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Por Jorge Cantillo Barrios · 19 de Octubre de 2017

Foto tomada de elheraldo.co

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Barranquilla arrancó el año con la segunda tasa de desempleo más baja de las ciudades capitales en Colombia (8,7 por ciento según cifras del Dane). Sin embargo, pese a esa buena noticia, allí todavía es muy difícil que las poblaciones vulnerables como las víctimas, mujeres, discapacitados y jóvenes, accedan a oportunidades laborales.

Esto no solo pasa porque en el Distrito no existe una política específica y única de empleo para ellos, sino porque los distintos esfuerzos concentrados en atender a cada grupo no alcanzan a cubrir toda la demanda de empleo, sumado a que el nivel de preparación de los desempleados en condición de vulnerabilidad sigue estando por debajo de los estándares que exigen las empresas.

En el Distrito existen dos políticas públicas independientes que están enfocadas a la atención a mujeres y discapacitados, que incluyen incentivos al empleo, un convenio interadministrativo firmado con la Unidad de Víctimas en 2014 para la puesta en marcha de un centro de atención regional, donde reciben (entre otras cosas) capacitaciones en actividades productivas, y programas como Jóvenes Emprendedores, que brindan capacitación y capital semilla para proyectos de emprendimiento juvenil.

Desde enero y gracias a una reestructuración administrativa en las dependencias del Distrito, la recién creada Secretaría de Desarrollo Económico  se ha dedicado a articular esos programas y desde los Centros de Empleo y Emprendimiento (llamados también Centros de Oportunidades), que fueron ideados durante la primera alcaldía de Alex Char en 2011 para brindar ofertas de empleo a la población vulnerable y atender con programas específicos a las víctimas, discapacitados, mujeres y jóvenes, algo que debido al poco tiempo que tiene de estar funcionando aún está en pañales.  

Por ejemplo, Char a finales del año pasado, emitió una directriz en la que la Alcaldía se comprometió a incluir en los pliegos de condiciones de todas sus contrataciones (sea de licitación pública o selección abreviada) la obligación para el contratista de emplear como mínimo un 10 por ciento de la mano de obra no calificada a víctimas del conflicto y madres cabeza de familia.

Pero de acuerdo con Honorato Yaruro, presidente de la Mesa Distrital de Víctimas, ese programa todavía no ha logrado un impacto tangible en el universo de las más de 145 mil víctimas registradas en Barranquilla, una ciudad receptora.

“Recibimos la promesa del señor Alcalde, pero en la práctica no se ha podido ejecutar. No tenemos clara una ruta establecida a dónde llegar”, afirma, refiriéndose a que no saben cuáles son los pasos para acceder a las oportunidades laborales que brinda la Alcaldía.

No obstante, esa ruta sí existe y según la secretaria de Desarrollo Económico, Madelaine Certain, inicia en los dos Centros de Oportunidades de los barrios San José y Modelo, además de los dos puntos de atención en las alcaldías menores de las localidades Metropolitana y Suroriente.

“Allá las personas llegan con su hoja de vida y entran a recibir capacitaciones, cuando las empresas requieren personal nosotros nos encargamos de seleccionar los perfiles y hacer las entrevistas”, afirma la secretaria.

En lo que va corrido de 2017, han sido empleadas 55 víctimas del conflicto por intermedio de programas de la Alcaldía, una cifra que pese a ser baja representa un aumento de poco más de la mitad de los 26 empleos que se crearon en 2016 para esa misma población, antes de que existiera la Secretaría de Desarrollo Económico.

Esto muestra una desconexión entre la oferta que tiene el Distrito y la población a la cual va dirigida, la cual en algunos casos, como lo dejó ver Honorato, siente que a esas oportunidades no van a poder acceder.

“Lo que vemos es que esos programas nunca avanzan y se presentan problemas con los perfiles. Es muy difícil la empleabilidad para personas de bajo nivel educativo como la mayoría de víctimas de Barranquilla que son de origen campesino”, dice.

Dos políticas públicas con un lento avance

Algo similar ocurre con las personas en estado de discapacidad, un grupo en el que se han generado 56 empleos este año (en contraste con los 27 del año anterior) en sectores de servicios o teletrabajo, según cifras de la Alcaldía. Esta oferta  sigue siendo baja para las 14.257 personas con discapacidad que tiene la ciudad, de acuerdo al último censo realizado en 2016 por la Universidad del Norte bajo un convenio con la Alcaldía.

En ese mismo estudio se encontró que el 83 por ciento de las personas con discapacidad en el Distrito que trabajan (solo el 13 por ciento de las más de 14 mil) lo hacen por cuenta propia y sin contrato de trabajo, lo que muestra que no han podido acceder a las empresas e instituciones formales.

Para contrarrestar esto existen iniciativas desde la Administración y desde las organizaciones sociales.

