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Por Juan Pablo Pérez B. | Laura Ardila Arrieta · 04 de Octubre de 2018

A punta de notas de acordeón, en parrandas vallenatas, nació el departamento del cesar y se han puesto ministros y embajadores. En la foto, Rodolfo Molina Araújo.

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En Valledupar es un secreto a voces que el Festival Vallenato, pese a estar dedicado a una música que es uno de los símbolos más universales de Colombia, funciona como el patrimonio privado de algunos de los herederos de la principal hacedora del evento: la exministra de Cultura Consuelo Araújo Noguera ‘La Cacica’, asesinada en 2001 por las Farc.

 

Esos herederos son sus dos hijos: Rodolfo Molina Araújo (fruto de su hogar con el hacendado Hernando Molina Céspedes) y Edgardo José Maya Araújo (cuyo padre es el excontralor Edgardo Maya). Y su nieta: Diana Carolina Molina Carvajal (aspirante a la Gobernación del Cesar e hija del exgobernador Hernando Molina Araújo, condenado por parapolítica).

Aunque hacen parte de una junta en la que hay en total diez personas, son ellos los que toman las decisiones importantes, tanto financieras como administrativas, en la parranda de cuatro días que nació en el 68 (de la mano del expresidente Alfonso López Michelsen y el juglar Rafael Escalona) y actualmente mueve unos 40 mil millones de pesos en la economía del Cesar, en cada una de sus versiones.

Su poder se concentra en la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, la entidad privada, sin ánimo de lucro, que desde 1986 organiza y controla el evento.

Pero ese poder quedó golpeado y tambaleando el pasado 5 de julio, cuando, tras seis años de estudio, el Consejo de Estado ordenó en segunda instancia a la Fundación de los Molina Araújo devolver al municipio de Valledupar el parque de 23 hectáreas en el que se hacen la mayoría de actos del Festival.

Ahora, además de tener que pagar un arriendo por usar un mega escenario que es de todos los vallenatos y por el que antes no pagaban nada, los súper poderosos hermanos y nieta  compartirán parte de la organización del Festival Vallenato con la Alcaldía, la Gobernación y una junta cívica.

Más allá de eso, su poder quedó expuesto, pues en el fallo se detallan algunas actuaciones llamativas que desde lo público se cometieron para que la Fundación quedara cómodamente dueña de unos terrenos que pertenecían a Valledupar.

El Consejo de Estado pidió investigar esas actuaciones.

La historia del parque

La historia del Parque de la Leyenda Vallenata, ubicado junto al balneario Hurtado y al río Guatapurí, y en el que caben unas 20 mil personas, comienza en 1993.

Ese año el Concejo de Valledupar declaró de utilidad pública y de interés social la adquisición de un predio de 28 hectáreas llamado ‘La Esperanza’ y autorizó al alcalde Rodolfo Campo su compra.

La idea era que allí se continuara la construcción del Parque Lineal Hurtado para convertirlo en un gran complejo recreacional, turístico y deportivo. El 25 de febrero de 1994 se decretó la expropiación de este predio y pasó a manos del municipio.

Seis años más tarde, el 3 de abril, el Concejo decidió cambiarle el destino al predio con lo cual éste pasó de ser un bien de uso público a un bien fiscal. Esto, por la naturaleza de este tipo de bienes, permitió que, posteriormente, el predio pudiera ser transferido.

Trece días más tarde, la misma corporación le concedió facultades al entonces alcalde Johny Pérez para que firmara un convenio de aporte en el que municipio le transfirió un área de 23 hectáreas a la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, a cambio de que ésta construyera el parque con sus propios recursos.

Ese convenio de aporte se firmó el 18 de mayo de ese año 2000.

Cuatro años después, abrieron por primera vez las puertas del parque para que el Festival, que se venía realizando en la plaza Alfonso López sin que nadie tuviera que pagar un peso, se mudara con varios de sus principales actos al nuevo escenario, al que toca pagar para entrar.

Por ejemplo, en el parque de la leyenda se realizan conciertos con artistas internacionales (como Nicky Jam y Marc Anthony, quienes vinieron este año), que son el show central del Festival y cuyas boletas van desde los 80 mil pesos hasta palcos de 10 millones de pesos.

Como son una entidad privada, la Fundación no tiene que rendir cuenta pública de estas entradas ni de los otros recursos que mueve por el Festival, a pesar de que en varias ocasiones la Gobernación y la Alcaldía, y siempre el Ministerio de Cultura, les ha dado dineros del erario como aporte.

El fallo y la exposición

El fallo del Consejo de Estado tiene su origen en una acción popular instaurada por el entonces procurador Alejandro Ordóñez en 2011, motivada a su vez por una denuncia pública del abogado y excandidato del Partido Verde Evelio Daza.

Entre las cosas que revela está que, pese a que el convenio con el municipio incluía que, a cambio de transferirles los terrenos del parque, la Fundación debía hacer el escenario con plata propia, esto nunca ocurrió así.

El municipio y la Nación pusieron poco más de nueve mil millones de pesos.

Esa plata vino de dos fuentes principales: del Fondo Nacional de Regalías y de un convenio firmado entre el Ministerio de Cultura y Fonade, cuando la ministra era María Consuelo ‘la Conchi’ Araújo Castro, sobrina de La Cacica.

