Uso de cookies

La Silla Vacía usa Cookies para mejorar la experiencia de nuestros usuarios. Al continuar navegando acepta nuestra política.

listo

Las Pavas: Así se despoja la tierra a los campesinos colombianos bajo la mirada de todos

Claudia Ayola
Claudia Ayola
127 Seguidores0 Siguiendo

6 Debates

6 Columnas

Columna

586

12 de Mayo de 2015

A pesar de la visibilidad mediática que ha ganado Las Pavas, es posible que pocos conozcan las aristas del conflicto que tiene enfrentada a una empresa de la industria de palma con una comunidad campesina.  Es un caso emblemático que tiene todos los elementos para comprender cómo se da el despojo de tierras en Colombia, donde algunos pocos le sacaron ventaja a la guerra para quedarse con las tierras de los campesinos.  Este conflicto está ocurriendo ahora, en el departamento de Bolívar, frente a la mirada de todos.

Se trata de dos actores diferentes reclamando el derecho a la posesión de un mismo predio.  Por un lado, la empresa Aportes San Isidro, quien le compró los terrenos a un presunto narcotraficante en una venta ilegal, y por el otro lado, la asociación de campesinos del corregimiento de Buenos Aires, quienes exigen el derecho a retornar a la tierra después de haber sido víctimas de desplazamiento forzado.

El caso está a la espera de una decisión del Consejo de Estado y de un fallo de la Corte Constitucional, corporaciones que han demorado sus respuestas pese a los riesgos a los que está expuesta la comunidad.  Lo curioso es que la tutela fue asignada al despacho del Magistrado Jorge Pretelt, el mismo que en la actualidad enfrenta una investigación por despojo de tierras a campesinos de Antioquia.

El territorio

El conflicto está situado en una hacienda de la isla del Papayal, al sur de Bolívar, a 5 kilómetros del corregimiento de Buenos Aires, jurisdicción del municipio El Peñón.  Desde El Banco, Magdalena, se llega a Buenos Aires por agua, internándose poco más de una hora por el brazuelo del Papayal. 

En el corregimiento viven la mayoría de las 123 familias de la Asociación de campesinos de Buenos Aires (ASOCAB), que durante el día se trasladan a Las Pavas para atender sus cultivos.  Algunas familias han resuelto también pasar la noche en el predio, pese a los hostigamientos permanentes de hombres armados que trabajan con la empresa de palma.

La resistencia y el proceso organizativo de ASOCAB los hizo merecedores del Premio Nacional de Paz en 2013.  El mismo año estuvieron nominados a Premios Shock en la categoría mejor grabación especial, con el CD “Les voy a cantar la historia” que se constituye en una pieza discográfica de construcción de memoria histórica.  Los paveros, como les llaman, tienen una relación estrecha con la tierra y con el río, que combinan con el canto y con su profunda religiosidad.

La casa de Don Misael, uno de los líderes de ASOCAB, está apenas a unos metros de las aguas del brazuelo del Papayal.  Después que recibieron el Premio Nacional de Paz en Bogotá, llegaron a Buenos Aires en medio de la noche.  Alguien anunció la llegada con el toque de una campana y todos se fueron arremolinando junto a la orilla.  Las embarcaciones se aproximaban por las aguas oscuras, con una bandera blanca ondeante apenas visible por el resplandor de la luna.  El pueblo entero que los esperaba, ahora los recibía con cantos, y en las lanchas, mientras se acercaban, respondían el saludo también cantando.

Narcotráfico, paramilitarismo y desplazamiento

En los años 60 INCORA adjudicó cuatro predios a pequeños ganaderos, pero 20 años más tarde, en 1983, Jesús Emilio Escobar Fernández realizó un englobe de los predios y quedó como único propietario.  Así comienza la historia de Las Pavas: Jesús Emilio Escobar Fernández era hermano y testaferro del narcotraficante Gustavo Escobar Fernández, asesinado el 8 de diciembre de 1988 en el Puente Aéreo de Bogotá.

En una nota de prensa de la revista Semana del 12 de diciembre de 1988, titulada El último vuelo () se describe el asesinato de Gustavo.  Una de las hipótesis sobre estos hechos de sangre está relacionada con un ajuste de cuentas con los hermanos Fidel y Carlos Castaño, quienes ordenarían asesinar a Gustavo y a sus dos hermanos – Margarita y Jesús Emilio -.

