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¿Qué pasa con la restricción de armas de fuego? (Actualizada)

De acuerdo con cifras Medicina Legal, pareciera que la restricción al porte de armas no ha tenido una incidencia importante en la reducción de los homicidios y las lesiones personales.

Hugo Acero
Hugo Acero
Experto en seguridad y convivencia
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11 de Enero de 2019

En materia de prevención y represión del delito, suele suceder que se exijan medidas extraordinarias o extremas para controlar estos problemas, sin embargo, cuando se obtienen, al poco tiempo se dejan de lado o no se aplican como se debiera.

Es el caso del secuestro, que durante los años 90 tuvo una sanción máxima de 60 años de cárcel, en 2002 bajo a 28 y con agravantes hasta 40 años y a pesar de que el país llego a tener más de 3500 casos, muy pocos delincuentes fueron condenados de manera ejemplar con las penas máximas; o el porte ilegal de armas de fuego, que hoy no es excarcelable, sin embargo, algunos jueces están dejando en libertad a quienes son detenidos con este tipo de armas.

En lo que hace a la restricción al porte de armas de fuego con salvoconducto en todo el país, que viene desde 2016 y que acaba de renovar el Presidente Iván Duque (Decreto 2362), hay que anotar que las declaraciones oficiales dan cuenta de un buen resultado, sin presentar seguimientos y análisis detallados de la aplicación de esta medida.

 

Qué dicen las cifras

De acuerdo con las cifras del Instituto de Medicina Legal, pareciera que restricción al porte de armas con salvoconducto, aplicada en el país desde comienzos del 2016, no ha tenido una incidencia importante en la reducción de los homicidios y las lesiones personales.

De acuerdo con las cifras del siguiente cuadro:

- Las muertes con armas de fuego, que en 2012 registraban el 76.67% del total de los casos, disminuyeron hasta el 71.76% en 2015, años en los cuales no hubo restricción, es decir, durante esos años se registró una disminución de cinco puntos porcentuales. Mientras que, entre 2016 y 2017 se ha mantenido en 71%.

- Contrario a esto, han aumentado las muertes con armas cortopunzantes, pasó de representar el 14.49% del total de las muertes en 2012 a 19,2% en 2017.

- En el caso de las lesiones personales con armas de fuego, aumento levemente, pasó de representar el 1.57% del total de los casos en 2015 a 1.84% en 2017.

- De estas cifras llama la atención el aumento considerable de las lesiones por riñas, que pasaron de representar el 56% en 2012 a 83.4 en 2016.

Hay que reconocer, que estos resultados preliminares no demeritan la importancia de la restricción al porte de armas de fuego en manos de los particulares y seguramente se deben a que, como se planteó al comienzo de este escrito, se hacen los mayores esfuerzos para promulgar la medida, se aplica adecuadamente al comienzo, pero a los pocos meses se abandona el control, no se le hace seguimiento como corresponde y nadie responde por los resultados.

Dados estos resultados, hay que volver a recordar la importancia de esta medida en materia de seguridad y convivencia ciudadana y plantear una serie de recomendaciones para hacerla más afectiva en la reducción de los delitos en general.  

 

La importancia que los ciudadanos no porten armas

La restricción y control de las armas de fuego legales e ilegales son importantes para reducir los indices de violencia y delincuencia. Sin embargo existen ciertos sectores institucionales y ciudadanos que defienden el porte y uso de este tipo de armas en manos de los particulares, por que consideran que como el Estado no puede garantizar una seguridad plena, les asiste a los “ciudadanos de bien” el derecho a defenderse por sus propios medios frente al accionar de los delincuentes.

Hay que anotar, que el armamentismo ciudadano perjudica, en primera instancia, al propio Estado que facilita la entrega de armas a los ciudadanos, como es el caso del Estado colombiano. Con esta práctica, primero, el Estado reconoce que no es capaz de garantizarle la vida, bienes y honra de los ciudadanos. Segundo, está delegando en manos de los particulares el uso de la fuerza y, sin proponérselo, está legalizando la pena de muerte, en la medida en que un ciudadano con un arma de fuego legal o ilegal en sus manos cumple las funciones de cualquier organismo de seguridad y justicia, con la diferencia de que aplica la pena de muerte sin ningún juicio. Esto sucede cuando un ciudadano con un arma de fuego, primero, detiene ¡alto!, segundo, juzga, amigo, enemigo, bueno o malo, tercero, condena, pena de muerte y cuarto ejecuta la pena en cuestión de segundos.

