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¿Son las armas cortopunzantes culpables del aumento de homicidios y hurtos?

La propuesta para penalizar su porte busca meter a la cárcel a las personas que la Policía encuentre con cualquier elemento considerado cortopunzante ¿esto qué soluciona?

Hugo Acero
Hugo Acero
Experto en seguridad y convivencia
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05 de Septiembre de 2018

Persiste, a nivel de las políticas públicas nacionales de seguridad ciudadana, la idea que la mejor manera para enfrentar los problemas de violencia y delincuencia es con reformas legales.

Cuando incrementa la inseguridad el Ministerio de Justicia, la Fiscalía, la Policía y los mandatarios locales proponen el incremento de condenas y penalizar nuevas conductas que afectan la seguridad de los ciudadanos.

Pero cuando las cárceles, estaciones de policía y Unidades de la Fiscalía ya no dan abasto para privar de la libertad a más infractores de la ley penal, se proponen reformas para excarcelar a quienes han cometido “delitos menores”. Son “bandazos legales” que hacen evidente la falta histórica de una política criminal integral de Estado.

Esta falta de política criminal, no en pocas oportunidades, ha llevado a enfrentamientos públicos entre el ejecutivo, las cortes, la Fiscalía, los jueces y la Procuraduría, sin que el Consejo Nacional de Política Criminal, en cabeza del Ministerio de Justicia, se constituya en la instancia para discutir estos temas y definir la política criminal que requiere el país y que plantee de manera clara hacia donde se va en el inmediato, mediano y largo plazo en este tema.

En esa misma lógica, ahora se propone penalizar el porte de armas cortopunzantes, con la idea de establecer penas de privación de la libertad en cárceles para los ciudadanos que sean sorprendidos portando cuchillos, machetes, destornilladores o cualquier elemento considerado cortopunzante.

Esto sin establecer, todavía, cómo diferenciar cuándo estos elementos son utilizados como herramienta de trabajo de y cuándo como armas, cuáles van a ser acciones preventivas frente a este tipo de comportamiento, cuál va a ser gradualidad en la aplicación de la medida de privación de la libertad y las sanciones alternativas.

Además de esas dudas, ¿qué tanto las armas conrtopunzantes son las culpables del aumento de los homicidios, las lesiones personales y los hurtos?

 

Homicidios y lesiones con armas de fuego y cortopunzantes. 

Para comenzar, es necesario reconocer que, a pesar del aumento de los homicidios en lo que va de este año, este delito ha disminuido de manera importante en los últimos años. Sin embargo, es necesario llamar la atención sobre las diferencias que existen en materia de registros de homicidios entre la Policía y Medicina Legal, situación que debe solucionarse y que hoy dificultad los análisis en materia de violencia homicida. Como se puede ver en la siguiente gráfica, las diferencias no son menores.

De acuerdo con las cifras de homicidios registradas en la Revista Forensis del Instituto de Medicina Legal, entre 2010 y 2017[1], en lo que hace a las armas utilizadas para cometer los homicidios, se destaca la reducción del uso de armas de fuego, que pasó de 77,6% en 2010 a 72% en 2017 y el aumento de los homicidios con armas cortopunzantes que pasó de 14% en 2010 a 19 en 2017, como se puede ver en la siguiente gráfica.  

 

Hay que anotar que desde el año 2014, el entonces Presidente Juan Manuel Santos decretó la restricción al porte de armas de fuego en todo el país, medida que hasta hoy se mantiene, sin que haya una evaluación seria de la misma sobre su real incidencia en la reducción de los homicidios.

Se puede asegurar que esta medida ha tenido un efecto positivo en la reducción de este delito, pero se podría sacarle más resultados si las acciones se concentran hacia un mayor control sobre quienes insisten en seguir portando y utilizando este tipo de armas, en la entrega de salvoconductos, en los territorios, días y horarios donde se concentra este delito y en particular si se combate de manera sistemática y contundente el comercio ilegal de armas.

En lo que hace a las armas cortupunzantes, los homicidios que se cometen con este tipo de instrumentos están asociados mayoritariamente a problemas de convivencia, al aumento de riñas y en no pocos casos al aumento de los hurtos que están desbordados en las principales ciudades del país.

Con relación a las lesiones personales, hay que anotar que de acuerdo con los reportes de la Revista Forensis, en los últimos años han disminuido. Se pasó de 145.184 casos atendidos en Medicina Legal en 2010 a 115.547 en 2017, como se puede ver en la siguiente gráfica:   

  

De estas cifras, llama la atención el aumento desmesurado de las riñas que producen lesionados, se pasó de 47,5% en 2011 a 83% en 2017, donde sobresale el uso de armas contundentes, especialmente golpes, como se puede ver en la siguiente gráfica:

 

La utilización de armas de fuego es baja, dado su nivel de letalidad que hace que su utilización, en la gran mayoría de los casos, produzca la muerte de la víctima. Su uso se mantiene entre 1,7% y 2,1% en los años 2010 y 2017. En el caso de las armas cortopunzantes, su uso ha aumentado de manera leve, se pasó del 5,4% en 2010 a 6,5% en 2017.

