Democracias empeñadas en Antioquia

Imagen: Néstor Gómez. EL TIEMPO.

El pasado viernes 9 de noviembre de 2018, la Misión de Observación Electoral (MOE) hizo público su estudio “Democracias Empeñadas”, sobre la relación entre financiación de campañas y contratación pública, en donde encontró que 485 donantes a campañas políticas de elecciones locales de 2015, recibieron contratos públicos por valor de 169 mil millones de pesos en años posteriores.

Este estudio tomó dos fuentes públicas de : La primera, el Fondo Nacional de Financiación Política (FNFP) del Consejo Nacional Electoral (CNE), sobre la financiación reportada por 1095 alcaldes y 32 gobernadores elegidos en el 2015, cruzada con la segunda, sobre la contratación pública reportada en el portal Colombia Compra Eficiente para los años 2016, 2017 y 2018 (con corte a 28 de abril).

Con este cruce de información fue posible identificar personas naturales y jurídicas que donaron a campañas electorales locales de 2015 y que obtuvieron contratos en 2016, 2017 y parte del 2018. Así mismo, se evidenciaron los municipios en los que sucedió esta práctica, que no está catalogada como delito, pero que cuenta con ciertas características que hacen necesario investigar el tipo de contrato otorgado a quienes superaron el tope de donaciones del 2% (55% de los casos), que de acuerdo con la ley 1474 de 2011, no podrían celebrar contratos con las entidades públicas que financiaron, salvo que el objeto contractual fuera de prestación de servicios profesionales. Finalmente, otra característica encontrada es el número de contratos por contratación directa (22,8% de los casos), bajo la figura de régimen especial (33,5% de los casos) y por mínima cuantía (9,5% de los casos), es decir un 65,8% de los contratos otorgados a donantes fueron a dedo.

¿Qué pasó en Antioquia?

En el departamento de Antioquia se recibieron, incluyendo campañas de 2015, tanto para alcaldías como para la gobernación, 112 donaciones de 103 personas naturales y jurídicas por valor de 663 millones de pesos; y estas mismas personas obtuvieron 616 contratos por valor de 85.903 millones de pesos en años posteriores.

El 44.16% de los contratos fueron adjudicados mediante contratación directa que, sumados a los contratos de mínima cuantía y de régimen especial, representan el 95.13% de toda la contratación hecha, es decir, contratos a dedo.

Fuente Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP. Elaboración: MOE

Otra característica, es que el 59,25% de los contratos fueron de servicios, una categoría que como ya ha dicho la MOE, es muy amplia.

Fuente SECOP. Elaboración: MOE

Desagregado por municipio, son 36 en donde se identifica esta práctica. Se describen a continuación:

Fuente SECOP. Elaboración: MOE

Ante esta situación de riesgo para nuestro sistema democrático, la transparencia y la contratación pública, se propone:

1. Los órganos de control deben tomar este estudio como insumo para profundizar y descubrir el manejo de las donaciones a campañas y el otorgamiento de contratos. Que incluya un análisis de campo territorial con el objetivo de realizar una investigación a fondo de las posibles redes de contratistas existentes en las regiones.

2. Esas investigaciones deben priorizar aquellas circunscripciones con posibles inhabilidades para contratar, que para Antioquia se evidenciaron en la Gobernación actual y en 26 municipios: Amaga, Amalfi, Arboletes, Argelia, Carolina, Cisneros, Copacabana, Entrerrios, Guarne, Guatapé, Maceo, Medellín, Mutatá, Nechí, Necoclí, Peque, Remedios, Salgar, San Carlos, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, San Rafael, Sopetrán, Turbo, Valdivia y Venecia. En estos municipios, 47 donantes sobrepasaron el 2% de tope en las donaciones lo que los inhabilitaría para contratar con entidades públicas, salvo en casos de contratación de prestación de servicios profesionales.

3. Generar capacidades para una auditoria al proceso de contratación pública, en el cual se tenga como insumo toda la información de financiación de campañas electorales para que de esta manera se logre verificar antes de una adjudicación contractual, la posible relación existente entre contratista-contratante.

4. Fomentar una articulación entre entidades gubernamentales del territorio para que, dentro de sus competencias, puedan realizar un trabajo conjunto de revisión de bases de datos, seguimiento y sanción.

5. Ayudar en la capacitación de funcionarios y servidores públicos para un mejoramiento de las competencias en temas de contratación pública, utilización de sistemas digitales de contratación y administración de datos.

6. Una rendición de cuentas a la ciudadanía por parte de estas alcaldías indicando el donante-contratista, el uso de esos recursos y los beneficios que debieron evidenciarse para cada municipio.

7. Una ciudadanía activa que le haga seguimiento a las obras y gastos de sus territorios, constituyan veedurías y exijan rendición de cuentas de sus gobernantes. Además, que inicien el seguimiento a las candidaturas del 2019 y consulten por los donantes de los mismos.

8. Generar espacios de debate sobre el sistema electoral colombiano y la financiación de las campañas, topes, fuentes e inhabilidades, que permitan diseñar propuestas para su reforma y mejoramiento, asunto que continúa en deuda en nuestro país.