Uso de cookies

La Silla Vacía usa Cookies para mejorar la experiencia de nuestros usuarios. Al continuar navegando acepta nuestra política.

listo

Los 1.000 días del proceso de paz en Colombia

Si bien le apuesto a la paz negociada porque es la trágica herencia de mi generación (imposición histórica), no lo es menos que para que ella sea exitosa se requiere que el establecimiento sea legítimo, se muestre unido para que no se trate de una política de gobierno y que las fuerzas militares no muestren desánimo, más aún, urge que demuestren fortaleza, compromiso y eficaces avances contra la criminalidad.

Rodrigo Pombo
Rodrigo Pombo
Abogado
324 Seguidores0 Siguiendo

1 Debates

31 Columnas

Columna

47

03 de Junio de 2015

La situación de hace 3 años era muy distinta a la de ahora. Estrenando su primer mandato el Presidente Santos gozaba del respaldo popular, contaba con más del 90% de los votos del congreso, no tenía una oposición política seria, los índices macroeconómicos superaban cualquier buena expectativa, la inversión nacional y extranjera volaba por los aires, la capacidad productiva del país marchaba a todo vapor y, lo más importante, el sentimiento anímico de la nación se encontraba en los más altos niveles de optimismo y confianza.

El Pastranismo y el Uribismo habían hecho la tarea. El primero salvo a la patria de la desolación y la desesperanza y el segundo la encuadernó. Gracias a ellos el Presidente Santos gana las elecciones en primera vuelta sin viso de ilegalidad.

Con ese capital político Santos emprende los diálogos de Paz. Y lo hizo sobre 2 supuestos inamovibles, recordemos: (i) como vamos ganando la guerra y estamos haciendo valer como nunca antes el Estado de Derecho, se negociará en el marco del conflicto armado “y no se bajará la guardia en la persecución del crimen” y (ii) “nada está acordado hasta que todo esté acordado” porque no vamos a ceder en principios morales ni en valores democráticos. Así se nos comunicó el hecho.

Las FARC sólo le temen a un ejército organizado, decidido y respaldado. Los terroristas únicamente negocian cuando su contraparte está unida o, como ellos lo denominan “cuando el establecimiento tiene la legitimidad política para el diálogo”.

3 años después, con el cese de acciones de persecución y bombardeos, con las fuerzas del orden desmoralizadas viendo como sus comandantes negocian en la Habana y como a sus ex comandantes los meten presos; con un establecimiento dividido y corrompido, sin justicia ni ley; una reelección cobijada por el manto de la duda y un jefe de gobierno con una precaria popularidad como si se tratara del más grande inepto a la cabeza del ejecutivo y, con una nación en estado de alerta por la precariedad de la economía, el alza del desempleo, la baja de las inversiones, la semi crisis petrolera y minera, con una corrupción desbordada y con políticas sin norte, los terroristas han perdido cualquier estímulo para la negociación y firma del acuerdo.

A no ser, por supuesto, que el ofrecimiento del gobierno sea tan generoso que les quede racionalmente imposible hacerle el quite a la firma del acuerdo.

Frente a los acuerdos alcanzados y publicados a la fecha las cosas van por “buen” camino. A pesar de los más de 60 folios no son muchos los avances sustantivos. Bastaba leer la obra del economista Oscar Marulanda Gómez, de hace una década y titulada Labranzas de Paz para identificar en cuestión de horas los muchos intereses compartidos del discurso subversivo con el gubernamental. Nadie nunca se ha opuesto a un desarrollo integral del campo, a una democracia robusta y participativa o a un ataque frontal contra la corrupción, por ejemplo.

El tema siempre ha sido la desmovilización y la aplicación de la justicia transicional. Y allí es cuando entran las cesiones y los generosos ofrecimientos: se ha avanzado enormemente en la tesis según la cual la purga de cárcel o de penas intramuros es innecesaria y lo que corre es la idea de las penas alternativas para, como lo dice el columnista Mario Gonzalez Vargas, “obviar la reclusión intramuros de los principales responsables de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra”.

La justicia, en cabeza del Fiscal General de la Nación y de la Sala Penal de la Corte Suprema han insistido en la revisión de los alcances de los delitos políticos para “introducir como tales el narcotráfico, la extorsión y el secuestro” como también lo enseña González Vargas. ¿El propósito? Evitar que los “subversivos” -que así los denomina el Consejo de Estado-, se inhabiliten para participar en política. Al fin de cuentas, para las FARC, la extensión de la democracia consiste en dejar que sus más grandes perpetradores puedan liderar sus cauces desde las curules del gobierno.

La erradicación de cultivos ilícitos vía aspersión del glifosato queda prohibida en el peor momento pues a pesar de que sus fundamentos y razones sean loables parece más una concesión al terror que una política de Estado dadas las circunstancias de momento.

Hoy 1 de cada 3 departamentos está en jaque de amenaza terrorista y el reclutamiento de menores y la siembra de minas anti persona continúa según se pudo comprobar con la voladura de torres de electricidad en Buenaventura y Tumaco.

Extorsión, narcotráfico y secuestro siguen siendo los grandes móviles de la guerrilla así como sus grandes motores de impulso.

Total, si bien creo que estamos excelentemente representados en la mesa de negociación, si creo igualmente que lo allá dicho es tremendamente valioso y su trámite ha sido inteligente y bien intencionado de parte del gobierno nacional y, si bien le apuesto a la paz negociada porque es la trágica herencia de mi generación (imposición histórica), no lo es menos que para que ella sea exitosa se requiere que el establecimiento sea legítimo, se muestre unido para que no se trate de una política de gobierno y que las fuerzas militares no muestren desánimo, más aún, urge que demuestren fortaleza, compromiso y eficaces avances contra la criminalidad.