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Justicia penal juvenil: prevención, control y penalización

Ante el aumento de hechos de violencia y delincuencia que involucran menores de edad, aparecen propuestas de cambios profundos en la atención a estos, que, casi siempre, se enfocan en el final de los problemas y no en el origen de los mismos. ​

Hugo Acero
Hugo Acero
Experto en seguridad y convivencia
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30 de Octubre de 2018

Cada vez que se incrementan los hechos violencia y delincuencia que involucran adolescentes o suceden problemas en los Centros de Atención Especializada donde están privados de la libertad, aparecen quienes proponen medidas y cambios profundos en la atención de los jóvenes que ha infringido la ley penal y, casi siempre, esas propuestas se enfocan en el final de los problemas y no en el origen de los mismos.

Para comenzar, es importante saber cuales son las dimensiones del problema que se está tratando, para luego proponer posibles salidas al mismo, en el marco de una intervención integral que vaya de la prevención de la violencia juvenil a la sanción que impone ordenamiento jurídico.

 

Contexto

Desde la ejecución del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes -SRPA- en 2007, con la expedición del Código de la Infancia y la Adolescencia (2006), hasta el primer semestre de 2018 se han tramitado 251.457 audiencias, siendo el año 2013 donde se registraron más casos (30.843). De ahí en adelante, este número ha disminuido, llegando a 19.052 casos en 2017, como se puede en la siguiente gráfica:    

 

Hay que resaltar que, de acuerdo con estas cifras, no estaríamos en un incremento de la violencia y la delincuencia juvenil en los últimos años, como algunos aseguran, sino frente al decrecimiento, como se puede ver en la anterior gráfica.

Del total de los casos atendidos en el SRPA (251.457), el 88 por ciento corresponde a adolescentes hombres y el 12 por ciento mujeres. La mayoría tenia 17 años cuando fueron detenidos, lo que pone de manifiesto uno de los problemas mas graves que tiene en la actualidad este Sistema en los Centros de Atención Especializada, donde los jóvenes que llegan los 18 años tienen que permanecer allí hasta que cumplen la pena, una mezcla inconveniente entre menores y adultos.    

Con relación a los delitos cometidos, el 36.3 por ciento corresponde a hurtos, el 26,8 por ciento a tráfico, fabricación y porte de estupefaciente y le siguen lesiones personales (8.5%), fabricación, trafico y porte de armas de fuego y municiones (5,9%), violencia intrafamiliar (4,0%), daño en bien ajeno (2,6%) y homicidio (2,2%), como se puede ver en el siguiente cuadro:

Hay que anotar que cerca del 10% de los adolescentes que pasan por el SRPA terminan con medida privativa de la libertad en los Centros de Atención Especializada, donde sin ningún tipo de clasificación se mezclan jóvenes que han cometido varios delitos y reincido, con menores que cometen su primer delito, lo que pone en riesgo a estos últimos de comenzar una carrera delincuencial a temprana edad.

De acuerdo con un estudio elaborado por el Ministerio de Justicia en 2017, en estos Centros:

  • El 47,55 por ciento de los jóvenes dijo consumir sustancias psicoactivas dentro de los centros.

  • El 62,03 no recibió́ todos los elementos de la dotación personal ¿al llegar/durante su estancia en el centro.

  • El 22,82 por ciento reportó no recibir visitas familiares o contar con una red de apoyo.

  • El 82,63 por ciento está afiliado al Sistema General de Seguridad Social (SGSS).

  • El 83,63 por ciento no cuenta con información disponible respecto al acceso al sistema educativo.

  • El 64,9 por ciento reportó haber estado aislado en cuarto solitario o de reflexión.

 

Por otro lado, la mayoría de los Centros de Atención Especializada:

  • No fueron diseñados para la privación de la libertad de los adolescentes infractores de ley penal y no cuentan con los espacios adecuados para “lograr la formación integral” de los jóvenes;

  • Hay problemas de seguridad interna y externa, lo que ha facilitado la fuga de adolescentes y ha dificultado su control y seguridad, especialmente en las noches. En algunos casos hace presencia la Policía, pero existe la idea, no sustentada en normas, que su responsabilidad en materia de seguridad es perimetral.

  • Son muy variados y desiguales los modelos pedagógicos, disciplinas y niveles profesionales de los operadores que atienden a los adolescentes privados de libertad.

 

Frente a esta situación, los Centros deben fortalecerse con:

  • Instalaciones adecuadas que permitan separar los adolescentes de los adultos que siguen pagando la pena después de los 18 años y de acuerdo con los delitos que han cometido y la reincidencia.    

  • Esquemas de seguridad integrales.

  • Un modelo pedagógico para la resocialización e inserción social de los adolescentes.

  • Manuales de disciplina.

  • Capacitación y profesionalización de los operadores de los Centros.

 

En este campo, para contribuir en la solución de este problema, los alcaldes pueden desarrollar programas alternativos a la privación de la libertad de los adolescentes, como ya lo vienen haciendo Bogotá y Medellín:

  • En Bogotá hay dos programas, el primero los Centros Forjar que atiende a los jóvenes en conflicto con la ley. Un programa abierto donde a los jóvenes que han infringido la ley penal se les brinda formación para el trabajo, acceso a servicios sociales básicos y complementarios, formación artística y deportiva y se les se garantiza el acompañamiento psicosocial y terapéutico junto con sus familias Atiende cerca de 1.000 adolescentes. El segundo, es el Programa de Justicia Juvenil Restaurativa, que atiende cerca de 200 adolescentes y que consta de tres fases. “La primera es que reconozca el daño que causó, la segunda es que repare ese daño, que es pedir perdón a la víctima, y por último la restauración a la comunidad, que se hace generalmente a través de intervenciones artísticas en lugares públicos”,   

  • Medellín, con la atención integral de jóvenes que han cometido delitos bajo los efectos de las drogas y el alcohol. Atiende más de 100 adolescentes.  

