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El Nudo de Paramillo se enreda más

La violencia homicida, especialmente rural, se incrementó en más de un 200 por ciento en municipios del norte de Antioquia y el Sur de Córdoba

Hugo Acero
Hugo Acero
Experto en seguridad y convivencia
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13 de Septiembre de 2018

La región norte del departamento de Antioquia, que tiene como eje central el Nudo de Paramillo, ha sido un territorio importante para la economía formal, pero también para distintas economías ilegales que operan allí, como el contrabando, el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión; territorio que se ha convertido en un corredor estratégico para las organizaciones criminales hacia Panamá y los océanos Atlántico y Pacífico.

En Antioquia, en medio del conflicto armado, desde mediados de los sesenta, las guerrillas estuvieron presentes en el Magdalena Medio, el nordeste y Urabá (FARC, EPL y ELN). En los setenta y sobre todo en los ochenta y los noventa, las FARC y el ELN se expandieron y llegaron al oriente, al suroeste, al norte, al occidente, al Bajo Cauca y el Valle de Aburrá.

Las autodefensas que nacieron en el Magdalena Medio a comienzos de los 80, se expandieron a Urabá y parte del norte del departamento y a comienzos de los 90 se movilizaron hacia en centro, incluida el Área Metropolitana, ganando fuerza en la ciudad de Medellín en la última década del siglo pasado.

Las Farc con el Frente 18 Cacique Coyará tenía presencia en los municipios de Ituango, Tarazá, Dabeiba, Valdivia, Peque y Briceño y en Córdoba, Puerto Libertador, Montelíbano, Tierralta y Valencia, con el Frente 36 Jair Aldana Baquero, en los municipios de Campamento, Angostura, Yarumal, San José de la Montaña, Anorí y Valdivia y margen derecho Río Cauca y con el Frente 57 en los municipios Tarazá, Ituango, Mutatá, Turbo, Dabeiba, Peque, Apartadó, Carepa, Chigorodó.

El ELN con el Frente Héroes y Mártires de Anorí en los municipios de Valdivia, Yarumal, Maceo, Gómez Plata, Campamento, Caldas y Carolina; el Frente Compañero Tomás en Caucasia, Nechí, El Bagre, Cáceres, Zaragoza y Tarazá, el Frente José Antonio Galán en El Bagre, Zaragoza, Segovia, Remedios y Vegachí y los Frentes Mauricio y María Cano en Amalfi Yalí, Yolombó y Maceo.

Y las autodefensas con el Bloque Occidente en Dabeiba, Toledo, Ituango, Peque, Frontino, Uramita, San Pedro, Abriaquí, Cañasgordas, Buritica, Yarumal, el Bloque Minero en El Bagre, Zaragoza, Campamento, Anorí, Amalfi, Yarumal, Valdivia y Corregimiento El Doce del municipio de Tarazá y el Bloque Central Bolívar en Caucasia, Henchí, Bagre, Zaragoza, Segovia, Remedios, Vegachí, Yalí, Yolombó, Maceo y Puerto Berrio.

En los últimos años, en el norte de Antioquia, los enfrentamientos por controlar territorios, rutas y las actividades del narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando disminuyeron por la fuerte acción de las Fuerzas Militares y de la Policía en la primera década de este siglo, por la desmovilización de algunos grupos del Autodefensas (2004, 2005) y con la desmovilización de las FARC (2017).

Sin embargo, desde el año pasado y lo que va corrido del 2018 se ha incrementado la violencia homicida de manera dramática por el accionar de los distintos grupos armados, que en particular quieren controlar el negocio del narcotráfico que se ha visto fortalecido con el alto crecimiento de los cultivos ilícitos entre 2015 y 2016, en algunos municipios de Antioquia y en el Bajo Cauca, que involucra otros municipios del sur Córdoba y Bolívar, como se puede ver en el documento “Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2016” elaborado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito[1].

  

Se incrementa la violencia

La situación del norte de Antioquia es hoy muy preocupante. De acuerdo con cifras suministradas por la Policía Nacional, no solo se han incrementado los homicidios de manera importante en este sector, en solo 10 municipios, de los 125 que tiene el departamento, se concentra el 56 por ciento de total de los homicidios que han ocurrido hasta el mes de agosto.

Como se puede ver en el siguiente mapa, existe una concentración de la violencia homicida en el Nordeste Antioqueño, la zona central del norte del Departamento y el Bajo Cauca, que involucra también algunos municipios del sur del departamento de Córdoba.

