La estigmatización de los prestadores de servicios de aborto en Colombia

En 10 años de despenalización del aborto, la implementación de este servicio de salud se ha visto seriamente comprometido por la estigmatizacion de los servicios de aborto. La estigmatización impide la implementación y el funcionamiento de este servicio de salud, afecta el ejercicio profesional de las personas que lo prestan y, por ende, el acceso de las mujeres. 

El aborto en Colombia fue despenalizado hace 10 años por la corte constitucional a través de la sentencia C-355 del 2006 en tres situaciones: cuando la salud o la vida de la mujer está en riesgo; cuando el embarazo es consecuencia de violación o incesto; y cuando el feto tiene una malformación incompatible con la vida.

Sin embargo, en estos 10 años hemos visto como la implementación de este servicio de salud, y por ende el acceso de las mujeres a servicios seguros, se han visto seriamente comprometidos -entre otras- por el estigma asociado a la práctica del aborto. En otras palabras, la estigmatización de servicios de aborto impide la implementación y el adecuado funcionamiento de este servicio de salud, afecta el ejercicio profesional de los médicos y médicas que prestan el servicio y, por ende, el acceso de las mujeres a servicios seguros.

Estigmatizar es un proceso dinámico, compuesto por varios “pasos” que empiezan con etiquetar características del otro que a uno le “molestan” o que son despreciadas, y continúa con la asignación de un valor negativo a esa etiqueta. Esto conduce a la separación de la persona de su grupo y finalmente a la discriminación. El objetivo al poner en marcha un proceso de estigmatización es desacreditar profundamente a la persona y al mismo tiempo mantener el orden social mediante una relación de poder que se constituye en forma efectiva.

Específicamente hablando de aborto, la marca negativa que tienen los médicos y médicas que prestan servicios seguros de interrupción del embarazo y que los hace diferentes a otros prestadores de servicios de salud, se origina en que el aborto desafía las normas sociales establecidas que definen el rol de las mujeres en relación a su reproducción. Los prestadores de servicios de aborto, que por la naturaleza del marco normativo en Colombia son médicos/as, son estigmatizados porque “facilitan” a las mujeres la toma de decisiones autónomas, en contra de lo previamente establecido para ellas por el grupo social que espera que sean madres en lugar de mujeres que interrumpen un embarazo.

Las manifestaciones del estigma contra prestadores de servicios de interrupción del embarazo son variadas y se hacen evidentes en las diferentes esferas sociales: la individual, la comunitaria, el nivel institucional, el nivel estructural y legal, el discurso popular y las representaciones culturales. Así, estos prestadores están expuestos a expresiones que van desde los apodos hasta los insultos; están expuestos a que los separen de las actividades diarias de los servicios de salud; y a que los juzguen como personas que actúan de manera contraria a los principios fundamentales de la práctica de la medicina – velar por su bienestar, no causarles daño y ser justos. A nivel estructural y legal, la inclusión del servicio de aborto en el código penal- único servicio de salud incluido en este código- es una manifestación del estigma que a su vez lo perpetúa. Finalmente, la materialización más extrema de la estigmatización es la violencia física que incluye daños permanentes e irreparables en los bienes materiales y la salud de los prestadores de servicios e incluso la muerte.

Estigmatizar los servicios de aborto ahonda una crisis de recursos humanos donde, para empezar, hay pocos prestadores de servicios de salud dispuestos a someterse a la carga social y laboral  que representa ser garante de derechos reproductivos de las mujeres. El proceso de estigmatización tiene un carácter circular que se auto-perpetúa. Así, las referencias negativas a los servicios y a los prestadores de servicios de aborto seguro, o el mostrarlos como algo raro, conducen a que pocos prestadores hablen abiertamente de su trabajo reforzando la idea de que es un servicio extraño o que las personas que lo hacen son de alguna forma “ilegitimas”. Aún más, el estigma hacía los servicios de aborto hace parte del fundamento sobre el cual el personal médico que debería prestar servicios de aborto seguro- porque es la ley y porque las mujeres tienen el derecho a decidir- no lo hagan, estén tranquilos con negar el servicio y profundicen aún más la crisis de oferta de servicios. Otro mecanismo de acción del estigma se hace evidente en la escases de programas integrales de capacitación en interrupción voluntaria del embarazo para los médicos que están dispuestos a ser parte de esta fuerza laborar.

Sin embargo, y contrastando la imagen estigmatizada de los prestadores de servicios seguros de aborto con lo que realmente son, los médicos y médicas que hacen interrupciones del embarazo son prestadores de servicios que escogen a conciencia ser garantes de los derechos de las mujeres. Es decir, son profesionales de la salud preparados, que toman esta decisión después de un proceso de reflexión, que cumplen con las regulaciones de los organismos de control y, que sobre todo, le cumplen a las mujeres. Contrario de lo que se les acusa al considerarlos ilegítimos por prestar estos servicios, estos prestadores protegen cabalmente los principios de la medicina porque respetan la autonomía de las mujeres (sus pacientes); velan por su bienestar, evitan daños y promueven el interés público al garantizarles no solo el acceso a servicios seguros si no el ejercicio de sus derechos como ciudadanas.