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Un militar activo gobierna San Andrés Islas por encargo de Duque

El nombramiento del contralmirante Juan Francisco Herrera como Gobernador encargado de las Islas por el Gobierno de Iván Duque es una afrenta a la moral y la voluntad popular de los isleños. 

Steve Steele Castillo
Steve Steele Castillo
Coordinador de la Iniciativa Cátedras UdeA Diversa, Universidad de Antioquia
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27 de Octubre de 2018

El nombramiento del contralmirante Juan Francisco Herrera como Gobernador encargado de las Islas por el Gobierno de Iván Duque es una afrenta a la moral y la voluntad popular de los isleños. Es un hecho que se califica como retroceso, puesto que semeja una figura de asociación entre las islas y el Estado colombiano que se daba por superada con el arreglo constitucional del 91.

La historia se repite: Gustavo Rojas Pinilla encargó como Intendente al capitán de corbeta de la Armada Nacional Maximiliano Rodríguez Pardo en el año 1953, figura clave en etapa previa a la puesta en marcha del Puerto Libre y desdeñado por su falta de planeación y sus recordadas arbitrariedades. (Petersen 2002, 254) (Archbold Britton, 1962, 16)

Es por eso que esta actuación del poder central sobre las islas no se percibe como un mandato contra la corrupción de los últimos gobiernos liberales, y mucho menos como conjuro a la crisis institucional que desataron. En su lugar, aparece como otro despliegue de soberanía provocador que conmueve las fibras de la autonomía territorial del departamento, toda vez que esta se precia como una conquista política de los locales desde la década de los 90’s.

Asimismo, podría decirse que el orden constitucional entró en vilo. Por un lado, volvió a trazarse una línea sinuosa de subordinación entre las instituciones civiles y las militares, muy contrario al espíritu de los artículos 219 y 220 de la Constitución Política del 91, y se dejó en entredicho el régimen departamental especial y las disposiciones de la Ley 47 de 1993, por otro.  

La respuesta  del gobierno Duque muestra visos autoritarios, caldea negativamente el estado de ánimo de los isleños y apunta a que cuanto más débil es el poder más tiene que plantearse una defensa de sí mismo. Lo cierto, a este respecto, es que las islas no pueden seguir siendo la escena de una democracia de espectadores, donde la titularidad y el ejercicio del poder, atributos democráticos básicos del pueblo, se divorcian después del ejercicio de 4 minutos cada 4 años en una urna.

 

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