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El derecho operacional: elemento clave para entender el Conflicto colombiano (I)

Pocas actividades jurídicamente regladas son tan difíciles de entender como la militar y policial, más en el ámbito operacional; omitir su importancia sería un error garrafal, como el cometido en los cinco tratados de terminación de la Primera Guerra Mundial.

Jean Carlo Mejía
Jean Carlo Mejía
Asesor y consultor en derecho internacional, derechos humanos y derecho humanitario"
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13 de Diciembre de 2018

Hasta hace apenas ocho décadas, poco se hablaba de derecho internacional de los Derechos Humanos; actualmente, se conmemoró, por ejemplo el día 10 de diciembre, un nuevo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, existiendo todo un desarrollo normativo a nivel global para proteger la dignidad humana en cualquier parte del mundo.

Seguimos con una fascinación, a veces enfermiza, por lo construido jurídicamente en ciertas latitudes y para otros contextos; no obstante, en contraposición a esa concepción eurocentrista surgen interesantes procesos de decolonización conceptual en ciertas materias. Lo mismo sucede con el Derecho Internacional Humanitario y los olvidados acuerdos de Trujillo de 1820, entre Morillo y Bolívar, para regularizar las hostilidades. América, desde Canadá hasta la Patagonia ha aportado mucho a la construcción de un nuevo enfoque del derecho y eso resulta trascendental para el proceso de postacuerdo colombiano.

Lo mismo puede decirse respecto a otras áreas de objeto de estudio jurídico, como derecho del consumo (años setenta del siglo XX); el derecho del deporte (años noventa del siglo XX), el derecho médico o el nuevo derecho penal internacional a partir de 1998 con la creación de la pluricitada en Colombia Corte Penal Internacional. Verbigracia: para el pensador Jeremías Bentham (1821), el derecho penal internacional era totalmente diferente conceptualmente al actual en ciertos países del mundo.

Colombia trasplanta conceptos como el de derecho internacional penal (Acuerdo Final), cuando internamente ya se cuenta con marcos conceptuales propios, aunque incipientes. Aquí, surge una conclusión preliminar; alrededor del derecho y sus tópicos de estudio siempre habrá discusiones dependiendo de múltiples factores e incluso intereses, pero mientras exista un cuerpo jurídico que regule una actividad humana éste podrá ser compendiado, conceptualizado y caracterizado, convirtiéndose de paso en objeto de interpretación y debida contextualización. Eso sucede con el derecho operacional.

En julio de 1987, el entonces Teniente Coronel David Graham escribiría un  artículo académico sobre el concepto “Operational Law” (derecho operacional), estableciendo por ejemplo algunas diferencias con otras áreas del derecho con injerencia en la actividad militar. No toda actuación militar o policial implica la realización de operaciones u operativos y eso cualifica el nuevo cuerpo normativo.

Para Graham y  el General canadiense Kenneth Watking (autor del bestseller “luchando en los límites legales: controlando el uso de la fuerza en conflictos armados contemporáneos”) experto actual del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), el derecho operacional es aquel cuerpo jurídico integrado por normas internacionales e internas asociadas con los procesos de planeación y ejecución de operaciones militares en tiempos de paz o de guerra. Incluye áreas jurídicas con injerencia operacional que van mucho más allá de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, pero miradas desde un técnico proceso militar de toma de decisiones.

El anterior concepto se ha venido evolucionando desde otras latitudes, entre ellas resalta la inacabada pero propia perspectiva conceptual colombiana, hoy incluida de forma transitoria (por lo menos 20 años) en la Constitución Política, apoyada en normas como el Decreto 124 de 2014, El Manual de Derecho Operacional del Comando General del 2015 o el Manual sobre el tema 6-27 del Ejercito Nacional; así mismo, en conceptos del Ministerio Público que datan del año 2011 y un trabajo conceptual a nivel académico a partir de 1998, constituyéndose en referente regional.  

Si se quisiera criticar el origen del derecho operacional por provenir del sector militar, podría hacerse lo mismo con el derecho penal internacional sustentado en tribunales militares como Núremberg, el Lejano Oriente o Dachau; al mismo derecho de gentes aplicado por el Imperio Romano, o al derecho civil francés impulsado por Napoleón llevándolo a los territorios conquistados.

Muchas veces se olvida que el actual conflicto armado no internacional no es una guerra civil ni tampoco el posacuerdo proviene de la superación de una dictadura militar o cívico – militar; todas las encuestas y sondeos de confiabilidad colocan en lo rural y urbano a las Fuerzas Armadas como las más queridas por el pueblo colombiano, esa es una verdad que proviene de un  pueblo agradecido que a pesar de la ordalía ha vivido en democracia.

Las normas constitucionales y legales que desarrollan el Acuerdo del Teatro Colón son claras al prever diferencias entre agentes del estado y los otrora ilegales, desde la perspectiva de su comportamiento en medio de las hostilidades y la valoración del mismo, teniendo al derecho en la guerra como norma especial.

Los miembros de la Fuerza Pública en Colombia no fueron a la guerra como hordas salvajes por fuera de las normas, los militares y policías que tristemente lo hicieron, están siendo judicializados como corresponde por el juez natural de esta guerra: la JEP. La Fiscal Bensouda de la CPI, en reciente informe de diciembre de 2018, sitúa el presunto comportamiento ilegal de agentes de estado miembros de las Fuerzas Armadas en algunas unidades militares a nivel local, lo cual tendrá que investigarse a profundidad por el Sistema teniendo en cuenta el derecho operacional, del cual ya hace mención la Corte Constitucional colombiana en Sentencia C- 674 del 2017 y que se espera sea interpretado adecuadamente respecto a sus alcances en la Sentencia C-080 del 2018.

En una próxima oportunidad se precisará dentro del SIVJRNR la importancia de valorar el comportamiento de la Fuerza Pública en la guerra desde un marco normativo debidamente contextualizado en torno a cada una de las fases en las que se descompone una operación u operativo de la Fuerza Pública.

Se comenzará por mostrar las paradojas de un país que ocultó el conflicto armado debajo del ropaje del “orden público” y el gran desconocimiento de los sujetos procesales en materia penal o administrativa acerca del derecho aplicable en lo bélico, pasando por una doctrina construida para otro tipo de escenario estratégico y operacional y las repercusiones de no contarse con una política pública clara en seguridad y defensa, y menos una ley sobre el uso de la fuerza.

La de Colombia no puede ser una guerra que se trate de superar desde la exclusiva mirada de la Constitución de 1991 (un tratado de paz además); creyendo que es otro tipo de violencia (el fracaso de las transiciones territoriales colombianas); o bajo normas indebidamente importadas (principios de transiciones de guerras civiles a una democracia) sino también bajo la comprensión de la Constitución de 1886, vigente durante 27 años de contienda.

Pocas actividades jurídicamente regladas tan difíciles de entender como la militar y policial, más en el ámbito operacional; omitir su importancia podría ser un error garrafal, como el cometido en los cinco tratados de terminación de la Primera Guerra Mundial hace cien años.

 

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