes presentan un mayor índice de desocupación evidenciando que las características que determinan el desempleo de una persona varían de acuerdo con su condición de género, edad y experiencia laboral, entre otras características[1].

“Los grupos más vulnerables al desempleo son los/las jóvenes menores de 25 años y las mujeres, quienes han mantenido tasas de desempleo dos veces mayores a las de los hombres y los trabajadores con menos años de educación” (Semana, 2018) y no se trata solamente de un problema coyuntural.

El desempleo en América Latina y el Caribe aumentó por tercer año consecutivo, y para finales de 2017 más de 26 millones de personas no tenían empleo.

Una de las cifras más preocupantes del estudio es que la tasa de desempleo juvenil promedio es de 19 por ciento, lo que significa que uno de cada cinco jóvenes en la fuerza laboral no consigue trabajo y que afecta a unos 10 millones de jóvenes en toda la región.

 

Situación laboral en Manizales.

Según el informe del DNP, 2017, en ese año Manizales tuvo un desempleo de 11,2 por ciento y la cifra de desocupados alcanzó los 25 mil. Este retroceso permeó varios de los indicadores laborales de la ciudad, como el desempleo femenino y juvenil. (DNP, 2017).

Para el presente año (2018) la cifra de desocupados alcanzó los 28 mil. En este sentido, la Secretaría de TIC y Competitividad de Manizales, María Magdalena Builes, explicó que entre la población más vulnerable están los jóvenes universitarios.

 

Fuente Internet (2018): http://www.lapatria.com/economia/manizales-y-villamaria-con-mil-desempleados-mas-415231

La causa no es sólo la falta de formación o de acceso a la educación superior, sino que, en muchos casos, se debe a la carencia de oportunidades laborales, es decir, -como hipótesis inicial, se percibe- que, en Colombia, ha faltado una auténtica política pública de juventud en materia laboral: uno de cada dos desempleados en el país está entre los 18 y 28 años.

Dichos indicadores revelan lo complejo que es acceder al sistema de relaciones laborales y responder a las demandas del crecimiento de la población en edad de trabajar (PET) en especial para el grupo poblacional integrado por jóvenes que aspiran a ocupar su primer empleo.

 

Políticas para la formalización y generación de empleo

Una primera mirada sobre las políticas del Estado en materia de generación de empleo arroja resultados deficientes. Durante el gobierno de Álvaro Uribe se promulgó la Ley 789 de 2002 que potencializó el desempleo y permitió la operación del mercado laboral de manera libre, sin regulación alguna con la consecuente pauperización del trabajador, el subempleo y el aumento del empleo informal.

La administración Santos planteó la Ley 1429 de 2010 de formalización de empleo, sin embargo, dicha ley solo sirvió para dinamizar la creación de más empresas en lugar de contribuir a la formalización de la situación laboral de los/las trabajadores(as) (añadiendo nuevos cotizantes activos a la seguridad social) pues con ella, se otorgan subsidios estatales a las empresas por el pago de los parafiscales. Para el año de 2015 lanzó el programa “40 mil primeros empleos”, con el objetivo de generar oportunidades para jóvenes que nunca han trabajado y necesiten adquirir experiencia.

En el escenario de posconflicto, nace la Ley 1780 de 2016 también conocida como la ley Pro-joven-con el fin de generar empleo a los jóvenes entre 18 y 28 desde el fomento del emprendimiento y la creación de nuevas empresas jóvenes, junto con la promoción de mecanismos que impacten positivamente en la vinculación laboral de la población joven en Colombia. (Presidencia de la República, 2016).

 

De la universidad al mundo laboral.

Manizales es reconocida por ser una ciudad universitaria. Resulta por tanto preocupante que el desempleo juvenil se acentúe más en los egresados de los centros universitarios.

Esto cuestiona hasta qué punto la educación superior en la ciudad está preparando a los jóvenes para enfrentar la vida laboral e interpela a la institucionalidad y la academia sobre la necesidad de articular la educación media con la educación superior y de ofrecer programas de formación para el desempeño laboral y el desarrollo humano, a través de los cuales los jóvenes puedan cualificarse para el emprendimiento y la incursión en la vida laboral.

