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Cárceles en el Valle de Aburrá: El chicharrón que nadie quiere

La situación de las cárceles y sus reclusos es lamentable. Hay que buscar alternativas de atención locales que permitan afrontar la crisis.

Andrés Preciado
Andrés Preciado
Asesor en temas de seguridad y paz
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15 de Octubre de 2018

Hay tres cárceles del sistema penitenciario y carcelario del país dirigido por el Inpec que prestan servicio en el Valle de Aburrá:  La Paz, en el municipio de Itagüí; el de máxima seguridad de Medellín (más conocido como Bellavista, que en realidad queda en Bello); y El Pedregal, en Medellín, que tiene modalidad de hombres y mujeres.

El estado actual de la población recluida en cada una de las instituciones es el siguiente:

Establecimiento

Población actual

Capacidad

% de hacinamiento

La Paz – Itaguí

1160

328

253,7%

Bellavista

3341

1869

78,8%

El Pedregal – Hombres

2261

1288

75,5%

El Pedregal - Mujeres

1337

1254

6,6%

 

Solo la revisión de los porcentajes de hacinamiento nos permitiría concluir que el problema es mayúsculo. Pero hay más agravantes:

En primer lugar, las condiciones de la infraestructura en los establecimientos son deplorables, en menor proporción en El Pedregal que es de más reciente construcción, pero en todo caso la habitación en estos sitios es insalubre y peligrosa por el riesgo de colapso, documentado y reportado por distintas instituciones.

De igual forma la alimentación, asistencia en salud y la posibilidad de participar de un proceso de resocialización efectivo son pendientes estructurales a los que no logra encontrarse salida. Y finalmente, el escenario criminal del Valle de Aburrá permea las cárceles, al punto que los capos capturados mantienen poder y financiación ilegal, aún luego de largas condenas.

Como se ve, pese a los enormes esfuerzos la crisis carcelaria general del país toca de manera sensible a Medellín y está en el punto claro de explosión. Esto porque las estaciones de Policía de la ciudad no dan más espacio para recibir y mantener capturados que no tienen cupo en las instituciones del Inpec.

¿Qué hacer?

Las alcaldías del Valle de Aburrá no pueden esperar más la respuesta del inerte Gobierno Nacional, que durante varios períodos presidenciales ha tratado con desidia el problema en esta parte del país, por decir lo menos.

Medellín debe liderar, en conjunto con el Área Metropolitana como institución, y los demás alcaldes del Valle estrategias de intervención novedosas para atender tamaño problema, presionando siempre el concurso de los gobiernos departamental y nacional.

De hecho, un buen avance es el esfuerzo conjunto que se hizo por desarrollar el proyecto de colonia agrícola en Yarumal, donde se lograron unir, luego de muchas penurias, las voluntades de la Gobernación de Antioquia, el Ministerio de Justicia, el Inpec y la Alcaldía de Medellín, pero no puede parar ahí el tema.

Por impopular que parezca, las alcaldías del Valle de Aburrá deben pensar en tener un centro de reclusión para personas sindicadas, y esto es impostergable en el mediano plazo.

El éxito de la cárcel distrital de Bogotá, su certificación internacional y el manejo adecuado de la misma en momentos de caos penitenciario en el país muestran que los gobiernos locales son capaces y, en ocasiones, más efectivos que el nacional para atender este tipo de población.

El punto esencial en este aspecto es la voluntad financiera de los diez municipios, porque Medellín no puede ser el único que asuma la financiación del proyecto que beneficiaría a todos.

Una salida es involucrar al Área Metropolitana, pues ya es hora de hacer uso el hecho metropolitano que le dio facultades en materia de seguridad.

Con esto muchos dirán que no hay nada novedoso en crear un nuevo centro de reclusión, pero creo que la novedad se centra en el tipo de población y el gobierno del centro de reclusión.

Que sea de sindicados toca la responsabilidad directa de los gobiernos locales, pero además pone énfasis en la nuez de la cuestión: tener un objetivo claro de resocialización en la medida en que se inicia un proceso serio previo a la condena que permita trabajar con antelación en posibles reincidencias.

En el país ha faltado comprensión del proceso de devastación moral, familiar y psicológica que va desde la imputación a la condena. El sindicado comienza a tener algo de relevancia una vez se deja en firme una condena, cuando sus motivaciones son mínimas. De ahí la importancia del trabajo anticipado.

Medellín ya ha demostrado que puede con retos similares, lo hizo en su momento al desarrollar un modelo de desmovilización y reinserción exitosa en la época de negociación paramilitar. Es hora de volver a echar mano de ese ingenio y darle una vuelta importante a un problema que requiere voluntad política, gestión administrativa y plata.

El mensaje de unión de los diez municipios del Valle más el Área Metropolitana hará que la Gobernación y la Nación se sumen.

Es hora que se atienda este chicharrón.

 

Nota 1. No puedo terminar esta nota sin hacer una mención especial a Imelda López Solórzano, directora regional noreste del Inpec. Pocas veces se encuentran funcionarios que sorprendan tanto como ella. Imelda con dedicación, esfuerzo y conocimiento se entrega todos los días de su vida a atender una situación terrible en lo humano, complejo en lo institucional y desagradecido en lo personal. Toda mi admiración y reconocimiento por su trabajo, muchas veces solitario.

Nota 2: En estos aspectos me desempeñé como subsecretario operativo y subsecretario de Planeación de la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín entre 2016 y 2017.

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