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La participación ciudadana está amenazada

La participación ciudadana parece ser el tema más afectado por el rotundo fracaso de la implementación territorial de los acuerdos. De acuerdo a las más recientes cifras, sólo en lo que va corrido del año, 120 líderes han sido asesinados en diferentes zonas del país.

Diogenes Rosero
Diogenes Rosero
Director de Foro Costa Atlántica.
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11 de Septiembre de 2018

Paradójicamente, la participación ciudadana parece ser el tema más afectado por el rotundo fracaso de la implementación territorial de los acuerdos. De acuerdo a las más recientes cifras, sólo en lo que va corrido del año, 120 líderes han sido asesinados en diferentes zonas del país.

La escasa gobernabilidad con la que terminó el gobierno de Juan Manuel Santos, la paquidérmica e histórica incapacidad del estado colombiano para hacer presencia en la periferia y la agresiva oposición al gobierno, que redujo su margen de maniobra y popularidad, ha terminado por echar al traste la implementación efectiva del enfoque territorial de los acuerdos.

Para Sergio Jaramillo, ex Alto Comisionado para la Paz, la participación es una de las condiciones fundamentales para la consolidación de la llamada Paz territorial. Sin ese elemento, se dificulta la  posibilidad de una paz estable y duradera. Producto de esa visión compartida por los demás actores de la mesa se estableció en el Punto 2 de los acuerdos, un gran acervo de instancias y reformas necesarias para el fortalecimiento, garantía y promoción de un  ambiente propicio para la participación ciudadana.

Contrariamente a estas buenas intenciones, el riesgo ligado a la participación parece haber aumentado, provocando una nueva oleada de violencias en los territorios.

En ausencia de un sólido tejido social activo, la sobre exposición de los actores sociales es mayor. En lo local, los líderes sociales representan la intermediación social en múltiples temas, en algunos casos, incluso, mezclando su actividad con el liderazgo político, aumentado significativamente su visibilidad y riesgo.

Con el fin de la confrontación armada se incrementó la actividad social local. La aparición de nuevas demandas sociales, en temas como la corrupción, los servicios públicos y el medio ambiente, ha aumentado el nivel de exposición y trabajo comunitario. Lo que empezó en el territorio como asesinatos ligados a reivindicaciones directamente relacionadas al conflicto (restitución de tierras, la minería ilegal o los cultivos ilegales) en los últimos años, ha mutado hacia otros temas y actores: comunales, gestores culturales, ambientalistas, entre otros.

El desborde de la crisis, ha llevado a la expansión del fenómeno hacia zonas urbanas ligadas al conflicto como: corredores estratégicos, áreas de exportación de droga o zona urbanas de interés para los  negocios ilícitos. Allí también confluyen actores de poder de diversa índole, que no les interesa el fortalecimiento de la sociedad civil local.

Una de las promesas y enfoques más prometedores del proceso de paz de La Habana, en una sociedad con tan bajos niveles de deliberación pública territorial, es la posibilidad del fortalecimiento de la participación ciudadana.  Paradójicamente, después de firmada la paz, parece estar en inminente riesgo. 

No sólo va a ser necesario el fortalecimiento de los esquemas de seguridad de los líderes con mayor riesgo en los territorios, se requiere completar el sistema de protección y garantías consagradas en los acuerdos, el compromiso decidido del gobierno nacional en la promoción de la participación y la no estigmatización del liderazgo social.

El segundo pacto nacional después del logrado con la corrupción, debe ser el fin de la violencia contra la participación ciudadana. Un proceso de sensibilización social debe ser promovido por la sociedad civil organizada, para convocar al gobierno nacional hacia ese fin.

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