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Por Juan Pablo Pérez B. · 21 de Enero de 2019

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Hace unos días, el golpeado y resistente corregimiento montemariano de El Salado -sede de una de las peores masacres paramilitares- volvió a ser noticia a raíz de una alerta que lanzó el periodista Daniel Samper Ospina, por unas amenazas a líderes sociales y periodistas.

En algunos medios, se llegó a hablar de una decena de líderes amenazados en el corregimiento que pertenece al municipio de El Carmen de Bolívar.

Logramos establecer que son dos los líderes amenazados en El Salado y que la alerta en realidad es en todo Montes de María, la región de 15 municipios de Bolívar y Sucre, en donde la guerra terminó hace más de 10 años, pero aún persisten los riesgos por el conflicto por la tierra y porque es paso de algunas rutas del narcotráfico.

Esas son las dos condiciones que, básicamente, explican las amenazas y el riesgo que padecen allí algunos liderazgos sociales.

Los líderes amenazados de El Salado

Daniel Samper publicó su alerta el pasado 9 de enero con el #AlertaEnElSalado, un asunto clave para llamar la atención de las autoridades.

Luego de esto, el procurador, Fernando Carrillo, pidió la intervención de la Fuerza Pública y anunció que se llevaría a cabo una mesa por la vida el siete de febrero.

Según lo que pudimos averiguar con líderes y funcionarios locales, los amenazados fueron dos líderes sociales: Yirley Velasco y Leiner Ramos. Ambos el 9 de enero.

Velasco lleva diez años recorriendo las veredas de El Salado y otros corregimientos de El Carmen de Bolívar enseñándoles a las mujeres sus derechos e instruyendo a todas las que han sido víctimas de violencia sexual las vías para denunciar.

Ella misma fue víctima de violencia sexual en la masacre que hubo en el corregimiento en febrero del 2000, en la que fueron cruelmente asesinadas 66 personas.

Junto con otras doce mujeres víctimas, creó una asociación llamada ‘Mujeres Sembrando Vida’ de la cual es la representante legal y con la cual lleva una década “en la lucha por el empoderamiento de las mujeres”.

Aunque, según nos contó, ha recibido varias amenazas a través de los años, esta última fue diferente, pues los mensajes de muerte no sólo le llegaron a ella, sino a toda su familia.

Los mensajes le llegaron por Whatsapp y decían que la asesinarían a ella y a toda su familia.

Leiner Ramos, el otro amenazado, es coordinador deportivo de El Salado y es reconocido por su trabajo con los jóvenes a quienes les enseña a jugar fútbol para alejarlos del negocio del microtráfico.

Ramos recibió las amenazas a través de Facebook. Le decían que el plazo para abandonar el corregimiento se había acabado, que ya se habían acabado las “excusas”.

Aunque sólo Velasco y Ramos fueron amenazados directamente, uno de los mensajes que le llegó a Velasco, y que publicó Daniel Samper, menciona a las familias Ramos, Torres y Mena.

Dos días después, se conocieron amenazas contra unos periodistas locales, que llegaron a El Salado a cubrir esa historia.

Al día siguiente de que los saladeros recibieran las amenazas, un equipo periodístico de Caracol Radio, integrado por los periodistas Sebastián Bossa y Cristina Navarro y el conductor Remberto Toro, fue al corregimiento a investigar lo que estaba pasando. En la noche de ese jueves, tras haber recorrido todo el municipio haciendo entrevistas y tomando testimonios de la gente, dos hombres en una moto les gritaron “pilas que los van a matar” y siguieron derecho. Los periodistas tuvieron que dormir esa noche en el CAI de El Salado y al día siguiente salieron del municipio. Los autores y las razones de las amenazas aún se desconocen.

A raíz de las amenazas contra líderes y periodistas, el pasado 12 de enero se realizó un consejo de seguridad en el corregimiento al que asistió el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, e integrantes de la Fuerza Pública.

Allí se decidió que se darían 20 millones de pesos a quien diera información que puediera dar con los autores de las amenazas.

Pero la alerta va más allá, se extiende por las Montañas de María.

Los otros líderes amenazados

En junio del año pasado, la Defensoría del Pueblo publicó un informe en el que alertó sobre las amenazas que han recibido los miembros de la Mesa de Víctimas de El Carmen de Bolívar y los miembros del Movimiento Pacífico de Alta Montaña, quienes se enteraron de un plan para asesinarlos.

El pasado 9 de enero, el Ministerio Público también alertó sobre las amenazas que han recibido líderes sociales en María la Baja.

En este municipio del lado bolivarense de los Montes de María, los campesinos llevan años luchando por la tierra y por el agua que contaminan los extensos cultivos de palma.

Allí, la Defensoría contó que, a raíz de las demandas colectivas de tierras, miembros de Asociación del Comité de Desplazados de El Cucal (Asocucal) han sido intimidados por hombres armados.

También señaló que otras organizaciones, como la Asociación de Consejos Comunitarios de Montes de María y la Asociación de Campesinos y Campesinas Afro de María la Baja (Asocaafro), están en riesgo.

Entre los factores que, según los dos informes de la Defensoría, inciden en las amenazas a los líderes sociales están la presencia de estructuras armadas del Clan del Golfo por el control de las rutas de narcotráfico y el conflicto por la tenencia de la tierra.

Ambos son problemas históricos de los Montes de María que se remontan a los años anteriores a la guerra y que hoy en día siguen vigentes.

La tierra: causa y efecto de guerra

Los Montes de María de María fue una de las regiones en donde con más fuerza se llevaron a cabo las tomas de tierra por parte de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc) en los años setenta.

