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En Barranquilla sí hubo conflicto (parte II)

En menos de una semana, apareció un nuevo desmembrado y un tiroteo dejó cinco muertos. A propósito, el investigador Luis Trejos, de la Uninorte*, continúa este especial sobre la violencia en la ciudad.

Luis Fernando Trejos Rosero
Luis Fernando Trejos Rosero
Director del Centro de Pensamiento UNCaribe de la Universidad del Norte.
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18 de Octubre de 2018

En los recientes ocho días, volvió a aparecer un cuerpo desmembrado en Barranquilla (el número 23 desde 2011) y también ocurrió un tiroteo en el barrio Las Américas, que dejó cinco muertos, incluyendo un agente de la Sijín.

A propósito del debate de seguridad que sigue sin abrirse del todo en la ciudadcontinúa este especial sobre la historia del conflicto en Barranquilla.

En la primera parte analizamos el paso de la guerrilla y en esta segunda el de los paramilitares y cómo éstos llegaron incluso a tener presencia en la Alcaldía.

Para entender las dinámicas del paramilitarismo en las ciudades, y especialmente en Barranquilla, hay que delimitar sus objetivos al manejo del monopolio de la coerción y la prestación de seguridad a un conjunto de actividades económicas proclives al control del crimen organizado, tales como las plazas de mercado, la extorsión a los pequeños y medianos comerciantes, el contrabando y el narcotráfico, entre otras.

En esta línea, el paramilitarismo en la ciudad de Barranquilla operó como una mafia (en el sentido clásico del concepto), es decir, como una forma superior de crimen organizado, que se basa en el cobro de un impuesto a cambio de protección a individuos u organizaciones y las actividades económicas que realizan (sean legales o ilegales) fungen como empresarios de la protección.

Es importante señalar que si bien Barranquilla no ha sido el eje sobre el que gravita el narcotráfico colombiano ni la sede de un cartel poderoso, su espacio ha sido utilizado tradicionalmente por miembros de mafias de todo el país, por su privilegiada condición de puerto marítimo y desembocadura del río Magdalena.

Precisamente, esta ubicación geográfica ha hecho de Barranquilla un punto estratégico para la exportación de droga y el ingreso de armas e insumos químicos. Esto, con un contexto social de alta tolerancia frente al contrabando y el lavado de activos provenientes del tráfico de drogas.

Según el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH (2005), la presencia de crimen organizado en la ciudad de Barranquilla no es reciente, sino que se remonta a la década de los setenta del siglo pasado, momento en el cual operaron en la ciudad grupos dedicados a la mal llamada limpieza social.

Al mismo tiempo, se conformaron organizaciones delincuenciales dedicadas al hurto, asentándose en barrios periféricos como La Chinita, El Ferry y Rebolo. Con el tiempo, los miembros de estas bandas se dedicaron entre otras cosas a actividades relacionadas con el sicariato llegando a prestar sus servicios al narcotráfico y el paramilitarismo.

El narcotráfico ha sido un elemento central de las dinámicas recientes de la violencia en Barranquilla.

Es importante señalar que en los setenta, cuando la bonanza marimbera estaba en pleno desarrollo, muchos marimberos guajiros se trasladaron a Barranquilla.

Para Sánchez Bonnet (2003), la instalación del sicariato como práctica reiterada para el cobro de cuentas o la resolución de conflictos son una evidencia de su paso por la ciudad. De esta manera,  hacia finales de los setenta e inicios de los ochenta, se fue incubando toda una tradición socio-cultural en torno al narcotráfico.

A mediados de los ochenta, se conforma el Cartel de la Costa, teniendo como centro de operaciones Barranquilla y Santa Marta.

En la segunda mitad de los noventa este cartel fue debilitado entre otros factores por el accionar de las autoridades y por la llegada a la región de nuevos agentes ilegales, principalmente representantes de los narcotraficantes del norte del Valle, que ocuparon los espacios dejados por el Cartel de la Costa, y a su lado se fortalecen los contrabandistas y narcotraficantes de La Guajira (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, 2012).

Hacia fines de los noventa, el control del crimen en la ciudad lo ejercía la banda de “alias Dino Meza”, que según el diario El Tiempo “era la dueña de las calles de Barranquilla, recogía por seguridad y extorsiones más de 10 millones de pesos diarios”.

En 1999 llegaron a Barranquilla los primeros hombres de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) enviados por “alias Jorge 40”, y como en ese momento, el primero arriba mencionado controlaba todas las actividades susceptibles de extorsión, “alias Yair”, el primer jefe paramilitar que operó en la ciudad, lo citó invitándolo a que se uniera a las AUC y en dicha reunión “Meza” fue asesinado.

