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Oye, te hablo desde la prisión

La ley de sometimiento de organizaciones criminales obliga a los operadores de telefonía a informar las comunicaciones que vienen de las cárceles. Con esto el Estado parece renunciar a controlar las cárceles y conformarse con cerrar los ojos.

Carolina Botero
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Fundación Karisma
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01 de Septiembre de 2018

Esta columna fue realizada con el apoyo de Juan Diego Castañeda, investigador de Fundación Karisma.

Una de las últimas leyes que promovió el Gobierno Santos fue la número 1908 de este año o ley de sometimiento de organizaciones criminales. La ley obliga a los operadores de telefonía móvil a informar a quien recibe la llamada que ésta se produce desde un centro de reclusión. La medida busca actuar contra organizaciones criminales. Pero, de paso, se aplica a cualquiera y, por tanto, responsabiliza a quien no debe. Al final, podría no resolver ningún problema.


Te hablo desde la prisión, literalmente

“La siguiente llamada proviene de la cárcel La Picota de Bogotá” o un mensaje semejante podrían escuchar o leer las personas que reciban una llamada de un celular que esté dentro de una cárcel y, con seguridad, también si tan sólo está cerca de ella.

Desde hace varios años, el Gobierno ha tratado de responder a la extorsión por parte de personas privadas de la libertad a punta de tecnología. Y si es tecnología no puede fallar, ¿verdad?


Lo que se hace desde 2011 --que no ha funcionado--

La idea del Gobierno en el Decreto 4768 de 2011 fue básicamente permitir al INPEC la instalación de bloqueadores de señal dentro de las cárceles al tiempo que ordenó a los operadores móviles reducir su señal en la zona para que ningún celular dentro de una cárcel funcione bien y no se puedan completar llamadas. En síntesis, bloqueadores dentro de la cárcel y reducción de la señal de las torres que cubren el área.

La medida, por supuesto, no funcionó y las extorsiones desde las cárceles continuaron, pero sí sirvió para dañar las comunicaciones de muros para afuera. En 2011, El Tiempo reportó que el funcionamiento de las comunicaciones en barrios vecinos a La Picota de Bogotá como Marruecos, Molinos, San Agustín y Palermo estaba afectando a sus habitantes. Así, estas personas se exponían a mayores riesgos por ir a encontrar a sus familiares para hacer el trayecto a casa juntos --porque no podían coordinar el encuentro por celular--; los vecinos estaban perdiendo negocios --que dependían de  comunicarse con sus clientes por celular-- y hasta la Policía, se perjudicaba pues le empezaron a fallar los radios.

Por otra parte, en abril del año pasado, la Corte Constitucional a través de la sentencia T-276 de 2017, constató algunas condiciones de los canales oficiales de comunicación en una cárcel del país. Encontró quejas de los reclusos por el alto costo de las llamadas, la mala contabilización de minutos y la imposibilidad de recibir llamadas de sus familiares. La situación que vivían, dijo la Corte, hace que la telefonía ilegal sea una alternativa más conveniente.

En esa sentencia, la Corte protegió los derechos a la dignidad y a la comunicación de las personas recluidas y ordenó al Ministerio de las TIC y al INPEC buscar una forma de proveer comunicación telefónica para los presos dentro de las cárceles, además de ordenar la reactivación del servicio de correo físico.  

La Corte no hizo más que reiterar lo obvio, pues la propia ley establece que los internos tienen derecho a las comunicaciones. Eso sí, lo que no pueden es tener medios de comunicación privados, como celulares. Los guardias están sujetos a la misma prohibición.

La conclusión es clara, el problema es el ingreso de celulares ilegales a las cárceles, no el hecho de que funcionen en el área de las penitenciarias. Pero, como no han podido controlar los celulares a los presos, el resultado es que las comunicaciones se dificultan fuera de las cárceles --por causa de los bloqueadores de señal--, y en todo caso algunos reclusos siguen extorsionando vía celular.


La gran idea de 2018: ¡más tecnología! --que tampoco funcionará--

A pesar de que el verdadero problema --la corrupción que permite que los reclusos tengan celulares dentro de las prisiones y que, incluso, la medida de 2011 no sirva, pues los bloqueadores no parecen ser muy efectivos--, debería ser claro para cualquiera, en 2018, el Congreso por iniciativa del gobierno respondió de nuevo con tecnología y no con acciones frente al problema de fondo.

Como ya les conté la respuesta quedó plasmada en el artículo 11 de la Ley 1908 de 2018, en el que se especificó que los operadores deberán notificar a sus usuarios cuando la comunicación se origina desde una cárcel. El problema que crearon con esta idea es que, la tecnología celular no funciona como creen el Gobierno y los congresistas que impulsaron la medida.

