Uso de cookies

La Silla Vacía usa Cookies para mejorar la experiencia de nuestros usuarios. Al continuar navegando acepta nuestra política.

listo

El silencio de las líderes sociales y la verdadera paz

Los liderazgos no emergen espontáneamente; no es fácil remplazar a una líder. Lleva tiempo y una labor de aprendizaje y escucha constante, transformarse en una persona referente para su comunidad.

Enrique Maruri
Enrique Maruri
Director de Campañas y Ciudadanía de Oxfam Intermón
32 Seguidores0 Siguiendo

0 Debates

4 Columnas

Columna

500

0

21 de Septiembre de 2018

El Colombia, particularmente cuando las cosas se ven desde afuera, como es mi caso, pues vivo fuera del país hace más de un año, parece que la sociedad está siempre subida en una montaña rusa interminable.

Es muy fácil pasar de la desesperanza y la frustración a la alegría e ilusión, tanto como cambia el clima capitalino. Hace unos días, estuve de regreso en mi país y me fui con el mismo vértigo que se siente en los parques de diversiones.

Los nubarrones vienen por el lado de la situación que viven muchos territorios donde históricamente las FARC hicieron presencia.

El componente de desarrollo territorial que contemplan los acuerdos de paz con las FARC está muy rezagado. Con el repliegue de este grupo guerrillero y su desmovilización ha ocurrido un reacomodo de fuerzas territoriales, en su mayoría dominado por poderosas organizaciones ilegales o que representan los intereses de una élites territoriales que han convivido con mafias y otros actores de dudoso proceder, aunque se presenten como empresarios privados.

Llámense BACRIM, neoparamilitares, mafias, empresarios o negociantes, estos nuevos actores han entrado por la fuerza en muchos territorios, no sólo cuestionando acuerdos de sustitución de cultivos ilícitos, propiedad de predios y las normas de convivencia comunitaria, sino imponiendo sus negocios y retando la legitimidad del Estado, que con la estrechez fiscal que vive el país, no logra hacer una presencia territorial efectiva y sostenible.

El combustible para estas disputas en la mal llamada “Colombia profunda”, siguen siendo las economías, en su mayoría ilegales, que predominan en estos territorios, entre las que se incluyen la producción y comercialización de cocaína, oro, petróleo (robado de oleoductos), la minería, ganadería y algunos negocios agroindustriales, las armas, la explotación sexual de mujeres y niñas, y la cooptación de los gobiernos locales, entre otros. Es decir, plata para alimentar la guerra hay suficiente.

Y como el Estado no ha logrado llegar a estas zonas del país, a pesar de la salida de las FARC, son otros los que están aprovechando para hacer de las suyas e imponer sus condiciones.

Si a esto se suma que tres de los dirigentes de las FARC han abandonado su zona de concentración y no se conoce su paradero, la fragilidad de la anhelada paz se hace evidente.

En medio de esta lucha por el por el control del territorio y sus recursos, han quedado atrapados, como siempre, los más débiles y vulnerables, que por cierto, son los que están pagando los platos rotos.

En el periodo comprendido entre el 1 de enero del año 2016 y el 20 de agosto de 2018, a nivel nacional 462 líderes/as sociales y defensores/as de Derechos Humanos han sido asesinados (En 2016 fueron asesinados 116, en 2017 fueron asesinados 191, en 2018 ya van 150 y tiende a superar al año anterior.

De estos, en el año 2018 el 77,53% de las víctimas de homicidios corresponden a líderes indígenas, afrodescendientes, campesinos y comunales.

El perfil de estos defensores es muy distinto al de aquellos amenazados hace 10 o 15 años, que eran sobretodo abogados y periodistas.

Hoy, quienes se encuentran en medio de luchas intestinas son líderes comunitarios, sobre todo en zonas rurales, de manera creciente mujeres, localizadas en comunidades donde su vulnerabilidad es muy alta, que en muchos casos ni siquiera saben que están amenazadas y que cuando reciben alguna medida de protección prefieren rechazarla, porque las exponen más o no sirven, pues el sitio donde viven no tiene acceso vehicular o cobertura de teléfono móvil, entre otros.

Según Somos Defensores, se ha registrado un incremento en los casos de agresiones contra mujeres defensoras territoriales y ambientales. El tercer trimestre de 2015, por primera vez se registró un mayor número de agresiones contra mujeres que contra hombres, y en el primer trimestre de 2016, el 49% de las agresiones fue contra mujeres (Somos Defensores, 2016).