Desde ese momento en Barranquilla y el Atlántico hicieron presencia activa dos estructuras del Bloque Norte de las AUC, más precisamente el Grupo Atlántico entre los años 2000 y 2003 y el Frente José Pablo Díaz (en adelante FJPD) entre los años 2003 y  2006.

El frente cambia de nombre en el año 2003, en honor  a José Pablo Díaz, quien fue líder de la estructura paramilitar del departamento del Atlántico entre el 2000 y 2003, año en que es asesinado en una emboscada del Frente XIX de las Farc en la troncal del Caribe, en el trayecto entre Ciénaga y Fundación.  

La importancia de Barranquilla en el despliegue de las AUC en el norte de Colombia fue evidente en la versión libre que ante la fiscal de Justicia y Paz rindió el segundo hombre de las AUC en el norte de Colombia, Rodrigo Tovar Pupo, “alias Jorge 40”, en la cual afirmó que el objetivo central de todas las acciones político-militares del Bloque Norte de las AUC era la captura de Barranquilla, ya que “meterse en el departamento del Atlántico, era una obsesión de la casa Castaño”.

Es necesario aclarar que en Barranquilla la presencia de los paramilitares no obedeció a un objetivo contrainsurgente, dado que las organizaciones guerrilleras nunca han tenido una presencia activa en la capital del departamento, sino que por el contrario, su expansión está ligada a las raíces históricas que los unen con el narcotráfico y al crimen organizado.

El proceso de expansión y consolidación del FJPD de las AUC se presenta entre 2003 y 2006 (año de su desmovilización). En este lapso de tiempo, la estructura paramilitar del departamento del Atlántico estuvo bajo el mando de Edgar Ignacio Fierro, “alias don Antonio”.

Fierro siguió la misma estrategia de control social y expansión territorial usada por las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), que consistía en ganar el apoyo de la Fuerza Pública y las instituciones del Estado, establecer alianzas con políticos locales, instalar candidatos propios en corporaciones públicas y hacer ciertas inversiones económicas con el fin de construir bases sociales.

El impacto social causado por la expansión y consolidación del FJPD en la ciudad de Barranquilla produjo un dramático aumento de la criminalidad y la violación de los derechos humanos en la capital del Atlántico, según verdadabierta.com, esta estructura paramilitar entre los años 2004 y 2006 cometió 1.664 homicidios.

Con la llegada del FJPD, el desplazamiento forzado en Barranquilla pasó de 966 personas en 1999 a 6.297 en el 2.000 y a 10.778 personas en el 2001.

Hay que resaltar que en estas cifras no se tienen en cuenta muchos homicidios cometidos por el FJPD y que fueron registrados como muertes comunes o no ligadas a la acción paramilitar.

En el caso de Barranquilla, la extorsión a comerciantes se convirtió en una práctica común.

Según verdadabierta.com, Oswaldo Calvano era el encargado del cobro del “impuesto” en el mercado público de la ciudad, del cual obtenían un aproximado de 50 millones de pesos mensuales.

Otro gremio afectado directamente por la actividad extorsiva del paramilitarismo en la ciudad de Barranquilla fue el de los tenderos, quienes durante el año 2005 pagaron 3000 millones de pesos en extorsiones .    

Imagen: El Heraldo.

Pero la mayor fuente de ingresos de esta estructura paramilitar la constituyó el monopolio que ejercieron sobre la protección, transporte, acopio y control de puntos de exportación de cocaína. El encargado de las actividades relacionadas con el narcotráfico fue Miguel Villarreal Archila, “alias Salomón”, un subintendente  retirado de la Policía.

En su versión libre, “alias Salomón” confesó que en asocio con miembros de la Policía los narcotraficantes entre los años 2003 y 2006 exportaron por los puertos del Atlántico más de 100 toneladas de cocaína. También afirmó que los paramilitares les cobraron por cada kilo un impuesto de entre 50 y 75 dólares, y que por este concepto el FJPD recaudó  más de dos millones de dólares anuales.

La revista Semana registró un hecho que dejó en evidencia la anterior información. En agosto de 2003, miembros de la Policía Nacional del departamento del Atlántico decomisaron 2 toneladas y media de cocaína que luego fueron devueltas a narcos del norte del Valle, previo pago de un soborno gestionado por el Bloque Norte de las AUC, que era el encargado de la protección y transporte de la droga.  

