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Frente a la dosis mínima, dosis máxima de prevención y atención

La acción de las autoridades debería centrarse en atacar a los distribuidores de drogas, que son unos pocos y no en los miles de consumidores. 

Hugo Acero
Hugo Acero
Experto en seguridad y convivencia
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24 de Septiembre de 2018

Bienvenida la polémica que se ha desatado en torno a la aprobación del procedimiento policial de incautación y destrucción de dosis mínimas que porten los ciudadanos en espacios públicos.

La medida, no puede quedarse en los extremos de perseguir a los consumidores e incautar las dosis mínimas que portan o dejar que libremente lleven cantidades indeterminadas de “aprovisionamiento", situación que ha sido utilizada por los distribuidores (jíbaros) para hacerse pasar como consumidores cuando son detenidos. 

La acción de las autoridades debería centrarse en atacar a los distribuidores de drogas, que son unos pocos y no en los miles de consumidores.

En este sentido, el Gobierno Nacional debería apoyar el proyecto de ley de la Fiscalía que busca determinar la cantidad de dosis mínimas que un consumidor puede portar (aprovisionamiento) y quien sea sorprendido con más cantidad puede ser tratado como un distribuidor con las sanciones que determine esa ley.

Por otro lado, la Policía y la Fiscalía deben realizar acciones coordinadas de inteligencia e investigación criminal, para dar con los “jíbaros” y de ahí en adelante con quiénes los abastecen, cómo ingresan las toneladas de drogas a las ciudades, qué rutas utilizan, de dónde viene y dónde se produce. Además, identificar los sitios de almacenamiento al menudeo y al por mayor, saber cuánta droga se queda para el consumo interno y cuánta se exporta y por dónde sale, quiénes son los responsables de cada eslabón de la cadena del narcotráfico y cómo están “blanqueando” las millonarias ganancias.

En este último punto debe jugar un papel importante la Unidad de Información Análisis Financiero UIAF del Ministerio de Hacienda.     

Como cualquier producto de alto consumo, la droga no llega kilo a kilo a las ciudades, son grandes cantidades transportadas y almacenadas, de las cuales una parte se deja para el consumo y otra para exportar. En este sentido, algunas ciudades están siendo utilizadas como centros de acopio, consumo y paso de drogas.

Pero este problema no se puede quedar en el control y la represión, es necesario reconocer que con relación al creciente consumo, se está ante un problema de salud pública y que debe ser atendido como tal.

En este sentido, el país avanzó en la expedición de la Ley 1566 de 2012 que garantiza la atención integral de las personas que consumen sustancias sicoactivas. De acuerdo con el Artículo 20, “Toda persona que sufra trastornos mentales o cualquier otra patología derivada del consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas lícitas o ilícitas, tendrá derecho a ser atendida en forma integral por las entidades que conforman el Sistema General de Seguridad Social en Salud y las instituciones públicas o privadas especializadas en el tratamiento de dichos trastornos”.

A pesar de este buen logro, hasta el momento la Ley no ha sido reglamentada por parte del Ministerio de Salud, para que las EPS atiendan de manera integral a los ciudadanos que tienen problemas con las drogas. Con la reglamentación de esta Ley, el actual gobierno avanzaría en la línea de la política integral que ha prometido.

En lo que tiene que ver con la prevención, los proyectos y programas no se deben orientar solo hacia niños, niñas y adolescentes, hay que involucrar a los adultos como parte del problema y de la solución, en especial a los padres, para hablar en general de las adicciones que involucran los sicoactivos legales, como el alcohol.

Hay que reconocer que muchos núcleos familiares son el escenario de iniciación de consumo de sicoactivos de niños, niñas y adolescentes.

Allí, aprenden a consumir de manera periódica alcohol, que hace parte de celebraciones, ausencias, alegrías y derrotas. Hay que anotar que del consumo alcohol, al consumo de otras drogas solo hay un paso y es por esto que hay que comenzar por ahí, para lograr cambios hacia consumos responsables.

