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Seguridad ciudadana más allá del Ministerio de Defensa

En seguridad y convivencia ciudadana también se debe contar con una política integral, el problema es qué institución la va a liderar, el Ministerio del Interior o el Ministerio de Defensa, a través de la Policía Nacional.

Hugo Acero
Hugo Acero
Experto en seguridad y convivencia
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08 de Octubre de 2018

Sin desconocer los importantes logros que en materia de reducción de la violencia homicida ha tenido el país en los últimos años, es innegable que una de las prioridades que tiene el actual gobierno es la seguridad de los ciudadanos.

Ésta se ve afectada por los hurtos, el desbordado consumo y distribución de drogas en las principales ciudades del país, la creciente violencia por problemas de convivencia, el accionar de las bandas criminales, las disidencias, el ELN y los carteles mexicanos que se disputan de manera violenta el control de los territorios y negocios ilegales del narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión, el contrabando, la trata de personas, entre otros delitos.

Para enfrentar estos problemas, que hoy tienen tras de sí estructuras criminales organizadas, se requiere una acción coordinada de todo el Estado y no solo del Ministerio de Defensa.

La situación se complica cuando se comprueba que, en materia de gestión de la convivencia y la seguridad ciudadana, existen en el Estado colombiano varias instituciones que tienen que ver, dentro de sus funciones, con estos temas y que su coordinación y trabajo en equipo es limitada, cuando no inexistente.

Las instituciones que tienen que ver con estos temas son:

 

En este escenario, si un alcalde o gobernador quiere solucionar los problemas de inseguridad en sus territorios y requieren del apoyo del Gobierno Nacional y de las instituciones anteriormente mencionadas, deben recurrir a cada una de ellas, sin que exista una sola que les dé respuesta a sus requerimientos.

Es decir, los mandatarios locales tienen siete interlocutores nacionales para solucionar sus problemas de seguridad ciudadana y convivencia.

 

¿Qué hacer?

Para enfrentar estas problemáticas, que afectan de manera grave la seguridad de los ciudadanos y del Estado, se requiere desarrollar varias acciones con el concurso y coordinación de distintas autoridades.

El Ministerio de Justicia debe asumir la responsabilidad de diseñar, ejecutar y hacer seguimiento de la primera política criminal, que tenga un alto contenido de acciones preventivas, pero también con acciones de “uso legítimo de la fuerza” acorde con los retos actuales de violencia y delincuencia.

Una política que defina claramente cómo se van a solucionar los consuetudinarios problemas del sistema carcelario y penitenciario, donde el Inpec y la Uspec fracasaron, y el papel del Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes - Srpa - y del Icbf en esta materia.

En seguridad y convivencia ciudadana también se debe contar con una política integral, el problema es qué institución la va a liderar, el Ministerio del Interior o el Ministerio de Defensa, a través de la Policía Nacional.

Lo ideal, si no hay modificaciones institucionales para que exista una institución, tipo ministerio o viceministerio que lidere estos temas en el país, es que los dos ministerios coordinen de tal manera que a las acciones de La Policía se sumen las acciones del Ministerio del Interior y de otras instituciones de seguridad y justicia.

El Ministerio de Defensa, tiene varios retos. Uno, a través de las Fuerzas Militares, de la Policía y con el concurso de la Fiscalía, debe seguir enfrentando con decisión al ELN para detener su crecimiento y mermar su capacidad para que no quede otra salida que el diálogo, como sucedió con las Farc.

Dos, como el nuevo gobierno le está apostando a involucrar más a las Fuerzas Militares en materia de seguridad ciudadana, hay que hacer las modificaciones legales y operativas para que no haya problemas con los mandatos Constitucionales en materia de seguridad ciudadana y de Estado.

Y tres, a pesar de las demandas por más policías, la Policía no puede seguir creciendo como lo ha hecho en los últimos quince años, donde se pasó de la selección rigurosa al reclutamiento y de la profesionalización y mística por el trabajo policial a la formación de baja calidad de dos o cuatro meses para patrulleros.

Esto solo ha traído graves problemas de indisciplina, corrupción y exceso de fuerza que viola los Derechos Humanos. Aquí lo que se requiere es profesionalización; como en cualquier empresa responsable, más calidad que cantidad.

La Fiscalía General de la Nación debe seguir involucrándose más en los asuntos de seguridad ciudadana, a través de sus funciones de investigación criminal y de ente acusador.

En el caso de los jueces y del Consejo Superior de la Judicatura, conservando la independencia de los poderes, a través del Consejo Superior de Política Criminal hay que coordinar con ellos para mejorar la aplicación de la justicia.

Todo lo anterior con una amplia participación de los alcaldes y gobernadores que también son responsables de la seguridad de los ciudadanos.

Como se puede ver, son varias las acciones que hay que desarrollar, así como instituciones que tienen que responder. Aquí se requiere, liderazgo del Presidente y alguna institución que coordine y promueva el trabajo en equipo, más allá de solo el Ministerio de Defensa.   

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