Esto se explica por el desgaste del sistema socioeconómico de la hacienda que había predominado hasta entonces y por las reformas agrarias que llevaron a cabo en los gobiernos liberales de Alberto Lleras Camargo (1958-1962) y Carlos Lleras Restrepo (1966-1970), como lo cuenta el informe del Centro de Memoria Histórica de la masacre de El Salado.

Una de las medidas que más impulsó la toma de tierras fue la creación del Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora), que fue clave para la entrega de tierras a los campesinos.

Muchas de estas tierras recuperadas por los campesinos en los setenta fueron, luego, abandonadas, tras el recrudecimiento de la guerra entre guerrillas y paramilitares en la década de los noventas y comienzos del nuevo milenio.

Ha habido un aumento en las veredas del microtráfico. Lo impresionante es que la zona de influencia y las rutas que se utilizan para sacar la droga por la región son las mismas que usaban los paramilitares hace 20 años

Funcionario del departamento

Una vez la guerra terminó -con la desmovilización en 2005 del Bloque Héroes de María de los paramilitares y con el desmantelamiento, en 2007, de los Frentes 35 y 37 de las Farc, tras la muerte del jefe guerrillero Martín Caballero- las tierras que habían sido abandonadas volvieron a ser ocupadas.

Sin embargo, como contamos en 2009, quienes empezaron a ocuparlas no fueron los campesinos que fueron desplazados por la guerra y las masacres, sino grandes empresas que hicieron compras masivas de tierras.

Así, de acuerdo a un artículo del investigador de la Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB), Armando Mercado Vega, llamado ‘Contrarreforma agraria y conflicto armado: abandono y despojo de tierra en los Montes de María, 1996-2016’, lo que hubo en la región después del conflicto armado fue un proceso de contrarreforma agraria.

“Que una parte considerable de los predios alcanzados vía reforma agraria fueron los que recibieron el impacto del abandono y el despojo forzado, configura un posible escenario de contrarreforma agraria en la región”, afirma el autor.

En efecto, de acuerdo a un estudio de la Superintendencia de Notariado y Registro del 2011, más del 50 por ciento de las tierras compradas masivamente después de terminada la guerra en los Montes de María eran predios que habían sido adjudicados por el entonces Incora (hoy Agencia Nacional de Tierras).

Desde el 2011, con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, en los Montes de María empezó un proceso de restitución de tierras con el que los campesinos -que fueron desplazados de su hogar durante los años del conflicto y, al volver, encontraron que su tierra le pertenecía a una empresa o a un terrateniente- están recuperando sus predios.

Esto, como cuenta la Defensoría en las alertas de El Carmen de Bolívar y de María la Baja, hizo que volviera a hacerse evidente el viejo conflicto de tierras en la región.

“La aparente normalización del orden público en el municipio facilitó el resurgimiento de procesos sociales de organización colectiva y comunitaria con fines de exigir al Estado la reparación administrativa de las tierras despojadas durante la hegemonía de las AUC. Este resurgimiento en la demanda de los derechos de las víctimas, condujo a la reactivación de los históricos conflictos por la tierra”, afirma una de las alertas.

“Hoy, hay liderazgos muy fuertes, empoderados por el Acuerdo de Paz con las Farc, que ahora son más visibles y por eso corren más riesgo”, nos explicó a su vez el académico Armando Mercado Vega.

Una evidencia de que el conflicto de tierras sigue vivo en los Montes de María es que, el pasado 12 de diciembre, una sentencia le devolvió a tres familias (los Mena, los Martínez y los Domínguez) los predios de los cuales fueron desplazados tras la masacre de El Salado en febrero del 2000.

Curiosamente, una de las familias amenazadas en el mensaje que recibió la líder social Yirley Velasco tiene el de nombre Mena.

Según nos aseguró un funcionario que conoce el corregimiento, esa familia es la misma beneficiaria de la sentencia.

Ruta de narcos, el otro problema

El otro gran problema estructural de los Montes de María es que la zona ha sido, desde antes que estallara la guerra entre paramilitares y guerrilla, una ruta de paso del narcotráfico.

Así en la región no haya habido cultivos y producción de droga, es clave en la cadena del narcotráfico porque conecta al Golfo de Morrosquillo, uno de los sitios de exportación de droga del Caribe, con sitios de producción como el Bajo Cauca, el Sur de Bolívar y el Catatumbo.

Esta ubicación estratégica hizo que, como contó el experto de la red de La Silla Caribe, Luis Fernando Trejos, a finales de los ochenta los narcos empezaran a comprar predios en la zona con el objetivo de exportar clorhidrato de cocaína.

Actualmente, la zona es controlada por el Clan del Golfo que, aunque no tiene una gran estructura armada, sí tiene influencia en bandas que subcontrata localmente.

Un funcionario del departamento y una lideresa local aseguraron que, tanto en El Salado como en varias veredas y corregimientos de los Montes de María, hay microtráfico e influencia de bandas criminales.

“Ha habido un aumento en las veredas del microtráfico. Lo impresionante es que la zona de influencia y las rutas que se utilizan para sacar la droga por la región son las mismas que usaban los paramilitares hace 20 años”, detalló el funcionario.

Para la Defensoría, la presencia del Clan del Golfo es uno de los factores de riesgo para la integridad de los líderes sociales en la zona.

La unión de estos dos problemas históricos, el conflicto de tierras y el narcotráfico, es una de las razones que explican los riesgos que viven los líderes sociales, no sólo en El Salado, sino en todos los Montes de María.

Es así como la reciente amenaza de líderes sociales en los Montes no se trata del regreso de un conflicto ausente por más de diez años, en una de las zonas en las que con más crudeza se vivió, sino, más bien, a que los problemas que posibilitaron esa guerra nunca han cesado.

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