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La corrupción en América Latina y cómo combatirla (II): El Caso Uruguayo

Esta es la segunda entrega (de tres) de una columna sobre la corrupción en nuestros países. 

Juan Rodríguez
Juan Rodríguez
Consultor - Industrias de Tecnología de Información y Telecomunicaciones
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29 de Noviembre de 2018

Primer entrega: 

La lucha contra la corrupción es de todos, del estado, de la ciudadanía, de los medios de comunicación, de las entidades no gubernamentales y del sector empresarial. Pienso yo que parte de la clave del enorme progreso que hizo Uruguay en reducir el índice CPI entre los años 2000 y 2017 y ser hoy el líder de América Latina, por encima de Chile, que durante mucho tiempo tuvo el primer lugar, reside en el hecho de que los uruguayos entendieron esto, que el problema es de todos.

Uruguay también es el país mejor calificado en la región en cuanto al tema de Control de Corrupción del World Governance Indicator del Banco Mundial con un puntaje de 89 sobre 100 en 2016, el último año de esta medición que se hace cada 5 años. Por otra parte en la Matriz de Riesgo de Soborno de Trace International Uruguay aparece con el segundo mejor puntaje de la región solamente superado por Chile.

La transformación de Uruguay en materia de la lucha contra la corrupción y su consecuente mejora en todos los indicadores internacionales que hay en la materia se empezó a dar a finales de la década de los 90 del siglo pasado, bajo el gobierno de Julio María Sanguinetti. No voy a entrar en detalles pero la génesis de esta transformación empezó con la Ley 1706 de 1998 que incorporó normas relacionadas con el uso indebido del poder público, que extendieron y profundizaron la transparencia estatal y que ahondó en la legislación penal sobre delitos de corrupción.

Fue la primera ley de varias otras que siguieron en el nuevo siglo y que tienen a Uruguay donde está. En el Foro Iberoamericano sobre el Combate a la Corrupción (junio de 1998, Santa Cruz de la Sierra) Medardo Manini Ríos, analista uruguayo, explicaba que “en Uruguay la corrupción se entendió como un problema de todos y que como tal debe ser combatido mediante un nuevo pacto social en el que la sociedad asuma un papel protagónico.


¿Qué tienen que aprenderle los demás países de la región a Uruguay en la lucha contra la corrupción?

Bajo esta perspectiva de que la participación ciudadana es una de las mejores armas para combatir la corrupción, nuestra ley incorpora distintas herramientas que permiten a la ciudadanía participar en esta lucha generando instancias de control social. Así mismo se establecen algunas disposiciones sobre el acceso por parte de los medios de comunicación en materia de información sobre actos de autoridades y funcionarios públicos. Se han incorporado normas sobre el tráfico de influencias y el uso indebido de información privilegiada al ámbito administración, perfeccionando el régimen de incompatibilidades entre la función pública y la actividad privada”.

Uruguay ha venido haciendo también un gran esfuerzo en la capacitación de los servidores públicos en distintos frentes, incluyendo el de la corrupción y sus implicaciones. La Fundación Bertelsmann indica, por otro lado, que varias reformas se han adelantado en Uruguay desde los años 90 encaminadas a mejorar el proceso de contratación de los servidores públicos, se han establecido convocatorias abiertas con requerimientos transparentes para la mayoría de las posiciones en el Estado, aunque la influencia política no ha desaparecido del todo.

Todo lo anterior ha ayudado a tener un sistema político de partidos más programático y menos clientelista, también ha ayudado a tener una burocracia más basada en la meritocracia. Si hacemos un cruce de información entre las características sociológicas y demográficas del Uruguay, por un lado, las medidas tomadas en la lucha contra la corrupción y las reformas en la administración estatal, por otro lado, con los determinantes de la corrupción podemos llegar a conclusiones interesantes.

