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Las dificultades de controlar las protestas violentas

Todo gobierno tiene que garantizar el derecho a la protesta social; pero también, tiene la obligación de garantizar la seguridad y bienestar de todos de los ciudadanos.

Hugo Acero
Hugo Acero
Experto en seguridad y convivencia
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25 de Noviembre de 2018

Todo gobierno, independiente de si es de izquierda, centro o derecha, tiene la obligación de garantizar los derechos de los ciudadanos y hacer cumplir sus deberes. En el caso de la protesta social, tiene que garantizar ese derecho, pero también tiene la obligación de garantizar la seguridad y bienestar de todos de los ciudadanos.

Desafortunadamente, mientras la gran mayoría de quienes protestan lo hacen de manera pacífica, unos pocos encapuchados, ejerciendo violencia, para armar el caos, mientras las autoridades, en algunos casos, se ven limitadas y en otros desbordadas por estas acciones, como ha sucedido en las últimas marchas y protestas, particularmente en Bogotá, donde ha prevalecido el interés de unos pocos de bloquear la ciudad, afectar a todos los ciudadanos y de realizar actos violentos y en algunos casos de terrorismo.    

Es innegable que con la expedición del nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia se avanzó, no tanto como se quisiera, en materia de normas que si se aplican contribuyen a mejorar la convivencia pacífica de los ciudadanos. Sin embargo, en lo que hace a la garantía del derecho a la protesta pacífica, la seguridad y el bienestar que se le debe prestar a los manifestantes y a los ciudadanos en general, el Código presenta algunos problemas.

 

Derecho a la protesta pacífica con seguridad

Para comenzar el Código, en su artículo 53 garantiza el derecho de reunión y manifestación pública y pacífica en el espacio público

“Toda persona puede reunirse y manifestarse en sitio público con el fin de exponer ideas e intereses colectivos de carácter cultural, político, económico, religioso, social o de cualquier otro fin legítimo.

Con tales fines debe darse aviso por escrito presentado ante la primera autoridad administrativa del lugar o mediante correo electrónico. Tal comunicación o correo debe ser suscrito por lo menos por tres personas.

Tal aviso deberá expresar día, hora y sitio de la proyectada reunión y se presentará con 48 horas de anticipación indicando el recorrido prospectado.

Toda reunión y manifestación que cause alteraciones a la convivencia podrá ser disuelta”.

 

Hay que anotar que una vez que se ha solicitado el permiso, la autoridad competente tiene 24 horas para ratificar o modificar el recorrido, cuando se considere que se puede presentar una situación de alteración de orden público, de lo contrario se dará por entendido que es aprobado lo expuesto por los solicitantes.

Teniendo en cuenta este último punto, pareciera que en las últimas marchas desarrolladas en distintas ciudades, especialmente en Bogotá, no se determinaron los recorridos y si lo hicieron, los organizadores de las marchas no los acataron, porque lo que se vio fue un interés por bloquear las ciudades y afectar a toda la ciudadanía.

En este sentido, es importante, en el marco de la garantía del derecho a la legítima protesta, que las administraciones municipales autoricen las marchas con recorrido y concentración determinada y junto con las demás autoridades de policía y los organismos de control (Procuraduría, Defensoría y/o la Personería), hagan respetar el recorrido para que no terminen afectando a la gran mayoría de los ciudadanos que no participan de las marchas y manifestaciones. En este y en todos los casos debe prevalecer el interés general sobre los intereses particulares.

Cabe anotar que los alcaldes pueden tomar esta decisión con base en la normatividad existente o complementarla con los mecanismos que definió "Protocolo para la coordinación de las acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica como un ejercicio legítimo de los derechos de reunión, manifestación pública y pacífica, libertad de asociación, libre de circulación, a la libre expresión, libertad de conciencia, a la oposición y a la participación, inclusive de quienes no participan en la protesta pacífica" que se adoptó con la Resolución 1190 del 3 de agosto de 2018, expedida por el Ministerio del interior.

Los alcaldes y los gobernadores, si lo consideran, pueden acoger este protocolo o desarrollar estas acciones bajo la normatividad existente para la garantía de la protesta pacífica, a través de las instancias ya creadas, encargadas de asuntos de seguridad y convivencia ciudadana o de prevención de violaciones a los Derechos Humanos.

 

Problemas del Código

Si hay algo que le da razón a los críticos del nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia, que dicen que se hizo pensando en Bogotá y no el las regiones, es la figura que aparece de “gestores de convivencia de naturaleza civil”, que solo existen en la Capital y son particulares que son enganchados a través de contratos de prestación de servicios desde el año 2012, es decir no son funcionarios públicos de planta.

Hay que anotar que el Código solo los menciona, pero no determina de manera clara quiénes serán los funcionarios y qué funciones desempeñarán en todos los municipios de Colombia.

A estos “gestores de convivencia” el Código solo les asigna un papel importante y delicado, que no debería ser ejecutado por contratistas, sino por funcionarios públicos con responsabilidades de Estado “Cuando se presenten amenazas graves e inminentes a otros derechos…. para garantizar el goce efectivo de los derechos de la ciudadanía durante el desarrollo de la movilización. Cuando se haya agotado la intervención de los gestores de convivencia y persistan graves amenazas para los derechos a la vida y la integridad, la Policía Nacional podrá intervenir”.

Esta situación, la resuelve de manera parcial el Protocolo anteriormente mencionado, en la página número 13 “En las gobernaciones o alcaldías que no cuenten con gestores de convivencia, los secretarios de gobierno podrán conformar equipos de la entidad, para que acompañen las protestas pacíficas y movilizaciones, con el objeto de generar espacios de conciliación y distención, en todo caso, los funcionarios deberán previamente recibir capacitación sobre el papel de los gestores de convivencia”.

