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Terrorismo: la amenaza persiste y persistirá

Acá les cuento por qué el fin del conflicto no significa el fin del terrorismo en Colombia y qué debemos hacer para hacerle frente.

Hugo Acero
Hugo Acero
Experto en seguridad y convivencia
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27 de Marzo de 2017

A pesar de la desmovilización de las FARC y del proceso de paz con el ELN la amenaza terrorista persiste y persistirá en el país, en la medida en que este tipo de acciones hoy hacen parte del repertorio no solo de los grupos armados al margen de la ley, sino de la delincuencia organizada y común.

De ser una modalidad exclusiva de las guerrillas en contra de las Fuerza Armadas en medio del conflicto armado, el narcotráfico a comienzos de los 90, en especial el Cartel de Medellín, convirtió los atentados terroristas en el mecanismo para oponerse a la extradición. A comienzos de este siglo las FARC, después del fallido Proceso de Paz del Caguán, trasladaron sus acciones terroristas a las ciudades, en especial a Bogotá y el ELN ha mantenido en su historia acciones similares en contra de la Fuerza Pública e instalaciones petroleras y de suministro de energía. En menor escala, tanto las bandas criminales, como grupos de delincuencia común aprendieron y utilizan estas acciones para presionar el pago de extorsiones, saldar cuentas o para asesinar personas con explosivos de menor poder.

Independiente del origen de los atentados, el Estado debe organizarse para enfrentar este tipo de hechos, que por sus características de organización y sorpresa es muy difícil detectarlos y en algunos casos evitarlos. En esta línea, en las grandes ciudades y municipios importantes se requiere que los organismos de inteligencia e investigación criminal de la Policía, de las Fuerzas Militares y de la Fiscalía trabajen en equipo, no de manera coyuntural, sino permanente porque las amenazas de terrorismo persisten.

A manera de ejemplo, en el año 2001, ante las amenazas de las FARC de realizar acciones terroristas en Bogotá, se conformó un grupo de trabajo entre las instancias de inteligencia de la Policía Metropolitana, XIII Brigada, el Cuerpo Técnico de Investigaciones CTI de la Fiscalía y el DAS, grupo que era coordinado por dos fiscales antiterroristas, quienes con base en los informes de cada una de las instituciones involucradas, ordenaban las tareas para recolectar pruebas, desactivar posibles hechos, investigar los actos de terrorismo cometidos, perseguir a los involucrados y ponerlos a disposición de los jueces.

Este grupo, del cual hacía parte la Alcaldía Mayor, se reunió todos los jueves desde mayo de 2001 hasta diciembre de 2003. Para este trabajo coordinado entre las distintas agencias de inteligencia, se contó con la capacitación en manejo de riesgos, terrorismo, crisis y comunicaciones estratégicas por parte de funcionarios del Departamento de Estado de los EE UU y de Scotland Yard.

Los resultados de este grupo de trabajo fueron muy importantes, se detuvieron con pruebas contundentes a más de 400 miembros de las FARC, se decomisaron toneladas de explosivos y se desactivaron desde camiones bombas hasta petardos, es decir se evitaron muchos hechos terroristas y se tuvo mucha efectividad a la hora de perseguir y poner a disposición de la justicia a los actores de los actos cometidos, como en los casos más recordados que fueron los rockets  del 7 de agosto de 2002 durante la posesión del Presidente Uribe y los atentados al Club el Nogal, a Trasmilenio y a la Bocatoma de la Represa de Chingaza.           

Hoy, dada la amenaza terrorista que persiste, hay que reactivar este grupo de trabajo de inteligencia e investigación criminal, que además, con un fiscal antibacrim, también podría orientar sus esfuerzos hacia los grupos de crimen organizado que operan en la ciudad. Para complementar este trabajo, se requiere de una amplia participación de desde camiones bombas has petard se requiere de una amplia partcipaciseguir y poner a disposici desde camiones bombas has petard los ciudadanos para que denuncien hechos sospechosos e irregulares, como lo hicieron en su momento los alcaldes Mockus, Peñalosa y las instituciones de seguridad y justicia.