En segunda instancia, como lo sostiene la Corte Constitucional en su Sentencia 038 de 1993, el armamentismo ciudadano viola el derecho a la igualdad “…los ciudadanos deben abstenerse de circular con armas de fuego, porque ello viola el derecho a ser iguales y genera un mayor riesgo para la comunidad de que esa arma sea usada para resolver un conflicto y no para procurarse una eficiente protección individual". Frente a esta posición de la Corte, muchos consideran que se viola el derecho individual de poseer armas, sin embargo, es clara la Corte cuando considera que “prevalecen los principios básicos constitucionales de los Derechos Humanos por encima de cualquier derecho individual".

En tercera instancia, no beneficia a las propias autoridades, en especial a la Policía, en la medida en que es más riesgoso para sus miembros ejercer control cuando no se sabe qué ciudadanos están armados y cómo pueden reaccionar frente a cualquier requerimiento de la autoridad. En el pasado varios policías han sido víctimas de “ciudadanos bien armados”.

Frente a estos argumentos, los defensores del armamentismo ciudadano sostienen que los delitos se cometen básicamente con armas ilegales. Sin embargo, existe evidencia que cuestiona esta idea. En el año 1999, la Administración Distrital le solicitó a la Oficina de Control de Armas, Municiones y Explosivos, del Ministerio de Defensa que, con base en un listado de 732 armas de fuego que habían sido utilizadas en la comisión de homicidios comunes, certificara cuántas tenían salvoconducto y cuántas no. Con sorpresa, se constató que 234 armas tenían salvoconducto vigente. Es decir, que una de cada tres armas utilizadas en la comisión de estos homicidios era 'legal'.

Por otro lado, para nadie es un secreto que muchos de los esquemas de seguridad de algunos delincuentes, tienen armas amparadas e incluso armas de uso privativo de las fuerzas militares, como lo evidencia la Policía en su diario accionar en contra de los grupos delincuenciales.

 

Qué hacer para hacer más efectiva la restricción

Con el objetivo de hacer más afectiva la medida de restricción al porte de armas, es necesario:

- Recordar y aplicar todos los días el Decreto presidencial que restringe el porte de armas en todo el país. Esta no es una responsabilidad de solo la Policía, también le corresponde ejecutarla y hacer seguimiento a los alcaldes y gobernadores y también le corresponde a la Fiscalía en lo que tiene que ver con la persecución al mercado ilegal de armas de fuego.  

- Realizar controles policiales, especialmente en aquellos lugares donde se concentran los delitos con este tipo de armas.

- Controlar las armas legales en manos de los ciudadanos y los mercados y uso de armas ilegales que existen en el país.

- Hacer seguimiento y análisis permanente sobre los resultados de los controles realizados, cantidad de armas decomisadas, ciudadanos puestos a disposición de la justicia por portar armas ilegales, armas decomisadas a comercializadores ilegales, impacto de los operativos en la reducción de la violencia y la delincuencia. Seguramente, en este punto, la respuesta de algunas autoridades será “eso ya lo estamos haciendo, la pregunta entonces es ¿por qué no hay mejores resultados después de tres años de restricción?   

- Realizar campañas de entrega voluntaria de armas de fuego, de desestimulo al porte de armas en manos de los particulares, de reconocimiento al uso legítimo de la fuerza por parte de las autoridades legalmente constituidas y desaprobación social de la “aplicación de justicia por mano propia”      

Finalmente, hay que reconocer que los mercados de armas y de drogas están correlacionados y en este campo Colombia tiene la obligación de controlar los cultivos de coca, localizar y destruir los laboratorios, decomisar mayor cantidad de droga y detener, condenar o extraditar a los narcotraficantes y en un acto de corresponsabilidad, los EE UU tiene la obligación de controlar la venta indiscriminada de armas de fuego que abastece a los ejércitos del narcotráfico. Se puede asegurar que mueren más colombianos con armas producidas en ese país, que ciudadanos norteamericanos con droga producida en Colombia. Por esto se requiere trabajo corresponsable entre los dos países para atacar estos dos mercados criminales.   

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Comentarios (1)

Simón Sarmiento

06 de Febrero

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El inmenso presupuesto que el estado invertía en combatir a las FARC, debe in...+ ver más

El inmenso presupuesto que el estado invertía en combatir a las FARC, debe invertirse ahora en seguridad ciudadana. Hay muchas personas que se lucran de la guerra y por eso no avanzan con el combate o con el diálogo con el ELN. cuándo será que podremos vivir en paz??