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Lógica constitucional

En un escenario complejo de implementación producto de la inestabilidad, inseguridad e incertidumbre jurídica, la Corte Constitucional ha realizado una labor determinante pero desorganizada. El fast track constitucional ha sido una ilusión.

Juan Ospina
Juan Ospina
Abogado
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04 de Febrero de 2018

La implementación del acuerdo de paz generó cambios en la estructura del control constitucional con el propósito de dar seguridad y estabilidad jurídica a la terminación del conflicto.

El acto legislativo 1 de 2016 estableció que las normas de implementación del acuerdo final tendrían un control automático de constitucionalidad cuyo término i) se reduciría a la tercera parte del procedimiento ordinario y no podría ser prorrogado, en relación con leyes y actos legislativos y; ii) sería de dos meses a partir de su expedición, en relación con los decretos con fuerza de ley.

Para ser realidad dichos planteamientos se realizaron dos cambios normativos. Primero se expidió el decreto ley 121 del 26/01/17 que fijó un procedimiento especial para la revisión automática de las normas (decretos leyes, leyes y actos legislativos) expedidas con ocasión de la implementación normativa del acuerdo, proyectando un fast-track constitucional que exigía a la Corte una labor juiciosa pero célere. Dicho decreto ley fue declarado exequible por la Corte Constitucional el 22/03/17 mediante sentencia C-174 avalando la reducción de términos mencionada.

Posteriormente, se expidió el decreto ley 889 del 27/05/17 facultando a la Corte para suspender los términos de los procesos ordinarios de constitucionalidad que conociera en Sala Plena con el propósito de priorizar y agilizar el control automático de las normas de implementación. Dicha norma fue declarada exequible según comunicado 41 del 03/08/17, cuya sentencia (C-492 de 2017) aún no ha sido (después de 6 meses).

Los cambios en el procedimiento y los términos del control constitucional mencionados, tenían como propósito facilitar y agilizar la compleja labor asignada a la Corte de pues era requisito indispensable para la estabilidad de lo acordado decidir sobre la permanencia en el ordenamiento jurídico de las normas aprobadas, especialmente aquellas de rango constitucional, como la creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, así como sus mecanismos, y aquellas que se consideraron indispensables para el cierre del conflicto armado, como la ley de amnistía, indulto y tratamientos especiales.

Así las cosas, se esperaba que la Corte Constitucional resolviera sobre la exequibilidad de las normas a partir de una lógica basada en la celeridad y la organización, pero esto no ha sido posible.

En primer lugar, porque si bien algunos decretos leyes fueron revisados con prontitud, en general los procedimientos han desbordado de manera clara la lógica de agilidad que perseguían las modificaciones al control constitucional. Ejemplo de ello, entre otras, es la ley de amnistía, que está por cumplir 13 meses en conocimiento de la Corte; el decreto ley de amnistía, que en dos semanas cumplirá 12 meses en revisión; los decretos leyes que organizan la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, próximas a cumplir 10 meses en control; el acto legislativo 3 sobre participación política, que conoce hace 8 meses.

En segundo lugar, porque las decisiones adoptadas no han seguido el orden cronológico de expedición, la relevancia o urgencia de los temas, ni el rango normativo de las mismas, lo cual se profundiza con la ausencia de publicidad de sentencias determinantes para el análisis ciudadano y para la adopción de decisiones por parte de las autoridades públicas, a pesar de los anuncios incorporados en comunicados o ruedas de prensa. Ejemplo de ello, son las sentencias (sobre el AL 02 de 2017 y con fallo anunciado mediante comunicado de prensa del 11 de octubre) y (sobre el AL 01 de 2017 y con fallo anunciado mediante comunicado de prensa del 14 de noviembre). Esto se suma a aquellas decisiones mencionadas en una , donde se encuentra que fallos anunciados incluso desde el mes de mayo no han sido publicados (de las 8 sentencias mencionadas en aquel momento 3 ya fueron publicadas).

Esta situación es evidente también en el proceso de revisión que adelanta actualmente la Corte sobre el proyecto de ley estatutaria de la JEP, en el cual se concederán próximamente 10 días para intervenciones de expertos y de la ciudadanía, sin que se conozca el texto de las sentencias C-630 y C-674, ni la decisión sobre la ley de amnistía, asuntos de relevancia sobre dicho proyecto.

Sería importante que la Corte Constitucional hiciera un ejercicio de evaluación sobre el propósito de las reformas al control constitucional para determinar si efectivamente se facilitó su dedicación en la revisión de las normas de implementación del Acuerdo Final y respondió adecuadamente a un escenario complejo de inestabilidad, inseguridad e incertidumbre.  

Sin duda se trata de un asunto complejo y la Corte ha respaldado el esfuerzo de terminación del conflicto que incorpora el Acuerdo Final, pero vale la pena cuestionar su lógica y hacer un llamado a la autocrítica.

Peroración: La Corte Constitucional anunció ante una solicitud de CODHES que publicaría la sentencia sobre el acto legislativo 01 de 2017 (C-674/17) en 30 días hábiles contados a partir de la publicación de la fe de erratas al comunicado 55 (17 de noviembre de 2017), plazo que ya terminó. Es importante conocer el texto de la sentencia y pasar la página de los comunicados. Pueden ver la comunicación .