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Comunidades que resisten a la guerra

Los grupos armados ilegales han dedicado gran parte de sus esfuerzos a controlar territorios con rentas ilegales, pero hay varios ejemplos de resistencia civil y pacífica.


Luis Fernando Trejos Rosero
Luis Fernando Trejos Rosero
Director del Centro de Pensamiento UNCaribe de la Universidad del Norte.
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05 de Agosto de 2018

Hace ocho días, La Silla Caribe contó detalles de la situación de violencia que están padeciendo en el sur de Córdoba y en el Bajo Cauca antioqueño por la guerra desatada entre el Clan del Golfo y una de sus antiguas estructuras, conocida como los Caparrapos.

Hay varios ejemplos de la historia reciente de cómo comunidades en situación similar han logrado organizarse para resistir.

En el Caribe, un ejemplo destacado de este tipo de resistencias civiles frente al conflicto lo constituye la Asamblea Popular Constituyente de Micoahumado (proceso soberano por la vida, la justicia y la paz), que sigue vivo y cumple ya 13 años.

Este es un caserío del municipio de Morales, sur de Bolívar. En el año 2005 sus pobladores apoyados en la Cooperación Internacional buscaron un acercamiento con la comandancia del ELN en la región y lograron que éste último disminuyera los enfrentamientos armados con el Ejército en su territorio y además desminara la cancha de fútbol, la bocatoma del acueducto y 15 km de vías.

De manera simultánea, miembros de organizaciones sociales y del Ejército de la zona llegaron a un acuerdo para facilitar el trabajo y evitar la confrontación armada. De esta forma, la comunidad de Micoahumado y la vereda La Caoba recuperaron cerca de 17 km.

Este año conmemoraron 13 años de fundación de esta importante experiencia comunitaria que ha mantenido vigencia a través de los años bajo el lema: Proceso Comunitario por la Vida, la Justicia y la Paz de Micoahumado.*

También, las comunidades de paz de San Francisco de Asís, en el Chocó, se declararon neutrales frente a los grupos armados que se disputan la región.

Entre diciembre de 1996 y marzo de 1997, más de cuatro mil habitantes de las riberas de los ríos Sataqui, Truandó y Quiparadó fueron desplazados a Pavarando. Hacinados en un campamento de desplazados, decidieron enviar un mensaje de neutralidad a los actores armados.

Es así como en 1998, con el apoyo de organizaciones nacionales e internacionales, se declararon comunidades de paz.

Organizadas como comunidades de paz, estas personas retornaron a sus tierras donde empezaron a reconstruir sus vidas y a consolidar su propuesta de neutralidad.

Dentro de los reglamentos de las comunidades de paz se especifica el compromiso de sus miembros a no colaborar de ninguna manera con ninguno de los actores armados.

Otra muestra se encuentra en las comunidades indígenas del nororiente del departamento del Cauca. Éstas, desde 1999, iniciaron un proceso de resistencia que ha involucrado masivamente a la población de la región, incluyendo a las autoridades civiles y en ciertos casos las religiosas. La resistencia se lleva a cabo sin armas, sólo utilizando elementos simbólicos.

El contexto de la ocupación territorial (y de la resistencia)

Los grupos armados ilegales colombianos han dedicado gran parte de sus esfuerzos políticos y militares hacia la consolidación de su presencia armada en el mayor número de territorios (con rentas ilegales) posibles, ya que en esos espacios se posibilita la disputa e imposición del orden social.

En esta dinámica de la confrontación armada, los territorios periféricos se convierten en espacios estratégicos por los que atraviesan los paralelos de la guerra, ya que ellos facilitan la construcción de retaguardias legales, canalización de recursos económicos, nuevas incorporaciones, fortalecimiento de bases sociales, legitimidad política pero, sobre todo, la posibilidad de materializar los proyectos de organización social y política que cada actor armado propone.

Una característica fundamental a la hora de definir o tratar de describir el Estado colombiano es que éste históricamente ha mantenido una presencia diferenciada en el territorio nacional, es decir, la continuidad del Estado colombiano ha sido fragmentada, ya que mientras ha logrado integrar los centros urbanos, vastas zonas periféricas del mismo se encuentran excluidas y marginadas de sus servicios básicos.

Este escrito pretende entender presencia estatal como el cumplimiento permanente de las obligaciones primarias del Estado, tales como: impartir justicia, brindar seguridad y garantizar la prestación y acceso a servicios públicos básicos a todos sus ciudadanos. Si bien esta definición se presenta como poco elaborada, lo que se busca destacar es que la presencia del Estado no sólo se limita a la instalación física de sus instituciones, sino que además estas instituciones deben prestar las funciones para las cuales fueron concebidas.

La poca o nula presencia estatal en gran parte del territorio nacional ha posibilitado la aparición y consolidación de poderes paralelos, que basados en la fuerza y el uso de la violencia establecen órdenes sociales y económicos básicos que permiten la convivencia.