Como lo demuestra la mala experiencia del bloqueo y reducción de señal, las torres celulares no dirigen su señal a un lugar específico. La tecnología celular funciona como un radio, por eso, no está en manos de las empresas operadoras evitar que la señal traspase los muros de una cárcel, ni tampoco garantizar al mismo tiempo la normalidad del servicio para quienes están afuera de ella. Por la misma razón, estos operadores no pueden distinguir entre una llamada o mensaje que se hace desde dentro de la cárcel de una que se hace justo afuera de ella.

Lo que sí anticipo es que con esta medida las personas que viven cerca de una cárcel van a terminar identificadas frente a sus clientes, familiares y cercanos como si vivieran en ella. Claro, si es que consiguen que la llamada salga.

Pero la cosa no para allí, hay problemas nuevos: ¿qué pasa si una persona inicia la llamada cerca a la cárcel y la termina en otro lugar, alejado de las torres que deben identificar estas llamadas? ¿Qué pasa con los mensajes de datos y llamadas sobre internet?

Esta no es una afectación hipotética de una población de la ciudad, es muy real si pensamos, por ejemplo, que la cárcel Modelo está en la mitad de la ciudad en Puente Aranda --cerca de barrios como Quinta Paredes, zonas industriales y centros comerciales--, o que la cárcel del Buen Pastor que queda cerca de la Avenida 68, está ubicada cerca de barrios como Entre Ríos, San Martín y los Andes, al lado de la Escuela Militar. Por poner tan solo dos ejemplos.

De hecho, las personas afectadas no tienen defensa. El mencionado Decreto 4768 eliminó los requisitos de calidad para las llamadas en estas zonas, descartando de un plumazo los problemas que esto podría traer para las personas y una posible vía de reclamo contra los operadores por razones de calidad. Y puede que el Decreto se justifique pues al final en este caso la mala calidad de las llamadas no es responsabilidad de los operadores sino del Estado. Pero entonces ¿qué hará el Estado por las personas afectadas que no están dentro de la prisión?

Al problema de corrupción e ineficiencia del control de las cárceles, el Gobierno responde con una medida simplista cuya asunción principal es que la tecnología lo puede todo. Es cierto que vivimos rodeados de promesas tecnológicas, pero es necesario reconocer que ellas se estrellan con una realidad compleja en la que no basta apretar un botón para solucionar el problema de la extorsión desde las cárceles.

Pero esto se agrava pues solucionar los problemas de los vecinos y los presos, que en todo caso tienen derecho a comunicarse, no está en las cuentas del Estado. El proyecto de ley de fortalecimiento de seguridad ciudadana que presentó la Fiscalía hace unas semanas al Congreso retoma el problema pero se mantiene en la vía punitiva y propone crear un nuevo delito para castigar a los que esconden celulares en las prisiones o a los que faciliten su ingreso a ellas. En 2018 el Estado ignora tanto el derecho de estas personas de comunicarse como el problema del control de las cárceles, al tiempo que insiste en creer que por convertir una conducta en delito, las personas se abstendrán de ella.

INPEC, MinTIC, reclusos, empresas de telefonía, habitantes y transeúntes en las cercanías de las cárceles. Todos estamos involucrados en este asunto y difícilmente el obligar a ponerle el mensaje a todo lo que salga de torres cercanas a cárceles podrá combatirlo. No parece buena idea renunciar a controlar las cárceles y conformarse con cerrar los ojos, apretar el botón, y esperar a que el problema desaparezca, pero esa decisión fue otra de las tramitadas de afán en una ley de la República.

Comentarios (2)

GMolano

01 de Septiembre

0 Seguidores

A veces se piensa que la tecnología puede ayudar a evadir problemas estructur...+ ver más

A veces se piensa que la tecnología puede ayudar a evadir problemas estructurales (política carcelaria populista y corrupcion del INPEC) cuando lo que hace es maquillarlos, en el caso de esta medida exacerbarlos. Lo que va a terminar pasando es que las comunicaciones realizadas para fines ilícitos van a migrar a métodos aun mas difíciles de contener como el uso de tecnologías VoIP o redes P2P tipo TOR. Cuando el problema es relativamente mas sencillo de solucionar: una política draconiana de cero tolerancia al uso de celulares en las cárceles.

chjarami

01 de Septiembre

1 Seguidores

Hm. No entiendo. Cuál es la propuesta? Que vuelvan a evitar que los reclusos ...+ ver más

Hm. No entiendo. Cuál es la propuesta? Que vuelvan a evitar que los reclusos twngan celulares de contrabando? Entiendo que eso no funciona muy bien, y genera corrupción.