Primero, en relación con el determinante de la corrupción Capacidad Regulatoria (–), que según Seldadyo y Haan es el de mayor relevancia, ya que su ausencia hace que éste fenómeno aflore, podemos ver que el Uruguay desde la ley de 1998 ha venido fortaleciendo la capacidad regulatoria y esto lo ha hecho lustros antes que la mayoría de los países de la región, que por los mismos años, parecían asumir una actitud de avestruz cuando de confrontar la corrupción se trataba. Solamente ahora, después de los grandes escándalos de los que hablamos, se están fortaleciendo las normas en varios de estos países, principalmente fruto de la movilización ciudadana, particularmente en Brasil, Colombia, México y Perú.

Como hemos visto las reformas en Uruguay también han mejorado la Calidad de la Burocracia (–) y han buscado el contar con un Buen Sistema de Meritocracia (–). Queda claro que la capacitación de los servidores públicos en la que se incluya las consecuencias que los actos de corrupción tienen sobre ellos es indispensable.

Uruguay por otra parte, luego de varios años de dictadura, ha logrado consolidar su democracia. No hay un fenómeno de Inestabilidad Política (+), existe un buen grado de Libertad de Prensa (–) y la Democracia y Libertades Civiles (–) son una realidad evidente. En este país por otra parte no existen Tensiones de Tipo Étnico (+) ni Conflictos Étnicos (+), su legislación no puede ser considerada de Tipo Socialista (+) sino más bien pluralista. Respecto al Salario de Servidores Públicos (+) hay que decir que Uruguay tiene el mejor nivel de Coeficiente Gini (distribución de la riqueza) de toda América Latina con lo cual se puede inferir que los servidores públicos no son ni mucho más ricos, ni mucho más pobres que el resto de los ciudadanos.

En cuanto al factor determinante Solidez de la Moneda (+), que ya dijimos que se debe entender como relacionado con los niveles de inflación, a pesar de su cercanía con Argentina y lo que ésta influye en su economía el Uruguay ha logrado mantener su inflación bajo control. Como sabemos Uruguay no es un país caracterizado por sus Exportaciones de Petróleo (+), como sí lo son México, Brasil, Colombia, Venezuela y Ecuador, países todos con un CPI por debajo de 40 (Venezuela debajo de 20). Un argumento adicional para diversificar las fuentes de producción y exportación. Aunque muchos sectores políticos e ideológicos no gusten del Presidencialismo (–), la nación austral es un estado presidencialista lo cual es bueno desde el punto de vista de la corrupción.

Para terminar, según el Banco Mundial el Porcentaje de Mujeres en la Fuerza Laboral (–) del Uruguay ha venido subiendo paulatinamente desde un 39.63% en 1990 hasta un 45.39 % en 2017 como se puede ver en el gráfico anexo. En contraste durante el 2017 la participación de las mujeres en la fuerza laboral de México fue de 36.48% según la misma fuente.

Este dato tiene mucha importancia. Según los análisis de Gottfredson & Hirshi (1990) y de Paternoster & Simpson (1996) incluidos en el estudio de Seldadyo y Haan existen cuatro razones fundamentales para que la cantidad de mujeres en la fuerza laboral, particularmente en la administración pública, contribuya a la reducción de la corrupción:  la primera es que “las mujeres son educadas para ser más honestas o más adversas al riesgo que los hombres, o incluso piensan que hay más probabilidades de ser cogida en flagrancia”.

La segunda es que “las mujeres, que típicamente están más envueltas en la formación de los niños, pueden considerar que ellas deben practicar la honestidad para poder enseñar a sus hijos los valores adecuados”.

La tercera es que  “las mujeres pueden sentir más que los hombres -el sexo más fuerte- que las leyes existen para protegerlas a ellas y por lo tanto son más dadas a seguir las reglas”. La última es que “las niñas pueden ser educadas para tener mayores niveles de autocontrol que los niños lo que hace que disminuya su propensión a verse envueltas en comportamientos criminales”.

 

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