Primero, el 26 de junio de 2001, el municipio de Valledupar, cuya cabeza en ese momento era Elías Ochoa Daza, solicitó ante la Comisión Nacional de Regalías 7.500 millones para construir el parque y detalló que su Administración pondría 374 millones más para el total de 7.874 millones que se necesitaban para el escenario.

Tres días más tarde, la Comisión aprobó el proyecto y al mes le transfirió al municipio 4.560 millones destinados a la construcción del parque. A finales de ese año, aprobó la transferencia de otros 2.262 millones de pesos que fueron girados en junio del 2002.

Por otro lado, el 17 de diciembre de 2004, el Ministerio de Cultura, en cabeza de ‘la Conchi’ Araújo , celebró un convenio con Fonade para la “construcción, dotación e implementación de centros culturales a nivel territorial”.

El Ministerio pondría la plata y Fonade ejecutaría el proyecto.

Unas de las iniciativas que aparecía entre las cláusulas del convenio era el Parque de la Leyenda Vallenata, al que la Nación le aportó para su construcción 2.380 millones de pesos.

En el caso de la plata que puso el Ministerio, Fonade contrató a diferentes contratistas para construir las oficinas de la Fundación, la sala de prensa y para terminar los acabados de los camerinos y los locales comerciales, entre otras cosas.

En cuanto a los recursos que puso el municipio para el parque, el fallo no explica cómo se ejecutaron: si la Alcaldía hizo los contratos o si se los entregaron a la Fundación.

Por todos estos hechos, además de ordenar la devolución del parque al municipio, el Consejo de Estado envió copia del expediente a la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría para que investiguen a los funcionarios que, en el 2000, hicieron posible que unos predios de uso público terminaran en manos privadas.

Más allá del fallo, la Fundación del Festival, como contamos en esta historia, ya había enfrentado acciones por el no pago de impuestos a la Alcaldía y de derechos de autor a la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (Sayco).

El futuro

El proceso de devolución del parque al municipio comenzó el pasado 24 de septiembre (por eso el tema es coyuntura de estos días).

Ese día, la Fundación empezó a mover en redes una campaña de apoyo a la entidad con el HT  #YoApoyoAlFesvallenato.

Entre los mensajes de respaldo se cuentan varios de cantantes vallenatos.

La cesión del parque deberá estar lista antes del 29 de octubre (fecha límite que impone el fallo) y, luego, la Alcaldía definirá a cuánto arrendará el predio para que la Fundación pueda organizar allí la edición número 52 del Festival de la Leyenda Vallenata.

Pero no será lo único que cambiará en el Festival del año entrante.

En la coyuntura del fallo, y en medio de las voces ciudadanas que piden que la organización del evento se haga por medio de una APP o que la asuma directamente el municipio, el alcalde Tuto Uhía decidió que la Fundación siga organizando los actos que se hagan en el parque, pero que los que se hagan por fuera sean dirigidos por la Alcaldía, la Gobernación y una junta cívica (escogida por el Gobernador y el Alcalde).

Entre esos puntos del Festival están las piquerias, concursos y desfiles.

Consultado para esta historia, Rodolfo Molina Araújo, presidente de la Fundación, nos dijo que, aunque aceptan el fallo, no comparten lo que allí se dice. Por ejemplo, argumenta que la Fundación sí podía recibir dinero del Estado.

Según Molina Araújo, toda la plata que les ha entrado en todos los años que llevan como dueños del parque la han vuelto a invertir en el evento.

De hecho, nos aseguró que la manutención de este escenario cuesta anualmente entre 700 y 800 millones de pesos y que por eso ahora cree que gastarán menos si sólo les toca pagarle un arriendo a la Alcaldía.

Hace dos años que hicimos una historia sobre el poder por dentro del Festival Vallenato,  dos fuentes que conocen por dentro la Fundación coincidieron por aparte en que a ellos sí les quedan ganancias, pero es muy difícil precisarlas porque “cuando se trata de plata, sólo hablan Diana Carolina (Molina), Rodolfo (Molina) y Edgardo (Maya Araújo) y a puerta cerrada, y a la junta le presentan cualquier papel”.

Esa versión, sin embargo, no la pudimos confirmar justamente porque no existe acceso público a esa contabilidad.

Luego de este fallo, y frente a los rumores de que el mismo podría poner en veremos el Festival, el Alcalde Uhía, quien además ha sido cantante vallenato, ha asegurado que el evento más preciado de los vallenatos tiene garantizada su continuidad.

Eso es cierto. Lo que quedó tambaleando fue el poder de los hermanos que fungían como sus dueños.

Comentarios (1)

lomagrande

06 de Octubre

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Da pena, rabia y de todo al encontrar que las familias corruptas en todas part...+ ver más

Da pena, rabia y de todo al encontrar que las familias corruptas en todas partes han metido la mano y lo bueno que tiene el país que mostrar sirva para llenar los bolsillos de pocos y que el pueblo tenga que pagar para disfrutar lo que produce, más cuando se hayan invertido recursos públicos, esperemos que haya justicia en este caso.

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