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Y la Corte Constitucional ¿para qué?

Estamos muy cerca de reemplazar a 4 de los 9 magistrados de la Corte Constitucional, epicentro de la política colombiana. Ahora más relevante que nunca ya que va a revisar  los proyectos reformatorios de la Constitución, las leyes y decretos que expida el Presidente de la República para implementar los acuerdos de Paz y, lo peor, es que a nadie parece interesarle. 

Rodrigo Pombo
Rodrigo Pombo
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25 de Marzo de 2017

José Manuel Acevedo, una de las almas periodísticas más lúcidas de nuestros tiempos, ha sentenciado la necesidad de cerrar la Corte Constitucional. No lo escribe con odio de parte sino con indignación de ciudadano. Y las razones no le faltan pues la Corte Constitucional ha perdido toda majestuosidad y mucha de su razón de ser.

Los temas de corrupción que la acechan son pequeñas pantomimas en comparación con su falta de criterio, su poco rigor jurídico y su pequeño talante judicial. Dejó de ser ese dique iluminado para convertirse en un apéndice del ejecutivo y con sus decisiones echar al traste -ya no digo solamente la línea jurisprudencial construida desde 1991 con éxito y renombre internacional-, sino el Estado de derecho mismo.

Bastaría analizar la forma como aprobó que la refrendación del acuerdo de la Habana se diera a través del Congreso de la República a pesar de que fue el mismo Congreso quien reformando la Constitución Política advirtiera que tal refrendación la debería aprobar el pueblo como poder constituyente primario. Empero, bajo el penoso argumento según el cual la aprobación popular puede darse de manera directa por el pueblo o INDIRECTA a través de sus representantes en el Congreso, sentenció que la refrendación de lo pactado en la Habana se podía consumar en el seno de las mermeladas mayorías parlamentarias.

Y si tan controversial y sofisticada tesis fuera intelectual y jurídicamente válida, nada explicó en relación con la literalidad del acto legislativo que ordenaba la aprobación popular del acuerdo; como tampoco nada dijo sobre qué sucedía si la decisión popular contradecía a la decisión parlamentaria, y mucho menos indicó en qué quedaba el poder popular, la democracia participativa y el derecho al voto y la participación política como derechos fundamentales.

A la Corte se le otorgó la nobilísima tarea de guardar la integridad y supremacía de la constitución y politizada hasta los tuétanos resolvió que en nombre de la Paz y sin definir su contenido y alcance, se podía cambiar todo el Estado de derecho, entregarle al ejecutivo el poder judicial, legislativo y hasta constituyente; reducir los umbrales electorales; permitir la participación política de los servidores públicos, sustituir el procedimiento legislativo y conformar una justicia paralela que durará años. Todo sobre la debatible base de que la Paz es un derecho fundamental, contra mayoritario, ilimitado y absoluto.

La Corte hace rato que no representa la garantía constitucional pues, por el contrario, se ha convertido en su principal verdugo. Y todo esto lo digo porque en los próximos meses se cambiaran 4 de sus 9 miembros, y a nadie parece importarle.