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Por Juan Pablo Pérez B. · 21 de Marzo de 2018

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Cartagena no sólo está a punto de cumplir un año sin alcalde titular, y ad portas de elegir en elecciones atípicas a su noveno mandatario -entre titulares y encargados- en ocho años, sino que, además de todo, hace unos días más de la mitad de su Concejo cayó detenida por corrupción.

El pasado viernes, a ocho concejales (el conservador Édgar Mendoza, Américo Mendoza de ASI, Antonio Salim Guerra y Javier Cassiani de Cambio Radical, Duvinia Torres y William Pérez de La U, Lewis Montero del PIN y Erich Piña del Liberal) les fue otorgada la detención preventiva en sus casas por el mismo caso que tiene tras las rejas desde agosto pasado al exalcalde titular Manolo Duque y a su hermano de crianza José Julián Vásquez: la feria de puestos que repartieron para que Duque y sus concejales aliados pudieran elegir una contralora de bolsillo.

Esos ocho concejales se sumaron a dos más: el conservador Jorge Alfonso Useche y la verde Angélica Hodge, que desde agosto del año pasado están detenidos (Useche preso en la cárcel de Sabanalarga y Hodge en detención domiciliaria) dentro del mismo proceso.

Como si eso fuera poco, el concejal Javier Curi del Partido Liberal también está en la cuerda floja porque, aunque está en libertad en estos momentos y la Fiscalía no pidió medida de aseguramiento para él por los problemas de salud que ha tenido, se encuentra imputado por el mismo caso.

Y para rematar, el Concejo de Cartagena tiene una de sus curules vacías por la ausencia del concejal Ronald Fortich, del movimiento Cartagena con Firmas, que perdió la curul a mediados del año pasado por un presunto caso de doble militancia.

A finales de enero, según lo dijo el presidente del Concejo Wilson Toncel, un fallo de tutela se la devolvió, pero Fortich no ha podido volver al Cabildo, pues también está siendo investigado por el caso de la excontralora.

Así las cosas, de las 19 curules que tiene, la corporación hoy apenas sesiona con ocho de ellas ocupadas por Wilson Toncel y Vicente Blel de Cambio Radical, César Pión de La U,  los liberales Javier Curi y David Dáger y los conservadores Rodrigo Reyes, David Caballero y Rafael Meza.

Eso significa que los proyectos de acuerdo y el control político en una de las ciudades más importantes del país, sede alterna del Gobierno Nacional, con más o menos un millón de habitantes, los van a realizar ocho personas, que ni siquiera alcanzan físicamente a repartirse en números iguales en las tres comisiones (Plan, Presupuesto y Administrativa) que tiene el Concejo.

Al decir del presidente de la corporación, el concejal Wilson Toncel, de Cambio Radical, eso no tiene ningún remedio, ya que la ley sólo permite convocar a unas nuevas elecciones cuando el Concejo quede reducido a la mitad o menos y cuando falten más de 24 meses para la finalización del periodo, plazo que se cumplió el pasado 31 de diciembre.

Por eso, los concejales que quedan deben arreglárselas para encontrar la manera de armar el quórum necesario para tener una sesión.

De acuerdo al Artículo 63 del reglamento del Concejo de Cartagena, cada una de las tres comisiones del Concejo deberá estar integrada por la tercera parte del número de concejales y, cada una de ellas, contará con un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario.

El problema que, entonces, tienen los concejales que aún pueden sesionar es que con ocho concejales no alcanzan a cumplir este requisito, pues, para tener estos tres cargos en cada una de las comisiones, deberían ser, por lo menos, nueve concejales.

A raíz de esto, hoy, el presidente del cabildo presentará una proposición que permita que en unas comisiones no haya Vicepresidencia.

Su argumento, de acuerdo a lo que nos contó por medio de su asesora externa, es que la Vicepresidencia es una figura de suplencia y, por lo tanto, podría ser un cargo prescindible para poder reajustar el quórum mínimo.

Aunque esto solucione el problema de consolidar las comisiones, no soluciona el problema de mayorías que, posiblemente, tenga que afrontar la comisión que quede con sólo dos concejales.

Ante un caso hipotético en el que uno de los cabildantes esté a favor y otro en contra de una ponencia, no hay forma de desempatar el debate y saber si pasa o no a un segundo debate en plenaria.

Frente a esta situación que le planteamos, el concejal Toncel nos contestó que lo que probablemente tenga que pasar es que el ponente deba incorporar las sugerencias hechas por el otro concejal para, así, volver a hacer la ponencia y que ésta sea votada por ambos.

Sin embargo, más allá de que los concejales encuentren la fórmula para poder sesionar en orden, el vacío institucional que deja la ausencia del alcalde titular, y de más de la mitad del Concejo, es innegable.

Mucho más teniendo en cuenta lo que se viene.

Lo que se viene

A menos de dos meses de las elecciones atípicas en las que los cartageneros elegirán al reemplazo de Manolo Duque, lo que se viene es que ese Concejo, haciendo maromas para sesionar en medio de su desprestigio, deberá debatir el nuevo Plan de Desarrollo para la ciudad que les presente el próximo mandatario y definir el presupuesto de 2019 (el de 2018 fue de un billón 631 mil millones de pesos).

Además de eso, tendrían que tener la obligación de hacerle el control político a los 1,7 billones de pesos que la ciudad invertirá en varios de sus proyectos más clave: el plan de drenaje pluvial (1,5 billones de pesos), la Quinta Avenida del barrio Manga (120 mil millones de pesos) y el proyecto de protección costera (160 mil millones de pesos)

También, está dentro de su labor vigilar los contratos que ha entregado  la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar, Edurbe, que ha sido cuestionada por su prontuario de obras mal hechas e inconclusas.

De acuerdo a la Fundación Pro Cartagena Funcicar, la Administración le entregó a Edurbe 57 mil millones de pesos el año pasado para la ejecución de 30 obras y esta empresa ha subcontratado estos contratos con empresas elegidas a dedo.

“Tenemos una estabilidad administrativa crítica. Vivimos en un estado de incertidumbre grave, porque el rol de la Administración es generar una estabilidad que permita que los proyectos se hagan y, con un alcalde preso y diez concejales detenidos, eso no existe”, opinó respecto a esta historia de La Silla Caribe, Carolina Calderón, directora de Funcicar.

La desconfianza que existe en Cartagena sobre su institucionalidad es tal que, de acuerdo a cifras de 2017 brindadas por el programa Cartagena Cómo Vamos, cinco de cada diez cartageneros cree que la corrupción en la ciudad ha aumentado, uno de cada diez creen que el Concejo ha hecho una buena gestión y dos de cada diez tienen una imagen favorable suya.

“Esto que está sucediendo le revela al público la realidad de cómo funciona la elección de entes de control locales. Se está pasando de un conocimiento tácito, en donde todo el mundo oye cómo es que es, a uno común en donde hay hechos, se ve cómo es que funciona y hay personas presas por ello”, le dijo a La Silla Caribe el investigador Pablo Abitbol en referencia al caso de la elección de la contralora distrital.

Por ahora, Cartagena parece no poder levantarse esa crisis que hizo que, en 2008, viera por primera vez aumentar sus cifras de pobreza y que la ha llevado a tener ocho alcaldes -entre encargados y titulares- en tan solo siete años.

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