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Ciudadanos del conflicto

En el país, se formaron en la últimas 6 décadas ciudadanos ávidos del conflicto en amplio sentido. Por eso, en las calles, en las casas, en las escuelas o en los barrios las riñas, las agresiones e incluso el asesinato es un asunto cotidianizado.

Jose Darwin Lenis Mejía
Jose Darwin Lenis Mejía
Exsubsecretario de Educación de Cali. Profesor Universitario.
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07 de Octubre de 2018

 

Los efectos del calentamiento global, la escasez monetaria, la liberación espiritual, el desempleo, el conflicto armado o la decreciente valoración de la educación posicionan prácticas y modos de actuar de ciudadanos más dispuestos  al conflicto que al dialogo.  

El vocablo conflicto que por cierto, es un significante. Es decir, tiene múltiples significados, se asocia principalmente a la divergencia en intereses o desacuerdos en el control de espacios de poder a los que luego se les puede sacar provecho. El concepto “conflicto” es ante todo una construcción social que se relaciona con peleas, riñas, discusiones o desavenencias interpersonales e interinstitucionales y aunque es diferente en su naturaleza a la violencia, puede contenerla.

La conflictividad se ha habituado como un asunto normal, hoy es común hablar de conflicto escolar, familiar, social, ambiental, militar o diplomático entre otros.

La psicología social explica que los conflictos permiten el crecimiento personal e incluso son beneficiosos para el fortalecimiento de las experiencias de vida, pero para muchos ciudadanos el conflicto se ha cotidianizado tanto que insultar, agredir o golpear a otro por el más mínimo incidente es sinónimo de “verraquera”.

En esta apropiación, las redes sociales y algunos medios de comunicación tienen algún grado de culpabilidad porque con vídeos, imágenes, frases o con sus posturas afectan la tranquilidad y el bienestar de la población. Investigaciones recientes indican que la exposición diaria a noticias tóxicas o “negativas” emocionalmente influyen en los comportamientos ciudadanos. En este sentido, en un país como el nuestra atrapada por los efectos del conflicto armado, la crisis ética, la inseguridad o la débil acción institucional requiere una intervención urgente, fuerte e integral para devolverle al ciudadano el respeto por el orden público.

Según el Centro Regional de Atención a Víctimas, una ciudad como Cali cuenta con un poco más de 205 mil víctimas del conflicto armado y en 2017 las cifras del Instituto de Medicina Legal registraron 10.870 homicidios y 113.470 personas lesionadas por intolerancia, riñas o disputas entre vecinos por dominio de espacios públicos, peleas familiares o acciones tipificadas en el código de policía como excesos en ruidos o los típicos escándalos callejeros que transgreden la sana convivencia.

Intervenir en programas de cultura ciudadana, pedagogía de la convivencia, más una oportuna captura y judicialización de delincuentes ayuda a controlar mafias criminales dedicadas a generar caos y solidificar actuaciones  violentas en la que cada ciudadano desea aplicar equivocadamente la justicia por su propia mano. 

Hacer patrullaje selectivo, disponer inteligencia militar, convocar a las fuerzas políticas y empresariales son acciones básicas para disminuir los altos índices de peleas, hurtos y homicidios.

Es preciso sumar a la contundencia policial, estrategias como una gran red del buen trato y de ciudadanos seguros en corredores como estaciones de transporte masivo, supermercados, universidades, barrios, parques o espacios públicos. Porque una sociedad sumida y encerrada en sus viviendas o en los territorios por culpa de unos pocos violentos sufre la desaceleración de la economía, ahuyenta el turismo e imposibilita su desarrollo futuro.

Los desafíos, ahora que somos un país en transición o en camino de dejar la guerra y pasar a la paz es erradicar la conflictividad y las distintas violencias cotidianizadas de las que todos somos corresponsables o sin quererlo indirectamente las asumimos.

Consolidar una ciudadanía más tolerante, civilista e incluyente que se disponga a la paz y el buen vivir es un derecho inquebrantable de los ciudadanos y un pilar fundamental en un Estado de derecho. 

En esta mirada, la JEP, las reformas políticas, los lineamientos de política social o la equidad en la distribución del PIB solo posibilitan un análisis teórico de orden político. En Colombia urge la necesidad de hacer un debate público sobre los niveles de pobreza, inclusión, conveniencia de las reformas constitucionales, calidad educativa o sobre los derechos básicos y calidad de vida de la población como parte de los acuerdos fundamentales para modernizar el país.

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