 

Ituango es el municipio donde más se ha incrementado la violencia homicida, en lo que va corrido de este año, pasó de nueve homicidios registrados entre enero y agosto de 2017 a cuarenta y nueve en el mismo periodo de 2018, es decir, un incremento del 444 por ciento, le siguen Tarazá (250 por ciento), Yarumal (227 por ciento), Caucasia (221 por ciento), Cáceres (192 por ciento), Zaragoza (129 por ciento), Remedios (92 por ciento), Vegachi (75 por ciento), Valdivia (39 por ciento) y Segovia, con un crecimiento del 25 por ciento, como se puede ver en el siguiente cuadro:   

Hay que resaltar que el 59,9 por ciento de los homicidios se cometieron en las áreas rurales de estos municipios, así como tres de las cuatro matanzas que han sucedido en este territorio (ver anterior y siguiente cuadro). Es decir, se está ante una violencia predominantemente rural donde falta más control y seguridad por parte de las autoridades, en especial de algunas unidades de las Fuerzas Militares que tienen presencia en esos territorios.

En el caso del sur del departamento de Córdoba, los municipios más afectados son San José de Uré que pasó de un homicidio registrado en los primeros ocho meses de 2016, a catorce en el mismo periodo de 2017, Monte Líbano, de doce a veinticinco homicidios y La Apartada de cero a tres.

En este territorio, que involucra a municipios del norte de Antioquia y sur de Córdoba, en lo que va corrido de este año se ha registrado el asesinato de más de diez líderes sociales, que en su mayoría se oponían a las actividades de los distintos grupos criminales que operan en esta región.

 

Persisten los negocios ilegales y los grupos criminales

El narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando, la extorsión, así como los distintos grupos que se enfrentan por manejar estos negocios han persistido en el tiempo, algunos con distintos nombres e intereses políticos distintos.  

Hoy tienen presencia, en este vasto territorio que llega hasta Urabá y la frontera con Panamá, el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, que es la transformación histórica de algunas AUC, Los Paisas, Los Urabeños y el Clan Úsuga.

En el Bajo Cauca, por el control de cultivos y corredores estratégicos del narcotráfico, operan:

El Clan del Golfo, a través de los grupos Virgilio Peralta y Francisco Mórelo en los municipios de Tarazá, Caucasia, Cáceres, Zaragoza, el Bagre y Nechí. Hay que anotar que la estructura Virgilio Peralta, también denominada “Caparrapos”, en la actualidad tiene enfrentamientos con la dirección del Clan del Golfo.

El ELN, a través de los frentes José Antonio Galán, Resistencia Cacique Guamocó, Compañero Tomás y las compañías Anorí y Héroes de Tarazá, tiene presencia en El Bagre, Nechí, Cáceres, Tarazá y Zaragoza.

Disidencias de las FARC, a través exfrentes 36 y 18, el primero al mando de alias Cabuyo y el segundo de alias Ramiro, tienen presencia, en el sur de Córdoba y en Tarazá, como se puede ver en el siguiente mapa.        

En el Nordeste Antioqueño, por el control de los cultivos del narcotráfico y la minería ilegal tiene presencia:

El Clan del Golfo, con el frente Iván Arboleda, al mando de Alias Raúl, actúa en Anorí, Segovia, Remedios, Amalfi, Vegachí, Yalí, Yolombó, Cisneros, san Roque y Maceo.

ELN con los frentes José Antonio Galán, Héroes de Anorí, Capitán Mauricio y la Compañía Anorí actúa en Anorí, Campamento, Segovia, Remedios y Amalfi, como se puede ver en el siguiente mapa:  

Igual situación se presenta en el centro del norte antioqueño, por el control de los cultivos ilícitos, sus rutas y la minería ilegal. Actúan en este territorio:

Las Disidencias de las FARC, a través exfrentes 36 y 18 que tiene presencia en Ituango, Briceño y Valdivia.

El Clan del Golfo que a través del grupo Julio César Vargas actúa en Ituango, Valdivia, Briceño, Yarumal, Santa Rosa y Belmira.