Margarita fue asesinada en Medellín, pero Jesús Emilio logró escapar.  Al parecer se radicó unos años en Costa Rica.  De esto da cuenta el periódico costarricense La Nación (), en una nota del 29 de junio de 1998, donde asegura que Escobar ingresó procedente de Chile el 19 de noviembre de 1993 y que luego, en 1997, desapareció sin dejar rastro.

El mismo año en que La Nación referenció el ingreso de Escobar a Costa Rica, en el territorio se supo que abandonó Las Pavas.  En esa fecha – 1993 – los campesinos empezaron a hacer uso de la tierra para la siembra de sus cultivos. 

10 años más tarde, en 2003, una incursión paramilitar en Buenos Aires, acompañada de Gustavo Sierra, identificado como administrador de la hacienda, reunió a los campesinos en el salón múltiple de la escuela de Buenos Aires y los amenazaron con torturarlos, asesinarlos y echarlos al río si no abandonaban los sembrados.

Venta ilegal y desalojo ilegal

En el 2005, una vez el grupo paramilitar que tenía el control de la zona se desmovilizó, los campesinos retornaron poco a poco a Las Pavas y en junio de 2006 le solicitaron a INCODER iniciar el proceso de extinción de dominio sobre el predio. Pero Jesús Emilio se enteró y regresó con hombres armados a producir el segundo desplazamiento de ASOCAB.

Pese a que los campesinos ya tenían posesión de la tierra y a que ya se había iniciado la extinción de dominio, Escobar le vendió de manera ilegal al consorcio Labrador que compró con el propósito de sembrar palma de aceite.  Labrador estaba formado por C.I Tequendama – empresa de la familia Dávila Abondano, reconocida por sus vínculos con el escándalo de Agro Ingreso Seguro  -, y Aportes San Isidro S. A – propiedad de José Ernesto Macías -.

El Grupo DAABON, propiedad de la familia Dávila Abondano, ha sido enérgico al aclarar que fue dueño de la mitad de Las Pavas solo hasta el 22 de marzo de 2011, fecha en la que le vendieron a Aportes San Isidro su participación en el consorcio Labrador.  Algunos, sin embargo, no están tan seguros.  El padre Ubaldo Manuel Díaz, párroco de Regidor, aseguró que esta empresa sigue en el negocio, y que la supuesta venta fue solo una estrategia para bajar el perfil ante el escándalo que se desató. ( )  

La hipótesis del padre Ubaldo es comprensible si se tiene en cuenta que, en 2010, a raiz de lo sucedido en Las Pavas, la multinacional The Body Shop decidió finalizar el contrato con DAABON, en el que la empresa de palma era proveedora de aceites vegetales para la industria cosmética.  Al parecer, The Body Shop argumentó principios éticos para romper el trato comercial.

En ese pulso entre la empresa de palma y los campesinos por el derecho a la tierra, la fuerza pública tomó partido, y el 14 de julio de 2009, por solicitud de la empresa, el inspector de policía Omaldo García, ordenó un desalojo ilegal que la Policía llevó a cabo con hombres del ESMAD.  El inspector benefició los intereses de la empresa de palma por encima de los derechos de la población desplazada, y con apoyo de la Policía los volvieron a desplazar.

La Corte Constitucional, en la sentencia 267 de 2011 fue clara sobre la ilegalidad del desalojo y exigió que se finalizara con celeridad el proceso de extinción de dominio.  Respaldados por esta decisión de la Corte, los campesinos retornaron a Las Pavas una vez más.

Negando a las víctimas

En 2011 Las Pavas empezaron a ser más conocidas para el país, pero de la manera más infortunada.  Los titulares de varios medios de comunicación publicaron un concepto de Fiscalía que señalaba a los campesinos de ASOCAB como falsos desplazados. 

La Fiscalía 5 Especializada de la Unidad de Desplazamiento y Desaparición Forzada de Cartagena cerró la investigación por desplazamiento forzado.  De manera amañada, la controvertida fiscal Miriam Martínez Palomino solo tuvo en cuenta las declaraciones de quienes defendían los intereses de la empresa de palma: Gustavo Sierra – Quien se había identificado antes como administrador de Las Pavas -, Pedro Moreno y José Ernesto Macías – Representante de Aportes San Isidro-.