Fue tal la colaboración de la Policía Nacional en este departamento con el Bloque Norte de las AUC, que el diario El Tiempo en su edición digital del 4 de febrero de 2007, señaló que:

En Barranquilla empezó a decirse que la coca de los ‘paras’ se movía libremente por la ciudad. De hecho, el retiro de cinco oficiales de alto rango de la Policía Atlántico en los últimos tres años y la detención de 20 miembros de la institución están relacionados con escándalos como la devolución de tres toneladas de cocaína que habían sido descubiertas en un retén.    

Las interacciones desarrolladas por la comandancia del FJPD de las AUC y distintos agentes estatales escenifican un proceso de reconfiguración cooptada del Estado en la ciudad de Barranquilla.

Con respecto a esto, “alias Don Antonio” ha reconocido en varias declaraciones públicas que tuvo estrechos vínculos con Gabriel Turizo, quien fuera director del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía General de la Nación en los departamentos de Atlántico y La Guajira, y dijo que le pagó 20 millones de pesos a este funcionario cuando le informó sobre varios operativos en su contra y la inminencia de su captura.

Esta información posibilitó el escape del comandante paramilitar, que asimismo confesó que, con la ayuda de funcionarios de la Registraduría Nacional, sustrajo las fichas con sus huellas dactilares y toda la información que había sobre él en esa entidad.

También contó que recibió ayuda del excongresista Pedro Peñalosa, suplente del también excongresista Jorge Luis Caballero, condenado por la Corte Suprema de Justicia a 6 años de prisión por sus vínculos con el paramilitarismo.

“Don Antonio” sostuvo que el entonces congresista Peñalosa le había prestado su vehículo blindado oficial y, además, les había entregado carnés a sus hombres para que se hicieran pasar por guardaespaldas del parlamentario.

Curiosamente, una fuerza política que tranzó con el FJPD fue el Movimiento Ciudadano, una organización de centro-izquierda, conformada por la convergencia de movimientos políticos como la Alianza Democrática M-19 y otros movimientos sociales de izquierda, que se agruparon en torno a la candidatura a la Alcaldía de Barranquilla de Bernardo Hoyos, quien también recibió el apoyo de sectores liberales como el movimiento Voluntad Popular del entonces senador Fuad Char.

La candidatura de Hoyos se construye sobre un proyecto político de tipo popular y progresista, en oposición de las tradicionales casas electorales de la ciudad (José Name y Roberto Gerlein), con un discurso populista que denunciaba la corrupción y los abusos presentes en la ciudad causados por los antes citados.

Esta nueva fuerza política popular y de izquierda, que se enfrenta a los caciques tradicionales, sale victoriosa y logra obtener en las elecciones de 1992 la Alcaldía de Barranquilla, con Bernardo Hoyos.

En esa ocasión, para la Gobernación del Atlántico sale vencedor Gustavo Bell, con un proyecto que no era el mismo del Movimiento Ciudadano, pero también enfrentaba a las maquinarias tradicionales.

Una vez terminada su Administración, Hoyos logra “traspasar” electoralmente la Alcaldía a un candidato de su mismo movimiento, Edgar George (1995-1997), y luego repite el primero en el periodo 1998-2000.

El caudal electoral del Movimiento Ciudadano se ve afectado con el triunfo de Humberto Caiaffa (2001-2003), pero logra recuperarse con la victoria de Guillermo Hoenigsberg (2004-2007), este sería el último alcalde por ese movimiento en Barranquilla.

Salvo la primera elección de Hoyos, todos las victorias electorales del Movimiento Ciudadano contaron con el respaldo de José Name y en la elección de Guillermo Hoenigsberg dieron su apoyo los Gerlein (Caicedo, 2008).

Precisamente fue durante la campaña electoral de Hoenigsberg que el FJPD logra ingresar a los espacios políticos de la ciudad.

Carlos Mario García “alias Gonzalo”, coordinador político del FJPD, ha contado públicamente que le entregó a la campaña de Hoenigsberg 2500 millones de pesos a cambio de su participación activa en la Administración. Según el propio “Gonzalo”, el FJPD llegó a proyectar que el 40 por ciento de la Alcaldía de Barranquilla sería suyo.

En esta ciudad, los intereses paramilitares se concentraron más en la captura y apropiación de las finanzas públicas que en la representación política. En este sentido, el medio usado para dicha captura fueron las concesiones, destacándose las siguientes: una suerte de concesión (en el papel no lo era, pero en la práctica sí) a Inversiones Los Ángeles, para la gestión y recaudo tributario.

Ese negocio lo entrega inicialmente Bernardo Hoyos y, posteriormente, en la Administración de Guillermo Hoenigsberg, Inversiones Los Ángeles cede la concesión a Métodos y Sistemas, constituida por intereses privados y capitales ilegales.