Se advierte además que “la violencia extrema contra las mujeres es un tema de preocupación ya que los homicidios presentados contra mujeres denotan siempre mayores niveles de violencia, incluso sexual” (Somos Defensores, 2018). En ese sentido, “aunque los datos registrados reflejen que nueve de cada diez activistas asesinados en el año 2016 eran hombres, las defensoras se enfrentaron a amenazas específicas de género, incluida la violencia sexual.

A menudo, fueron sometidas a campañas de difamación, amenazas contra sus hijos e intentos de socavar su credibilidad; a veces, desde dentro de sus propias comunidades, donde las culturas machistas siguen oponiéndose a que las mujeres ocupen puestos de liderazgo.” (Global Witness, 2017: 10) 

La amenaza a esos líderes territoriales en esta coyuntura es especialmente grave. Su silenciamiento no sólo afecta a su entorno familiar más cercano, sino que sirve como escarmiento para toda su comunidad. Además de resquebrajar el tejido social comunitario, esa violencia creciente genera desconfianza y miedo, que es precisamente lo que buscan estos poderes corruptos.

Los liderazgos no emergen espontáneamente; no es fácil remplazar a una líder. Lleva tiempo y una labor de aprendizaje y escucha constante, transformarse en una persona referente para su comunidad.

Por eso, hay que reforzar su protección, con medidas efectivas, que se adapten a las realidades de estas personas, adoptando enfoques de género y reforzando su carácter preventivo y colectivo. Por eso no es exagerado decir que si no cuidamos a estas mujeres, vamos a volver a una guerra más cruenta.

Las luces de optimismo, por su parte, las aportan estas mismas mujeres. Su empeño, resiliencia y humildad son ejemplares. Estuve reunido con varias de ellas, miembros de la Plataforma de mujeres rurales Colombianas y la verdad es que su lucha es muy impresionante.

Su determinación para seguir adelante es ejemplar. Tienen claro cuáles son las instancias donde deben incidir y se están preparando para hacerle propuestas concretas al gobierno para enfrentar las crecientes amenazas contra su seguridad.

Es necesario no escatimar ningún esfuerzo para visibilizar su trabajo y hacerlas partícipes en el diseño de medidas de protección efectivas, que respondan a los riesgos que enfrentan y se adapten a sus condiciones de vida.

Esa ilusión se complementa con los anuncios del nuevo Presidente, Iván Duque, quien se comprometió durante el encuentro de diálogo social ‘Mesa por la Protección a la Vida’ promovido por la Procuraduría en el Urabá antioqueño, a la suscripción de “un acuerdo para trabajar, de manera articulada, para la protección de la vida y la integridad de los líderes sociales del país, a través de un sistema de alertas tempranas que funcione de manera rápida y que tenga una reacción oportuna por parte de las autoridades”.

Así mismo, afirmó que este es solo un primer paso de una política integral que pondrá en marcha en temas de apoyo a líderes sociales en el país.  Veremos que tantos avances concretos se logran en el cumplimiento de estos compromisos, porque Colombia es un país de anuncios, declaraciones, fotos y renders, que muchas veces no pasan de ahí.

También anima, en un contexto más amplio, lo ocurrido recientemente con la consulta anticurrupción del pasado 26 de agosto, que si bien no logró su aprobación por no alcanzar el umbral mínimo, correspondiente a la tercera parte censo electoral del país (12,1 millones de votos), movilizó al 11,6 millones de colombianos, quienes se manifestarse en contra de las prácticas que por años han dominado la cultura política del país y que, en el fondo, son las mismas que sustentan las economías ilegales y tramposas que vienen amenazando y asesinando a nuestros líderes sociales.

Al día siguiente, de nuevo Duque sorprendió e ilusionó, desmarcándose de la postura del expresidente Álvaro Uribe, al convocar a todos los partidos políticos al Palacio de Nariño para adoptar como un mandato ciudadanos los 7 puntos de la reforma anticorrupción y tramitar su adopción en el Congreso con el concurso de todos los partidos políticos. Amanecerá y veremos en que quedan estos anuncios.

Por lo pronto, los que queremos una Colombia más justa y menos desigual seguiremos con el corazón en la mano!!!

Interactiva: