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Ley de Financiamiento: redes y poder ciudadano

La indignación que se expresa en redes se vuelve una presión efectiva que logra cambios. Opinión en nuestra red de expertos del exsecretario de Cultura de Barranquilla, Afif Siman.

Afif Siman
Afif Siman
Exsecretario de Cultura de Barranquilla
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22 de Diciembre de 2018

La reculada que ha tenido que pegar el Gobierno en múltiples temas, desde desistir de nombrar funcionarios hasta quitarle artículos a sus proyectos de ley son el resultado de una sociedad civil cada día más interesada en la política y de un Gobierno que parece estar improvisando. La Ley de Financiamiento y su empedrado camino por el Legislativo es quizás la mejor muestra de ello. Fueron varias las polémicas que desató teniendo como escenario principal las redes sociales.

El primer round que perdió el Gobierno fue incluirle el IVA a todos los artículos de la canasta básica familiar que,  como comenté en una columna anterior, no solamente era un golpe a una frágil clase media sino que afectaba a un importante sector del empresariado colombiano.  Aunque se podría argumentar que esta era la parte del proyecto que el Gobierno sabía que no ganaría y que utilizaba como moneda de cambio para impulsar otros puntos igual de espinosos. 

No obstante, quedó demostrado que la indignación colectiva que generó fue un factor de presión cuyos costos políticos ningún parlamentario querría asumir, ni siquiera los de la bancada oficialista. 

Lo mismo sucedió con la modificación del tope anual de ingresos brutos, pasado el cual, los trabajadores independientes y prestadores de servicios se convierten en responsables de IVA. La reforma, que alcanzó a pasar en primer debate, le imponía un cobro del 19% a aquellas personas con ingresos mensuales superiores a 8.289.000 pesos, lo que en la practica les reducía su poder adquisitivo a la mitad.

La indignación colectiva, por segunda vez, hizo retroceder al Ministerio de Hacienda, quien retiró el artículo.

Pareciera que el gobierno quiere recaudar a costa de lo que sea, mientras paradójicamente ofrece privilegios a ciertos sectores.  El problema con esto es que, si bien puede lograr el recaudo, que es lo cierto de la reforma, no garantiza generar desarrollo económico a partir de las exenciones que es la parte incierta. 

Si a eso, además, le sumamos la percepción que tienen los colombianos de que la economía está empeorando, como contó La Silla, a propósito de la última Gallup Poll, quitarles capacidad de compra en este momento no parece una buena idea. Y si la percepción de la economía va mal, la del gobierno va peor.

Para el presidente Duque, que debe su victoria en las elecciones en parte al voto de opinión, y que quiere gobernar reduciendo la mermelada, tener tan baja aprobación, es preocupante, más allá de consideraciones de ego. Si el plan del gobierno era aprobar sus proyectos sin tener que dar mermelada su único mecanismo de presión era contar con la opinión pública y con el 64% de desaprobación su gobernabilidad está en serios problemas. 

La carta que ha podido jugar el gobierno de una ciudadanía empoderada que le diera el contrapeso que necesitaba en su negociación con el Congreso, la ha perdido por cuenta de su falta de estrategia. 

En su lugar, cada día crece la oposición general por el planteamiento de leyes como la de las TIC, la cual el gobierno pretendía aprobar a las carreras y que generó una sensación de querer subyugar aún más a los medios de comunicación públicos a la voluntad de los gobiernos de turno. 

Algunos comunicadores llegaron a afirmar que estaban siendo censurados por expresar su desacuerdo, como el caso de Santiago Rivas cuyo programa Puros Criollos fue retirado de la parrilla de Señal Colombia luego de su participación en un video donde criticaba esta ley.   Nuevamente, la movilización en redes ejerció tal presión que el gobierno, a último momento,  se vio forzado a postergar la iniciativa hasta el próximo año para concentrarse en salvar otras. 

Finalmente el gobierno hizo aprobar la Ley de Financiamiento el pasado 19 de diciembre y sobre el texto final aún no se tiene claridad.  Es más,  según han expresado varios congresistas el proyecto fue aprobado por la cámara sin que el texto aprobado en el senado estuviera publicado, esto generó que el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras anunciara que demandaría la ley ante la Corte Constitucional por vicios de procedimiento.  

Lo que al parecer sí quedó incluido fue la creación del Fondo de Inversión de Iniciativa Congresional que sería la mermelada que evitó que se ahogara esta iniciativa. Toca esperar que salga el documento final para poder dimensionar los efectos de la ley, lo que si podemos tener claro es que entre más polémicas sean las propuestas del gobierno, menos debate querrá darles para evitar ceder ante la presión ciudadana. 

Más allá de la desilusión, confusión y tristeza que a muchos les pueda ocasionar el convulsionado panorama político del país, hoy hay razones para el optimismo y la esperanza; poco a poco vemos como la indignación que se expresa en redes se vuelve una presión efectiva que logra cambios. Al final esto no es otra cosa que la posibilidad de una participación del constituyente primario en las decisiones que les afectan, algo que enriquece nuestra democracia.  Esperemos que esta tendencia continúe en el 2019.

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