La Monografía político-electoral del departamento del Atlántico 1997-2007, realizada por la Misión de Observación Electoral y la Corporación Nuevo Arcoíris, sintetiza de la siguiente manera la forma como el Bloque Norte de las AUC y su FJPD intervinieron económica y políticamente la Administración Pública de Barranquilla:

- Concesión del recaudo de impuestos a privados: el alcalde de Barranquilla, Hoyos, da en concesión el recaudo de sus impuestos a Inversiones Los Ángeles Ltda., por medio del Contrato de Consultoría GP-CM-CONS-001-2000 (…). - Cesión del contrato: Inversiones Los Ángeles Ltda. cede el contrato de recaudo de impuestos a la empresa Métodos & Sistemas S.A. A finales de diciembre de 2003. - Cambio de socios del concesionario Métodos y Sistemas permitió que entraran socios y funcionarios presuntamente relacionados con “Jorge 40”. - Asesinato de socios del concesionario. Eduardo Losada (presidente de Métodos y Sistemas, y quien presuntamente había sido quien entregó los dineros para la campaña de Hoenigsberg, fue asesinado en junio de 2004. - Según confesión de “alias Don Antonio” los paramilitares obtenían del concesionario Métodos y Sistemas un aporte mensual de veinte millones de pesos para las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) (MOE- CNAI, 2008, pp. 47-49).

Después de la financiación ilícita de la campaña de Guillermo Hoenigsberg logran posteriormente afianzar sus alianzas políticas y electoral regionales; así, por medio de la coerción armada y el fraude electoral, los entonces senadores Mauricio Pimiento, Álvaro Araújo y Dieb Maloof, obtuvieron el apoyo electoral de la Administración de Hoenigsberg en Barranquilla y de la alcaldesa de Soledad Astrid Barraza (MOE-CNAI, 2008).

Precisamente, la Corte Suprema de Justicia acaba de compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue al exalcalde Hoenigsberg, basándose en una declaración rendida los días 1 y 2 de agosto de 2013, por el excomandante paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, “alias Don Berna”, ante una comisión de fiscales delegados. En dicha declaración, este afirmó que:  

Él era alcalde de Barranquilla, él estuvo en Santa Fe de Ralito, a él lo lleva un señor al que le hicieron un atentado del que salió inválido, que le decíamos “Yuyo” (…) el objetivo era conocerlo y saber que él era una persona cercana a la Autodefensa, que tuvo el apoyo y respaldo del Bloque Norte, concretamente del señor (Rodrigo Tovar Pupo) “Jorge 40”, también para intercambiar algunos conceptos e ideas, ya que una de las labores mías en la organización […] era la parte política, y yo sé que él era cercano a la organización y tuvo el respaldo y el apoyo de “Jorge 40”.

En conclusión la presencia del paramilitarismo en la ciudad de Barranquilla no obedeció a una estrategia contrainsurgente, sino a sus estrechos vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado.

Los objetivos del paramilitarismo en la ciudad de Barranquilla se centraron en el control del monopolio de la coerción y la prestación de seguridad a un conjunto de actividades económicas proclives al control del crimen organizado, tales como las plazas de mercado, la extorsión a los pequeños y medianos comerciantes, el contrabando y el narcotráfico, entre otras.

Esperen ‘En Barranquilla sí hubo conflicto (parte III)’

*Este texto no representa el pensamiento de la Uninorte sino el de su autor.

 

 

 

 

Referencias

Caicedo, E. (2008). Estructuras de poder político y electoral. En C. López (Coord.), Monografía político electoral del Departamento del Atlántico 1997a 2007. Bogotá: Misión de Observación Electoral, Corporación Nuevo Arcoíris, Universidad de los Andes.

Monografía político electoral del Departamento del Atlántico 1997a 2007. Bogotá: Misión de Observación Electoral, Corporación Nuevo Arcoíris, Universidad de los Andes.

Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. (2005). Dinámica reciente de la violencia en Barranquilla. Bogotá: Vicepresidencia de la República de Colombia.

Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. (2012). Diagnóstico de la situación de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Departamento del Atlántico 2000-I semestre de 2011. Bogotá: Vicepresidencia de la República de Colombia.

Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá (2011) Magistrada Ponente: Léster María González Romero. Radicación: 110016000253-200681366. Postulado: Edgar Ignacio Fierro Flores.

Sánchez Bonnet, L. (2003). Barranquilla: Un espacio para la sospecha. En: L. Sánchez Bonnet, L. (Comp.). Barranquilla: Lecturas Urbanas. Barranquilla: Editorial Mejoras.

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