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Por Juan Pablo Pérez B. | Ever Mejía · 08 de Marzo de 2019

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Con tres casas en Sincelejo, Barranquilla y Valledupar, y enlaces con investigadores en el departamento del Magdalena, la Comisión de la Verdad ya empezó a funcionar en el Caribe.

Esta institución, creada por el Acuerdo de Paz de La Habana y cuyo mandato empezó en noviembre pasado, durante los próximos tres años intentará construir el relato complejo y comprensivo de medio siglo de conflicto armado en Colombia.

Lo hará con el trabajo de sus 11 comisionados repartidos en nueve regiones y dos áreas temáticas: exilio y grupos étnicos; y con una estrategia centrada en encuentros (privados y públicos) en los que la idea es que víctimas y victimarios dialoguen, reconozcan situaciones e intenten buscar la reconciliación y la reparación. Como una suerte de gran diálogo entre improbables.

En el Caribe, en donde aterrizó el año pasado, tendrá la particularidad de que en la región ya hay cierto conocimiento de lo que pasó durante la guerra.

Por eso, como nos contó la comisionada que coordinará en la región, la periodista Martha Ruiz, llegarán a mirar todo aquello que no se haya estudiado tanto en Justicia y Paz como en los informes del Centro de Memoria Histórica.

Dado que, más que señalar hechos y personajes, prometen una narración más compleja y que ayude a entender lo que nos sucedió como sociedad, estos son algunos de los temas por los que tendrán que averiguar en el Caribe:

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La penetración y aceptación de armados ilegales

Uno de los temas clave que la Comisión de la Verdad estudiará en el Caribe es cómo y por qué se dieron las alianzas entre políticos y grupos armados ilegales que terminaron golpeando los procesos democráticos de la región, y por qué algunos sectores de la sociedad justificaron y aceptaron esto.

Sobre estos vínculos ya es bastante lo que se sabe a raíz del proceso de desmovilización de los paramilitares (entre 2003 y 2006), pues las más de 25 condenas a congresistas y gobernadores costeños, que se dieron luego de Justicia y Paz, dan ya un panorama de la magnitud de lo que ocurrió.

Por ejemplo, se sabe que algunos grupos paramilitares fueron financiados por políticos locales. Algunos casos son el del exsenador Álvaro ‘el Gordo’ García Romero (condenado a 40 años de cárcel por su participación en la masacre de Macayepo) quien, según la sentencia de la Corte Suprema en su contra, financió la creación de grupos paramilitares en Sucre a finales de los noventa, y el del exgobernador de Sucre Salvador Arana, quien fue condenado por desviar recursos públicos para financiar a los paramilitares.

También se sabe que los paramilitares, a su vez, financiaron campañas políticas como la del exgobernador de Bolívar, Libardo Simancas, en 2004 con intermediación de la criminal empresaria del chance Enilse López alias ‘La Gata’.

Pero, ¿cómo fue que el paramilitarismo penetró tanto en la sociedad?, ¿por qué políticos se les unieron?, ¿todos fueron voluntariamente?, ¿cómo y por qué llegó este grupo a tener el control institucional y social que tuvo?, ¿por qué incluso hoy muchos justifican algunas de estas actuaciones y cómo y por qué lo hacen?

En ese tipo de preguntas se centrará la Comisión.

“Nosotros vamos no por las anécdotas, sino por las explicaciones de estos fenómenos”, detalló la comisionada Ruiz.

La Comisión también mirará las explicaciones al exterminio y las amenazas que sufrieron, a finales de los ochenta, movimientos sociales de la región, lo que hizo que una parte de la sociedad estuviese por varios años excluida de participar en la política local.

Algunos casos son los del exterminio de la Unión Patriótica (UP) y las amenazas contra líderes campesinos.

 

 
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El impacto sobre el territorio y su tenencia

El medio siglo de conflicto armado trajo consigo miles de desplazados, pueblos abandonados y campesinos que fueron despojados de sus tierras.

Por eso, una de las tareas de la Comisión de la Verdad será ver cómo en ese tiempo se afectaron las dinámicas de la tenencia de la tierra en el Caribe.

