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Los llamados “intereses superiores del Estado” contra el derecho colectivo de los pueblos

Lo que hay detrás del interés de Germán Vargas Lleras y amigos por limitar el alcance de las consultas previas y populares a favor de lo que llaman “interés superior”.

Harrinson Cuero
Harrinson Cuero
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02 de Octubre de 2018

Una vez terminadas las campañas electorales en medio de un mar de confusiones generalizadas, pujas, frustraciones y desafueros contra los pueblos.

Los resultados electorales permiten comprender que al menos en la formalidad el bloque hegemónico de poder constituido por todos los partidos tradicionales que han gobernado el país, logran consolidar sus intereses, que equivalen a que lo que el excandidato presidencial Germán Vargas LLeras ha denominado como: “intereses superiores del Estado”.

Los llamados intereses superiores, defendidos por la burguesía son los intereses mezquinos y violentos de las economías extractivistas, los intereses orientados desde los organismos multilaterales y traducidos por el Estado colombiano a través de leyes y normatividades. Los papeles siguen invertidos, las elites minoritarias que gobiernan el país, enominan intereses generales a sus negocios particulares.

En tal sentido, los intereses de las mayorías; de las poblaciones negras, indígenas, gitanas (Pueblo rom) y campesinos; de las mujeres, obreros, estudiantes, lgtbi entre otros, siguen siendo considerados por estas élites como obstáculos para el “desarrollo”, es decir de los intereses de las élites.  

Explicar y controvertir la idea de los intereses superiores introducidos por la burguesía en el contexto político actual permiten abrir un viejo debate que aún sigue vigente y es el debate de los intereses de grupos sociales, de las relaciones de poder entre la junta que administra los intereses de la burguesía y las reivindicaciones sociales, políticas, económicas, culturales y territoriales de los pueblos.   

Hoy el discurso hegemónico se revierte a salvaguardar los intereses superiores del Estado, discurso nada novedoso, es más de lo mismo, incluso con la misma etiqueta. La diferencia radica en que ahora el establecimiento y sus máximos exponentes lo dicen en voz alta, con indolencia y sin el más mínimo pudor.

Empresarios, terratenientes, banqueros, ministros y presidentes han manifestado desde principio de siglo su “preocupación” por las limitaciones que la consulta previa genera en los proyectos de interés general del Estado.

Pero, ¿qué son los intereses generales del Estado?, ¿por qué son defendidos en coro por la burguesía?, ¿por qué son rechazados por las comunidades étnico-territoriales?, serían interrogantes que las comunidades deber abordar en sus asambleas comunitarias en los territorios.

Germán Vargas Lleras es actualmente el político que dice liderar la defensa de los “intereses superiores” del Estado colombiano a través de una campaña para regular la CONSULTA PREVIA; según las comunidades negras e indígenas, la pretensión es de limitar los derechos protegidos por la ley 21 de 1991 que acoge el convenio 169 de la OIT.

Las comunidades étnico-territoriales de acuerdo a este convenio, tienen el derecho fundamental a ser consultadas de manera previa, libre e informada frente a las medidas administrativas o legislativas de terceros que pongan en peligro su supervivencia.

 

Interés General y Comunidades Negras del Pacífico

Las poblaciones negras en general y las del pacífico en particular han sufrido como ninguna otra las consecuencias de los llamados intereses superiores de la patria desde las gestas independentistas hasta la fecha.

Luego de pelear y lograr la independencia de la nación tuvieron que esperar casi un siglo para obtener una carta de libertad sin garantías para ejercerla, mientras sus antiguos amos, quienes en su mayoría no fueron a la guerra, recibieron grandes indemnizaciones, todo esto en razón a que los “padres de la patria” pensando en los intereses superiores del Estado privilegiaron a los esclavistas en detrimentos de los esclavizados.

Desde finales de 1980 del siglo pasado se vienen proponiendo viejas y nuevas fórmulas para sacar la región pacífica del aislamiento socio político al que ha sido condenada desde el origen de la nación hasta la fecha, pero mientras se concretan negocios y se amplía la inversión nacional y extranjera en la región, las comunidades son paulatinamente empobrecidas y arrinconadas.

