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Una forma radical de sincerar el catastro rural: impuestos Harberger

La dificultad para hacer un catastro rural sincero y contribuir a la asignación más eficiente y tal vez equitativa de la tierra puede implementarse con un mecanismo radical: dejando que cada uno diga cuánto vale su tierra.

Andrés Álvarez
Andrés Álvarez
Profesor Asociado, Facultad de Economía, Universidad de los Andes
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22 de Septiembre de 2018

Entender las causas de los conflictos armados es uno de los grandes problemas no resueltos de las ciencias sociales. Aunque cada conflicto es diverso en el tiempo y en el espacio, uno de los elementos usualmente evocados como causa de la violencia es la pobreza.

Sin embargo, la evidencia empírica acerca de la relación entre pobreza y conflicto armado es más que mitigada. Existen múltiples ejemplos de conflictos que estallan precisamente en las zonas de mayor riqueza de los países en desarrollo. 

Se puede entonces afinar mejor el argumento y decir que la verdadera causa de los conflictos (o en general de la violencia) no es el nivel global de riqueza, ni siquiera el nivel medio de pobreza, sino más bien la desigualdad. Y siendo más precisos, afirmar que la desigualdad está asociada al conflicto porque es un síntoma estrechamente ligado a la falta de movilidad social y, por lo tanto, al sentimiento de exclusión. 

Sin embargo, tampoco la evidencia empírica soporta esa relación. Las medidas usuales de desigualdad (vrg. coeficiente de Gini) no siempre se encuentran asociadas a la presencia de conflicto armado.

Para citar algunos ejemplos, se puede mencionar que países con alta desigualdad en América Latina tienen niveles de conflicto muy diversos: Chile, Brasil, Colombia y Guatemala. Un ejemplo emblemático de la aparente desconexión entre desigualdad y violencia es la India y su tradicional inmovilidad social acompañada de bajos índices de violencia y conflicto. 

Un argumento que se soporta mejor en la evidencia empírica es la relación entre la llamada desigualdad horizontal y los conflictos internos. Mientras la desigualdad vertical es medida de forma transversal (vrg. el índice de Gini mencionado antes), usando niveles de ingreso o riqueza comparativos entre individuos sin tener en cuenta las diferencias sistemáticas entre grupos poblacionales, la desigualdad horizontal mide “desigualdades sistemáticas entre grupos culturalmente formados, tales como grupos étnicos, religiosos o regionales” (Stewart, F. (2002). Horizontal inequalities: A Neglected Dimension of Development. Helsinki: UNU-WIDER, p:1).

Estas desigualdades se estiman entonces utilizando como unidad de análisis una clasificación de grupos poblacionales. Estas agrupaciones se pueden hacer a partir de definiciones relevantes a cada país. Por ejemplo, para el caso colombiano puede ser irrelevante utilizar como criterio de agrupación la religión, pero sí puede serlo la región, el color de la piel, la pertenencia a ciertos grupos étnicos, etc. 

La relación entre se puede entender intuitivamente a través del siguiente mecanismo: la presencia de desigualdades entre grupos sociales produce una forma de frustración grupal y, en consecuencia, una identificación con la exclusión que lleva a una forma más fácil de organización de formas organizadas de violencia en contra de esta exclusión.

O dicho de otra manera, si la desigualdad es percibida como exclusión para un grupo con una clara identidad social, es más fácil que este grupo se organice para reivindicar sus derechos y si las formas de esta exclusión persisten, se puede desatar un conflicto armado.

La persistencia de la exclusión política y la concentración de la tierra han sido generalmente evocadas como las formas de desigualdad horizontal que se reconocen, por parte de los actores armados mismos, como las causas del conflicto colombiano.

La reforma constitucional de 1991 y los recientes acuerdos de paz con las FARC parecen haber hecho progresos importantes en el frente de la inclusión política. Sin embargo, la concentración de la propiedad rural sigue siendo el cascabel que nadie le quiere poner al gato.

Un elemento crucial en el proceso de reorganización de la propiedad rural es la imposibilidad de actualizar, y ajustar a la realidad, los catastros rurales.

Con la definición actual de los valores catastrales de los predios rurales los impuestos son un instrumento inocuo para lograr crear los incentivos para reducir el uso ineficiente de la tierra y para hacer una redistribución a través de mecanismos diferentes a la expropiación y redistribución directa, que han sido excluidos aparentemente en el pacto social colombiano y de los mismos acuerdos de paz. 

