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Por Camila Del Villar · 17 de Septiembre de 2018

Fabio Velásquez (alcalde titular de Riohacha) y Wilmer González (gobernador titular de La Guajira)

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La Guajira sigue en la mala. El segundo departamento más pobre del país ha tenido cinco gobernadores y seis alcaldes capitales en los últimos tres años, lo que tiene la institucionalidad y los proyectos en un vaivén.

Lo peor es que el ping pong del poder va a continuar.

Hace una semana le revocaron la medida de aseguramiento al gobernador titular, Wilmer González Brito de La U, detenido hace más de un año por presuntamente cometer delitos electorales y quien ya prepara su regreso a la Gobernación, según confirmó La Silla Caribe. Él sigue vinculado al proceso.

Los cambios en el actual periodo en la Gobernación de La Guajira comenzaron en junio de 2016, cuando a la entonces gobernadora Oneida Pinto Pérez, exmilitante de Cambio Radical, le fue declarada nula su elección por haber candidatizado estando inhabilitada.

Entonces, el Gobierno Nacional nombró como encargado al exjefe de Cambio Radical, Jorge Enrique Vélez, quien permaneció en el cargo hasta las elecciones atípicas del 6 de noviembre del mismo año, en las que salió elegido Wilmer González Brito, avalado por La U y los conservadores, y apoyado por la cuestionada cacica de Uribia, Cielo Redondo Mindiola.

Después de casi cinco meses en el poder, González Brito fue detenido y el entonces presidente Juan Manuel Santos encargó al antropólogo Weildler Guerra Curvelo, quien estuvo por nueve meses en el puesto sin pertenecer a ningún grupo político.

En agosto de 2017 el Partido Conservador y La U presentaron una terna a Presidencia de la que salió elegida Tatiana Buitrago González, aliada del representante guajiro Alfredo Deluque, de La U, en el movimiento Nueva Guajira y actual gobernadora encargada.

Por otro lado, en la Alcaldía de Riohacha están a la espera de que Presidencia nombre alcalde encargado de una terna que presentó Cambio Radical, tras la destitución el pasado abril del titular Fabio Velásquez Rivadeneira por irregularidades en la contratación del PAE (ese alcalde también enfrenta un proceso penal por lo mismo).

En enero del 2017, el alcalde Fabio Velásquez Rivadeneira de Cambio Radical, quien llegó con el apoyo del cuestionado rector de la Universidad de La Guajira, Carlos Robles, fue capturado por irregularidades en la contratación del PAE.

La Alcaldía quedó a cargo de Miguel Francisco Pitre Ruiz, secretario de Obras, y luego el cargo lo tomó Jairo Aguilar Deluque, secretario de Gobierno. En abril del 2017, Santos designó a la ingeniera ambiental Tatiana Barros Brito, con la mediación de Alfredo DeLuque.

En junio de ese año, Cambio Radical pasó una terna que sufrió varios cambios. Hasta que en enero de 2018 se eligió Miguel Enrique Pugliese Chassaigne.

Sin embargo, el ping pong siguió el mes siguiente, cuando Fabio Velásquez quedó en libertad por vencimiento de términos y regresó al cargo. Hasta el 25 de abril que la Procuraduría lo destituyó e inhabilitó por 12 años.

Por cinco días, quedó encargado de la Alcaldía su secretario privado Miguel Panciera Di Zoppola, luego volvió Pugliese, y el pasado 7 de septiembre la ministra de Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, nombró por decreto a Yondilver Maestre Fuentes, secretario de Planeación.

La semana pasada Cambio Radical presentó otra terna de la que esperan el presidente Iván Duque elija a un nuevo encargado.

Los integrantes son: José Luis Cotes Barros, director operativo de Turismo; Alexa Henriquez, nombrada secretaria de Planeación por Jorge Enrique Vélez cuando estuvo de gobernador encargado; y Ginna Gnecco, excandidata a la Cámara de representantes con el apoyo del senador Arturo Char.