Con base en estas cifras y el aumento de los hurtos donde se destaca el uso de armas cortopunzantes, seguramente se va a insistir en la restricción al porte de este tipo de armas, sin embargo, no hay que quedarse en la restricción, la penalización y en el control de la medida.

Es necesario, además, desarrollar una serie de acciones para cambiar el comportamiento de portar y utilizar de manera violenta estas armas, así como pensar en la gradualidad en la aplicación de la s sanciones.

 

Prevenir además de penalizar

En primera instancia, la restricción al porte de armas cortopunzantes, así como el consumo de drogas, el control de la dosis mínima y otros temas que hoy se discuten, no pueden estar por fuera del análisis, discusión y elaboración de una política criminal integral que acabe con el “populismo punitivo” y la improvisación.

Así lo ha dicho, por ejemplo, la nueva Ministra de Justicia en entrevista con El Tiempo[2], una política integral que vaya desde la disuasión, la prevención hasta el uso legítimo de la fuerza por parte de las instituciones de seguridad y justicia del Estado para enfrentar los problemas de violencia y delincuencia por los que hoy atraviesa el país.

 

En el caso de las armas cortopunzantes es necesario:

Desarrollar programas para desestimular su porte y uso. Algunos las llevan con la idea de defenderse o mostrar cierto poder, como los adolescentes que en escuelas, colegios y barrios las portan, las exhiben y hacen parte de un grupo que se comporta de la misma manera. Adultos y adolescentes que las llevan para defenderse están en riesgo permanente de lesionar o ser lesionados de manera grave y en este sentido hay que protegerlos.

En el caso de los adolescentes, además de orientar acciones para desestimular el porte y uso, hay que involucrar a las familias. Cuando se encuentren adolescentes portándolas, además de decomisarlas, hay que recurrir a las comisarías de familia para que por su intermedio convoquen a los padres, les informen lo sucedido y tomen cartas en el asunto. Muchas veces los padres son los últimos que se enteran y en algunos casos es tarde, cuando sus hijos ya están lesionados o lesionaron de manera grave a alguien. Por eso se neceista una acción integral preventiva de seguridad y justicia que interrumpe, en algunos de ellos, una posible carrera delictiva.

* En el caso de los adultos que las portan para defenderse o para agredir y amenazar otros ciudadanos, la autoridad debe, además de decomisar el arma, hacer uso de la medida de traslado por protección, prevista en el artículo 155 del Código Nacional de Policía y Convivencia, con el fin de sancionar el porte, registrolo en el sistema, verificar los antecedentes de la persona y llevarlo a talleres de convivencia, manejo de riesgos y resolución pacífica de conflictos.

Lo anterior, además de evitar lesionados y muertos producidos por quienes las portan, los protege a ellos mismo, en la medida en que pueden encontrase con ciudadanos que portan armas más letales, las de fuego, y pueden terminar gravemente lesionados.

* En la medida de restricción debe quedar bien claro cómo diferenciar el porte de armas cortopunzantes para defenderse o agredir, del porte de estos mismos instrumentos como herramientas de trabajo, para no terminar criminalizando a todos los ciudadanos.

* La medida punitiva de privación de la libertad, tras la restricción de porte de armas cortopunzantes, debe orientarse a quienes tengan cierto número de reincidencias o presenten antecedentes delictivos graves.

 

 

En este y otros tipos de delitos que se pueden considerar no son tan graves, podría establecerse medidas de privación de la libertad alternativas, como presentación y atención diaria de los infractores ante equipos municipales de seguimiento y resocialización en espacios abiertos, restricción de la libertad en las noches, los fines de semana u otras modalidades en establecimientos de baja seguridad y costo, que pueden financiadr algunas alcaldías adecuando casas grandes, edificios o edificaciones públicas que se han dejado de utilizar.

Esto para contribuir a reducir el grave hacinamiento de las cárceles y lograr verdaderos procesos de resocialización.

Hay que reconocer que la restricción al porte de armas cortopunzante no es fácil de aplicar y que se requiere, además de la acción de la policía, los fiscales y los jueces, la participación de otras autoridades, especialmente municipales con acciones de formación ciudadana, prevención y control. Lo mas fácil para cualquier autoridad es prohibir y restringir algunos derechos a través de modificaciones legales; el gran reto, que requiere más trabajo, dedicación y recursos, está en cambiar comportamientos riesgosos.