Hay que anotar que el Protocolo solo es una “Guía Metodológica que no modifica norma alguna de rango superior, ni constituye una regulación, sino que compila las normas vigentes y jurisprudencia pertinente, respetando el marco de competencias y autonomía de las distintas entidades” (Art 2 Resolución 1190 de 2018).

Por otro lado, el Código no es tan claro en lo que hace a la actuación de la Policía, en la medida en que limita las acciones de inteligencia y seguimiento con personal encubierto a aquellas personas que ejercen actos de violencia y terrorismo en las marchas y que ocultan su identidad con “capuchas”  “La actuación de la Policía Nacional deberá ser desarrollada en todo momento mediante personal y equipos identificados de tal manera que dicha identificación resulte visible sin dificultades”(Artículo 56. Actuación de la Fuerza Pública en las movilizaciones terrestres).

Esta situación, también la termina aclarando el Protocolo en la pagina 17, cuando reconoce que “Las actividades de recolección de información y de inteligencia desarrolladas en el marco de las movilizaciones sociales deberán realizarse en los términos de Ley Estatutaria 1621 de 2013 y sus decretos reglamentarios (Marco Jurídico que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión constitucional y legal).

Hay que anotar que el Código si es muy claro en cuanto que “Las Fuerzas Militares no podrán intervenir en el desarrollo de operativos de control, contención o garantía de la realización de las movilizaciones sociales terrestres, salvo los casos en los que excepcionalmente los autoriza la Constitución y la ley”. Contrario a esto, llama la atención como hoy las Fuerzas Militares han conformado ya varias unidades antimotines en el país.  

Hay que anotar que la Sentencia C-223/17 - Corte Constitucional, declaró inexequibles todos los artículos que componen el Título VI del Libro Segundo de la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia”, por violación de la reserva de Ley Estatutaria establecida en el literal a) el artículo 152 de la Constitución Política.

Los efectos de la declaración de inexiquibilidad, los difirió en un término no mayor al agotamiento de las siguientes dos legislaturas, es decir, hasta antes del 20 de junio de 2019.

 

Derechos, deberes y responsabilidades

El Estado debe garantizar el derecho a la protesta legítima que adelantan los estudiantes y diversos estamentos universitarios, quienes propugnan por mayor presupuesto y calidad para la educación superior. Pero, así como el Estado tiene la obligación de garantizar ese y otros derechos, los organizadores y manifestantes tienen el deber de ejercerlo de manera pacífica procurando no afectar los derechos que le asisten a la mayoría de los ciudadanos que no hacen parte de la protesta.

Este conflicto, que ya cumple más de un mes, hasta ahora deja varias enseñanzas que deben ser tenidas en cuenta para solucionar los problemas que se avecinan y que seguro van a provocar muchas protestas, algunas de ellas violentas.

La primera, para solucionar el problema, desde el comienzo, se debió involucrar a todos los actores y aquí el Gobierno Nacional se apresuró en dar respuesta solo a los rectores y dejó por fuera a los estudiantes, profesores y trabajadores de las universidades, quienes son los que protestan y marchan. Si se hubiera involucrado a todos a los actores, seguramente hoy se reconocería los esfuerzos que ha hecho el Gobierno y los límites que existen en materia presupuestal, para satisfacer todas las demandas. Hoy los estudiantes, profesores y trabajadores buscan que a ellos también se les de recursos, adicionales a los que se les dio a los rectores.

La segunda, reconocer que legal y constitucionalmente los únicos responsables a nivel municipal y departamental del orden público son los alcaldes y gobernadores, aunque esa responsabilidad la comparte con otras instituciones estatales.

En este campo, el Protocolo recomienda establecer una Mesa de Seguimiento al Ejercicio de la Protesta Pacífica, con la participación de las autoridades de seguridad y de quienes convocan la marcha, organizaciones de derechos humanos, los organismos de control y de representantes de las poblaciones afectadas.

Aunque es pertinente la Mesa para hacer seguimiento al normal desarrollo de las marchas, esta no debe ser la instancia para discutir y definir los recorridos y las medidas de seguridad, en la medida en que el único responsable del orden público es el alcalde o el gobernador y este funcionario debe ser consiente que al final de cada marcha, tendrá que responder ante todos ciudadanos y los organismos de control y de justicia, por todos los hechos que afectaron la seguridad y bienestar de los ciudadanos en general y de quienes protestaron.

El alcalde y el gobernador, junto con las autoridades de seguridad y justicia deben definir los recorridos y la seguridad, para garantizar el derecho que tienen los manifestantes y la seguridad y derechos de todos los demás ciudadanos, que son la mayoría.

La tercera enseñanza, existen algunos sectores radicales que desde algún tiempo utilizan las marchas y protestas para realizar actos vandálicos, de violencia, incluso de terrorismo para bloquear las ciudades y las vías que comunican el país. Les interesa más provocar el caos que las reivindicaciones sociales de quienes protestan y marchan de manera pacífica.

Frente a esta situación, las autoridades deben tener mucho cuidado para no criminalizar la protesta social y en el marco del Estado de Derecho, respetando los DD HH, identificar, detener y poner a disposición de la justicia a quienes realizan actos de violencia y terrorismo, en medio de las protestas y marchas.

Finalmente, con base en las experiencias que se han tenido en los últimos meses en torno a las protestas sociales, corresponde al Gobierno y al Congreso de la República, ajustar los artículos que fueron declarados inexequibles y que están contenidos en el Título VI del Libro Segundo de la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia”. Se tiene hasta mediados del 2019 para realizar esta tarea.

 

 
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