En estas zonas carentes de Estado, las organizaciones de narcotraficantes, paramilitares y guerrilleras se convierten en gérmenes de orden y en la práctica se constituyen como estados paralelos, pues al quedar todo cubierto con el manto de la ilegalidad, el Estado renuncia a ser garante de las interacciones de los habitantes. Dejando los derechos de propiedad, los contratos, los intercambios en una especie de limbo abstracto. Sin ellos no puede haber vida social. En estos territorios, la violencia se convierte en el medio utilizado para la resolución de las tensiones y los conflictos sociales, es decir, la violencia y quienes la administran o ejercen pasan a ser el elemento dinamizador del desarrollo de la vida en común.

El control territorial busca entre otras cosas la disputa y construcción de nuevos órdenes sociales, entendiendo estos como las características o rasgos particulares de una sociedad.

Según el exconcejal de Bogotá y actual senador verde Antonio Sanguino, este orden se dirige hacia tres áreas específicas:

1) La económica-social: busca ordenar y controlar los procesos de producción legales e ilegales, jerarquizando unas formas de producción sobre otras y regulando las relaciones sociales que nacen de este ordenamiento. 2) La política institucional: se centra en la creación de nuevos actores y referentes sociales, políticos y organizativos, y en la implementación de los mecanismos de control y coerción que regularan la convivencia social. 3) En lo burocrático-administrativo: reglamenta las funciones y alcances de las instituciones públicas con respecto a las demandas sociales y la gestión de las mismas.

En este contexto, el territorio debe ser entendido como la suma de tres componentes estratégicos, lo físico como espacio geográfico, lo social como fuente de apoyo y finanzas, y lo político como elemento generador de legitimidad. Es por esto que la guerra en Colombia ha convertido a los territorios rurales en escenario central de sus dinámicas.

En estos espacios cada actor armado busca implantar su modelo de orden social, estableciendo una nueva institucionalidad que se relacione directamente con su tipo de sociedad ideal y funcionalidad orgánica. Lo que en más de una ocasión ha producido tensiones entre los actores sociales y los armados. En efecto los actores sociales frente a un orden existente luchan por su mantenimiento o su suplantación mediante el ejercicio de la lucha política y en algunos casos la militar.

Pero frente a los actores armados y sus estrategias de control social y dominio territorial han empezado a surgir experiencias exitosas de resistencia civil frente a la guerra que han terminado disputando con los actores armados el establecimiento del orden social. Estas dinámicas territoriales encabezadas por actores civiles irrumpieron desde la década de los noventas en el conflictivo panorama colombiano. De ahí que su difusión y sistematización sea relativamente reciente.

El primer grupo de experiencias de resistencia civil frente a la guerra y sus dinámicas, se ha presentado a través del establecimiento de mecanismos de convivencia y construcción de ciudadanía, lo que les otorga una dimensión política y en ciertos casos administrativa a estos procesos. Aquí caben como muestra las comunidades indígenas del nororiente del departamento del Cauca.

El segundo grupo de experiencias se relacionan con el desplazamiento forzado, la ampliación del campo humanitario y la gobernabilidad local. Estas comunidades han pasado de ser víctimas de la guerra a promotores de la convivencia pacífica y la ciudadanía activa.

Aquí es donde entran los dos ejemplos con los que arranca esta historia: las comunidades de paz de San Francisco de Asís, en el Chocó, y la Asamblea Popular Constituyente del corregimiento de Micoahumado en el sur de Bolívar.

Es en este contexto en el que el Estado colombiano no controla los monopolios de la fuerza, el tributo, la aplicación de justicia y el control territorial, que tiene como telón de fondo un conflicto armado interno de carácter asimétrico, irregular y de baja intensidad en el que los actores armados ilegales se han propuesto como objetivo controlar social y militarmente el mayor número de territorios con rentas ilícitas que les sea posible, con el efecto de terminar estableciendo nuevos órdenes sociales.

En esta compleja dinámica de la confrontación armada colombiana han aparecido una serie de experiencias de resistencia civil frente a los actores armados. Lo novedoso de estas experiencias es que poseen una serie de rasgos característicos que evidencian una nueva manera de concebir el orden social en las zonas de guerra y que contradice radicalmente los proyectos de control social y poder político de los actores armados.

Estas comunidades han iniciado un proceso de autorepresentación política que es incluyente y que desvirtúa la violencia como mecanismo para resolver los conflictos. Ahora lo que se busca es la creación y consolidación de espacios democráticos que posibiliten el ejercicio de una ciudadanía integral en medio del conflicto.

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“En agosto de 1997 los elenos secuestraron 20 personas en Santa Rosa del Sur. Entre los retenidos había varios candidatos. A los 10 días el ELN tuvo que soltar a todos los que tenía en su poder porque había por lo menos 700 personas de la región dispuestas a ir a rescatarlos a los campamentos donde los tenían (…). En febrero de 1998 la guerrilla secuestró a dos funcionarios de educación de Santa Rosa del Sur. Para el pueblo fue una retaliación por su actitud en las elecciones. Al igual que en agosto de 1997, un grupo de por lo menos 300 personas se organizó y se los quitó al ELN en un campamento del corregimiento de Micoahumado, en el municipio de Morales” (verdadabierta.com, 2008).