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Por Laura Ardila Arrieta | Juan Pablo Pérez B. · 11 de Febrero de 2019

Foto tomada del Twitter de Andrés Calle.

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No es una novedad, pero sigue pasando de agache en el país: a fines de 2017 se desató en el Bajo Cauca antioqueño una guerra entre el Clan del Golfo y una de sus estructuras (conocida como bloque Virgilio Peralta o Caparrapos) por el negocio de la droga y el territorio, que tiene bajo fuego a buena parte del sur de Córdoba. Las noticias recientes dan cuenta de un recrudecimiento y de que el riesgo se está extendiendo.

Por ejemplo, el pasado 31 de enero en el municipio de Buenavista apareció, tras haber desaparecido el día anterior, el cuerpo del líder social y político del Partido de La U Jorge Herney Castrillón Gutiérrez, quien aspiraba a la Alcaldía de San José de Uré, una de las ‘sedes’ de esta guerra.

Al día siguiente, se conoció la circulación de un panfleto en el que los Caparrapos declaran objetivo militar al representante liberal Andrés Calle y a los periodistas Organis Cuadrado y Rafael Moreno del portal Voces de Córdoba.

Las amenazas fueron noticia justo en momentos en que el ministro de Defensa, Guillermo Botero, encabezaba un consejo de seguridad en Montelíbano y el alcalde de ese municipio, Francisco Alean, informaba que los homicidios ocurridos allí en enero de este año (17) superaban los registrados en todo 2018 (11).

El Representante Calle, justamente, es oriundo de Montelíbano y venía denunciando la violencia de las organizaciones criminales en su pueblo.

De hecho, hizo público un video en el que aparecen presuntos integrantes de los Caparrapos, con fusil en mano, en el casco urbano de Uré, vecino a Montelíbano.

Y también se había quejado de la poca atención del Gobierno Nacional a este conflicto.

Más allá de estos datos concretos, la información más macro sobre la guerra que padece el sur de Córdoba ratifica su gravedad.

Según el más reciente censo delictivo de la Fiscalía, Córdoba es el departamento del país en el que más aumentaron los homicidios en el primer mes del año, con respecto al mismo periodo de 2018. Mientras para el 30 de enero de 2018 habían asesinado a 31 personas, este año el número de muertes fue de 41.

Incluso más que en la también caótica subregión del Magdalena Medio, que ocupa el segundo puesto en ese censo, con una variación de los homicidios de enero Vs. enero de cuatro.

Pero acaso la radiografía más detallada de lo que padecen las comunidades hacia el alto San Jorge se la hizo el pasado 4 de febrero el defensor del Pueblo, Carlos Negret, a la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, en una carta con mensaje de urgencia, que La Silla Caribe pudo leer.

En ella, el Defensor le recuerda a la Ministra la “grave situación de riesgo y vulneración de los derechos” de líderes sociales y campesinos de las veredas y corregimientos de Uré, Montelíbano y Puerto Libertador, advertida por la Defensoría en tres alertas tempranas emitidas el año pasado.

Y, al tiempo, Negret informa que es tal la gravedad de la acción de los grupos armados ilegales, que el riesgo amenaza con extenderse hacia los también municipios de La Apartada, Ayapel, Buenavista y Planeta Rica.

Allí, dice la misiva, están en riesgo también líderes y campesinos, y bajo amenaza transportadores fluviales, mototaxistas y comerciantes.

Las agresiones no sólo provienen de los Caparrapos y el Clan del Golfo al que se enfrentan, sino de otros actores como la disidencia de las Farc (que llegó a Córdoba el año pasado, como lo contamos) y que en la zona están en supuesta alianza con el ELN y los Caparrapos.

Los hechos de violencia no sólo se están denunciando en las áreas rurales, sino que ya afectan los cascos urbanos.

Por ejemplo, el 27 de enero de este año fue asesinado un joven de 18 años (llamado Wilmer Martínez) dentro de la institución educativa Belén, en el caso urbano de Montelíbano.

Una fuente que conoce bien la situación del sur de Córdoba, y que pidió que omitiéramos su nombre por seguridad, nos dijo que lo que sabe es que en varios de estos municipios las comunidades quedan a merced del primer grupo que las domine, lo que los convierte en objeto de amenazas automáticas por parte de los enemigos de éste.

Parte del dominio es ser víctimas de la extorsión. Según esta fuente, en varios de los siete municipios de la subregión del San Jorge pagan ‘vacuna’ desde el vendedor de minutos de celular hasta secretarios y otros funcionarios de las Alcaldías.

Este dato ya se lo habían dado a La Silla Caribe funcionarios de dos pueblos de Córdoba, en reporterías que hicimos el año pasado.

Asimismo, el Representante Calle asegura que en su municipio Montelíbano el 100 por ciento del comercio está extorsionado.

Lo que hay detrás de esta guerra es un cambio en la dinámica del negocio del narcotráfico, que se materializó tras la salida de las Farc del escenario del conflicto como guerrilla.

Tras ese desarme, el flujo de droga empezó a no estar tan garantizado para los compradores extranjeros y la proliferación de distintas bandas de narcos generaron una suerte de desorden en el mercado.

En Córdoba, único departamento del Caribe en el que está toda la cadena del narcotráfico (desde la siembra y producción de la hoja de coca hasta la exportación) y cuyo sur ha sido tradicionalmente corazón de la guerra en el país, hay versiones de que un cartel mexicano en 2017 habría empezado a financiar a los Caparrapos en esa zona, para garantizar la llegada de sus cargamentos de clorhidrato de cocaína.

En dos alertas tempranas distintas, la Defensoría del Pueblo ha dicho que ese cartel con el que están relacionados los Caparrapos podría ser o el de Sinaloa o el de Jalisco Nueva Generación.

Por este conflicto de la que poco se habla a nivel nacional, el Defensor del Pueblo le pidió a la Ministra del Interior que “de manera excepcional y urgente” la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida de las Alertas Tempranas, en la cual ese Ministerio ejerce las funciones de secretaría técnica, tome medidas para proteger a la población.

Este fin de semana, en uno de sus consejos comunitarios Construyendo País’, en Coveñas, en el vecino Sucre, el presidente Iván Duque respondió, tras la intervención del representante cordobés Wadith Manzur, quien tocó el tema de la violencia en Córdoba, que una manera de desvertebrar estas estructuras era fomentando la cultura de la denuncia.

Desde mediados de enero, el Gobierno envió una fuerza conjunta de cuatro mil hombres de la Policía y el Ejército, llamada 'Aquiles', para combatir a los ilegales de esta guerra.

No obstante, por ahora, las amenazas, las extorsiones y los asesinatos se siguen contando.

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