Los grupos políticos que apadrinaron a ambos mandatarios pujan porque estos movimientos no les resten fuerza de cara a las regionales de 2019.

Y mientras se sabe a quién le cae la pelota, sigue la ralentización de proyectos vitales en una región que no levanta cabeza.

Las consecuencias

En resumen, la rotación de dirigentes no ha permitido que se concreten los principales planes de desarrollo del departamento: el de la Gobernación y el de la Alcaldía capital.

 

La Guajira sigue, como siempre, sin contar con agua las 24 horas en sus 15 municipios, incluyendo Riohacha, que hace poco se convirtió en Distrito.

El Plan de Desarrollo de Oneida Pinto (titulado, ‘Oportunidad para Todos y Propósito de País’) tenía como supuesta prioridad la creación de una empresa que opere los acueductos, microacueductos rurales y las soluciones alternas de suministro del líquido, pero aún esa empresa no existe.

Otra de las batallas más dolorosas de La Guajira, la desnutrición infantil, tampoco se ha ganado. En el primer trimestre de 2018 murieron 25 niños menores de cinco años por esa causa allí, según cifras del DANE.

Según nos reconoció un asesor de la Gobernación, llamado Rafael Humberto Frías Mendoza, la Administración no ha podido dar respuesta a las medidas cautelares que en 2015 concedió la CIDH a los niños wayuu (medidas que se ampliaron dos años después a las mujeres indígenas gestantes) justamente por la falta de estabilidad en el Gobierno local.

“No ha habido una coordinación entre los tres niveles de gobierno (municipio, departamento y Gobierno Nacional)”, comentó el funcionario.

Antes de su detención, al gobernador Wilmer González le fue aprobada la ordenanza 421 de 2017 que adopta un programa departamental llamado ‘Gran Alianza por la Niñez Deja Tu Huella’, que propone una unión entre las 21 multinacionales que están ubicadas en el departamento y  la Gobernación.

Entre los lineamientos de la alianza hay un plan de seguridad y soberanía alimentaria y abastecimiento de agua.

Pero a casi dos años de su firma, la primera reunión con los directivos de las empresas privadas apenas se realizó hace 15 días.

También, entre los asuntos pendientes que urgen y no se están adelantando, está la creación de una malla vial robusta que permita conectar al departamento, sobre todo en la zona de la alta Guajira, y la puesta en marcha de acciones para mejorar las condiciones de seguridad.

A la falta de estabilidad en los gobiernos locales se suma que, de todas maneras, los mandatarios que llegan por encargo no tienen mucho margen de acción.

Esto se debe a que, en febrero de 2017, poco después de la captura de Wilmer González, el Gobierno Nacional decidió intervenir el departamento y quitarles a los locales el manejo directo de los 785 mil millones de pesos que por Sistema General de Participaciones recibe la Gobernación y sus 15 municipios para salud (216.000 millones), educación (513.000 millones) y agua potable (56.000 millones).

En aquel momento se anunció que la intervención sería hasta por tres años. En la cumbre de gobernadores el pasado julio, la gobernadora encargada, Tania Buitrago, presentó entre las propuesta del Plan Regional de Competitividad el retorno de autonomía sobre los sectores que abarca la intervención. Aún el Gobierno Nacional no ha tomado una decisión al respecto.

Como en un círculo vicioso, la intervención se debió justamente a la seguidilla de líos que han venido enfrentando y han tumbado a los últimos dirigentes de La Guajira.

En resumen, en la última década todos los planes de desarrollo guajiros han tenido algún tipo de problema para cumplirse.

“Ni siquiera al 50 por ciento, este es uno de los factores que nos ha llevado a la crisis”, comentó al ser consultado el diputado liberal Idelfonso ‘Poncho’ Medina.

En los próximos días el poder en La Guajira, y su capital Riohacha, volverá nuevamente a moverse, cuando lleguen el procesado Gobernador González y el elegido de la terna a la Alcaldía.

Habrá que ver si el ping pong se suspende de aquí a las regionales de 2019.

CONTEXTO

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