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Por Juan Pablo Pérez B. · 04 de Abril de 2019

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Frente a sus cuestionamientos, el exprecandidato presidencial, exalcalde de Santa Marta y hoy aspirante a la Gobernación del Magdalena, Carlos Caicedo, siempre ha respondido que son producto de una persecución política por parte de los políticos tradicionales de su departamento que se oponen al cambio que él ha generado en la ciudad.

Sin embargo, el reciente fallo de la Procuraduría en su contra pone esto en entredicho.

Ayer, el procurador general Fernando Carrillo anunció en una rueda de prensa en Santa Marta que el Exalcalde de la ciudad había sido destituido e inhabilitado por doce años , en primera instancia, por las presuntas irregularidades cometidas, en 2014 cuando todavía era alcalde, en la construcción de cuatro pozos que suministrarían agua potable a Santa Marta.

Este anuncio contradice su discurso de víctima, pues Caicedo ha dicho en varias ocasiones que sus cuestionamientos son una persecución política de la Fiscalía, especialmente de su seccional en Magdalena, de la mano de los clanes políticos tradicionales del departamento.

En cambio, esta sanción viene de la Procuraduría a nivel nacional a la cual Caicedo no ha cuestionado de esa manera.

De hecho, hace dos semanas congresistas aliados del Exalcalde enviaron una carta  al fiscal general Néstor Humberto Martínez, al procurador Fernando Carrillo y al presidente Iván Duque pidiéndoles que los procesos que tiene la Fiscalía contra Caicedo sean trasladados a Bogotá, pues en el Magdalena no tiene garantías.

A Carrillo le pidieron, además, que “acompañe y defienda” los derechos tanto del Exmandatario como del actual alcalde Rafael Martínez (del grupo de Caicedo), quien está en detención domiciliaria por un proceso de presuntas irregularidades en la contratación.

Carrillo, además, ha sido un defensor de la JEP y del Acuerdo de Paz (que Caicedo también ha defendido) y es de origen liberal, partido con el cual Caicedo ha tenido vínculos: en 2011 fue elegido alcalde con el aval de esa colectividad y en la consulta del 2017, para elegir al candidato presidencial del liberalismo, la Alcaldía samaria se movió para conseguirle apoyos a Humberto De la Calle, como lo contamos.

Aunque la sanción todavía no está en firme (dado que se trata de un fallo en primera instancia), la noticia sí golpea la imagen de un candidato que ha dicho luchar contra la corrupción y que le apunta a llegar a la Gobernación del Magdalena y a volver a dejar a un sucesor en Santa Marta.

El caso de los pozos de agua

La Procuraduría sanciona a Caicedo por supuestamente haber cometido varias irregularidades en la contratación de cuatro pozos profundos cuyo fin era abastecer a Santa Marta en medio de la sequía que estaba viviendo la ciudad a comienzos del 2014.

La historia comienza el 27 de marzo de ese año cuando, para suplir la carencia de agua en la ciudad, el entonces alcalde decretó la calamidad pública en Santa Marta y, cinco días después, invitó a tres empresas a construir los cuatro pozos que se necesitaban para sacar el agua que los carrotanques llevarían a los samarios.

Al día siguiente, Caicedo firmó un contrato por 1.461 millones de pesos con una empresa llamada Ingeniería del Caribe (Ingecar) Ltda. que construiría los pozos y que recibiría un 50 por ciento de anticipo, un pago del 25 por ciento cuando la obra se completara en un 75 por ciento y un pago final del 25 por ciento cuando estuviese lista.

Las obras comenzaron el 11 de abril y tendrían una duración de noventa días.

Para el 28 de agosto del 2015 ninguno de los pozos funcionaba adecuadamente y, por ende, la Alcaldía declaró el incumplimiento del contrato al encontrar que sólo se había ejecutado el 75 por ciento de lo contratado.

Más tarde, a raíz de denuncias que hizo en ese momento el entonces ministro de Vivienda Luis Felipe Henao (de Cambio Radical), la Procuraduría empezó a investigar el caso y se conocieron audios que evidenciarían presunta corrupción.

En ellos, supuestamente aparece Víctor Meza Lagrancuth -quien es dueño del 50 por ciento de Ingecar Ltda.- admitiendo que pagó un poco más de 540 millones de pesos en comisiones por quedarse con el contrato.

Meza asegura, también, que Caicedo sabía de estos pagos, como lo cuenta este informe de Noticias Caracol.

Para la Procuraduría, la principal falla de Caicedo fue haber invitado y elegido directamente a una empresa que no tenía experiencia ni cumplía los requisitos para la construcción de pozos de las características que estipulaba el contrato.

“El burgomaestre incumplió la observancia del principio de transparencia que regula la función administrativa, porque sin mayor razonamiento seleccionó a una empresa que no demostró la experiencia específica requerida para acometer la obra”, dice uno de los apartes del fallo.

Fue la falta de idoneidad del contratista lo que, para la Procuraduría, hizo que la obra nunca llegara a completarse.

El ente de control también señala que Caicedo incurrió en faltas disciplinarias, ya que desde finales del 2014 eran visibles los retrasos en la construcción de los pozos (que debían estar listos en julio) y la Alcaldía no declaró el incumplimiento sino hasta agosto del 2015.

Este nuevo cuestionamiento llega tan solo dos semanas después de que su sucesor, Rafael Martínez, fuera retirado del cargo por presuntas irregularidades en la contratación de cinco puestos de salud, un caso por el que Caicedo también está siendo investigado.

El efecto político

Actualmente, Caicedo está recogiendo firmas, con un movimiento llamado ¡Firme por el Cambio!, con el que quiere llegar a ser candidato a la Gobernación y seguir manteniendo el poder en Santa Marta a través de Virna Johnson, quien ha sido gerente del Sistema Estratégico de Transporte Público (Setp) y hace parte de su círculo íntimo.

Al ser una sanción en primera instancia, Caicedo puede continuar con su recolección de firmas e incluso llegar a ser gobernador, si no hay un fallo en segunda instancia.

Hasta ahora, el Exalcalde no se ha pronunciado públicamente sobre la decisión de la Procuraduría por lo que con seguridad continuará con su candidatura.

El golpe, por ende, no para su naciente campaña pero puede servirle de munición a su principal contendendor: el exgobernador y principal líder de Cambio Radical en el Magdalena, Luis Miguel ‘el Mello’ Cotes, quien también aspira lanzarse por firmas, representa la clase política que derrotó Caicedo cuando llegó a la Alcaldía en el 2011 y también está siendo investigado por supuestas irregularidades en la contratación cometidas durante su mandato.

Como hemos contado, Caicedo y el Mello Cotes son las cabezas de los grupos políticos más poderosos del departamento y compiten actualmente por la Gobernación del Magdalena.

Sin embargo, este fallo también podría atizar, con un nuevo proceso en contra, el discurso de víctima del Establecimiento que Caicedo ha promovido entre sus seguidores.

Habrá que ver si antes de las elecciones sale un segundo fallo que le despeje el camino al Mello Cotes o, de no aparecer, si se consolida la narrativa de persecución política de Caicedo.

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