Nadie sabe qué motivó a la fiscal Miriam Martínez Palomino a emitir una resolución atiborrada de absurdos y conclusiones ligeras. La Silla Vacía, en el artículo Los sonados casos de la fiscal que negó que los campesinos de Las Pavas fueran víctimas (), refiere que inicialmente la Fiscal General Vivian Morales respaldó la resolución de la fiscal Martínez, pero ante las imprecisiones, resolvió abrir una nueva investigación. 

La apresurada conclusión de la Fiscalía no tuvo en cuenta a las 123 familias ni otras declaraciones, sino que por el contrario tejió un manto de duda sobre los campesinos y sobre el sacerdote jesuita Francisco de Roux.  Germán Vargas Lleras, el Ministro de Interior de aquel momento, añadió declaraciones lapidarias: “Se están prefabricando víctimas del desplazamiento para interponer recursos y reclamar millonarias indemnizaciones al Estado”

La empresa Aportes San Isidro, quizá alentados por la amañada resolución de la fiscal, y con la actuación de un departamento de seguridad a su servicio -creado en mayo de 2011-, iniciaron una serie de acciones violentas para intentar evitar el retorno de los campesinos.  La empresa de seguridad, investigada y sancionada por la Superintendencia de Vigilancia, está a cargo de Mario Mármol, el mismo que en las incursiones paramilitares a Buenos Aires era reconocido como parte de la estructura de este grupo armado, según testigos.

La Fiscalía volvió a abrir una investigación por desplazamiento en la Fiscalía 34 delegada para los Derechos Humanos de Bucaramanga en la que sí se reconoce a ASOCAB como víctimas.  Los detalles al respecto permanecen bajo reserva del sumario.

Bolas de candela                                               

La experiencia de Las Pavas como muchas otras en Colombia, ha demostrado que en las estrategias de despojo de tierras participan también funcionarios de entidades estatales, y que con su concurso – intencional o no - se permiten las injusticias contra la población campesina.

En noviembre de 2012, INCODER realizó la extinción de dominio de los predios de la hacienda Las Pavas a través de la resolución 2284, pero la entidad se abstuvo de remitir la resolución a la Oficina de Instrumentos Públicos de Magangué para la cancelación del derecho de propiedad  porque la empresa interpuso – varios meses después - una acción de revisión ante el Consejo de Estado.  Según la entidad, hasta que esta corporación no revise la resolución de extinción de dominio, no será posible registrarla en el folio de matrícula.

Mientras el Consejo de Estado se pronuncia la tensión en Las Pavas se mantiene.  Se conocen alrededor de 16 denuncias en Fiscalía de actos violentos cometidos por hombres armados al servicio de la empresa, quienes incluso se han atrevido a intimidar a contratistas de la gobernación y han amenazado seriamente a funcionarios de la Unidad Nacional de Protección que hacen parte del esquema de seguridad asignado a los líderes de ASOCAB.

En una ocasión, en 2013, uno de los hombres armados de la empresa Aportes San Isidro le dijo a uno de los escoltas de Don Misael que él sabía dónde vivía su familia a modo de advertencia.  El escolta estuvo a punto de responder a la agresión, pero Don Misael le pidió que guardara calma.

La estrategia es perversa, pero sencilla.  Por un lado se intenta, por parte de la empresa Aportes San Isidro, revertir las decisiones de INCODER y de la Corte Constitucional acudiendo a mecanismos legales; y por otro lado, los hombres armados al servicio de la empresa cometen una serie de violaciones de derechos humanos contra los campesinos. 

Cómo las instituciones del Estado permiten que hombres armados acusados de una serie de hechos violentos permanezcan en un territorio con familias desplazadas sin presencia de ninguna otra autoridad que pueda garantizar la protección. En 2013 los campesinos denunciaron ataques con “bolas de cándela” a la media noche, pero al respecto nadie hizo nada.

El 24 de octubre de 2013, por fin, la Dirección de Registro de la Unidad de Víctimas decretó el proceso de revisión del acto administrativo que reconocía a los campesinos de Las Pavas como población desplazada.  La demora estaba fundamentada en las dudas que tejió en su momento la fiscal Miriam Martínez. La Unidad de Víctimas reconoció plenamente a ASOCAB como desplazados y le pidió perdón por las injusticias.

La ley del monte

Los hombres armados de Aportes San Isidro tienen denuncias por quemarles los ranchos a los campesinos, amenazas sexuales, quema de cultivos, envenenamiento de animales, ataques con machete, y trato degradante.  Se pasean altivos en caballos como si reconocieran a otro dios y otro gobierno.

