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Si la Magistrada Cristina Pardo...

Suficiente para una mujer la sola decisión de tener que abortar, para seguir con el suplicio de soportar servidores y servidoras públicas, que se niegan a cumplir con el juramento de respetar la Constitución y la Ley.

Rocio Pineda-García
Rocio Pineda-García
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17 de Octubre de 2018

Si la Magistrada Pardo conociera a cabalidad la situación de las mujeres pobres que por una u otra razón se ven abocadas a la interrupción del embarazo otro sería el cantar; aunque a decir verdad es tan conservadora como el ex procurador Ordoñez y en este sentido, las mujeres pobres solo interesan para sus propósitos religiosos.  

Sus alegatos jurídicos y morales ocultan intereses de clase. Infortunadamente son las mujeres pobres quienes saldrán perdiendo con el anunciado fallo de la magistrada.

Son las campesinas, las trabajadoras de uno o dos salarios mínimos, las informales, las desempleadas, las víctimas de violencia sexual, las jefas de hogar que carecen de recursos para acceder a servicios privados y de calidad, quienes padecerán las consecuencias.

Porque la verdad sea dicha, quienes disponen de recursos económicos pueden acudir a sus círculos cercanos para un servicio de aborto, sin estigmas, acusaciones moralistas, violencia institucional y sin el viacrucis que viven quienes carecen de ellos. Esta es una de las mayores injusticias de género. Pero poco importa. La doble moral primero.

Quienes, en razón del trabajo, conocemos historias de niñas y mujeres que padecen la desinformación, el señalamiento, la intolerancia, el irrespeto y las injusticias cuando solicitan un aborto, sabemos lo lesiva de la posición de la magistrada y quienes la aplauden.

Conocí a Susanita en el 2008 (nombre ficticio). Tenía 12 años. Vivía en una vereda del suroeste antioqueño. Su padrastro la violó y le preñó un embarazo gemelar.

Cuando su valiente madre, una campesina católica, se dio cuenta, lo primero que hizo fue denunciar al padrastro y luego solicitar a la fiscal del municipio la certificación para el aborto de la niña. La fiscal se negó, pues le “parecía un pecado”. Fue entonces a la Comisaría de Familia y allí también le negaron la autorización. ¿La razón? Ya tenía 10 semanas de embarazo. Lo mejor era continuar y luego darlos en adopción.

Ni el médico del pueblo, ni la fiscal, ni la comisaria de familia, cumplían la ley. Privilegiaban sus creencias religiosas, sobre los derechos de la niña. Mientras tanto el embarazo avanzaba y el sueño de la niña de ser maestra sí se interrumpía. Un caso conmovedor, más común de lo que se piensa.

Por fortuna, el empleador de una tía de la niña, la remitió a la Secretaría de las Mujeres, donde se les escuchó, se les respetó la decisión, se les brindó información sobre sus derechos y se puso en marcha un dispositivo para que la atención de un aborto de alto riesgo para la niña, al que tenía derecho, se llevará a cabo.

La ineficiente ruta de atención la tenía ya con 17 semanas de embarazo. Aun así, al hospital público a donde se remitió, el personal médico se negó a atenderla, objetando su conciencia. Fue necesario buscar una ginecóloga en otro lugar, quien le prestó el servicio sin el apoyo médico de la institución. Hoy en día Susanita es feliz y realiza su sueño de ser maestra.  

A 12 años de la despenalización del aborto, mejor haría la magistrada en dedicar su alegato jurídico, a exigirle al sistema de salud, una ruta atención oportuna y respetuosa, en vez de privilegiar las creencias religiosas sobre el derecho constitucionalmente reconocido en la Sentencia C-355/2006.

Suficiente para una mujer la sola decisión de tener que abortar, para seguir con el suplicio de soportar servidores y servidoras públicas, que se niegan a cumplir con el juramento de respetar la Constitución y la Ley.

 

ADENDA: Con magistradas así, para que curas, pastores y ex procuradores.

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