Analizarán, entre otras cosas, ¿cómo cambió la relación de la gente con su territorio a lo largo del conflicto? y ¿cómo fue cambiando la propiedad de la tierra?

Y es que en la región, según las cifras de la Unidad de Víctimas, hasta el 2016, año en que se firmó el Acuerdo con las Farc, 2.329.329 personas habían sido desplazadas de su hogar.

Es decir, casi un tercio de los casi ocho millones de desplazados que dejó la guerra hasta la firma de la paz venían del Caribe.

En esta zona pueblos enteros quedaron desolados.

Ese es el caso de los corregimientos montemarianos de Chengüe, El Salado y Macayepo, en donde los habitantes abandonaron sus casas luego de las masacres paramilitares que allí se perpetraron a comienzos de la década de los 2000.

También es el caso del corregimiento de Sacramento en el municipio de Fundación, Magdalena, en donde las 145 familias que para el 2001 vivían allí abandonaron sus casas dejando atrás un pueblo fantasma, tras los constantes enfrentamientos entre grupos armados.

De la mano del desplazamiento masivo, hubo en el Caribe un proceso de despojo de tierras.

Como contamos, éste se padeció en subregiones como los Montes de María, en donde el conflicto por la tierra aún no se ha terminado de definir.

 
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El secuestro como arma de financiación guerrillera

En esta región ocurrieron, según los registros de la Unidad de Víctimas, 4.057 secuestros hasta el 2016; el 19 por ciento de los que hubo en todo el país durante el conflicto.

Este tema es clave porque, según nos explicó el investigador de nuestra red de expertos del Caribe, Luis Fernando Trejos, esta fue el arma con la que, de manera principal, se financiaron las guerrillas de las Farc y el ELN (que se mantiene todavía), en esta región en la que los cultivos de coca no son el fuerte y la poca que había la tenían los paras.

“(En el Caribe) no había coca ni petróleo, no había rentas ilegales que predar, por lo cual casi que el cien por ciento de su financiación era a través del secuestro y la extorsión”, señaló Trejos.

Un mal recuerdo de esto son las famosas “pescas milagrosas” con las que las Farc azotaron zonas como los Montes de María o los secuestros selectivos a miembros de muchas familias en el Cesar, Córdoba y Magdalena, entre otros.

Según uno de los informes que entregó la Fiscalía a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), las Farc obtuvieron, desde sus inicios, más de seis billones de pesos por secuestros extorsivos en todo el país.

 
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El narcotráfico por los puertos

Si bien esta región no ha sido escenario de grandes cultivos o laboratorios de coca (excepto, por ejemplo, en el sur de Córdoba, departamento por el que pasa toda la cadena del narcotráfico), por su condición portuaria los grupos armados ilegales se han disputado el control de ese negocio.

¿Qué pasó en los puertos? ¿Qué tan involucrada estuvo la institucionalidad? Son algunas de las preguntas que se planteará la Comisión.

Lo que se sabe, por ahora, son datos como lo que le aseguró a la Fiscalía en 2008 el excomandante paramilitar alias Salomón: que entre 2003 y 2006 sacaron más de 100 toneladas por los puertos del Atlántico con la complicidad de la Policía.

Actualmente, los puertos del Caribe siguen siendo objeto de disputa entre los diferentes grupos armados.

En Barranquilla, como ha contado en nuestra red de expertos el investigador Trejos, han operado frentes de las Farc, del ELN y de los paramilitares, que se instalaron en la ciudad y algunos de cuyos residuos aún se disputan el territorio por ser puerto marítimo y por la desembocadura del río Magdalena.

En Santa Marta, el control del puerto se lo pelean el Clan del Golfo y Los Pachenca, que han desatado una escalada de violencia en la ciudad.

 
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La victimización de los pueblos indígena

Una realidad del conflicto que poco se conoce en el Caribe, y que la Comisión de la Verdad entrará a investigar, es cómo los pueblos indígenas fueron afectados por la guerra.

Según las cifras de la Unidad de Víctimas, en esta región hay 12.169 indígenas víctimas del conflicto (el 18,87 por ciento del total de indígenas víctimas del país) y además aquí habita la etnia más grande: los wayuu.

