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El 2018 dejó un saldo negativo para la seguridad de los líderes sociales en el Caribe

Lamentablemente, el inicio de 2019 presagia que este año la situación de inseguridad de los lideres sociales no cambiará y, por el contrario, puede agravarse por las elecciones locales de octubre.

Luis Fernando Trejos Rosero
Luis Fernando Trejos Rosero
Profesor de la Universidad del Norte.
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09 de Enero de 2019

Con el fin de cualificar el debate sobre la (in)seguridad de los líderes sociales y poder proponer rutas y medidas reales que permitan el ejercicio de los liderazgos sociales en territorios con activa presencia estatal, se hace necesario definir o establecer unos criterios mínimos que permitan establecer con claridad quién es y quién no es un líder social. Esto con el fin de tener un panorama real de tan lamentable situación, ya que la continua depuración de listas se presta para que la institucionalidad continúe minimizando y negando la sistematicidad de los asesinatos.

Por otro lado, es necesario tener un contexto claro de la realidad socio-política colombiana, ya que solo así se puede entender la violencia que se ejerce contra los lideres sociales:

1- El Estado no controla los monopolios de la violencia, el tributo ni la administración de justicia en gran parte de su territorio. En términos prácticos, las comunidades que habitan estos espacios están sometidas a órdenes sociales de facto, basados en la amenaza real del uso de la fuerza.

2- El contradictor político se asume como enemigo personal, lo que conduce a la gestión violenta de las diferencias políticas.

3- En las periferias, la violencia es un medio efectivo para evitar la alteración de órdenes sociales. Así, pues, la violencia en éstos territorios puede ser entendida tanto en sentido genérico como en cuanto dimensión de las relaciones interpersonales y de las estructuras sociales. Es decir, la fuerza se utiliza como un medio para transformar, corregir o mantener determinado tipo de relaciones sociales y productivas.

En el Caribe colombiano, el año 2018 se cerró con 18 lideres sociales asesinados, tres en el departamento del Magdalena, dos en el Cesar, uno en el Atlántico, dos en Bolívar, uno en Sucre y ocho en Córdoba. Convirtiéndose este último departamento en el más inseguro para el ejercicio de los liderazgos sociales, con ocho asesinados en los municipios de San José de Uré (4), Montelibano (1), Puerto Libertador (1), Tierralta (1) y Montería (1).

Como se ha señalado en anteriores escritos, en los Municipios de Tierralta, Valencia, Montelibano, Puerto Libertador y San José de Uré (sur de Córdoba), la criminalidad es disputada por el Clan del Golfo, Los Caparrapos, disidencias y rearmados. 

Todos compiten por el control de las zonas de cultivos de coca y procesamiento de clorhidrato de cocaína, así como las rutas que van desde los laboratorios o cocinas hasta los puntos de exportación ubicados en los municipios de Canalete, Los Córdobas, Moñitos y Puerto Escondido. 

En este sentido, es importante resaltar que el Sur de Córdoba es geográficamente estratégico porque sirve como corredor de movilidad entre la Costa Caribe, el Bajo Cauca, el Norte de Antioquia y Urabá (antioqueño y chocoano), teniendo como nodo central el Parque Nacional Nudo de Paramillo. El control territorial de este parque natural resulta importante por la extensa red de conexiones terrestres y fluviales que ofrece, entre otras cosas porque conecta zonas de cultivos y centros de producción y acopio de clorhidrato de cocaína, con rutas de transporte y puntos de exportación. 

En el caso de Córdoba, el móvil de los asesinatos fue estar al frente de procesos de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en el marco de la implementación del punto 4 del Acuerdo del Teatro Colón. Pero un lugar común en la mayoría de los casos, fue su ocurrencia en zonas rurales (ninguno en capitales de departamento) y la impunidad.

En este sentido, debe entenderse que el asesinato de un líder social, frena procesos de cambio social, hace invisible las problematicas de comunidades y debilita la democracia en el plano local.

Lamentablemente, el inicio de 2019 presagia que este año la situación de inseguridad de los lideres sociales no cambiará y, por el contrario, puede agravarse por las elecciones locales de octubre.

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