Para la definición de políticas de prevención, el Estado puede recurrir, inicialmente, a muy buenos profesionales del Ministerio de Salud y de algunas secretarías municipales que durante años han trabajado en torno de las adicciones, así como expertos externos de ONGs y a buena cantidad de experiencias internacionales en esta materia.       

Ahora, si se insiste en el decomiso de dosis mínimas, en el caso de los niños, niñas y adolescentes que las autoridades, en especial la policía, los encuentren consumiendo en el espacio público, los debería trasladar a las comisarías de familia, para que sean los comisarios quienes informen a los padres sobre el consumo de sus hijos y con la ayuda de los profesionales de estas dependencias, se involucren a tiempo en la solución del problema de consumo de los menores.      

En el caso de menores que incurren en un delito bajo los efectos del alcohol, otros sicoactivos o realizan hurtos para conseguir recursos para financiar su consumo, hay que buscar alternativas distintas a la privación de la libertad, como forma hoy privilegiada de sanción y resocialización.

Existen dos experiencias importantes en esta línea. En Bogotá los jóvenes infractores de la ley penal, en compromiso con juez, no son privados de la libertad, asisten regularmente a los Centros Forjar del Distrito, donde se les brinda formación para el trabajo, acceso a servicios sociales básicos y complementarios, formación artística y deportiva.

De igual forma, se garantiza el acompañamiento psicosocial y terapéutico para ellos y sus familias. En Medellín se trata de manera especializada a los menores que han sido procesados por cometer delitos como consecuencia el consumo problemático de sustancias psicoactivas, antes que privarlos de su libertad.

Estas dos experiencias, hasta ahora, tienen mejores  resultados en materia de reducción de consumo y resocialización, contrario a recluirlos en los Centros Especializados del Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes -SRPA-, donde, en algunos casos, también pueden acceder a psicoactivos y no existe ningún tipo de clasificación entre quienes fueron detenidos por primera vez cometiendo hurtos, porte de drogas o lesiones y aquellos que han reincidido o han cometido delitos graves como homicidios, abuso sexual, porte de armas y tienen ya una trayectoria delincuencial, lo que los expone a mayores riesgos, o a comenzar una carrera delincuencial cada vez mas profesional.

Algunas prohibiciones han llevado a consumos más problemáticos y difíciles de controlar. Unos simples ejemplos, prohibimos el consumo de cerveza en el estadio Nemesio Camacho El Campín, para prevenir los hechos de violencia, pero ingresó el bazuco, la marihuana, el alcohol adulterado y otras drogas que han contribuido a que haya mayor violencia.

Con la restricción de horarios de establecimientos nocturnos, que en un comienzo contribuyó a reducir las muertes violentas y lesionados, en particular en el tránsito, apareció la rumba clandestina y con ella se incrementó el comercio y consumo de drogas sintéticas.    

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Comentarios (2)

harriarq

24 de Septiembre

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Creo que no hay polémica, es claro que no se van a penalizar a los consumidor...+ ver más

Creo que no hay polémica, es claro que no se van a penalizar a los consumidores, solo se les decomisa la sustancia que consumen en el espacio público, tal como esta en el código de policía; distinto es el caso para los que posean varias dosis, ahí es donde parte todo lo que acaba de argumentar, cuando la cantidad excede lo reglamentado es donde comienza la verdadera penalización y ahí es donde se puede determinar quien es jíbaro y no consumidor, lo demás viene por añadidura... Por otra parte, jamas se ha dicho que por decomisar las sustancias ilícitas de la calle se deja de perseguir a los traficantes, por el contrario, Duque ha aclarado que tanto la erradicación como la lucha contra los carteles se va a incrementar, osea que no hay controversia.
Lo que debe entenderse es que de ahora en adelante la policía podrá actuar para liberar el espacio público, las calle y los parques de tanto vicioso que se apoderó de ellos, ya se podrá exigir a la fuerza pública para que haga prevalecer el derecho de los niños a utilizar los espacios de recreación, por sobre el "derecho" de los tantos adultos que querían darse en la cabeza en donde les diera la gana.... eso es lógica de derecha.

Líchigo Tocarruncho

26 de Septiembre

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A sus personas no les gustaría una dosis mínima de...sopita? El pueblo tenemos hambre!