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Por Juan Pablo Pérez B. · 24 de Abril de 2018

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A la persona que sufra hoy un infarto en San Andrés no hay cómo tratarla. No hay los medicamentos necesarios y los pacientes allí no cuentan siquiera con suficientes sábanas para ser atendidos ni con aire acondicionado en las salas de urgencia.

El único hospital que tiene la isla de San Andrés no cuenta ni con lo mínimo para atender a los poco más de 73 mil personas que allí viven. Eso pasa con gravedad más o menos desde hace ocho meses, cuando se le renovó el contrato a una IPS que -según la Procuraduría- prestaba un servicio de salud “deficiente”,

Por estos hechos, el ente de control le abrió una investigación disciplinaria al actual gobernador, el liberal Ronald Housni por presuntas irregularidades en la renovación del contrato que tenía la Gobernación con la  IPS Universitaria de Antioquia para la administración del hospital que se llama Clarence Lynd Newball Memorial.

El efecto político de esta decisión, que podría prorrogarse por más tiempo si la Procuraduría lo considera necesario, es un gran golpe a la casa política que dirige el representante a la Cámara Jack Housni, hermano del Gobernador y uno de los súper poderosos de la isla.

Como si fuera poco, horas después de esta suspensión, el Procurador Fernando Carrillo volvió a suspender al mandatario por otros diez meses por haber suscrito con la Cámara de Comercio un convenio para la celebración del Green Moon Festival sin que la entidad presuntamente contara con la idoneidad para ejecutar el objeto contractual.

La miseria

Sobre lo del hospital, el Procurador cuestionó que se entregara, de nuevo, el servicio de salud de la isla a una empresa que había mostrado un servicio deficiente y decidió suspender al Gobernador por tres meses, al considerar que éste podría intervenir en la investigación y continuar cometiendo las presuntas faltas disciplinarias.

En el hospital Clarence Lynd Newball Memorial no hay siquiera sábanas limpias sobre las cuales acostar a los pacientes. De hecho, parte de las que tienen fueron donadas por el hotel Decamerón hace menos de dos semanas. No hay, tampoco, cómo planchar y secarlas, pues las calderas de vapor tienen fugas y puede haber una explosión.

Los restos de biopsias, tejidos, sangre y órganos llenan las canecas plásticas que están a la intemperie sin que nadie las recoja, pues los trabajadores, al no recibir su sueldo, dejaron de trabajar.

Los alimentos y los medicamentos son inconstantes y la cámara hiperbárica (clave en el tratamiento de personas que se lesionan buceando, por ejemplo) nunca ha recibido mantenimiento y ahora no funciona.

Las mangueras y extintores que deberían estar listos en caso de incendio están las unas sin acceso al agua y los otros vencidos.

El hospital tampoco cuenta con una planta de luz automática y el doctor Mario Villegas, un médico que lleva casi cuatro años trabajando en el Hospital, recuerda la vez en que, en medio de una cirugía de tórax, se fue la luz y tuvo que estar quince minutos sin luz con el pecho de un paciente abierto.

“Ahorita no podemos atender ni con las uñas”, le dijo a La Silla Caribe la doctora del hospital y exaspirante a la Cámara por San Andrés por el Polo Democrático Sissy Mitchel.

La persona que, consternada por el mal servicio, decida quejarse con la dirección del hospital encontrará, además, que las oficinas de las directivas están vacías y no hay quien lo atienda.

Para entender cómo se llegó a este punto, es necesario saber que, desde hace casi seis años, la operación del hospital la dirige una entidad privada llamada IPS Universitaria de Antioquia.

A comienzos del 2017, seis meses antes de que se venciera el contrato, la IPS manifestó que no quería renovarlo y la Gobernación empezó a buscar otro operador.

Sin embargo, el 26 de julio la Administración suscribió un convenio interadministrativo con la IPS Universitaria para seguir prestando el servicio.

Esto es, justamente, lo que investiga la Procuraduría, pues la IPS Universitaria de Antioquia terminó ejecutando el servicio por medio de la Unión Temporal Island Health que estaba compuesta por las empresas Salus Global Partners, IPS Bienestar, Centro Oftalmológico Newball y Sumimedical.

Al final, IPS Bienestar,  Centro Oftalmológico Newball y Sumimedical abandonaron el negocio y el peso de la administración del hospital recayó sobre Salus que empezó a operar el 1 de agosto del año pasado.

“Antes del 1 de agosto las cosas funcionaban más o menos bien, la crisis empezó a agudizarse desde que entró Salus solo”, nos dijo el doctor Villegas.

La Silla Caribe habló con el suspendido Gobernador Housni quien nos aseguró que ellos renovaron el contrato con la IPS Universitaria porque ésta pidió su renovación, pese a que meses antes había dicho que no quería continuar.

“Nosotros contratamos con la IPS Universitaria porque ellos pidieron la renovación, firmamos con ellos el contrato y nuestra responsabilidad es con ellos. Nosotros no contratamos con Salus, eso es responsabilidad de ellos”, nos dijo.

“La crisis del hospital es sólo la punta del iceberg del olvido estatal en que vive San Andrés. Acá no hay luz, no hay teléfono, no hay agua y nadie habla de eso”, le dijo a La Silla Caribe la doctora Edna Rueda quien ha trabajado en el hospital e instauró una acción popular por la crisis allí.

Por ahora, sin gobernador titular ni empresa que lo administre el futuro del hospital es incierto.

Así, el hospital que un día llegó a llamarse ‘Amor de Patria’, hasta que los raizales decidieron bautizarlo con un nombre que significara algo para ellos (Clarence Lynd Newball fue un médico raizal reconocido por su trabajo con los isleños), seguirá sin lo necesario para atender a una población cuya segunda fuente de insumos está a tres días en barco y dos horas en avión.

La factura a los Housni

Ayer, el Presidente Juan Manuel Santos nombró como Gobernadora encargada a la viceministra de Turismo Sandra Howard, quien en la isla es reconocida por ser parte del grupo liberal de los Housni.

De hecho, el representante Housni se refirió a ella, en 2013, cuando tenía menos de un mes en el Viceministerio, como una de las liberales sanandresanas que ocupan posiciones importantes en el Gobierno.

Sin embargo, en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, según un alto funcionario, no la reconocen como cuota de Jack Housni.

En todo caso, la suspensión de Ronald (la de los tres meses, ya que la de los diez fue apelada y está a la espera de una decisión) es un fuerte golpe a los Housni porque, más allá de que la Gobernadora encargada sea cercana o no a ellos, pierden al líder que controlaba el principal fortín político de las islas.

Esto sucede en un momento clave: ad portas de que termine el actual periodo electoral presidencial y a meses de que arranque la precampaña de las elecciones regionales; unas regionales en la que los Housni no sólo deberán disputarse el poder contra los Gallardo (el otro grupo político que tradicionalmente ha tenido poder allí), sino posiblemente contra los Char de Barranquilla que ya entraron en aguas sanandresanas vía su representante electo, el local Jorge Méndez.

Sin contar con el golpe al prestigio que significa tener a los sanandesanos en semejante situación.

A un día de su designación, la recién encargada Gobernadora tendrá que lidiar con los líos que, según lo que muchos advierten, podría dejar muertos si no se soluciona pronto.

Contexto

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