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¿Qué pasó con el Ministerio de Seguridad?

La promesa del entonces candidato presidencial Juan Manuel Santos en 2010, de crear el Ministerio de Seguridad Ciudadana, se embolató durante sus dos periodos de Gobierno.

Hugo Acero
Hugo Acero
Experto en seguridad y convivencia
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29 de Mayo de 2018

La promesa del entonces candidato presidencial Juan Manuel Santos en 2010 de crear el Ministerio de Seguridad Ciudadana se embolató durante sus dos periodos de Gobierno. En 2012, creó la Alta Consejería Presidencial para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana, elaboró la primera política pública nacional en esta materia y, durante dos años, el entonces consejero Francisco José Lloreda la ejecutó hasta que desapareció la Consejería en 2014.

La propuesta de crear el Ministerio de Seguridad no prosperó porque no hubo voluntad política para hacerlo.

Algunos confundieron la propuesta con el ministerio de la policía, sectores de la policía y militares no estuvieron de acuerdo que esta institución saliera del Ministerio de Defensa y, seguramente, también pesaron los costos presupuestales para la creación de un ministerio, que tendría que integrar muchas de las acciones que hoy ejecutan distintas instancias en materia de seguridad y que no coordinan.  

La corta experiencia de la Consejería puso en evidencia las dificultades que existen a la hora de gestionar los temas de seguridad ciudadana y convivencia desde el Gobierno Nacional. Mientras las funciones de seguridad nacional son claras para el Ministerio de Defensa Nacional en materia de seguridad ciudadana y convivencia, existen en el Estado colombiano varias instituciones que dentro de sus funciones tienen que ver con estos temas, sin que haya una institución que lidere, coordine, elabore y ejecute una política pública en estas materias, como lo veremos a continuación.


1. Gestión de la seguridad ciudadana, cada institución por su lado.

Cuando un alcalde o gobernador, que tiene responsabilidades constitucionales y legales en materia de orden público y seguridad, quiere solucionar los problemas de violencia y delincuencia en sus territorios debe recurrir a ocho instituciones nacionales para buscar su apoyo y coordinación, sin que exista una sola que les dé respuesta completa a sus requerimientos.

Es decir, los mandatarios locales tienen distintos interlocutores nacionales para solucionar sus problemas de seguridad ciudadana y convivencia. Las instituciones que tienen que ver con estos temas son:

- El Ministerio de Defensa que a través de la Policía Nacional trabaja los temas de seguridad y convivencia ciudadana.

- El Ministerio del Interior, que a través de la Subdirección para la Seguridad y Convivencia Ciudadana trabaja con los alcaldes y Gobernadores estos temas y además les asigna recursos a través de FONSECON.

- La Policía Nacional, que es uno de los actores más importantes en lo que tiene que ver con la convivencia y la seguridad ciudadana y decide sobre la asignación de policías para los municipios y departamentos.

- La Fiscalía General de la Nación, en temas de seguridad ciudadana, funciones de policía judicial, entre otras funciones.

- El Ministerio de Justicia, a través del sistema penitenciario y carcelario (INPEC y USPEC), justicia cercana al ciudadana y justicia punitiva, en coordinación con las instituciones de la Rama Judicial.

- El ICBF, en lo que tiene que ver con el Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes. (SRPA).

- El Departamento Nacional de Planeación, que a través de la Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno (DJSG), que además de promover la formulación, evaluación y seguimiento de las políticas, planes y programas en los sectores de justicia, defensa y seguridad nacional, orienta la formulación de políticas en los temas de seguridad y convivencia ciudadana y en algunas oportunidades ha conseguido recursos de crédito externo para financiar programas en distintas ciudades.   

- La Consejería Presidencial de Seguridad que tiene la función de apoyar a la Presidencia y Vicepresidencia en los temas de seguridad nacional y ciudadana, al igual que la Dirección Política Integral para la lucha contra las Drogas Ilícitas de la Presidencia de la República, que igualmente apoya a la Presidencia y Vicepresidencia en estos temas..

Esta variedad institucional, la no coordinación entre ellas y la falta de liderazgo de una institución nacional que las ponga a trabajar en equipo, hace que no se cuente con un diagnóstico y acciones compartidas para abordar de manera integral los problemas de violencia y delincuencia nacionales y locales, situación que solo beneficia a los delincuentes qué si trabajan en equipo, sin importar jurisdicciones territoriales o intereses económicos de las distintas actividades ilegales que desarrollan.

Con base en un trabajo que elaboró el Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP- sobre los sectores de defensa y justicia, del cual hice parte, a continuación, se presentan los principales retos de gestión de la seguridad y se formula una propuesta de ajuste institucional para que la seguridad ciudadana tenga un ente de dirección y coordinación a nivel nacional.