Las promesas se convierten en engaños, los engaños en desilusión y en esa combinación de necesidades, exclusión y ambición se generan los campos sociales minados; nombre dado por Cesar Garavito (2012) a regiones en disputa por el capital neoliberal y en donde sus poblaciones viven en ausencia del Estado en medio de la ilegalidad y la informalidad.

Pero, pese a esto los pueblos vienen demostrando sus capacidades de organización comunitaria, las comunidades negras no han sido pasivas ante la estratégia de aplastamiento político y geoestratégico. La guerra promovida por el Estado procuró desterrar a las comunidades y cuando no, asimilarlas.

Hoy los procesos sociales demuestran que es posible enfrentar la ferocidad estatal y el despotismo centralista de la institucionalidad que representa un Estado que perdió legitimidad en el Pacífico colombiano.  

En la actualidad las instituciones del Estado; el ejecutivo, el legislativo e incluso el poder judicial se pelotean responsabilidades propias de sus competencias, mientras tanto se vulneran sistemáticamente los derechos de un pueblo que quiere cambiar las relaciones de poder establecidas por los poderes que proceden de la estructura centro andino-mestiza.

En este sentido, los llamados intereses superiores del Estado, se construyen a espalda y/o en detrimento de los interese colectivos y vitales de las comunidades.

 

Hechos recurrentes como pruebas

En la segunda mitad del siglo pasado el pacífico litoral fué declarado de interés general para el país por su ubicación geoestratégica en la cuenca del pacífico, y las posibilidades de negocios con la economía asiática hasta la fecha.

Desde entonces, han llovido una gran cantidad de promesas convertidas en documentos, denominadas por técnicos/expertos “instrumentos de ordenación”; planes municipales, departamentales y regionales formulados y medianamente implementados que no lograron siquiera acariciar los grandes problemas y las brechas que el pacífico negro e indígenas tiene con otras regiones del país. Pladeicop (1984) y Plan Pacífico (1992) están aún en recuerdos de locales y foráneos, pero pocos se animan a mostrarlos como ejemplo para la región.

Se puede colegir que estos proyectos están diseñados para solventar los intereses superiores del Estado y sus socios internacionales, que en sus agendas jamás estarán los intereses generales de las comunidades.    

Llegó el siglo XX, la burguesía en pleno a través del presidente Álvaro Uribe profundiza el modelo extractivista, formalizado e iniciado por las políticas neoliberales impulsadas por  César Gaviria en los noventas a través de viejas y nuevas iniciativas de negocios privados disfrazadas de proyectos de “Interés General”; los Agro-negocios como la palma aceitera y la minería a gran escala fueron declarados intereses superiores del Estado a costa de los derechos individuales y colectivos de la gente.

En general, sobre el supuesto del interés general del Estado, el congreso legisla a favor de quienes financian sus campañas electorales o financiaran las próximas, el ejecutivo desde la Presidencia hasta la Alcaldía más aislada, ejecutan esas leyes implacablemente sobre lo que queda de la dignidad de los colombianos; los organismos de control se hacen los ciegos o se entretienen con los peces flacos y las cortes expertas en dilatar los procesos judiciales  cuando luego de años sentencian en contra de la élites, sus fallos no se implementan y quedan como documentos históricos sin fuerza vinculante concreta en las realidades de los territorios.

 

Legislativo:

El convenio 169 de la OIT versa sobre la protección de la identidad étnica y cultural de las comunidades indígenas y tribales como pueblo, requiere desarrollo legislativo, pero pocos en el congreso hablan del tema y su adopción y reglamentación jurídica.

De este convenio surge la peor pesadilla del empresariado extractivista y de manera especial del

Llama la atención que congresistas, ministros y presidentes solo se interesan en las consultas previas y no en las otras obligaciones que sustrajo el Estado al firmar y ratificar el convenio 169, en especial aquellas que promueven las opciones propias de futuro de estos pueblos, es decir, su propia visión de desarrollo.

La ley 70 de 1993, ley que reconoce el derecho de las comunidades negras a sus territorios ancestrales, a la protección de su cultura y al desarrollo de sus comunidades; acaba de cumplir 25 años (El 27 de agosto de 2018), y sin haber sido aún reglamentada en sus capítulos más vitales; Cuarto, quinto, sexto y séptimo, articulados que referencian temas como identidad cultural, desarrollo propio, recursos naturales y  minería. Pero mientras esta ley no se desarrolla, el gobierno desde distintos ministerios ha pretendido legislar sobre estos temas sin tener en cuenta lo establecido en la ley 70.

