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¿En qué quedamos con el aborto?

El aborto aborda como ningún otro un tipo especial de problema en el que la libertad femenina -tan ligada directa o indirectamente con el cuerpo y la reproducción-, sólo se puede garantizar si existe inmunidad del cuerpo frente a las restricciones o prohibiciones.

Ana Cristina González Vélez
Ana Cristina González Vélez
Médica e investigadora feminista. Consultora internacional.
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17 de Octubre de 2018

Colombia fue uno de los últimos países de la región en despenalizar parcialmente el aborto en el año 2006, cuando la Corte Constitucional adoptó el modelo de causales o indicaciones en tres circunstancias ampliamente conocidas: la vida y la salud de las mujeres, la violación o inseminación artificial no consentida y la existencia de malformación fetal.

No obstante, aunque esta fue una decisión muy trascendental que le dio un giro profundo al debate en el país, fue tímida y arbitraria al momento de proteger la vida y la autonomía de las mujeres.

Arbitraria porque no existiendo razones sólidas para por ejemplo permitir el aborto en casos de inseminación artificial -una circunstancia casi inexistente en la vida de las mujeres colombianas-; no fue capaz de defender ampliamente todas las razones -que sí existen y son muchas-, en las que una mujer resuelve interrumpir voluntariamente su embarazo.

Tímida porque la Sentencia alcanza a proteger sólo la vida biológica -esa que se pone en riesgo en distintas circunstancias como las explicadas por la Corte-, pero nunca la vida biográfica: el proyecto de vida de las mujeres.

Los últimos 12 años, han servido para avanzar en un trabajo pedagógico que permita, por un lado, a las mujeres conocer sus derechos en este campo, y por el otro, educar a los profesionales de la salud para que presten de manera oportuna servicios de aborto legal.

Sin embargo, según los datos de distintas organizaciones expertas en el país las mujeres se ven obligadas a enfrentar múltiples barreras de todo tipo para poder acceder a un aborto aún cuando su caso se inscriba en alguna de las tres causales legales. Barreras administrativas, malos tratos, procedimientos obsoletos y costosos, objeción de conciencia, dilaciones injustificadas, solicitud de requisitos por fuera del marco legal.

Y según los datos, también, cada vez más personas en Colombia aceptan que el aborto debiera ser una decisión de la mujer. Entonces, ¿en qué quedamos?

Todos los progresos, que los ha habido, están empañados por la persistencia del delito de aborto que convierte esta práctica en una de las pocas situaciones en las que a una necesidad de salud se responde con la penalización mediante la existencia de un doble estándar.

Según la Corte el aborto en Colombia es un derecho mientras que al mismo tiempo persiste como un delito en el Código Penal. Un delito en el que, además, la certificación del médico opera como un mecanismo de tutela moral a las mujeres, pues las somete a la opinión de un tercero.

Y por lo que se ha filtrado en los medios y por lo que ya conocemos de la Magistrada Pardo, clara oponente a la libertad de las mujeres en materia de aborto, parece que la Corte en lugar de centrarse en la producción de estándares garantistas, ahora pretender retroceder sin base científica alguna y sin un debate de fondo, el poco avance que habíamos logrado en estos doce años.

Limitar la edad gestacional es una decisión arbitraria pues, aunque la mayoría de los abortos ocurren de manera temprana en la gestación, algunas mujeres requieren atención, por muchas razones valiosas y profundas, en el segundo y tercer trimestre del embarazo. Limitarlo no solo carece de evidencia, sino que profundiza la desigualdad que ha marcado siempre en nuestra sociedad la práctica del aborto: que mueran, enfermen o delincan las más pobres, las negras, las jóvenes y las menos educadas.

Y limitar la causal malformación fetal pretendiendo la Corte imponer a las mujeres lo que a su juicio individual es “razonable” en cuanto al tipo de malformación que podría justificar el aborto, es traspasar todos los límites del ejercicio de la libertad moral de las mujeres. ¿Quién es un juez, quién es un médico, quién es un político para decidir sobre el proyecto de vida de una mujer? ¿Cuál es la autoridad que lo enviste y por que su juicio moral es más importante o válido que el de cualquier mujer?

Afirmar, que el aborto por malformación fetal está informado por los estereotipos sobre la discapacidad es darle estatus de persona al feto y validar la idea de que “alguien”, la Magistrada en este caso, tiene la potestad de forzar a una mujer a llevar adelante un embarazo que no desea, que ya no puede, o que ya no tiene condiciones de seguir.

El aborto aborda como ningún otro un tipo especial de problema en el que la libertad femenina -tan ligada directa o indirectamente con el cuerpo y la reproducción-, sólo se puede garantizar si existe inmunidad del cuerpo frente a las restricciones o prohibiciones.

El derecho que castiga el aborto y pone en conflicto a la madre con el feto, niega que la concepción no implica un proyecto y menos aún un deseo de maternidad. El derecho que castiga está informado por una subvaloración de la vida de las mujeres, las mismas que termina convirtiendo en vidas menos legítimas pues las despoja de su propio proyecto de vida.

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