El Plan de Desarrollo 2016-2019 expresa que el sector educación tiene el reto de proveer al municipio el recurso humano calificado para la industria, el campo, el comercio y los empleos intensivos en conocimiento, ciencia y tecnología, (Alcaldía de Manizales, Plan de desarrollo 2016-2019, p.84).

Reconoce el Plan de Desarrollo, que “un porcentaje de los jóvenes de nuestra población trabajan en la informalidad, donde, en diversos enfoques, se les relacionan con ocupaciones inestables, condiciones de trabajo vulnerables, o con aquellas que no están relacionadas con sus perfiles laborales o profesionales”. (Alcaldía de Manizales, Plan de desarrollo 2016-2019, p.267).

 

Emprendimiento y la Economía Solidaria

El problema creciente de desempleo juvenil en Colombia podría conjurarse con la promoción de formas asociativas[2] e incentivos para proyectos de emprendimiento que motiven a los jóvenes a crear sus propias micro o pequeñas empresas. Colombia es el único país latinoamericano en el que la solidaridad ha adquirido rango constitucional, 1998 la ley 454. [3]

Esto, abrió la posibilidad a mediano plazo de fomentar un modelo de economía a nivel nacional, fundamentado en la expansión y consolidación del Sector Solidario como alternativa viable de desarrollo.

Sin embargo, a las formas de economía solidaria no se le ha dado el apoyo y la importancia que merecen, ya que, en muchos sectores, lo social se considera secundario con respecto a los propósitos económicos. 

El modelo neoliberal fomenta la explotación indiscriminada de mano de obra, y unas relaciones injustas entre el empresariado y los trabajadores, particularmente en Colombia, bajo la complicidad de las leyes del Estado.

Contrario a esta mirada, la economía social reconoce las dimensiones sociales de la economía y cuestiona la “economía de los economistas”.

Es un término polisémico, porque designa a la vez un enfoque teórico sobre la economía, y también un tipo de organizaciones, basadas en la democracia y el empresariado colectivo, en la ayuda mutua y la solidaridad.

La Economía solidaria bien puede convertirse en una alternativa de empleabilidad fuerte en nuestro país, en un motor de desarrollo económico y social, cuando existen políticas públicas enfocadas a su fortalecimiento, y la capacitación necesaria para que los jóvenes puedan incursionar en este terreno.

 

Conclusión

Del análisis anterior, resulta evidente que existen grandes vacíos en las políticas de ampliación de la oferta laboral de parte del Estado y grandes retos por superar, en particular en lo que tiene que ver con el empleo juvenil. 

Manizales requiere de una política pública municipal enfocada a sostener y mejorar las fuentes de empleo y de trabajo digno en la ciudad, teniendo especial atención por la juventud y los grupos excluidos representados por los estratos de menores ingresos, para que tengan salarios dignos y puedan contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de sus hogares.

Se requieren, además, procesos que le den continuidad a la formación y capacitación, en temas técnicos y tecnológicos, incursionando en alternativas novedosas de economía solidaria, iniciativas de emprendimiento e innovación empresarial para que los/las jóvenes, puedan ser protagonistas de su propio desarrollo, y satisfacer así sus necesidades básicas y superiores, que les permitan tener una vida digna. 

Indiscutiblemente existen tensiones por resolver entre el mundo educativo y el mundo laboral. El sector empresarial insiste en tener una mirada exclusivamente economicista en lugar de abordar el tema de manera integral, más allá de los estándares de calidad, la competitividad o la famosa “confianza inversionista”.

 

[1] Especialmente en jóvenes recién egresados de universidades; las cifras son evidentes: en el caso de los hombres se observa una tasa del 12% y para mujeres, un promedio del 20%.

[2] Esas organizaciones reciben diferentes apelaciones: tercer sector, economía solidaria, economía social, economía popular, organizaciones de desarrollo social, etc. En ella se pueden conjugar: cooperativas, sociedades laborales, mutuas, mutualidades y asociaciones con propósitos altruistas o empresariales.

[3] En la constitución política de 1991, se pueden resaltar cuatro aspectos en este sentido, que son: 1. La República fundada en la solidaridad (art. 1). 2. La promoción y protección de las formas asociativas de propiedad, (art. 58) 3. La ciudadanía solidaria (art. 95) y 4. El fortalecimiento de las organizaciones solidarias por parte del Estado, (art. 333).