 

Ejecutivo:

Pese a que los planes formulados para la región de los últimos 40 años han sido parcialmente implementados con muy bajos resultados, y de que el capítulo afrocolombianos de los planes nacionales han sido ignorados, se continúa definiendo y ejecutando grandes proyectos en la región sin que estos hagan parte de ningún plan local o región debidamente concertado.

Ampliación portuaria, vías, electrificaciones y mega-minería surgen de repente y se ejecutan bajo el supuesto títulos de “Proyectos de impacto regional”, sometiendo a las comunidades y líderes locales a presiones de grandes conglomerados económicos, grupos al margen de la ley y al manoseo del poder institucional.

Esto está detrás de la pérdida de liderazgos locales, quienes por la vía de la cooptación, el desplazamiento, la judicialización o la muerte, terminan por liquidar los esfuerzos organizativos de las comunidades. Temístocles Machado (Asesinado -Buenaventura), Sara Valencia Quiñones (Desplazada y actualmente encarcelada-Tumaco), Jose Jair Cortés Asesinados-Tumaco) , Edmigdio Pertuz (Judicializado – Chocó), y la lista es interminable.

Los recientes acuerdos del paro de Buenaventura y Quibdó, son la más clara y reciente expresión de lo anterior, un año después aún no muestra avances significativos de cumplimiento de lo allí acordado, mientras los megaproyectos de interés o capital privado avanzan velozmente sobre el puerto y el chocó.

 

Judicial:

Sentencia T-025 de 2009 y sus Autos de seguimiento, para las comunidades negras el Auto 005 y las indígenas el 004 de 2009: Especialmente se evidencia en el “nuevo” auto (Auto 062 de 2017) de la Corte Constitucional, auto de seguimiento a la sentencia T-025 de 2004. Ya son decenas de autos de seguimiento de esta sentencia, y ninguna medida estructural ha sido ejecutada por las entidades competentes.

Con el auto 062 la Corte reitera lo dicho de manera reiterada sobre las causas y los efectos de la guerra en los territorios étnicos, especialmente en el pacífico litoral, y ante la imposibilidad de expresarse de fondo sobre el tema[3] opta por la “Adopción de medidas provisionales urgentes para la protección de la población afrodescendiente e indígena de la Costa Nariñense” mientras la sala que lleva este tema se pronuncia….” Pero mientras la corte completa el concesionario de autos, los intereses superiores de la patria pasan por encima de los derechos de gente.

Por otro lado en Buenaventura las familias afrocolombianas de la cuenca del río Anchicayá llevan más de 17 años esperando las reparaciones a las afectaciones generados en sus economías y en sus territorios con el desastre ambiental creado por la ESAP, en el año 2001.

Las altas cortes han permitido el manoseo legal, facilitando a los capitales dueños de la empresa evadir su responsabilidades y re-victimizar a las comunidades, sin mencionar otra gran cantidad de casos relativos a tutelas por consultas previas nunca realizadas o señaladas de irregulares y/o ilegales.

 

Finalmente...

Nadie come gallina gorda de mano ajena, suelen decir en la región del pacífico y me lo ha repetido desde niño mi mamá. En un Estado secuestrado por las mafias coloniales y neo-narco-paramilitares, es normal que se defina como interés general del Estado los intereses particulares de estos, mientras los dirigentes negros; étnicos o institucionalizados, urbanos o rurales, del monte o de la costa dialogan con el centro mestizo-andino de poder, las comunidades son empobrecidas y sus mejores dirigentes asesinados.

Bien hacía Manuel Zapata Olivella cuando a través de las palabras Malcom X, nos llama la atención sobre la necesidad de hacer frente a nuestra realidad por nuestros propios medios e instrumentos y desde nuestra propios saberes y conocimientos.

”Los negros hemos sido víctimas de las acciones violentas cometidas por grupos racistas organizados del mundo sin que las naciones unidas, mangoneadas por los Estados Unidos sean material ni moralmente capaces de proteger nuestras vidas y propiedades”, Manuel Zapata Olivella “Changó el gran putas”

 

Boga, Boga por el río Timbiquí, esta fotografía hace parte de los derechos colectivos y culturales de todos los pueblos del Pacífico.  

 
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