El ELN con la Compañía Héroes y Mártires de Tarazá y los frentes Compañero Tomás y Héroes de Anorí actúan en Valdivia Anorí y Campamento, tal como se observa en el siguiente mapa:

Como se puede ver, casi los mismos grupos ilegales que se han disputado de manera violenta este territorio en las últimas décadas, pero con interés predominantemente económico, ligado especialmente al narcotráfico y la minería ilegal, persisten hoy, lo que se constituye en un gran reto para el Estado, que tras cada desmovilización de grupos ilegales, se ha planteado la tarea de recuperar esos territorios de la ilegalidad hacia la institucionalidad y aunque se ha avanzado, falta mucho para lograr ese objetivo.

 

Cómo desenredar el Nudo

Frente a estos graves problemas, que se repiten en otras regiones del país, hay consenso que las intervenciones deben ser integrales, que además de la presencia y accionar de las instituciones de seguridad y justicia (Fuerzas Militares, Policía, Fiscalía y demás instituciones de justicia), se intervenga con las instituciones de desarrollo para cambiar las economías ilegales por formales que garanticen el desarrollo social y económico de las regiones, hoy afectadas de manera grave por distintas actividades ilegales y por la presencia de grupos criminales organizados, como es el caso de la región norte del departamento de Antioquia.

En este caso hay que aplicar esta receta, para lo cual lo primero que se requiere es el control territorial, enfrentar de manera decidida actores al margen de la ley que hoy han provocado el incremento de la violencia homicida y de otras actividades delincuenciales y garantizar la seguridad de los ciudadanos a nivel urbano y especialmente rural, donde se está concentrando el aumento de los homicidios.

Para esto se requiere que:

* La Policía, la Fiscalía y las Unidades de las Fuerzas Militares, además de su presencia y accionar, conformen un grupo especializado de investigación criminal e inteligencia para desarticular las organizaciones al margen de la ley que operan en este territorio; grupo coordinado por fiscales especializados en bandas criminales y terrorismo.

* De este grupo debería hacer parte la Unidad de Análisis Financiero UIAF del Ministerio de Hacienda para también perseguir los recursos de las organizaciones criminales, vía lavado de activos. Este grupo debe tener un plan de trabajo y metas precisas en un tiempo determinado.

* A nivel de las cabeceras municipales, la Policía, los alcaldes y demás autoridades municipales y departamentales, que son responsables de la seguridad en sus jurisdicciones, garanticen la seguridad y convivencia de los ciudadanos.

* A nivel rural, las unidades de las Fuerzas Militares que tienen presencia en ese territorio, como es la Fuerza de Tarea Nudo de Paramillo que tiene cerca de 5000 soldados y opera en el Bajo Cauca y sur de Córdoba[2], coordine trabajo conjunto y permanente con la Policía para contribuir con su accionar a garantizar la seguridad de los ciudadanos.

* Sobre las zonas rurales que ejercen control territorial, las Fuerzas Militares también debe responder con resultados para disminuir la violencia homicida y demás delitos que hoy se concentran en estas áreas. Esto es posible dado el interés que tiene el actual Gobierno por involucrar a toda la fuerza pública en la garantía de la seguridad de los ciudadanos.

* El Gobierno Nacional, la Gobernación, las Alcaldías y las comunidades organizadas de este gran territorio se pongan de acuerdo sobre planes de desarrollo territorial, de sustitución de cultivos y de formalización de una parte de la minería ilegal. Hay que anotar que la erradicación forzada de cultivos que promueve el Gobierno Nacional se va a profundizar y seguro este territorio está en la agenda.

* La Gobernación y las alcaldías promuevan, a nivel rural y urbano, mecanismos de justicia cercana a los ciudadanos, a través de las comisarías de familia y las inspecciones de policía, para resolver conflictos interpersonales y comunitarios que no pocas veces terminan en hechos de violencia que generan lesionados y muertos.

* Garantizar la seguridad de los líderes sociales, que son socios importantes en el proceso de institucionalización de los territorios que han estado bajo el terror de los grupos criminales.   

 

Frente a estos problemas complejos, que no solo afectan a varios municipios del norte de Antioquia y sur de Córdoba, sino a ciudades como Medellín que es el epicentro de esta gran región, es necesario que el actual Gobierno Nacional, como máximo responsable del Estado en materia de seguridad, lidere una intervención integral que supere los limites municipales y departamentales y que ponga en el centro de las acciones el bienestar y seguridad de los ciudadanos.

 

[1] Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2016

[2] Ver Fuerza de Tarea del Paramillo cambiará balas por servicio social.

 http://www.elcolombiano.com/colombia/fuerza-de-tarea-nudo-del-paramillo-...

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