El catastro rural sufre de un problema de economía política. Los legisladores colombianos o bien son propietarios de grandes extensiones rurales o representan a grupos de grandes propietarios de tierras rurales. Esto hace difícil implementar no solo la revisión del catastro sino además la reorganización de los impuestos rurales.

Una idea radical podría ayudar a implementar un mecanismo de sinceramiento del valor de los predios rurales y a fomentar una asignación productiva más eficiente de estos. En un reciente libro, mencionan los llamados impuestos Harberger. Se trata de un diseño radical de un mecanismo de mercado que mezcla reglas de propiedad privada y una regla de responsabilidad colectiva.

Para decirlo de una forma simple, este mecanismo se soporta sobre dos pilares. Por un lado, se delega a los propietarios privados de la tierra la definición de su valor catastral y, por consiguiente, de impuestos que deben pagar.

Por otro lado, se define una regla según la cual estos predios pueden en cualquier momento ser vendidos (rematados, subastados, etc.) a quien esté dispuesto a pagar el valor definido por su propietario, incluyendo una compra por parte del Estado con fines redistributivos.

Así, sin necesidad de invertir recursos económicos y políticos en la redefinición del catastro, este mecanismo contribuiría a acercar por incentivos el valor declarado de la tierra con su productividad.

Un propietario de tierra improductiva tendría el incentivo inmediato a anunciar que su tierra vale poco con el fin de pagar pocos impuestos. Pero individuos que deseen hacer inversiones más productivas en estas mismas tierras tendrían interés en comprarlas a estos precios bajos. El mecanismo operaría hasta que el costo del impuesto marginal a la tierra sea el más cercano al valor necesario para asignar la tierra a su uso más productivo. 

El Estado podría utilizar este mecanismo para reasignar tierras a agentes tradicionalmente excluidos a través de su compra a los precios irrisorios del actual catastro. Sin embargo, una vez asignada esta tierra el mecanismo seguiría siendo válido para los propietarios nuevos.

Por ejemplo, la tierra sería asignada a familias campesinas víctimas del conflicto, quienes a su vez deberán dar un uso productivo a estas tierras o estar obligadas a someterse a la posibilidad de tener que venderlas al valor declarado, que estaría ligado a su eficiencia productiva.

En este caso el reto para el Estado consistiría en crear condiciones para que estas unidades productivas tengan la capacidad para hacer una producción suficientemente productiva de las pequeñas parcelas. Este mecanismo podría terminar en el largo plazo en una reasignación desigual de la propiedad rural, pero más eficientemente distribuida.

Si el resultado es un nuevo nivel de concentración de la tierra rural muy alto, la sociedad debería entonces implementar criterios de segundo orden para justificar una distribución más igualitaria de la propiedad, teniendo al menos resuelto el problema de la eficiencia.

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Comentarios (2)

Andres Felipe Garcia Rovira

28 de Septiembre

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Me gusta la idea, yo solo haria una pequeña salvedad y es dejarla como un val...+ ver más

Me gusta la idea, yo solo haria una pequeña salvedad y es dejarla como un valor esperado + o - 10% para cubrir costos de transacción y fluctuaciones de precio, adicionando una clausula de que el propietario puede hacer una contrapropuesta sobre el valor del bien o entrar a pujar, para de esa forma preservar la visión de largo plazo a la que la persona le ha venido apostando a largo plazo (ejemplo tiene cultivos forestales) y se le pague el lucro cesante en el caso en que tenga una unidad productiva.

Por otro lado yo creo que si un propietario quiere preservar ambientalmente su bien y evitando tener que hacer esos tramites absurdos para que sea una reserva forestal o ambiental privada, se deberia proteger ese patrimonio comun.

juligomgel

30 de Septiembre

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Creo que en lugar de decir "...estos predios pueden en cualquier momento ser v...+ ver más

Creo que en lugar de decir "...estos predios pueden en cualquier momento ser vendidos...", lo correcto sería decir "...estos predios pueden en cualquier momento ser comprados...". El propietario de la tierra debe entregarla a quien esté dispuesto a pagar el valor declarado por el propietario, así no lo quiera. Es la parte radical de la propuesta. El propietario no se puede negar a vender.