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Conservadurismo financiero y construcción de paz

Es importante identificar apropiadamente las posibles fuentes de financiamiento sin sacrificar la construcción de paz en el altar del conservadurismo financiero. La paz territorial no es posible sin tributación territorial porque uno de los pilares fundamentales de la estatalidad es la tributación. El recurso realmente escaso no sería la plata sino la falta de voluntad política para escudriñar las alternativas. Nuestra historia muestra que querer hacer la guerra o la paz baratas nos ha salido siempre más caro.  

Mauricio Uribe López
Mauricio Uribe López
Profesor
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18 de Noviembre de 2015

Quizá algo aún más preocupante que la opacidad del debate sobre los costos de un eventual acuerdo con las Farc, es la rigidez que parece imponerse a la hora de pensar en las fuentes de financiación para la construcción de paz. Sin embargo, antes de cuestionar esa rigidez, vale la pena hacer dos precisiones.

En primer lugar, los compromisos en términos de política pública con la construcción de paz van mucho más allá de las concesiones específicas que pudieran llegar a hacerse a las Farc. Esto es así no sólo porque la construcción de paz es un conjunto mucho mayor en términos de actores y de procesos que se extiende en el tiempo -antes y después- más allá del proceso de paz, sino porque es necesario garantizar que varias de las cosas planteadas en los acuerdos beneficien a las comunidades en términos de inclusión social y garantías de participación en un contexto de pluralismo político. En segundo lugar, una vez firmados los acuerdos es indispensable cumplirlos. Incumplir puede no significar la reanudación de la guerra pero si atizar la violencia social en el país.

Por esas dos razones es importante identificar apropiadamente las posibles fuentes de financiamiento sin sacrificar la construcción de paz en el altar del conservadurismo financiero. Es necesario abrir seriamente el debate acerca de un manejo pragmático de las reservas internacionales. La devaluación ha aumentado significativamente su valor en pesos. Usar, con cautela pero sin conservadurismo parte de esos recursos no pone en riesgo su función “defensiva” y en cambio permite cierto margen para financiar el post-acuerdo.

Esos recursos no desbocarían el caballo de la inflación si se considera que no se monetizarían en forma inmediata sino gradualmente por al menos diez años. El país debe diseñar con cuidado el esquema institucional apropiado para su administración de modo que se responda oportunamente tanto a las necesidades de la implementación de los acuerdos y de la construcción de paz como a las demandas de rendición de cuentas. Las Regiones de Planeación y Gestión (artículo 19 de la ley 1454 de 2011) pueden ser uno de los pivotes de ese esquema institucional.

Salomón Kalmanovitz ha dicho que esto conduciría al relajamiento fiscal. Ese riego existe. Por eso también es necesario hacer cambios profundos a la estructura tributaria. Cambios sobre los que el desacuerdo surge más de la defensa de los intereses creados que de razones imparciales. La Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria señaló que la carga tributaria en el país sigue siendo baja: 20,1% del PIB incluyendo Gobierno Central y entidades territoriales. El promedio de América Latina es 21,3% y de los países de la OCDE es 34,1%. El potencial de carga tributaria de acuerdo con el nivel de desarrollo del país es, según la comisión, cercano al  24%.

La diferencia entre la carga fiscal efectiva y la potencial tiene que ver con varios factores: los problemas asociados a la elusión y evasión facilitadas por la corrupción y los altos niveles de informalidad que impiden rastrear innumerables transacciones; la multiplicidad de exenciones tributarias y la debilidad fiscal de las entidades territoriales.

Hay una plétora de exenciones que no sólo reducen el recaudo sino que también erosionan la equidad horizontal. Se destacan las exenciones sobre el impuesto de renta (hasta por diez años) a los cultivos de tardío rendimiento (Ley 939 de 2004), a las zonas francas, a las entidades sin ánimo de lucro y a los dividendos personales. Finalmente, todavía es muy poco lo que se hace por resolver el problema de la baja recaudación por concepto de impuesto predial en las áreas rurales. Al rezago en la actualización catastral se suma la Ley 44 de 1990 que autoriza a los concejos municipales a fijar la tarifa del predial, con  lo cual la decisión queda en manos de los primeros afectados por ella. La paz territorial no es posible sin tributación territorial porque uno de los pilares fundamentales de la estatalidad es la tributación. En resumen, el recurso realmente escaso no sería la plata sino la falta de voluntad política para escudriñar las alternativas. Nuestra historia muestra que querer hacer la guerra o la paz baratas nos ha salido siempre más caro.  

Foto portada: Andrés Bermúdez