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El PNIS eunuco

El gobierno nacional dio a conocer la política para cumplir con el Acuerdo de paz. Entre las situaciones difíciles para implementar la paz está la del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS).

Adrián Restrepo Parra
Adrián Restrepo Parra
Investigador y Docente del Instituto de Estudios Políticos, UdeA
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29 de Octubre de 2018

El gobierno nacional dio a conocer la política para cumplir con el Acuerdo de paz. El documento denominado “La Estabilización 2018-2022: la paz, la estabilización y consolidación son de todos”, tiene un diagnóstico de la implementación del Acuerdo que indica una serie de dificultades. Entre las situaciones difíciles aparece la del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS).

Según el documento en mención, el PNIS no hizo un análisis preliminar de la información de las familias (cultivadores, no cultivadores y recolectores) que viven en las zonas con cultivos de coca. Esto condujo a falta de planeación financiera e incentivar “expectativas ambiciosas que no se podrán cumplir a corto plazo”.

En términos de cifras: El PNIS suscribió Acuerdos colectivos que comprometieron a 130.203 familias, y vinculó individualmente a 97.718 familias de las cuales 66.391 están financiadas y 31.327 familias se encuentran desfinanciadas. La atención de estas familias desfinanciadas tendría un costo estimado en el primer año de $788.524.069.526 y al año 2021 tendría un costo estimado de $973.388.855.822.

Y 6.538 familias vinculadas no cuentan con el presupuesto para la implementación de proyectos productivos (ciclo corto e ingreso rápido) el déficit presupuestal en este componente es de $67.962.510.000. Tampoco existe una ley de tratamiento penal diferencial que permita una definición legal de pequeño cultivador.

A estas dificultades deben sumarse otras como, por ejemplo, las expuestas por las organizaciones de campesinos que el 26 de octubre asistieron a Yarumal (Antioquia) a la Audiencia pública citada por congresistas del partido Farc sobre sustitución de cultivos de uso ilícito.

Allí las organizaciones de campesinos que hacen parte del programa de sustitución señalaron la difícil situación de seguridad que viven los líderes promotores de la sustitución y aquellos campesinos que acogen el programa.

Amenazas, asesinatos y desplazamientos están entre las prácticas más recurrentes que padecen los campesinos cultivadores a manos de grupos armados interesados en evitar la sustitución.

Para mantener estas intimidaciones algunos grupos armados buscan los listados donde está la información de los beneficiarios. A estas prácticas debe sumarse que algunos de los grupos armados están extorsionando a las familias beneficiarias del programa cobrándoles el 10% del subsidio que reciben.   

Pero la situación no para ahí. En algunos sectores del departamento miembros del ejército han desconocido los convenios suscritos para la sustitución y han erradicado. Situación que no es exclusiva de este territorio porque el gobierno nacional reconoce la existencia de esta situación en el país y la adjudica a la falta de coordinación entre las estrategias de erradicación forzada y sustitución voluntaria.

La erradicación en o cerca a sitios donde hay acuerdos de sustitución ha incrementado la desconfianza de algunos campesinos para hacer parte del programa. En el caso de Antioquia, líderes campesinos asistentes a la Audiencia pública manifestaron su rechazo ante la iniciativa del Gobernador de Antioquia de solicitar al gobierno nacional más de 700 soldados para labores de erradicación y la implementación de la fumigación con glifosato utilizando drones.

Los campesinos cultivadores de coca interesados en la sustitución están en la guerra…contra las drogas. Por un lado, los grupos armados ilegales los presionan para que no arranquen ni una mata, el costo de desobedecer es la vida. Del otro lado, el Estado con la fuerza pública los obliga, independientemente de todas las deficiencias que tiene el programa de sustitución, a quitar las plantas de coca so pena de cárcel y pérdida de sus bienes.

Para el gobierno, arrancar las matas no da espera, pero los beneficios sociales y económicos que el campesino anhela recibir a cambio esos sí deben esperar. Sin embargo, como sabemos, las necesidades no esperan, y más cuando son las de un grupo familiar. El programa afilia familias.

Con este panorama difícilmente la fuerza pública puede consolidar su presencia legítimamente en los territorios con cultivos ilícitos. Para un sector de estos campesinos la llegada del ejército es sinónimo de hambre. Los campesinos no colaboraran delatando a los grupos armados ilegales porque a pesar de la arbitrariedad en el uso del poder son estos finalmente quienes compran sus cultivos.

Está lejos el escenario que animó a una serie de líderes sociales para abanderar el programa de sustitución: cambiar violencia y pobreza por paz y desarrollo rural.

Y en vez está más cerca la realidad que causa la erradicación y la sustitución: el efecto globo. Los cultivos y los cultivadores se desplazan a otros territorios reproduciendo, lamentablemente, la misma dinámica de violencia inherente a la política de la prohibición y su estrategia de guerra contra las drogas. Nada más lejos de la estabilización y la consolidación de la paz.

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