Justamente, en julio del año pasado, la Unidad declaró al pueblo wayuu como sujeto de reparación colectiva por los crímenes que sufrieron a lo largo del conflicto, como el asesinato de muchos de sus líderes y la masacre paramilitar de Bahía Portete en 2004.

En la Sierra Nevada, los kankuamos y los wiwas también fueron víctimas de masacres que causaron decenas de muertos y cientos de desplazados.

Del mismo modo, de acuerdo a los que nos aseguró un integrante de la Comisión de la Verdad, estudiarán la manera como sufrieron el conflicto los indígenas Zenú en Córdoba.

 
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La cooptación de las universidades por paras y guerrilla

Desde mediados de los años noventa hasta finales de la década de los 2000, varias universidades públicas se vieron sometidas al terror paramilitar.

Sobre ese control en el Caribe ya hay cosas que se saben.

Por ejemplo, tres universidades de la región fueron incluidas en el Registro Único de Víctimas como sujetos de reparación colectiva por las infiltraciones sistemáticas de las AUC: la Universidad del Atlántico, la Universidad de Córdoba y la Universidad Popular del Cesar.

También es conocida la influencia de grupos paramilitares al mando del exjefe para Hernán Giraldo en la Universidad del Magdalena.

Sin embargo, más allá del detalle de esos hechos, que en parte se han dicho, la Comisión quiere mirar cómo se vio afectado el debate y el pensamiento crítico en estos espacios.

Este tema también incluye la influencia de sectores cercanos o pertenecientes a las guerrillas en los claustros, asunto del que sí se conoce menos en el Caribe.

 
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Los ganaderos como victimarios y también como víctimas

Sobre cómo algunos ganaderos de la región ayudaron a crear y financiar grupos paramilitares es bastante lo que ya se conoce.

El año pasado, por ejemplo, el ganadero, excongresista de La U y expresidente de Fedegán, Jorge Visbal Martelo, fue condenado por respaldar a los paramilitares cuando era presidente de esa Federación de Ganaderos a finales de los noventa.

Del mismo modo, en la sentencia contra ‘el Gordo’ García se habla de que, en 1996, políticos y acaudalados ganaderos auspiciaron la creación del Bloque Norte de las Autodefensas que se originó en Sucre.

¿Qué motivó este actuar?, ¿cuáles eran las condiciones de seguridad en las que vivían algunos de estos empresarios?, ¿cómo padecieron sus familias el azote guerrillero? Son algunas de las preguntas en este punto.

Al respecto, la comisionada Ruiz nos comentó que ya comenzaron diálogos con algunos ganaderos para escuchar sus versiones.

 
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Los invisibilizados sures de Córdoba, Bolívar y Cesar

Uno de los temas que estudiará la Comisión en el Caribe, en conjunto con los comisionados coordinadores de Antioquia y el Magdalena Medio, es la historia del conflicto en los sures de Córdoba, Bolívar y Cesar.

Esto será importante porque la guerra en el Caribe no se ha contado hasta ahora en esas zonas, en las que, de hecho, aún persiste el conflicto.

La idea, como nos contó un integrante de la Comisión, es explicar cómo esta región llegó a ser una zona de cultivos ilícitos disputada por los diferentes actores armados.

Como señala un estudio del Banco de la República, a lo largo de los años del conflicto, esta zona -cuya población proviene en su gran mayoría de colonos del centro del país que llegaron a mediados del siglo XX- ha sido disputada por guerrillas, paramilitares y narcotraficantes.

Actualmente, en el sur de Córdoba, como hemos contado, la disputa es entre el Clan del Golfo y su disidencia llamada los Caparrapos, por el control de los cultivos y las rutas del narcotráfico.

En los sures de Bolívar y Cesar opera el ELN a través de los frentes Darío de Jesús Ramírez Castro y Camilo Torres Restrepo, respectivamente.

Comentarios (1)

Alvaro

08 de Marzo

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La derecha no opina de estas salvajadas o solo saben decir:ganamos el plebscito?. Les recuerdo estos eran los vscinos del uberrimo.

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