Pero este problema hay que tratarlo más allá de la privación de la libertad de los adolescentes que infringen la ley penal, hay que asumir su complejidad en el marco de una política integral de prevención y atención de la violencia juvenil.   


 

Un problema complejo

Enfrentar la violencia y la delincuencia que involucra a los jóvenes como víctimas y como victimarios supone reconocer que estos fenómenos están inscritos en el marco general de la multicausalidad de la violencia y la delincuencia que ha vivido y vive el país.

En tal sentido hay que caracterizar y delimitar los problemas con tres objetivos:

  • Evitar la tentación de criminalizar a todos los jóvenes;

  • No confundir la política de juventud con la política criminal juvenil, que debe tener acciones en los campos preventivo, disuasivo y de control del delito; y

  • Conciliar dos posiciones, que antes que antagónicas son complementarias: la que considera que estos problemas se arreglan con acciones fuertes de las autoridades de seguridad y de justicia en el marco del Estado de Derecho y la que piensa que con solo inversión social se resuelven estos problemas.

 

Para comenzar, es necesario consultar todos los estudios y diagnósticos que existen en torno a esta problemática y darse cuenta que desde el punto de vista analítico se tienen separados los problemas y las posibles soluciones.

En el caso de las causas, varios trabajos han coincidido en señalar algunas que hacen que niños, niñas y jóvenes terminen involucrados en problemas de violencia y delincuencia:

  • Haber sido víctimas de violencia intrafamiliar y de género

  • Pertenecer a familias donde se consume mucho licor y/o drogas

  • Deserción escolar

  • Falta de liderazgo, autoridad y afecto dentro de las familias

  • Niños, niñas y jóvenes al cuidado de los abuelos por migración o ausencia de los padres

  • Madresolterismo

  • Padresolterismo

  • Falta de oportunidades de ingreso económico legal, y

  • Violencia de las autoridades y comunidades en contra de los jóvenes, a quienes ven como “el problema”

 

Hay que prevenir

Para comenzar a tratar estos problemas desde el área preventiva, el Estado (nacional, departamental y municipal) tiene que contar con programas, proyectos y recursos que intervengan sobre las causas identificadas. A manera de ejemplo:

  • Hay que contar con recursos para aumentar y fortalecer las comisarías de familia en los municipios, y los distintos programas que adelanta el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para enfrentar la violencia intrafamiliar y de género.

  • El Ministerio y las secretarías de Educación deben trabajar no sólo para alcanzar el 100 por ciento de cobertura, sino para mejorar la calidad, la calidez y el afecto en las escuelas y colegios con el fin de evitar la deserción;

  • Hay que capacitar a los funcionarios que trabajan con los jóvenes y a las comunidades para que comprendan sus culturas, sus comportamientos y para que no los criminalicen tratándolos como un todo;

  • Hay que trabajar con las familias y las comunidades para que asuman responsablemente el papel que les corresponde en el proceso de socialización y formación de los niños y niñas.

 

Estas acciones, que deben estar dirigidas hacia la población en general, deben focalizarse en las poblaciones más vulnerables.

 

Con quienes ya están involucrados

En el caso de jóvenes que ya están involucrados en asuntos de violencia y delincuencia, el Estado debe asumir dos posiciones: una, orientada a facilitar el abandono de estas actividades, mediante la oferta de oportunidades de desarrollo e inserción social; y dos, una acción legítima de seguridad y justicia frente a quienes persistan en cometer acciones delincuenciales.

En el primer caso se necesita diseñar y ejecutar programas y proyectos orientados a atraer a jóvenes involucrados en asuntos de violencia y delincuencia, para lo cual sería preciso  contar con una serie de ofertas educativas, de formación para el trabajo, de generación de ingresos económicos, culturales, recreativas y deportivas, todas ellas flexibles, dinámicas y que estimulen procesos de reconciliación, donde sean comprensibles y aplicables los conceptos de tolerancia, respeto a la diferencia, a los derechos de los demás y a la vida, que estimulen la solidaridad y la participación comunitaria, así como el hecho de entender que prevalecen los intereses colectivos sobre los individuales.

De manera dispersa, en algunas ciudades colombianas existen experiencias valiosas en estos campos y en otros que tienen que ver con pactos de convivencia y de paz y con programas de prevención y atención al consumo de psicoactivos.

El Estado nacional podría sistematizarlas y ayudar a financiarlas y ejecutarlas en aquellos municipios donde se concentran los problemas de violencia y delincuencia juvenil, con el liderazgo y participación de alcaldes y gobernadores.

En el segundo caso, es necesario evaluar y fortalecer el Sistema de Responsabilidad Penal para los Adolescentes –SRPA- en cabeza del Ministerio de Justicia, dada su importancia en el diseño e implementación de un modelo de justicia restaurativa y en el liderazgo que tiene dentro del Consejo Nacional de Política Criminal, desde donde se puede discutir el deber ser de ese Sistema y si el ICBF es la institución adecuada para seguir aplicando las medidas que se toman frente a los adolescentes que infringen la ley penal.

 
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