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Respuesta al debate: ¿Es un golpe de estado a la democracia la reforma constitucional para la paz?

Surge la pregunta si el proyecto de Acto Legislativo presentado por el Gobierno Nacional y las FARC  que pretende modificar la esencia de la Constitución Política constituye “un golpe de Estado al pueblo y a la democracia”.

Rodrigo Pombo
Rodrigo Pombo
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22 de Septiembre de 2015

Surge la pregunta si el proyecto de Acto Legislativo presentado por el Gobierno Nacional y las FARC  que pretende modificar la esencia de la Constitución Política constituye “un golpe de Estado al pueblo y a la democracia”.

Como la expresión “pueblo” técnicamente es una ficción jurídica a la cual se le imputa el poder soberano y la “democracia” no tiene definición unívoca o, peor aún, tiene tantas definiciones como doctrinantes cosa que hace imposible establecer su alcance y sus límites, será forzoso concluir que lo único cierto es que el Proyecto de AL busca romper con el orden constitucional, partiéndole el pescuezo a lo que con tanto esfuerzo logramos conquistar todos los colombianos en 1991 y que fue el gran acuerdo de Paz y reconciliación nacional.

Las razones que sostienen esta lectura son los siguientes:

1.El gran problema de los acuerdos de la Habana es la refrendación. Acá como en muchos otros aspectos de la vida, lo que más importa es la forma, el cómo; más que la sustancia.

2. Uno de los grandes errores del proceso fue precisamente ese, haberse enfrascado inútilmente en debatir el “fondo” a costa del sagrado y limitado tiempo antes que definir la manera como el acuerdo sería aceptado por el pueblo, refrendado por el poder constituyente primario, legitimado por las bases y no por los mandatarios del gobierno, precisamente para hacerlo sostenible en el tiempo y cumplible en la práctica.

3. También incurrió en el elemental e imperdonable yerro de haberse convertido en un programa de gobierno (en él programa de gobierno) y no en una política de Estado, excluyendo a más del 70% de la población que demandaba justicia y a más del 48% del censo electoral que apoyaba el proceso pero con el mínimo de condiciones jurídicas.

4. Esos errores nos llevan a la sin salida jurídica: Por un lado sostuvo el gobierno nacional que en tanto que la guerra contra el terrorismo lo había ganado el Estado no era admisible ninguna ruptura constitucional. Sin embargo, para poder firmar el acuerdo de paz las FARC sugirieron una asamblea nacional constituyente con espacio preferente para sus dirigentes.

5. Como el gobierno fue reacio a la asamblea nacional por considerar que no contaba con el respaldo popular suficiente, decidió optar por la ruptura constitucional inventándose un “procedimiento legislativo especial para la Paz”. Y aquí estamos!

6. Más allá de la promesa incumplida de parte del Gobierno lo que importa analizar acá son los pormenores de la propuesta: (i) no se trata de un Proyecto de AL que pretenda legitimar los acuerdos de paz y permitir que la voluntad del pueblo se exprese de manera clara y sin ataduras sino de establecer un mecanismo expedito para “facilitar y asegurar la implementación del acuerdo”.

7. Para el gobierno nacional y para las FARC es más importante facilitar la implementación del acuerdo que legitimarlo con el voto del pueblo, del soberano, del poder constituyente primario.

8. (ii) Por eso se indicó que es el gobierno el único con iniciativa legislativa convirtiendo a la comisión parlamentaria que se crea con el AL en un convidado de piedra.

9. (iii) Por eso se indicó que es el gobierno el que de manera unilateral e inconsulta puede prorrogar los plazos para legislar y aprobar las enmiendas constitucionales.

10. (iv) Por eso se establece que los primeros debates se surtirán ante una comisión legislativa especial, más fácil de corromper, de comprar con la poca mermelada que queda y con la imperiosa venta de Isagen.

11. (v) Pero si el procedimiento es de espaldas al pueblo y evidentemente antidemocrático los límites sustanciales lo son aún peor: Señala el proyecto que los proyectos sólo podrán incorporar modificaciones siempre que (a) “se ajusten al contenido del Acuerdo final” y (b) “que cuenten con el aval previo del gobierno nacional” quien, por supuesto, consultará con las FARC para ver si a ellas les parecen bien las modificaciones recomendadas.

12. En consecuencia, el poder constituyente secundario (Congreso) “sólo podrá improbar los proyectos”, y “por mayoría absoluta”, nunca legitimar el acuerdo final, nunca controvertirlo, nunca mejorarlo o complementarlo. Esa es la democracia querida por un gobierno que cuenta con un exiguo respaldo popular y con un congreso aceitado con contratos y muchos puestos.

13. Sin embargo, se les olvidó que la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional ha impedido que el congreso sustituya la carta política con reformas que modifiquen la esencia de la constitución de 1991.

14. Y, ciertamente, evitar que los perpetradores de delitos atroces y de lesa humanidad paguen cárcel y que puedan ocupar cargos públicos, no es una simple reforma al texto superior, sino una trascendental reforma que rompe con el espíritu de la carta y con su axiología moral.

15. Igualmente, esas reformas atentan contra la esencia constitucional toda vez que rompen con el bloque de constitucionalidad al desconocer los mínimos exigidos por la justicia transicional que incorporamos en nuestro ordenamiento jurídico y que con tanto fervor juramos respetar.

16. No sobra advertir que entregarle facultades extraordinarias al Presidente de la República para que legisle exclusivamente en torno al acuerdo final y nos imponga las leyes que a su juicio mejor desarrollan esos acuerdos es una afrenta contra la institucionalidad, contra la separación y el equilibrio de poderes y contra un sistema democrático de gobierno que demanda legitimidad en la aprobación de las normas que rigen al pueblo.

17. Suena más sensato y menos agresivo evitar cualquier descalabro constitucional que pretenda “facilitar la aprobación del acuerdo final” sin respaldo comunitario, si se lleva a cabo una asamblea nacional constituyente que (i) involucre a las FARC y al ELN; (ii) que construya un pacto social de cero y, (iii) en donde todos sus integrantes sean escogidos sin distinción ni preferencias mediante voto popular, que aplicar unos cánones románicos, propios de las más cruentas tiranías y que verdaderamente ponen en vilo la paz estable y duradera que todos anhelamos.

 

Agilizar y garantizar los acuerdos.

Poder constituyente secundario.

Esencia de la CP.