Hay que anotar que la propuesta involucra al Sistema Penitenciario y Carcelario, como parte de la política integral de convivencia y seguridad ciudadana, con una reingeniería profunda que busca solucionar el consuetudinario problema de ineficiencia y corrupción que ha caracterizado el INPEC desde su creación; el Inpec históricamente no ha funcionado en su tarea de sancionar, resocializar y reinsertar socialmente a los ciudadanos infractores de la ley penal y solucionar este grave problema no pasa por pequeñas reformas administrativas o por el aumento del personal de guardia del INPEC, es necesario transformar radicalmente esta institución.

 

2. Retos

Con la desmovilización de las Farc y la posibilidad de unos diálogos de paz con el ELN o su orientación hacia actividades económicas propias de las distintas organizaciones del crimen organizado como el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión, la explotación ilegal de recursos naturales, entre otras actividades criminales, el país está pasando, en materia de seguridad, de una etapa marcada por el conflicto armado con intereses políticos, a una donde predominan las organizaciones de delincuencia común y organizada, un nuevo escenario donde se requiere fortalecer la gestión democrática de la seguridad.

En esta línea, además de lograr que las FF. MM. y la Policía cumplan con sus funciones constitucionales y legales en materia de seguridad nacional y seguridad ciudadana, es necesario que:

a. Exista una institucionalidad estatal nacional que coordine las distintas instituciones que tienen que ver con la seguridad ciudadana.

b. Se elabore, ejecute y haga seguimiento a una política de Estado e integral en materia de convivencia y seguridad ciudadana, en coordinación con las autoridades de seguridad, justicia y territoriales (alcaldes y gobernadores).

c. Se cuente con una política pública clara en materia de seguridad nacional, que logre diferenciar los campos de acción de la Policía y de las FF MM.

d. Se le dé un manejo civilista e integral al tema de seguridad ciudadana, no militar, ni predominantemente policial.

e. Se cumpla con la recomendación de la OCDE, para que la policía haga parte de un ministerio con manejo civilista del tema de la seguridad.

 

3. Propuesta

Para cumplir con los retos anteriormente expuestos, se propone que el Ministerio de Defensa se convierta en el Ministerio de Seguridad Ciudadana y Defensa; Ministerio que contaría con dos viceministerios, uno de Defensa y otro de Seguridad Ciudadana y convivencia.

En el caso del Viceministerio de Defensa seguiría haciendo lo que hasta ahora ha hecho el Ministerio de Defensa, sin la policía en su organigrama. En el caso del Viceministerio de Seguridad ciudadana contaría con tres direcciones:

La Dirección de la Policía Nacional, que mantendría la organización administrativa y operativa actual.

La Dirección de Seguridad Ciudadana, Convivencia y Territorios que trabajaría estos temas en coordinación con los alcaldes, gobernadores y las demás autoridades de seguridad y justicia.

La Dirección del Sistema Penitenciario y Carcelario, que recogería las funciones lo que en la actualidad tienen el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC- y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios –USPEC-. La transición podría ser con parte del personal actual del INPEC, previa selección o con personal nuevo.

Esta Dirección contaría con una nueva institucionalidad y personal en términos de:

- Guardia penitenciaria y carcelaria, que podrían salir los miembros de las Fuerzas Militares, quienes serían capacitados para desempeñar esta labor. Este grupo saldría de las FF MM con sus mandos y recursos que pueda servir para cumplir con esta labor, es decir se ahorrarían recursos en este ajuste institucional, se mejoraría la seguridad y vigilancia en las cárceles y penitenciarias y al pasar a este Ministerio los funcionarios de esta Dirección tendrían el mismo régimen laboral que cobija a los del Ministerio, lo que limitaría la proliferación de sindicatos que hoy no dejan funcionar el INPEC.  

- Profesionales dedicados a las labores de resocialización y reinserción social de los internos e internas.

- Ajuste administrativo y gerencial de la USPEC (ver siguiente organigrama).

 

De esta manera, se asumirían los retos anteriormente expuestos en materia de gestión de la seguridad nacional y la seguridad ciudadana y además se comenzaría a solucionar el problema consuetudinario del sistema carcelario y penitenciario, particularmente en lo que tiene que ver con los problemas de hacinamiento, resocialización y reinserción social de los internos e internas, corrupción de las instituciones, entre otros problemas.

Seguramente, algunos señalarán que el sistema carcelario y penitenciario es del resorte del sector Justicia, pero cabe anotar que las políticas integrales de seguridad ciudadana y convivencia y la política criminal, tienen que involucrar la privación de la libertad en adecuadas condiciones para que los niveles de seguridad ciudadana y de justicia sean los adecuados, reduciendo consistentemente los problemas de violencia, delincuencia y violación de los DDHH a que están sometidos más de cien mil ciudadanos privados de la libertad, que hoy solo se están profesionalizando en el delito.