Las primeras van enfocadas, según nos contó la secretaria Certain, en brindar capacitación y acompañamiento a las personas con discapacidad y a las empresas para que conozcan los beneficios que por Ley pueden tener al contratar este tipo de empleados, como un descuento en la declaración de renta del empleador equivalente al 200 por ciento del salario del empleado.

Pero pese a estos incentivos, muchos empresarios prefieren no contratar empleados en condición de discapacidad por las adecuaciones que deben hacer en sus empresas para poder mantener a estos empleados dependiendo al tipo de discapacidad que presenten, sea auditiva, visual o física o cognitiva.

Desde las organizaciones sociales también se hacen estos esfuerzos y como nos lo contó Mauricio Lovera, coordinador regional de la Red de Discapacidad e Inclusión Social del Caribe, empresas barranquilleras como Tierra Santa, Supergiros, Partitex y Ensacar, vienen apoyándolos y contratando personas en estado de discapacidad para laborar en sus negocios.

Aunque claramente y teniendo en cuenta las cifras, por ahora ni lo uno ni lo otro es suficiente.

“Con el Alcalde logramos incluir en el Plan de Desarrollo un eje estratégico para la atención a la discapacidad, eso fue un logro que nunca antes se había hecho”,  afirma Lovera, quien no obstante dice que le han pedido a Char, sin éxito, mayores incentivos para las empresas que contraten a personas con discapacidad.  

Lovera reconoce los avances de la política pública de discapacidad aprobada en 2015, como el fortalecimiento de las mesas de discapacidad (espacio de articulación entre las organizaciones de personas con discapacidad y el Distrito) y la creación de programas de capacitación y asistencia, pero advierte que esta no se ha implementado en su totalidad y solo fue delimitada hasta el 2023, por lo que espera que la administración le inyecte celeridad en la aplicación de la norma.

Para el caso de las mujeres en condición de vulnerabilidad, también existe una política pública que fue aprobada en 2013 y que entre otras cosas plantea una propuesta integral para generar empleo en las mujeres que consiste en brindar capacitación, acompañamiento y ayudas económicas para la realización de proyectos productivos a los que apliquen las mujeres de manera individual o colectiva ante la Oficina de la Mujer de la Alcaldía.

Según Audes Jiménez, de la Red de Mujeres del Atlántico, después de 2013 no se han establecidos presupuestos suficientes para poder arrancar los proyectos productivos de las mujeres vulnerables.

“Hay unas mínimas herramientas e incentivos económicos pero se han convertido muchas veces en un problema porque no son suficientes para financiar el trabajo que piensan hacer las mujeres, quedándose muchos proyectos a medias”, afirma.

Sin embargo, de acuerdo a las cifras de la Secretaría de Desarrollo Económico, las mujeres son las que más empleos han logrado en el último año entre las poblaciones vulnerables, un total de 213, y a las que más se han atendido (3.359) en programas asistenciales y de capacitación en áreas como el patronaje y la confección de prendas.

Atención para jóvenes: aterrizar las políticas nacionales

En cuanto a la atención a los jóvenes (entre los 14 y 28 años), en temas de trabajo no existe una política pública diseñada en el Distrito, por lo que la oferta se traduce en un aterrizaje de las políticas nacionales que direcciona el Ministerio del Trabajo, como lo es la Ley Pro Joven aprobada en 2016, que da incentivos tanto en el sector público (creación de cargos sin requerir experiencia laboral) como en el privado (reducción del 4% de las Cajas de Compensación Familiar a empresas que contraten jóvenes sin experiencia), para que esta población pueda acceder más fácilmente a un trabajo.

Esos programas también están a cargo de la Secretaría de Desarrollo Económico, los cuales articulan el trabajo del ministerio y el de la oficina de juventudes de la Secretaría de Gestión Social, la otra dependencia de la Alcaldía que maneja temas de empleo joven.

De acuerdo con Certain, en 2017 se logró emplear con el servicio público del Mintrabajo a 149 jóvenes entre los 18 y los 28 años, como conductores de taxi, operarios de maquinaria y asesores de call center entre otros trabajos.

Otro programa que hay diseñado para promover el empleo jóven es “Quilla Joven”, el cual maneja un componente de generación de ingresos en el que se les dan incentivos para proyectos de emprendimiento. Ese programa lo dirige Gestión Social, cuyo secretario Santiago Vázquez nos dijo que estos incentivos van de los 500 mil a los 800 mil pesos y que en 2016 se entregaron 10 emprendimientos beneficiando a 15 jóvenes.

Estos programas, dice Vásquez, tienen la proyección de crecer para 2018 cuando logren articularse con la oferta de los Centros de Oportunidades que maneja la Secretaría de Desarrollo Económico.

Así, el desarrollo del empleo incluyente gatea en la ciudad, dando avances importantes pero lentos para las demandas crecientes de las víctimas, mujeres, discapacitados y jóvenes, que exigen una atención que los ayude a salir de su condición de vulnerabilidad.

 

 

Este especial fue hecho gracias al apoyo del Gobierno de Canadá

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