Cuando distintas instituciones del nivel nacional acompañaron a ASOCAB al predio y derribaron el portón con el que arbitrariamente la empresa de palma les cerraba el paso a los campesinos, los hombres de Aportes San Isidro hicieron videos de los funcionarios que asistían a la diligencia de manera intimidante.

En vísperas de las pasadas elecciones presidenciales, los mismos hombres armados amenazaron a la comunidad advirtiéndoles que en cuanto ganara el candidato de su preferencia, asesinarían a los paveros.  El candidato no ganó y las amenazas solo quedaron en intimidaciones.

Recientemente la Superintendencia de Vigilancia sancionó al departamento de seguridad de la empresa Aportes San Isidro y le suspendió la licencia.  Sin embargo, se tiene información de que los hombres armados permanecen en el predio.

 

Garantías en Consejo de Estado

Después de un largo silencio del Consejo de Estado, la Magistrada Olga Melida Ovalle citó a una primera audiencia el pasado 29 de abril, pero por alguna razón decidió aplazarla. Finalmente, el pasado viernes 8 de mayo se llevó a cabo la audiencia.  El agente del Ministerio público, INCODER y la Magistrada estuvieron de acuerdo con una decisión favorable para ASOCAB, pero la abogada de la empresa solicitó un recurso en el que los otros magistrados de la sala tendrán que decidir y para ello el proceso se dilatará varios meses más. 

¡Magistrado Pretelt, falle ya!

Al INCODER abstenerse de poner en firme la resolución de extinción de dominio, permite que el propietario extinguido – la empresa Aportes San Isidro – permanezca en un predio que ya ha sido declarado del Estado y, lo que es peor, da la excusa para que la empresa de palma realice actos de posesión por encima del derecho a la tierra que tienen los campesinos desplazados.

Por esta razón, mientras se conoce la decisión del Consejo de Estado, ASOCAB interpuso una tutela con la que esperan se consideren acciones afirmativas para salvaguardar los derechos de una población campesina que se encuentra en franca desventaja.

Juan Felipe García Arboleda, director de la Clínica Jurídica sobre derecho y territorio de la Universidad Javeriana explica “Hemos interpuesto una tutela para que quien tenga que esperar sea la empresa Aportes San Isidro y no los campesinos desplazados.  Eso está actualmente en el despacho del Magistrado Pretelt hace casi ya dos años” ()

Se refiere al Magistrado Jorge Ignacio Pretelt de la Corte Constitucional, quien hasta el momento sigue en silencio. La demora en el fallo perjudica a los campesinos que buscan garantías bajo el techo de la Corte.  Es gravísimo que dicha respuesta se dilate en el despacho de Pretelt en el momento en que es investigado por despojo de tierras a campesinos en Antioquia.

Lo que sigue

Ante el riesgo que enfrentan los campesinos de ASOCAB y la ausencia de respuestas que resuelvan el tema, hay una nueva solicitud a la Magistrada Ovalle.  Se trata de una medida cautelar que permita la cancelación provisional del título de propiedad de Aportes San Isidro, o al menos, que restrinja provisionalmente el derecho a la propiedad impidiendo que se siga expandiendo el cultivo de palma.

La Magistrada Ovalle tiene la palabra.  Mientras el conflicto se aviva, la tierra de Las Pavas sigue muriendo bajo el cultivo industrial de la palma aceitera. Aportes San Isidro no se detiene.  Con la complicidad de un sistema incapaz de garantizar el derecho a la tierra para los campesinos,  a los paveros no les va a quedar tierra para cultivar.

La historia de Las Pavas se sigue escribiendo.  La Clínica Jurídica sobre derecho y territorio de la Javeriana – quienes han proporcionado un dossier documental del caso como  fuente para este reportaje - y el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio acompañan a los campesinos en la contienda jurídica.  Sin embargo, el verdadero poder de la asociación campesina de Buenos Aires radica en su valioso proceso organizativo y en la fuerza de su resistencia pacífica.

La empresa de palma muestra sus dientes con la voracidad de aquel que no está dispuesto a perder de ninguna forma.  Con la mirada de todos, los hombres armados siguen respirando en la nuca a los campesinos, y al suelo de Las Pavas se lo sigue comiendo la palma de aceite y la ambición.